¡Huelga general ya!
Han pasado cinco meses desde la devastadora DANA que arrasó el País Valencià, y lejos de avanzar hacia una reconstrucción justa, nos enfrentamos a un Gobierno que ha decidido redoblar su ataque contra la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.
El Gobierno de Mazón ha sellado un pacto infame con Vox que constituye una declaración de guerra contra la clase obrera y los derechos sociales.
El partido de Feijóo, Ayuso y Mazón y la formación franquista de Abascal quieren imponer sin tapujos las condiciones de la extrema derecha. Un ataque brutal contra los derechos sociales y democráticos que la clase trabajadora, el movimiento feminista y LGTBI, y la juventud hemos conquistado a través de la lucha durante años.
Los contenidos del pacto
Aprovechando el contexto de las fiestas falleras, Mazón ha anunciado un acuerdo presupuestario que atenta directamente contra los derechos fundamentales. Algunas de las medidas que incluye son:
• Eliminación de todas las subvenciones a ONG que apoyen a la inmigración, lo que significa desmantelar redes de apoyo básicas y dejar a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
• Creación de una partida presupuestaria para pruebas de diagnóstico de edad de menores migrantes. Una medida que criminaliza a los menores migrantes y los deja en desprotección total.
• Recortes del 40% en cooperación al desarrollo. Un ataque flagrante a la solidaridad internacional.
• Eliminación completa de subvenciones a entidades propalestinas, incluyendo la cancelación del convenio de 600.000 euros para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en plena ofensiva genocida de Israel.
• Políticas de retorno de inmigrantes irregulares, mediante estrategias de expulsión masiva que atentan contra el derecho de asilo y fomentan la persecución racial.
• Rechazo a políticas ecológicas: negacionismo climático en plena crisis posterior a la DANA, como clara muestra de que la continuidad de estos reaccionarios al frente del gobierno valenciano significa que ante la agudización de la crisis climática, si se producen nuevas situaciones de emergencia, actuarán con el mismo desdén criminal.
• Recortes en “gasto superfluo”, traducido a represión ideológica: eliminación de subvenciones a agentes sociales, asociaciones por la igualdad, tachadas de “chiringuitos” por la ultraderecha.
• Recorte drástico en la Academia Valenciana de la Lengua y la promoción del valenciano, después de haber celebrado una consulta, cuyo objetivo era provocar división entorno a esta cuestión y desviar la atención del rechazo masivo de la comunidad educativa a Mazón y a su conseller de Educación.
• Supresión de todas las partidas destinadas a memoria histórica.
• Reducción de impuestos para las grandes fortunas con una agresiva rebaja fiscal.
Este pacto, que supone un ataque integral contra los derechos democráticos y contra las conquistas sociales, funciona además como una cortina de humo para desviar la atención de la verdadera emergencia: la crisis climática y la desprotección del territorio. Mazón y Vox han optado por alimentar discursos reaccionarios y sembrar división social para ocultar su absoluta incompetencia en la gestión de crisis reales.
La prioridad del Consell no es proteger a la población ni garantizar un futuro seguro, sino blindar los privilegios de las élites económicas y seguir especulando con el territorio, aunque eso signifique exponer a miles de familias a nuevos desastres.
No cabe duda de que Mazón es un cadáver político. Consciente de que hay un clamor social exigiendo su dimisión, y que tanto él como su Gobierno corrupto paguen por el abandono y desidia criminal que causaron la muerte de 228 personas durante la DANA, su única estrategia es atrincherarse en el poder para blindarse judicialmente e intentar desviar la atención recurriendo a los prejuicios racistas, machistas y reaccionarios más asquerosos. Pero este pacto con Vox solo profundizará el caos y la indignación.
Un negocio para algunos con la desgracia de muchos
Por otra parte, el Gobierno valenciano ha convertido la tragedia en un negocio millonario para los mismos corruptos de siempre, que han convertido la Administración pública en su cortijo privado. Mientras la población damnificada sigue esperando soluciones reales, millones de euros van a parar a empresas vinculadas a los mayores escándalos de corrupción de la política valenciana de las últimas décadas.
