Por su interés, reproducimos a continuación un artículo publicado por elsaltodiario.com sobre la pobreza en el Estado español.

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4,5 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado. El último informe de EAPN muestra la extensión de la privación material a pesar de medidas como el Ingreso Mínimo Vital.

El pasado viernes 10 de septiembre, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentaba su segundo informe sobre el mapa de la pobreza severa. El documento lleva un elocuente título: “El paisaje del abandono”. Según la Real Academia Española, la primera acepción de “Abandono”, es: “Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo”.  En el Estado español hay 4,5 millones de personas en situación de pobreza severa, según afirma la organización. Prácticamente una de cada diez personas que viven en el país. No es un fenómeno nuevo, el estudio avisa de la consolidación de una bolsa de pobreza estructural: la formada por una parte de la población que estaba ya en el abandono antes de la pandemia. Los datos correspondientes a la renta son de hecho previos a la pandemia, mientras las variables de privación material que han utilizado provienen de la encuesta sobre Condiciones de Vida y vivienda de 2020. El conjunto dibuja un panorama preocupante de consolidación.

Las personas en situación de pobreza severa, son las más pobres de las pobres. Sus ingresos están por debajo del 40% de la mediana de la población. Esto implica que su supervivencia económica es inviable, y sin embargo sobreviven, afirma el estudio. ¿Cómo? Con mucho esfuerzo. Gran parte de esta población está en situación de privación severa, el informe alerta de que esta ha pasado del 4,7 % hasta el 7 % en un año, incrementándose un 49%, perdiéndose los avances de cinco años, y volviendo a los peores valores de la crisis. Así, esta parte de la población se ve forzadas a decidir si pagan el alquiler o la comida, los suministros o el material escolar, ropa para el inicio de curso o un ordenador para conectarse.

El informe refleja la consolidación de la desigualdad, en una sociedad donde la renta media anual de las personas que no están en pobreza (13.325€) quintuplica a la de quienes viven en pobreza severa (2.471€). Cifras que recogen una evolución a dos ritmos, desde 2014 la renta media se incrementó 1.921€ para el primer grupo y solo 597€ para el segundo grupo. Una distancia que cuestiona si recuperación económica lo fue para todos.  Por ello, desde EAPN-ES destacan la necesidad de “completar sin más retraso las medidas económicas y sociales de sostenimiento y protección que se han implementado solo muy parcialmente, pues, luego, la recuperación de las personas será mucho más difícil y onerosa”. Entre estas medidas, destaca el Ingreso Mínimo Vital.

El informe refleja una vez más la inequidad territorial, que hace que estas “bolsas” de pobreza severa se consoliden en algunas comunidades por encima de otras: “la tasa de pobreza severa se ha incrementado en ocho regiones en las que se acumulan 583.000 nuevas personas en pobreza severa y se ha reducido en las otras nueve, en las que casi 400.000 personas han dejado de estarlo”, se detalla.

Desigualdad territorial

En el ranking de comunidades autónomas particularmente aquejadas por estas carencias, destacan Canarias, Valencia y Asturias “con porcentajes de personas en pobreza severa que oscilan entre el 12,2 % y el 16,7 % del total de su población”, según revela el informe. “No nos sorprenden los datos de Canarias, pero también porque el punto de partida es muy deficitario, ya el año pasado hablábamos de un índice de riesgo de pobreza y exclusión social, que era del 35%”, apunta Juan Carlos Lorenzo, presidente de EAPN-Canarias en conversación con el Salto.

Lorenzo comparte su preocupación por el hecho de que en el año 2020 se haya incrementado en 132.000 las personas en situación de pobreza severa en las islas. “Hay hechos que lo explican, habitualmente estamos entre los peores puestos desgraciadamente, y en pobreza severa somos los que peores datos tienen que es de 16,2% solo superado por Ceuta y Melilla, que tiene también una realidad estructural deficitaria manifiesta e histórica”.

Volviendo a Canarias, el presidente de EAPN en el archipiélago, enmarca los números en una desigualdad territorial estructural: los informes AROPE muestran un corte longitudinal de la península que a grandes rasgos divide el país en un norte más rico y un sur con mayor índice de pobreza. “La misma realidad del mercado laboral o de la estructura de protección social de Canarias siempre ha sido de cierta provisionalidad, en comparación con otros territorios”, afirma Lorenzo. “Las islas, también por su condición de región periférica y alejada, manifiestan menos oportunidades tanto laborales como de protección social para salir adelante”. Así, la dependencia del sector turístico y de servicios, limitaría aún más el marco: “aún en los años en los que hemos recibido 10, 13, 15 millones de turistas en Canarias ese desarrollo no ha generado ningún tipo de crecimiento ni de bienestar en la mayoría de la población”.

