Solo han pasado unos días desde las elecciones autonómicas en Castilla y León y la precaria unidad interna en el PP ha estallado estrepitosamente. Ayuso y Casado se han lanzado a una guerra total por el control del partido de consecuencias destructivas, que subraya dos cosas evidentes: que la corrupción es el ecosistema en el que se mueven los políticos del PP, y que la presión de la extrema derecha de Vox está abriendo un boquete colosal en un partido tradicional y fundamental de la clase dominante española.
El bochornoso cruce de acusaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección estatal de Génova, aireando turbios intentos de espionaje y cobro de comisiones ilegales a costa del sufrimiento y la muerte de miles de madrileños en el momento más duro de la pandemia, han acabado con una amenaza de expulsión a Ayuso y la posibilidad de una ruptura en canal de la organización.
A diferencia de las purgas anteriores, esta vez la afectada no ha agachado la cabeza. Ayuso tiene unos apoyos muy superiores a los de Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. No solo cuenta con la autoridad de haber ganado de forma arrolladora los comicios autonómicos de Madrid en mayo de 2021, convirtiéndose en una líder con mucha más ascendencia que Pablo Casado a ojos de las bases. También cosecha una gran simpatía y adhesión entre los votantes de la ultraderecha, muchos de los cuales eligieron apoyarla a ella en lugar de a Vox.
Y estas razones de peso la han convertido en la jefa de facto de la oposición al PSOE y UP, decidida a ser la cabeza de cartel del PP en las próximas elecciones. El desafío a Pablo Casado, mucho más después del fracaso de su maniobra en Castilla y León donde no ha podido repetir el resultado de Ayuso en Madrid, era tan evidente y tenía tantos visos de salirle bien, que ha precipitado el estallido de la guerra.
Un escándalo de corrupción vomitivo
Casado y sus afines intentaron chantajear a Ayuso para hacerla desistir de su aspiración a presidir el PP de Madrid como paso previo para el asalto a la presidencia nacional del partido. Y ella, siguiendo el principio de que la mejor defensa es un buen ataque, ha respondido volando por los aires todos los puentes. El estilo y las armas utilizadas en la batalla no han defraudado.
Pablo Casado, el presidente de un partido que desde el momento mismo de su fundación chapotea en la ciénaga de la más completa corrupción, se ha inclinado por dar un golpe demoledor a Ayuso y la acusa directamente de favorecer el cobro de una comisión ilegal de casi 300.000 euros a su hermano, Tomás Ayuso.
Lejos de achantarse, Ayuso le ha respondido con pruebas del intento de espionaje urdido en Génova, y ha defendido públicamente el cobro de comisiones. Su hermano, nos dice la presidenta madrileña, no cobró una comisión, sino que fue uno de los beneficiarios de un contrato de adjudicación directa, sin concurso público, por el que la Comunidad de Madrid pagó la exorbitante cantidad de 6 euros por cada mascarilla FFP2 que le vendió la empresa Priviet Sportive SL, cuyo dueño es Daniel Alcázar Barranco, un amigo de los hermanos Ayuso desde la infancia. El contrato ascendió 1,5 millones de euros.
En esas fechas, las mascarillas FFP2 se vendían en las farmacias a 3 euros, y su precio en distribuidores mayoristas se movía en torno a los 80 céntimos. Incluso la propia Comunidad de Madrid compro en esos días 7 millones de mascarillas a 2,64 euros la unidad.
Esto es el PP y Ayuso, y Casado, y Núñez Feijoo, y Moreno. No se salva nadie. Los negocios fraudulentos utilizando sus posiciones en la administración para favorecer a la clase empresarial, las mordidas para financiar el partido, las comisiones para engordar sus cuentas personales en Suiza, son su ADN. Y esta maquinaria nunca fue desmantelada, al contrario, se puso a funcionar a toda velocidad en el momento en que las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se habían convertido en mataderos, y la colapsada sanidad pública de la región comunicaba cientos de muertos todos los días.
