El pasado 10 de mayo, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social dio a conocer las reformas que dan cuerpo al llamado “Componente 23”, incluidas en el denominado “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" enviado a Bruselas.
En una multitudinaria rueda de prensa, el discurso de Yolanda Díaz estuvo repleto de grandes frases y de un amplio y rimbombante decálogo de nobles declaraciones de intenciones.
“Estas medidas modernizarán y revolucionarán el mercado de trabajo para adaptarlo al siglo XXI”; “construiremos un mercado laboral a la altura de las personas”; “la nueva reforma laboral se aprobará este año y no solo supone una ‘enmienda’ a la reforma laboral del PP sino que va más allá”; "la norma será la estabilidad en el empleo y la excepción, la temporalidad y los despidos”; “vamos a ser el primer Gobierno que le dé una oportunidad a la juventud”; “se va a reformular el contrato social y será un pacto intergeneracional, con un futuro para todas y todos”; etc.
Los hechos y la realidad contradicen contundentemente las palabras de Yolanda Díaz
Si las medidas reales y concretas que recogen los documentos presentados por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno se correspondieran con estas declaraciones y, sobre todo, si estas llegaran a materializarse de verdad, estaríamos ante un histórico avance en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en el Estado español.
Pero, una vez más, los hechos desmienten de forma tajante las palabras de la ministra. Para empezar ni uno solo de estos supuestos grandes avances señalados por Yolanda Díaz aparecen en los textos presentados.
La propia prensa capitalista se ve obligada a llamar la atención sobre lo insustancial que es, en general, el contenido de los documentos: “En cualquier caso, la redacción es lo suficientemente ambigua para que puedan aceptarla tanto Calviño como Díaz, y será en la negociación real con patronal y sindicatos cuando se vea hasta dónde está dispuesta a llegar Moncloa y sobre todo en qué plazos” (El País 14-04-21).
El “Componente 23” del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, no pasa de ser en su mayor parte un compendio de generalidades, donde las medidas concretas brillan por su ausencia. En ningún momento se hace la menor referencia explícita a la derogación de la reforma laboral del PP, a la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y de la prevalencia del convenio de sector frente al de empresa; no hay una sola palabra sobre encarecer el despido para dar estabilidad al empleo o eliminar las facilidades con las que cuentan los empresarios para aplicar los ERE, etc.
Por si esto fuera poco, hay aspectos cruciales en los que las medidas que el Ministerio de Trabajo pretende implementar supondrán sin duda un importante retroceso para los derechos adquiridos por los trabajadores. Una de las más destacadas se refiere a las condiciones para la jubilación.
A este respecto el documento recoge lo siguiente: “Así mismo es necesario efectuar reformas para eliminar todos los obstáculos que desde la negociación colectiva impidan la extensión voluntaria de la vida laboral de los trabajadores, aumentando de esta forma la edad efectiva de jubilación”.
Otro de los objetivos expuestos en el plan del Ministerio de Trabajo es “la mejora del sistema de la protección por desempleo, en particular de los desempleados de larga duración, y los colectivos más vulnerables”.
La medida con la que se concreta esta “mejora” es una ayuda que ascendería a 451,90 euros mensuales. Pero incluso la duración y los requisitos para acceder a esta raquítica prestación serán concretados en “la mesa del diálogo social con los agentes sociales”.
En definitiva, si trasladamos el altisonante discurso de Yolanda Díaz al terreno más sobrio de la realidad y los hechos concretos, solo nos queda una intensa, vacía y ruidosa campaña de propaganda que allana el camino a imponer importantes retrocesos; mucho ruido y alguna que otra nuez podrida.
La ministra con carnet del PCE, no escatima recursos ni esfuerzos para vender humo a los jóvenes y a los trabajadores en general, para supeditar, al igual que los dirigentes de CCOO y UGT, la política del Ministerio de Trabajo a un diálogo social, del que, como la experiencia ha demostrado una y mil veces, solo pueden salir medidas lesivas para los trabajadores y sus familias.
La ministra de Trabajo, así como las cúpulas de CCOO y UGT quieren hacernos creer que en la mesa de negociación, Gobierno, incluidos los firmes defensores de los intereses del IBEX-35 como Nadia Calviño, los empresarios y los sindicatos, se pondrán de acuerdo en derogar la reforma laboral y en aprobar medidas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera.
Esta fantasía poca gente la cree a estas alturas. Derogar la reforma laboral del PP, así como impedir que las condiciones laborales continúen deteriorándose, solo lo podremos conseguir con la movilización contundente; esta es la única forma de frenar esta nueva ofensiva patronal y de romper la resistencia de los capitalistas y sus representantes políticos.
Mientras, los capitalistas imponen su programa y amplían sus exigencias
Transcurrido más de un año con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, y una vez disipada la bruma de la propaganda y las frases huecas, los trabajadores tenemos poco que celebrar.
En marzo de 2020 Yolanda Díaz anunció también en solemne rueda de prensa que el Gobierno acababa de prohibir los despidos objetivos como respuesta al coronavirus. Como ya explicamos desde estas páginas en su momento (Puedes entrar en el artículo: "No, el Gobierno no ha prohibido los despidos. ¡Basta de mentiras!"), esto era totalmente falso.
Los empresarios han seguido despidiendo y lo único que hizo el Ejecutivo fue dejar en manos de un juez si los declara procedentes o improcedentes. Y en la medida que el Gobierno no ha restablecido el pago de los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, estos no han tenido el menor obstáculo para seguir ajustando sus plantillas para mantener o incrementar sus beneficios.