Como sucede con las rentas mínimas autonómicas de otras comunidades autónomas, Lorenzo califica a la renta mínima de inserción canaria como insuficiente, por ello, considera interesante la propuesta de una renta mínima estatal como es el IMV. “Es una medida positiva, pero tiene que ser mejorada en varios aspectos, uno de ellos en su propia cuantía”, valora, señalando que con una prestación que no es capaz de “colocar a las personas por encima del umbral de la pobreza” se estaría “cronificando este tipo de situaciones de vulnerabilidad social”.

El integrante de EAPN Canarias se muestra optimista en dos sentidos, por un lado considera que el IMV está mejorando: “ los procesos administrativos se están simplificando, creo que es un proceso irreversible para facilitar los accesos pero aun así es complicado”, por ahora, informa, el IMV llega a alrededor de 13.000 familias, mientras que 8.000 son perceptoras de la renta mínima de inserción canaria. Se tratarían de 20.000 personas “cubiertas”. Lorenzo ve necesario un refuerzo mayor, defendiendo el anteproyecto de ley para una renta canaria de ciudadanía, que, explica “se conjuga como un sistema complementario al IMV y es una oportunidad increíble, sobre todo en contextos que tienen que ver fundamentalmente con vivienda, educación, con empleo, y situaciones de pensiones no contributivas” .

El perfil de la pobreza severa

Si algo define a gran parte de las personas que enfrentan situaciones de privación material es que tienen hijos o hijas. De hecho, como EAPN viene advirtiendo durante años, tener hijos es un factor de riesgo, el 39,9 % de los hogares en situación de pobreza severa están compuestos por dos adultos y uno o más menores. Si se es familia monoparental la situación es preocupante, con un 49,1% de estas familias en riesgo de pobreza y exclusión.

Por otro lado, a pesar de los lugares comunes xenófobos, no es verdad que las personas más necesitadas sean migrantes: “Tres de cada cuatro (71,5 %), es decir, la inmensa mayoría de las personas de 16 años o más que están en pobreza severa son españolas”. Además, si bien a mejor educación le corresponden mejores números, ni las personas con educación superior se libran de poder caer en situaciones de pobreza extrema.

El empleo tampoco es un factor definitorio: el 22,2 % de las personas en paro están en pobreza severa —mostrando, afirma el informe “lagunas significativas en el sistema de protección por desempleo”.  Por otro lado, una vez más EAPN demuestra que se puede estar empleado y seguir siendo pobre. “Cuando se trata de luchar contra la pobreza, es cierto que para no ser pobre hay que tener un trabajo, pero la inversa es falsa: como demuestran los datos, se puede conseguir un trabajo y ser pobre e, incluso, trabajar y ser muy pobre, hay algo más de 988.000 personas que tienen empleo y que, al mismo tiempo, están en pobreza severa”, afirman.

Vivir en privación material severa implica no poder llegar a fin de mes con frecuencia, ni hacer frente a gastos imprevistos, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder ir de vacaciones o quedar excluido de las actividades de “ocio, cultura y mantenimiento de relaciones sociales, indispensables para el desarrollo personal, bienestar emocional y mejora de las oportunidades disponibles”. La privación material severa también implica no poseer algunos objetos habituales como un teléfono, un televisor, una lavadora o un automóvil.

Los límites del IMV

En mayo de 2020 el gobierno de coalición presentaba una de las medidas centrales del Escudo Social, el Ingreso Mínimo Vital, que estaba destinado a acabar con la pobreza severa, o al menos a reducirla significativamente. Desde el diseño de la norma, organizaciones con una trayectoria crítica hacia las rentas mínimas autonómicas denunciaron que esta medida estatal, tal como estaba formulada, no conseguiría atender a los objetivos que se había marcado. Una de estas organizaciones es RMI tu derecho. Un año después de la presentación del IMV, cuando aún la medida no ha superado el trámite legislativo, la organización ha presentado una serie de alegaciones a la espera de que puedan discutirse en el Congreso. Según el colectivo, el IMV está aún lejos de cumplir con la Carta Social Europea.

“Lo que venimos a decir en el informe es que no solo no se ha resuelto lo que venía ya de previo, que eran cuatro incumplimientos claros —la suficiencia y los criterios de acceso como es el requisito de antigüedad de empadronamiento, el tema de la edad, o la continuidad de la prestación— hay una serie de trampas que hacen que las personas puedan perder el IMV aunque tengan necesidad ”, señala la integrante de RMI tu derecho, Hontanares Arranz.