Entre las empresas beneficiarias del reparto de contratos destinados a la reconstrucción tras la Dana se encuentran la Sociedad de Agricultores de la Vega, condenada en el caso Taula, FCC Aqualia S.A., filial de Fomento de Construcciones y Contratas S.A., también implicada en el caso Taula, CHM Obras e Infraestructuras S.A., vinculada al caso Gürtel, Facsa, otra empresa salpicada por la trama Gürtel, y Pavasal S.A., involucrada también en el caso Taula.
Más manipulación y mentiras
La campaña de manipulación para intentar salvar a Mazón ha sido vergonzosa. Desde el montaje de la fotografía de Mazón entrando en el CECOPI, cuya falsedad fue destapada por el diario El Salto, hasta la filtración de un audio manipulado de Emergencias, con el objetivo de exculpar al Gobierno de su inacción. Nada es casual: Mazón y su Ejecutivo son perfectamente conscientes de que su gestión ha sido criminal y están dispuestos a lo que sea para encubrirlo.
Pero el pueblo valenciano no se resigna. Son ya cinco las manifestaciones multitudinarias que han tomado las calles de València al grito de “El President a Picassent”, proclama que se escuchó con fuerza también durante la marea feminista del 8M, demostrando su potencia como motor de la resistencia contra el fascismo y la opresión.
Con Mazón no hay diálogo posible. Las cinco manifestaciones convocadas han sido una demostración clara de que el único camino para echarle es la lucha popular y que hay disposición y ánimo para continuar esa lucha. El siguiente paso tiene que ser la huelga general.
La huelga general es el único camino
Lo único que mantiene en pie al totalmente desacreditado Gobierno de Carlos Mazón es, por un lado la política del Gobierno PSOE-Sumar, que le sigue proporcionando balones de oxígeno, actuando como máximos garantes del orden capitalista, y por otro, las políticas de desmovilización y pactos con el PSOE por parte de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios y la izquierda reformista institucional.
En lugar promover de manera consistente la movilización ciudadana a través de una huelga general, los dirigentes de Compromís se enfocan en instar al PSPV-PSOE a presentar una moción de censura en el Parlament, sabiendo que estos solo quieren dilatar el proceso y ganar tiempo, contribuyendo así al objetivo del Gobierno central PSOE-Sumar: neutralizar las protestas e indignación popular y asegurar la “estabilidad institucional”.
La huelga general no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar una crisis política que en primer lugar demuestre y recuerde que quienes realmente hacemos funcionar todo: la industria, los servicios, los trabajos de cuidados, el transporte... somos la clase trabajadora, nativa y migrante, y que no estamos dispuestos a que nos gobiernen contra nuestros intereses. Y en segundo lugar para abrir un nuevo escenario, no solo para tumbar a Mazón, sino también para exigir una reconstrucción justa y evitar que se convierta en un nuevo negocio para unos pocos.
Es imperativo un plan social de emergencia que priorice los derechos de la población afectada sobre los intereses privados. Este plan debería incluir:
• Reversión de todos los recortes y privatizaciones en sanidad, y un plan de inversión para su refuerzo y mejora garantizando su accesibilidad y calidad asistencial.
• Bloqueo del Plan Presupuestario PP-VOX 2025.
• Inversión en un transporte público eficaz y accesible que cubra al 100% las necesidades de la población en las zonas afectadas.
• Obligación para las aseguradoras de cubrir el 100% de los daños materiales en las pólizas afectadas. Para quienes no tengan seguro, el Estado debe garantizar la compensación de sus pérdidas.
• Participación activa de los vecinos y vecinas en la elaboración y control de los planes de reconstrucción a través de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción de cada zona afectada, con representantes elegidos por las propias vecinas y vecinos en asambleas para asegurar que los recursos se destinen a la reconstrucción en lugar de al lucro privado.
• Medidas extraordinarias para garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias damnificadas, incluyendo la suspensión durante un año del pago de alquileres e hipotecas, así como la movilización de viviendas vacías en manos de grandes tenedores para su uso social.
