En las condiciones del capitalismo del siglo XXI, acceder a una vivienda digna para millones de personas, sigue siendo una aspiración inalcanzable. Los espectaculares precios que han alcanzado son un obstáculo prácticamente insalvable; muchos jóvenes se ven obligados a seguir viviendo con sus padres ante la imposibilidad de conseguir una vivienda. Y aquellos que lo consiguen, se ven obligados a contraer desorbitadas deudas vitalicias que se llevan mensualmente un porcentaje insoportable de los cada vez más reducidos ingresos familiares.
Los capitalistas presionan para eliminar al Estado del "mercado de la vivienda", pasando a controlarlo directamente con mano firme y obteniendo de él ingentes beneficios. Por otro lado la administración pública a todos los niveles (central, autonómica y municipal) han colaborado en esta orgía especulativa en torno al mercado inmobiliario, recalificando los terrenos que más interesan a las grandes empresas y otorgando toda clase de facilidades para que estos parásitos realicen sus negocios.
Estas prácticas, que no generan ninguna riqueza social, fomentan todo tipo de corruptelas, sobornos, tráfico de influencias, etc. La corrupción no es fruto de la acción malévola de una minoría de concejales, funcionarios y empresarios venales y ambiciosos; se origina como consecuencia de una trama de intereses inherentes al funcionamiento del sistema capitalista.
El control prácticamente absoluto que los empresarios y banqueros tienen del sector inmobiliario, es el elemento central que ha provocado el escandaloso incremento de los precios de la vivienda de los últimos años. Los datos son escalofriantes; el precio de la vivienda en términos reales creció casi 14 veces más que los salarios en los últimos 17 años, según un informe de CCOO anualizando el período de 1987-2004. Así, el precio medio de los pisos en ese período creció más de un 130% mientras que los salarios aumentaron un 9,6%. Y aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ha ralentizado, estos siguen en general aumentando.
En estas condiciones se han forjado los inmensos beneficios de las grandes constructoras y los grandes bancos, y mientras lo que para un reducido puñado de especuladores supone su particular El Dorado, se ha convertido para millones de familias en una pesadilla.
Según distintos estudios, hoy se destina de media mensual el 70% del salario para el pago de la vivienda y hay que ahorrar una media de 15 años antes de poder embarcarse en la compra de una. Este elemento es una espada de Damocles sobre la economía de millones de familias extremadamente vulnerable a cualquier cambio en la coyuntura económica, que afecte a los tipos de interés, hoy en alza, (la inmensa mayoría de las hipotecas están firmadas a tipos de interés variable) o al nivel de empleo.

La gallina de los huevos de oro

Los capitalistas han encontrado en el sector de la construcción a su gallina de los huevos de oro y la están exprimiendo despiadadamente. El sector está absolutamente sobredimensionado y amenaza con arrastrar a toda la economía cuando la burbuja estalle. Fernando Trías, profesor de ESABE, se hacía la siguiente pregunta en un artículo de opinión publicado en el diario El País, 17 de noviembre de 2006: "¿Por qué tras liberalizar millones y millones de metros cuadrados de suelo no bajan los precios? ¿Por qué si se construyen casi 900.000 pisos al año los precios aún suben?".
Dejemos que sea este mismo señor el que lo explique: "Si millones de metros cuadrados siguen en manos de unos pocos, estos seguirán especulando con el ritmo al cual sacan pisos al mercado y controlando los precios", y sigue: "Los pisos son manzanas que no se pudren y que los bancos financian a muchos años vista, así que los sacan al mercado al ritmo que les conviene, no vaya a esfumarse el negocio del siglo".
Se puede decir más alto pero no más claro. Este control es precisamente lo que hay que eliminar si realmente queremos solucionar el problema de la vivienda.
El nivel de endeudamiento de las familias, antes señalado, es insostenible y mucho más con la trayectoria plana que viene mostrando la evolución de los salarios en los últimos años. Bastaría una pequeña recesión, similar a las muchas recesiones que hemos conocido en décadas pasadas, con el consiguiente incremento del desempleo, para que la posición de muchas familias trabajadoras llegase a ser angustiosa.
Las hipotecas a interés variable mantienen bien atadas a millones de familias y los bancos controlan mecanismos poderosos para fortalecer esas cadenas y lo que sí podemos asegurar es que al final de la burbuja inmobiliaria, las grandes constructoras intentarán pasar por él sin siquiera despeinarse.
Para prepararse para esa eventualidad ya están reinvirtiendo sus beneficios en entrar masivamente en otros sectores económicos, como el de la energía.