Lo más dramático para esta veterana trabajadora de los servicios sociales, es que a las deficiencias de las rentas mínimas autonómicas se ha sumado una norma estatal cuya implementación “caótica” estaría redundando incluso en un empeoramiento para quienes estaban cobrando rentas autonómicas. A diferencia de Lorenzo, Arranz se muestra pesimista frente a eventuales mejoras: “hay algo que nos tiene muy preocupados, inicialmente había al menos un rechazo de lo que estaba pasando más generalizado, pero pasa el tiempo y ya no hay muchas voces que griten. Es muy desalentador”.

Para la activista de RMI tu derecho se podría hacer más, pero considera que después de todo el ministro de Seguridad Social, que ha diseñado la medida, ha conseguido su verdadero objetivo como ex director del Airef —la agencia encargada de contener el gasto fiscal— que la medida no suponga un gran coste para las arcas públicas.

Pese a los anuncios de mejora del IMV los problemas —lo que Arranz llama maltrato institucional— no paran de aparecer, el último: solicitantes que se ven obligados a pagar 200€ en Hacienda para poder acceder al IMV. “La ley obliga a los perceptores a hacer la declaración de la renta: antes de la campaña de la declaración de la renta hicieron una llamada muy masiva a los perceptores, diciendo que tenían que hacer la declaración, pero claro no lo hicieron a los solicitantes. Ahora están llegando denegaciones por no haber hecho la declaración de la renta, que en principio son personas que no están obligadas a hacerla más allá del IMV”, al hacer la declaración ya fuera de plazo, se les piden 200€, con la posibilidad de que los reclamen después. Desde RMI tu derecho, están valorando presentar una reclamación colectiva que ponga el foco en todos los abusos.

La Vivienda

Junto al IMV el escudo social incluía medidas frente a la pobreza energética y de protección contra los desahucios. “Conviene tener en cuenta recordar que el 53,3 % de las personas en pobreza severa viven en hogares que dedican más del 40 % de su renta disponible total para el mantenimiento de los gastos relacionados con la vivienda y que el 46,5 % de ellas dedican más de la mitad de su renta disponible a los gastos de vivienda”, apunta el informe de EAPN.

El problema de la vivienda es central en la vida de las personas en situación de pobreza extrema. Junto al estrés económico se suma la falta de espacio, la escasez de luz natural, o la incapacidad de renovar muebles, mantener la casa a una temperatura adecuada, o el deterioro de la vivienda. “Todos estos problemas afectan a porcentajes de población en pobreza severa que pueden llegar a ser hasta siete veces más elevados que los medidos entre el resto de la población”, se afirma en el informe. Una de cada tres personas en pobreza severa se habría visto obligada a retrasar pagos relacionados con la vivienda y los suministros.

El País Valencià es una de las comunidades autónomas más castigadas por la pobreza severa. Desde allí, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca valora para el Salto el impacto de la vivienda en la situación económica de las personas y evalúa el alcance de las medidas del gobierno.

“La cantidad de personas que están en pobreza severa (cobrar menos de 6417,36€ anual/534,78 mensual, por unidad de consumo) en la Comunidad Valenciana ha ascendido hasta el 13,4%, alcanzando al 674.3289 personas, en datos anteriores a la covid”, denuncia la Plataforma que muestra su preocupación por el elevado gasto en vivienda de esta parte de la población, junto a los retrasos en los pagos de hipoteca, alquiler y suministros. Retrasos que afectan también, advierten, al 11,2% del resto de la población. “Sin duda todo ello explica el hecho de que los 1.640 desahucios por ejecuciones hipotecarias colocara a nuestra Comunidad la primera entre las CC AA en todo el estado, y la tercera con 2765 desahucios derivados de impago de la renta de alquiler, según datos del CGPJ. Y ello, a pesar del llamado escudo social que ha permitido frenar este proceso, aunque desde el principio los hemos denunciado como claramente insuficiente”, advierten.

Como estrategia de respuesta la PAH plantea “instar a los grandes tenedores a que no echen a ninguna familia sin alternativa habitacional en cumplimiento de la ley valenciana 2/2017”, mientras apuestan por el refuerzo del parque público de viviendas con medidas en el marco autonómico.  Desde la PAH consideran central trabajar en la organización y lucha de las familias, ante los “bancos, fondos y socimis”, y hacer incidencia para que la banca devuelva su rescate en vivienda. Apuntan pues a “impulsar definitivamente una nueva Ley de Vivienda que evite la ruptura democrática de esta sociedad”. Se trata de un texto acompañado por cien organizaciones que presentarán ante el congreso antes de que acabe el mes.


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