Por otro lado, mientras Yolanda Díaz y los dirigentes de CCOO y UGT siguen insistiendo en que los ERTE impiden la pérdida de empleo, miles de puestos de trabajo han sido destruidos y muchos más despidos se siguen produciendo o han sido anunciados.
Ninguna de las supuestas medidas para evitar la supresión de puestos de trabajo anunciadas por la ministra de Trabajo ha impedido que la sangría de empleo se haya mantenido y siga creciendo.
Empresas como El Corte Inglés, Airbus, ACS, Acciona, Tubacex, Coca Cola, Heineken, NH, Carrefour viajes, Iberostar, y un largo etc., muchas de ellas acogidas a ERTE, con beneficios, y habiendo recibido miles de millones de euros del Estado a través de los créditos de los fondos ICO, están despidiendo, o tienen previsto hacerlo, a miles de trabajadores.
Los grandes capitalistas han seguido adelante con sus planes sin que el Ministerio de Trabajo haya tomado ninguna medida real, seria y contundente para impedirlo.
El caso de la banca es especialmente sangrante. Tras la fusión de CaixaBank y Bankia (entidad que recibió 200.000 millones de euros a fondo perdido para ser rescatada), el nuevo banco (en el que el Estado participa con un 16%) ha anunciado el despido de 7791 trabajadores. Al mismo tiempo el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha sido “recompensado” con una subida de sueldo absolutamente escandalosa. De la nada despreciable cantidad de 500.000 euros anuales pasará a percibir 1,65 millones.
Pero CaixaBank no es la única entidad bancaria que está recortando su plantilla. El BBVA planea el despido de 3.000 trabajadores, el Banco Santander 3.572, Unicaja-Liberbank unos 1.500, Banco Sabadell 1800, Ibercaja 750, etc.
La reforma laboral de 2012 que el Gobierno mantiene vigente, impide que las autoridades laborales puedan vetar los despidos colectivos[1]. Escudándose en esta “traba legal”, la respuesta del Ministerio encabezado por Yolanda Díaz a esta nueva y masiva destrucción de empleo en el sector bancario, ha sido la de enviar una carta a las direcciones de CaixaBank y el BBVA “recordándoles que el reglamento que regula los procedimientos que deben seguir los despidos colectivos, indica que las empresas están obligadas a buscar medidas para evitar o reducir los recortes de plantilla y a amortiguar las consecuencias de la decisión empresarial con medidas sociales de acompañamiento” (El País 14-5-2021).
Con acciones patéticas como esta, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo lo único que consiguen es subrayar todavía más su absoluta sumisión a los dictados del gran capital.
Solo un programa socialista, que contemple como una de sus principales medidas la nacionalización de la banca y del sistema financiero puede impedir que un puñado de parásitos siga arrasando con el empleo y condicionando la vida de la inmensa mayoría de la población.
Pero los banqueros, los grandes empresarios y los especuladores no tienen suficiente y quieren más. Hace pocos días y por boca de Pablo Hernández, gobernador del Banco de España, hacían público un nuevo bloque de demandas.
Entre ellas, además de reclamar que las ayudas directas a empresas se den con mayor agilidad, destaca la petición de mantener la reforma laboral de 2012 y la de reducir los costes del despido a la mitad: a 6 días por año trabajado en el contrato temporal, 10 días si el despido es por motivos económicos y 16,5 el improcedente.
Por otro lado se muestra en contra de la revalorización de las pensiones e insiste en que hace falta un plan para reducir la deuda a medio y largo plazo. Reducción que, como la experiencia demuestra, exigirán que sea a costa de nuevos y más profundos recortes sociales.
Los capitalistas, a diferencia del Gobierno y de Yolanda Díaz, si plantean medidas concretas. Estas y otras serán las que la CEOE pondrá encima de la mesa del “diálogo social”. Los empresarios impondrán que sobre ellas pivote la negociación y exigirán al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos que avalen sus demandas.
Esta es la realidad. Nunca se han conseguido mejoras importantes en la mesa de negociación para los trabajadores sin la fuerza de la movilización contundente y masiva de la clase obrera.
Yolanda Díaz pretende hacernos creer que los empresarios han adquirido supuestamente conciencia de la dramática situación de los obreros y sus familias y están dispuestos a arrimar el hombro y a ser “razonables”.
La ministra intenta convencernos de que el diálogo social dará sus frutos. Hoy como ayer, para los grandes capitalistas lo único que cuenta es mantener e incrementar sus ganancias sin importar el sufrimiento que esto pueda suponer para la clase obrera.
Los trabajadores sabemos, por una dura experiencia, que lo único que puede frenar las ambiciones de los empresarios y banqueros es la lucha de clases, la organización y la movilización masiva y consciente.
A esto es a lo que debería estar apelando y recurriendo Yolanda Díaz y UP, y no a la colaboración con nuestros explotadores para gestionar un sistema podrido y condenado, cuya lógica les obliga a ceder a las pretensiones de los poderosos y a recurrir cada vez más a la propaganda hueca, el equívoco y la mentira.
La clase obrera necesita levantar una alternativa para la transformación socialista de la sociedad que enfrente a los responsables de la catástrofe que provoca el sistema capitalista en descomposición. Es urgente construir una organización revolucionaria dispuesta a asumir esta tarea hasta sus últimas consecuencias.
[1] Sobre la eliminación de este punto tampoco se dice absolutamente nada en las “reformas” anunciadas por Yolanda Díaz.