Cómo aborda la socialdemocracia la cuestión de la vivienda

A partir de marzo de 2004 uno de los puntos más destacados en las expectativas generadas por el nuevo gobierno del PSOE era el de la solución o, por lo menos, la mejora real del problema del acceso a la vivienda. Así, una de las primeras iniciativas de calado del gabinete de Zapatero fue la de elaborar un plan para la vivienda.
Este plan ha fracasado estrepitosamente debido en primer lugar a lo limitado de sus objetivos y en segundo lugar a la insuficiente dotación presupuestaria para llevarlo a la práctica. La otra medida "de choque" aprobada por el gobierno del PSOE ha sido la nueva Ley del Suelo.
Ésta plantea en primer lugar que un 25% de viviendas de una actuación urbanizadora se destine a vivienda protegida.
El segundo aspecto tiene como objetivo reducir el precio del suelo. La ley del suelo del PP planteaba para el cálculo del valor del suelo el método del valor residual, que viene a decir: ¿Cuánto valdría este suelo si ya hubiese viviendas construidas? Se toman los precios actuales de los pisos y se hace un cálculo para determinar el correspondiente valor del terreno. En otras palabras, en el momento de una recalificación el suelo entra en el mercado a precios máximos. La nueva ley del suelo recoge sustituir el cálculo de valor residual para establecer el valor del suelo por el valor actual.
Y el tercer aspecto más destacable recogido en la nueva ley del suelo, plantea que entre el 15% y el 20% de las plusvalías vayan a la administración para financiar viviendas protegidas.
Desde nuestro punto de vista estas medidas no van a solucionar nada. Pero dejemos que sea, una vez más, la voz "autorizada" de Fernando Trías quien lo explique. En relación a ese 25% de viviendas protegidas en cada actuación urbanística, nos dice: "¿Qué va a pasar con el 75% restante? Muy sencillo, los promotores les aplicarán el margen que dejarán de percibir en las protegidas. Habrá más viviendas protegidas, de acuerdo, pero como igualmente no habrá para todos, se perjudicará a quienes no las obtengan, personas obligadas a acudir al mercado de viviendas libres".
Sobre la medida de sustituir el cálculo residual, este señor comenta: "Es igualmente absurda. Si millones de metros cuadrados siguen en manos de unos pocos, estos seguirán especulando con el ritmo al cual sacan pisos al mercado y controlando los precios".
En cuanto a la tercera, nuestro profesor de ESABE es contundente: "Será también contraproducente. Es como decir que un 20% de la especulación será para... ¡reducir la especulación! ¡No tiene sentido!".
A estas alturas de la legislatura, podemos afirmar que las medidas planteadas por el gobierno han fracasado rotundamente. Esta afirmación sirve también para valorar la gestión de gobiernos autonómicos y municipales en los que además de participar el PSOE, lo hace también IU.

Las cooperativas

También hemos asistido en la última década a la promoción por parte de empresas privadas de cooperativas de construcción que se han presentado como otra posible solución al problema de la vivienda.
Esto no ha significado nada más que otra fuente de ingresos para las constructoras que, utilizando la fórmula de cooperativa ideada para fomentar la autopromoción por parte de un grupo de individuos de sus propias casas, han creado gestoras que utilizando el dinero de los cooperativistas, construyen y deciden finalmente el precio de las viviendas sometiendo a numerosos engaños a los cooperativistas.
Éstas carecen de cualquier criterio democrático y de participación ya que sus integrantes no tienen, en realidad, ningún poder de decisión, lo que lleva a sus gestores a hacer prácticamente lo que les da la gana. Habitualmente estas gestoras van modificando materiales, calidades o lo que se les ocurra con la intención de recaudar dinero. Por otra parte fuerzan la lentitud de las obras o incluso las paralizan elevando así el precio de los pisos y alargando también sus altos honorarios. Aquí la administración pública mira hacia otro lado.
Una vez constatado el fracaso de todas las medidas puestas en marcha, es necesario señalar cuáles son los motivos por los que las organizaciones de izquierda no acometen medidas que sirvan realmente para solucionar el problema de la vivienda, sino que se limitan, en el mejor de los casos, a aplicar paños calientes que para lo único que sirven es para que todo siga igual.