Por eso mismo no hay que dejarse llevar por las apariencias de esta lucha fratricida. Casado ha tapado y convivido con casos semejantes durante mucho tiempo. Él, que se amamantó políticamente de Esperanza Aguirre y subió peldaños del escalafón popular de la mano de Mariano Rajoy, estaba ya presente en la dirección cuando se fraguó la Gürtel y decenas de casos más de corrupción bestial. Casado y Ayuso han sido compañeros de armas, se han tapado mutuamente todas las vergüenzas del partido, y han sonreído a la cámara sin mayor problema.
Pero ahora hay otro actor nacido de las entrañas del PP que está erosionando seriamente su espacio electoral, y es precisamente el avance de Vox y las divergencias sobre la mejor estrategia para frenarlo, junto a la lucha por el control del poder partidario, lo que ha transformado la batalla soterrada en una guerra civil abierta.
Vox sale fortalecido
El enfrentamiento entre Ayuso y Casado es mucho más que un asunto personal. Desde hace años una profunda fractura divide el PP.
La inmensa mayoría de su base de pequeños empresarios y rentistas parásitos reclama a gritos un giro trumpista en el partido. Después de un periodo intenso de movilizaciones sociales y giro a la izquierda, de la irrupción de Podemos, de la lucha incansable del pueblo catalán por la república y el derecho a decidir, amplios sectores de la base tradicional de la reacción han experimentado un furioso giro hacia la extrema derecha.
Están lanzados a combatir a la izquierda con determinación, y recomponer sus beneficios y privilegios, afectados por las crisis económicas sucedidas desde 2008, mediante la explotación laboral más despiadada. Perciben que en esta fase de la lucha de clases no caben consensos y marrullerías: para ganar y avanzar, necesitan ser audaces y llegar hasta las últimas consecuencias. Alentados desde el aparato del Estado, la judicatura, la policía y los mandos militares, han encontrado en el nacionalismo españolista y en Santiago Abascal una bandera y un programa por los que combatir.
Y esta realidad es la que presiona tan duramente al PP elección tras elección. Ayuso ha logrado contener la sangría en Madrid porque ha ofrecido lo mismo que Vox: mano dura y barra libre para amasar beneficios cueste lo que cueste, junto a un ideario anticomunista y fascistoide carente de ningún complejo.
Ayuso ha robado a Vox su política. Cuando toma como eslogan electoral “Comunismo o libertad”, cuando se presenta como la garantía firme de la unidad sagrada de la patria frente al derecho a decidir, cuando ataca con furia al movimiento feminista, a las personas LGTBI, cuando su administración quiere convertir a la población migrante en auténticos esclavos, mano de obra sumisa y casi gratuita en la hostelería, como todos los días hacen los patronos agrarios en los campos de Almería y Murcia, esa base social se identifica ardientemente con Ayuso y prefiere, de momento, apoyarla.
Ayuso no ha ideado todo esto ella sola. No, ella es la ejecutora de una política que tiene sólidos apoyos internos dentro del PP, entre un buen número de dirigentes y exministros, muchos de ellos agrupados en torno a Aznar y su fundación FAES.
En el Gobierno de la Comunidad de Madrid su cerebro es Miguel Ángel Rodríguez, colaborador de Aznar desde hace más de 34 años, actual director del gabinete de Ayuso y el verdadero amo de las cloacas del PP en Madrid. Este individuo, un auténtico delincuente político, que cuenta al menos con una sentencia condenatoria firme por sus graves y reiteradas injurias al fallecido doctor Luis Montes, y que saltó a la fama por conducir borracho como una cuba por el centro de Madrid, es la mano que guía a Ayuso en su camino para convertirla en la Trump española.