• Exigencia de responsabilidades políticas y judiciales ejemplares para los responsables de la gestión negligente de la catástrofe, incluyendo la dimisión de Mazón y su Gobierno.
Además de las medidas urgentes para la reconstrucción, la DANA ha revelado una alarmante falta de transparencia respecto a la planificación urbanística y la gestión del riesgo climático. Muchas familias han descubierto, solo después de perderlo todo, que sus viviendas estaban situadas en zonas inundables. Este modelo urbanístico irresponsable prioriza el beneficio privado sobre la seguridad colectiva.
Esta situación plantea la necesidad de exigir medidas concretas para garantizar que esta injusticia no vuelva a repetirse:
• Prohibición de nuevas construcciones en zonas de alto riesgo: Es imprescindible establecer criterios estrictos de ordenación territorial que impidan la especulación con el suelo en zonas de peligro.
• Plan de expropiación de pisos vacíos en manos de fondos buitre, especuladores y caseros rentistas para garantizar que todas las personas en zonas de alto riesgo sean realojadas garantizando su seguridad y en condiciones dignas.
• Plan de adaptación y protección ante la inminencia de nuevos fenómenos climáticos extremos: Más allá de las soluciones individuales, es fundamental que se desarrollen infraestructuras de prevención y protocolos de emergencia eficaces para minimizar el impacto de futuras catástrofes.
Este programa debe ir acompañado de un plan de lucha sostenido en el tiempo. La convocatoria de una huelga general de 24 horas debe ser el primer paso. Para que esta movilización tenga continuidad, es imprescindible organizarnos desde la base, en los barrios, en los centros de trabajo, en los sindicatos y en los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.
La parálisis y la tibieza de los sindicatos de trabajadores en un momento tan grave como este, solo ayudan a que este Gobierno criminal del PP y VOX se mantenga, y deja a la clase trabajadora a merced de esta ofensiva reaccionaria. Exigimos a los sindicatos que se impliquen activamente con los intereses de la clase trabajadora valenciana, convocando la huelga general.
La situación es insostenible. No podemos permitir que el fascismo imponga su agenda de odio y destrucción mientras nos arrebatan el futuro. La reconstrucción del País Valencià no es solo una cuestión material, es una lucha por nuestra dignidad, nuestros derechos y la justicia social.
Solo la fuerza y determinación de la clase trabajadora valenciana es capaz de echar a su nada honorable presidente Mazón.
Se trata de decidir si el futuro del País Valencià estará en manos de quienes han demostrado una y otra vez su incompetencia y avaricia, o si, por el contrario, tomamos las riendas y construimos un modelo que proteja a las personas, el territorio y a las generaciones venideras.
Hacer realidad todas las reivindicaciones planteadas exige enfrentar una cuestión fundamental: el control de los recursos. No basta con exigir medidas paliativas. Si no abordamos el problema de raíz, tras cada crisis volveremos a toparnos con los mismos obstáculos: viviendas convertidas en activos financieros en manos de fondos buitre, suministros básicos sujetos a las reglas del mercado y territorios moldeados según los intereses de grandes empresas en lugar de las necesidades de quienes los habitan. La reconstrucción no puede convertirse en otro negocio para especuladores.
Los recursos esenciales deben estar bajo el control del pueblo y al servicio del pueblo, no del lucro privado. Solo mediante la nacionalización de la banca y los grandes monopolios empresariales, bajo control democrático de la clase trabajadora y el pueblo, podremos garantizar que la vivienda, la energía, el transporte y las infraestructuras clave dejen de operar bajo la lógica del lucro, que excluye a los más vulnerables, y pasen a regirse por criterios de utilidad social y sostenibilidad. No hablamos de una utopía, sino de una necesidad material y de una cuestión de justicia. La verdadera utopía es creer que, bajo las reglas del capitalismo y el neoliberalismo, es posible garantizar derechos sociales o lograr una distribución justa de los recursos, mientras se profundiza la crisis climática y se saquea el planeta.
Si las pérdidas se socializan -porque cuando llega la catástrofe pagamos todos, incluso con la pérdida de hogares o vidas- también debemos aspirar a la gestión colectiva de los recursos, para asegurar que nadie quede desamparado.