Hay que romper con el capitalismo

Las direcciones tanto del PSOE como de IU, al igual que los dirigentes de los sindicatos de clase, CCOO y UGT, insisten constantemente en que estas organizaciones aplican políticas realistas; para ellos el sistema de "libre empresa", es el único sistema posible y la lucha por la transformación radical de este sistema pertenece al pasado.
Bajo el capitalismo la inversión no se hace para satisfacer las necesidades sociales sino para la obtención de beneficios y aunque estos van en gran parte a la especulación, son el combustible del sistema.
En estos momentos, la construcción es uno de los pilares del actual crecimiento económico y una de las principales fuentes a través de las cuales los grandes empresarios obtienen beneficios.
Atrapado por las leyes que rigen la gestión del capitalismo, el gobierno del PSOE lejos de atacar el control de los capitalistas del sector y los altos precios de la vivienda, tiene entre sus preocupaciones la posibilidad de que estos se hundan y que este hecho reduzca drásticamente los beneficios empresariales. Por tanto su objetivo es mantenerlos o proponer medidas que posibiliten su reducción paulatina, hasta un nivel conveniente para los capitalistas, para dar tiempo a estos a encontrar otras fuentes donde conseguir los mismos niveles de ganancias.
Llegados a este punto los dirigentes reformistas de las organizaciones obreras topan con una muralla infranqueable para ellos, la de los límites objetivos del sistema capitalista. Pero desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de la sociedad, la existencia de esta muralla no significa que el problema no tenga solución, sino que es la confirmación de la incapacidad del sistema capitalista para solucionar los problemas básicos de la mayoría de la población, entre los que se encuentra la vivienda.

Alternativa marxista al problema de la vivienda

Desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad, la cuestión del acceso a la vivienda debe ser abordada desde el mismo punto de vista que tratamos la educación o la sanidad. Al igual que exigimos una educación y una sanidad públicas y de calidad, reivindicamos una red de viviendas propiedad del Estado, lo suficientemente amplia para que cualquier persona o familia que necesite una vivienda pueda acceder a ella en régimen de alquiler y que la cuantía de éste suponga un porcentaje que no signifique un lastre para la economía de los trabajadores.
La propiedad no es otra cosa que la forma encubierta de pagar un altísimo alquiler a la banca, con intereses muy superiores al precio real de la vivienda, a lo largo de toda la vida útil del trabajador y de sus descendientes. Es lo mismo que si por acceder a la enseñanza o a la sanidad, o a la jubilación, los trabajadores tuvieran que desembolsar una parte sustancial de sus salarios y que estos derechos fueran campo privado de las grandes empresas. Esto es lo que se produce para acceder a una vivienda y es una realidad desde hace décadas en EEUU y en América Latina. Los capitalistas en Europa occidental presionan para que aquí también lo sea.
De esta manera jamás se resolverá el problema del acceso a una vivienda digna para la clase trabajadora y otros sectores de la sociedad, cuyo poder adquisitivo depende de las fluctuaciones de la economía capitalista. Es cierto que en muchos trabajadores ha calado la idea de que ser propietario de su vivienda es la solución y una garantía de estabilidad.
Esto se ha producido, además de por el abandono de las organizaciones de izquierda de la reivindicación de que sea el Estado el que garantice cubrir esta necesidad básica, por las propias características del mercado de alquiler en el Estado español ya que las viviendas ofrecidas en alquiler son pocas y a precios desorbitados.
Por otro lado, el hecho de que en base a las leyes que regulan el alquiler, el arrendatario cada poco tiempo pueda ver cambiadas radicalmente las condiciones de su contrato o incluso verse obligado a abandonar la vivienda, genera esa sensación de inseguridad y de recelo hacia la vivienda en alquiler que muchos tienen y fortalece la tendencia a ver en la propiedad de la vivienda la solución.
En la medida que sea el Estado el que garantice el acceso a una vivienda en alquiler en las condiciones antes descritas estos recelos desaparecerán rápidamente.
Para que el Estado pueda convertirse en el garante de una vivienda digna para el que la necesite es imprescindible que cuente con los ingentes recursos que actualmente se están dedicando a la construcción especulativa y a las inversiones bursátiles.
Como primera medida proponemos la nacionalización de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias. Estas empresas han construido sus imperios empresariales expropiando a la mayoría de la población con su control sobre los recursos que deberían estar destinados a cubrir esta necesidad básica.
Esta nacionalización se realizaría por el procedimiento de expropiación, reservando la indemnización únicamente para los casos de pequeños inversores que pudiesen quedar en una situación de comprobada necesidad.
Se nacionalizarán también los solares de grandes propietarios que los reservan para la especulación, poniéndolos a disposición de los ayuntamientos para la satisfacción de las necesidades sociales, como pueden ser la construcción de polideportivos, centros de salud, colegios, etc.
Las empresas constructoras expropiadas serán la base para constituir una gran empresa pública de la construcción, que ponga sus capacidades y recursos a disposición de los ayuntamientos atendiendo a unos estándares adecuados de calidad de la construcción y respeto del medio ambiente. Por supuesto, esta empresa pública colocará la seguridad laboral como una de sus máximas prioridades y acabará definitivamente con las lacras de precariedad, subcontratación y todos los tipos de irregularidades que hoy caracterizan al sector de la construcción. Para cumplir esos objetivos el órgano de dirección de esta empresa contará con un tercio de representantes del Estado, un tercio de representantes de los sindicatos de clase y un tercio de representantes elegidos directamente por los trabajadores de su plantilla.
La segunda medida que proponemos es devolver a los trabajadores la capacidad de participar plenamente en el desarrollo de los planes urbanísticos y en la planificación del uso del suelo y la construcción de viviendas y equipamientos. De forma permanente, a través de los sindicatos, asociaciones vecinales y asambleas de vecinos, los recursos destinados al urbanismo se invertirán de acuerdo con las prioridades sociales. A través de esta estructura de control y planificación, será necesario abordar un plan estatal de construcción de nuevas viviendas acorde con las necesidades reales de la población en cada municipio. Es cierto que se ha construido mucho, pero se ha hecho de forma totalmente anárquica; habrá zonas donde efectivamente la prioridad inmediata no sea construir y, por tanto, ésta sea la de darle un uso racional a lo ya edificado; sin embargo en otros lugares éste podría no ser el caso y sí sería necesario abordar un plan de construcción.
Como tercera medida, proponemos que esta empresa pública de vivienda se ocupe inmediatamente de poner en alquiler las viviendas que se mantienen vacías sin justificación, en las mismas condiciones en las que se alquilarán las viviendas que forman parte del parque de viviendas propio de cada municipio (a un precio no superior del 10% del salario de los que aspiran a ellas). Todos aquellos propietarios que se nieguen a hacerlo serán expropiados sin indemnización.
Por último, para garantizar que estos planes no son asfixiados financieramente por la gran banca y que los planes de vivienda y equipamiento reciben los fondos necesarios para su desarrollo, es imprescindible la nacionalización de la banca en las mismas condiciones que las empresas constructoras (con indemnización sólo en caso de necesidad comprobada y bajo control de los trabajadores). Hay que poner fin al desenfreno especulativo de la banca.
La nacionalización de la banca y el sistema financiero permitirá una eficiente movilización de recursos económicos para ponerlos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales. Al mismo tiempo, esta medida es imprescindible para salvar de la asfixia financiera a todas las familias y jóvenes que han suscrito un crédito hipotecario en los últimos años. Sin nacionalización, la banca se lanzaría a recomponer sus beneficios perdidos a costa de las cuotas hipotecarias. Sólo la nacionalización permitirá rebajar gradualmente la presión hipotecaria hasta un punto compatible con unas condiciones de vida dignas, y garantizará la permanencia en la vivienda a pesar de sucesos y contratiempos que puedan limitar la capacidad de pago de las familias.