Frente a ellos, Pablo Casado y su equipo en la sede del PP, cuyas ideas y prácticas corruptas no se distinguen ni un ápice de las del otro sector como ya hemos señalado, se ven atenazados por un grave dilema. Por un lado, la creciente oscilación de sus bases hacia Vox les presiona hacia la extrema derecha; por otro, la élite financiera y empresarial que, tras un periodo inicial de desconfianza ante la presencia de ministros de UP, está otorgando su apoyo y su confianza a Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición porque han demostrado que son la mejor garantía de paz social, quiere un PP alejado de la polarización y que garantice la gobernabilidad.
Casado y los suyos se han visto forzados a dar bandazos incoherentes. Un día critican salvajemente a Vox, como ocurrió en el debate de la fallida moción de censura presentada por Abascal, y al mes siguiente intentan superarlo por la derecha, como ha ocurrido en su delirante campaña electoral en Castilla y León.
Era cuestión de tiempo que el sector trumpista del PP pasara a la ofensiva, y el incidente de la corrupción de Ayuso ha desencadenado una tormenta de consecuencias imprevisibles, que podría terminar incluso en una amarga escisión.
Es sintomático que medios como el ABC y El Mundo apoyen activamente a Ayuso y lancen sus ataques más envenenados contra Casado y Egea, pidiendo la dimisión fulminante de este último. En cualquier caso, el PP está muy tocado y atravesará un periodo de gran debilidad, del que saldrá beneficiado Vox indudablemente. Pero al mismo tiempo, la crisis que sacude a la derecha tradicional supone una enorme oportunidad para que la izquierda pase a la ofensiva.
¡Fuera Ayuso. La izquierda debe llamar a la movilización más contundente!
Desde las filas la izquierda gubernamental, y especialmente desde UP, se nos machaca a todas horas con la idea de que la correlación de fuerzas es desfavorable para la clase trabajadora. A la vista de la situación actual ¿se atreverán a seguir insistiendo en su discurso de impotencia y derrotismo?
El PP atraviesa una crisis existencial. La clase dominante está dividida sobre cuál es la mejor opción para la defensa de sus intereses a largo plazo. ¿A qué más puede esperar una fuerza de izquierdas “transformadora” para llamar inmediatamente a una gran movilización en las calles contra las políticas antisociales, la corrupción y el robo sistemático de recursos públicos de la derecha?
Si la estrategia de UP, de Mas Madrid, por no hablar del PSOE, consiste en comisiones parlamentarias de investigación, denuncias ante la fiscalía, y comunicados públicos, ya sabemos el resultado. Esta forma de “enfrentarse” al PP es un fiasco completo y no va al asunto de fondo. El capitalismo español y su judicatura pueden verse obligados a emitir alguna sentencia condenatoria, pero las consecuencias políticas de ellas son ínfimas.
Lo único que de verdad acorrala a la derecha es la movilización de masas, la lucha de la clase trabajadora y la juventud es el único camino para obligar a Ayuso a dimitir, y esa lucha además de denunciar la corrupción despreciable de su gestión, debe colocar como eje el fin de los recortes sociales, la defensa de la educación y la sanidad pública, de los derechos laborales y del acceso a una vivienda pública y asequible.
No parece que este sea el camino por el que vaya a optar la izquierda representada en la Asamblea de Madrid. Piensan que la crisis del PP les beneficia también, y que solo hay que continuar con el desgaste para que las perspectivas electorales de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz sean mejores de lo que eran ayer. Este cálculo, que ya se ha instalado con fuerza en los círculos dirigentes del PSOE y de UP, pasa por alto que es la ultraderecha la que se beneficiará aún más de la descomposición del PP.
Si Ayuso y la ultraderecha de Vox se siente tan cómodos y envalentonados, es porque la izquierda institucional y gubernamental no está compareciendo en el campo de batalla.
Es el momento de dar un giro de 180 grados y levantar una izquierda digna de tal nombre, que crea en la fuerza de los trabajadores y de la juventud oprimida, que esté dispuesta a dar la pelea a la reacción y al capitalismo en crisis, que no retroceda ante las dificultades y que libre la batalla ideológica sin ambigüedad.