La lucha cotidiana por una vivienda digna

La experiencia histórica demuestra que con la movilización se pueden arrancar concesiones parciales que sirvan para mitigar, al menos temporalmente, las deficiencias en nuestras condiciones de vida.
En el Estado español tenemos la experiencia de la lucha en Madrid en la década de los setenta del siglo XX, que tuvo como resultado una remodelación urbana que afectó a treinta barrios donde se construyeron 39.000 viviendas para alojar a una población de alrededor de 150.0000 personas, con una inversión realizada por la administración que alcanzó los 310.000 millones de las antiguas pesetas. En este plan y fruto de la movilización, la administración tuvo que aceptar el liderazgo de las Asociaciones de Vecinos.
Por lo tanto, la lucha cotidiana en cada barrio o ciudad, sí sirve. Es necesario organizarla en cada municipio. Hay que partir en cada uno de ellos de las necesidades reales existentes y exigir al ayuntamiento, al gobierno autonómico y al gobierno central que suministre los recursos necesarios para que cada municipio cuente con una flota de viviendas suficiente como para que cualquier vecino que lo solicite pueda acceder a una en régimen de alquiler a un precio en el que la cuota mensual no supere el 10% de su salario.
En la lucha cotidiana por una vivienda digna, por un empleo estable, por una educación y una sanidad universales, no se puede perder la perspectiva de la necesidad ineludible de luchar por el socialismo; es decir, por que seamos los trabajadores los que controlemos la riqueza y los medios para generarla y que planificándolos de forma democrática los pongamos al servicio del desarrollo de la humanidad; esta es la única forma de consolidar nuestras conquistas y evitar que lo que hoy nos concedan fruto de la lucha mañana nos pueda ser arrebatado. Esa es la tarea, y ese es el objetivo que tiene la Corriente Marxista Internacional El Militante.

Organízate con nosotros para conseguirlo.