Zapatero no se ha cortado en afirmar, en su viaje a Túnez realizado el 2 de marzo, que “España estará al frente, está al frente, para consolidar las aspiraciones de los pueblos del Norte de África, del Magreb, del Mundo Árabe, para que la democracia y la libertad sean ya el único lenguaje que conozcan en el futuro sus ciudadanos”. A pesar de la solemnidad y el aire melodramático con que trató de envolver su discurso, el contraste entre las palabras y la realidad era demasiado evidente para impresionar a nadie. El gobierno del PSOE, y antes el del PP, y desde siempre la monarquía juancarlista han respaldado durante décadas a los regímenes dictatoriales árabes.  Los “valores” y los “principios” que han guiado su política exterior no han sido otros que el valor del dinero y los principios del máximo beneficio. Dos días antes de proclamarse adalid de la democracia en Túnez, Zapatero visitó Qatar y los Emiratos Árabes, con el objetivo de atraer inversiones, abrir camino a las multinacionales españolas y disponer de una base logística militar para respaldar las tropas imperialistas desplegadas en Afganistán. Que dichos países sean cortijos que una ínfima minoría de multimillonarios enriquecidos con el petróleo manejan a su antojo parece que no es un problema muy grave para los campeones de la democracia. Efectivamente, su cinismo consiste en proclamar la “democracia” allí donde las masas ya han conquistado los derechos democráticos a través de una lucha que ha costado centenares miles de muertos. En los países donde los derechos democráticos brillan por su ausencia es más prudente el silencio.

El gobierno de Zapatero, ¿al frente de la ‘democracia’ en el mundo árabe?

El 26 de febrero tuvimos otro ejemplo del papel de la “democracia española” como garante de las “aspiraciones de los pueblos del mundo árabe”: la visita del rey Juan Carlos I a Kuwait, en la que el monarca español arropó públicamente al jeque Sabah al Ahmed al Sabah, a pesar de que diez días antes del evento decenas de personas fueron detenidas por manifestarse exigiendo la concesión de la nacionalidad y el derecho a educación y sanidad gratuita. No son ningún secreto las excelentes relaciones de la monarquía española con las multimillonarias, despóticas y decadentes monarquías petroleras árabes.
Diez días antes pudimos asistir a otro ejemplo de “empujón democrático”del gobierno de Zapatero: la visita de Bono —destacado dirigente del PSOE y presidente de la máxima institución de la democracia española, el parlamento— a la Guinea de Teodoro Obiang, uno de los personajes más sangrientos y represivos de África. Bono dijo que “entre Guinea y España tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan”, lo que indica de forma bastante clara que el negocio del petróleo está bastante por encima de los “principios democráticos”.
Otro vergonzoso ejemplo de la “firmeza” democrática del gobierno de Zapatero lo tuvimos con ocasión de la brutal represión del gobierno marroquí contra el campamento de El Aaiún, en octubre, cuando Trinidad Jiménez declaró que dada la “importancia extraordinaria” de la relación de la UE con Marruecos“ningún suceso” podía alterarla. Es decir, respaldó abiertamente a la dictadura marroquí en un caso flagrante de brutal represión. Quizás, cuando el régimen de Mohamed VI caiga, empujado por la lucha de las masas marroquí, Zapatero también viaje a Rabat para garantizar que “la democracia y la libertad sean el único lenguaje que conozcan en el futuro sus ciudadanos”. Mientras esto no suceda el régimen marroquí es de “importancia extraordinaria”.

Cuando los ‘principios’ se miden en euros

Por supuesto la “importancia extraordinaria” se mide fundamentalmente en euros. Los países del norte de África, además de proporcionar una parte importante de la fuente de energía que consume la economía española (gas) han constituido un foco de negocios cada vez más importante en los últimos años para las empresas multinacionales españolas. Los regímenes dictatoriales proporcionaron durante años estabilidad y mano de obra barata. La “falta de democracia” en estos países ha sido un aliciente, no un problema, para las multinacionales españolas. Como señalaba un capitalista español que tiene dos empresas en Tánger, “Marruecos puede ser la fábrica de España para un tipo de industria poco especializada. El coste de un trabajador no especializado sigue siendo muy similar al de China, y tenemos mucha más proximidad geográfica y cultural” (El País, 20 de febrero). Como se ve, China, donde los trabajadores no tienen derechos sindicales ni políticos, es un modelo envidiado por el empresariado español. Las multinacionales españolas han hecho negocios fabulosos en el norte de África. En Libia destaca la presencia de Repsol-YPF. En Egipto, Unión Fenosa Gas, FCC, Inditex y Cepsa. En 2008 los reyes (en representación de “todos los españoles”, por supuesto) hicieron una visita al país y firmaron un Tratado de Amistad y Cooperación para “fortalecer la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos”. En Túnez la industria cementera destaca entre las empresas españolas, controlando la mitad del mercado en este segmento. Una parte importante de la fruta y el aceite exportado por este país es propiedad de empresas españolas. Túnez era un estado policial de confidentes, con cárceles secretas, desaparecidos y registros domiciliarios sin orden judicial, sin embargo en 2004 el gobierno de Zapatero impulsó con este país un acuerdo de cooperación “para aislar a los violentos extremistas e integristas”. Argelia es un país clave, del que se importa gas por un valor de 3.900 millones de euros y al que se exportan mercancías por 2.000 millones al año. Las inversiones españolas en Marruecos son las segundas en importancia después de Francia. Actualmente operan 600 empresas españolas (destacan Telefónica, Gas Natural, Abengoa, Alsa, Grupo Barceló) con un volumen total de inversiones de 5.000 millones. Según la revista Forbes, los negocios de Mohamed VI le han situado como el séptimo monarca más rico del mundo, con un patrimonio de 2.500 millones de dólares. Es conocida la larga e intensa relación de amistad entre la monarquía marroquí y la familia de Juan Carlos I, pese al carácter abiertamente dictatorial de la primera y el supuesto apego democrático de la segunda.

Armando dictaduras

Otra prueba del respaldo de la “democracia española” a las dictaduras árabes ha sido el profuso comercio de material bélico durante los últimos años. Muchas de las balas, pistolas y bombas que se han utilizado contra el pueblo árabe son de fabricación española. En noviembre de 2010 se cerraba el mayor contrato que jamás había realizado hasta ahora la industria armamentista española: 3.000 millones de euros a la dictadura de Arabia Saudí (un país en el que la opo­si­ción polí­tica está prohi­bida, la prác­tica abierta de cual­quier otra fe que no sea el islam es ile­gal, hay gra­ves res­tric­cio­nes en prác­ti­ca­mente todos los aspec­tos de la vida de las mujeres y se contempla la pena de muerte para casos de ase­si­nato, apos­ta­sía, dro­gas, com­por­ta­miento sexual inade­cuado…). Según los datos publicados y recopilados por CincoDías, a partir de la información facilitada por el Ministerio de Industria, el Estado español ha exportado armas y material de defensa por valor de 558,65 millones de euros a una docena de países de la zona desde 2005 hasta mediados de 2010, último registro oficial disponible. Los destinatarios más importantes son Marruecos y Argelia, países en los que las protestas han sido violentamente reprimidas. Bahréin, donde también ha habido represión, es el tercero en el ránking. Las ventas también han sido significativas a Libia, el segundo país más importante en ventas españolas de material de doble uso (civil-militar) en 2009.

Por la unidad de la clase obrera

El levantamiento del pueblo árabe indica que la revolución es posible y que la unidad de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales también es posible. Con la revolución en el mundo árabe se abre una oportunidad histórica para impulsar y unir la lucha de los trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales tienen origen magrebí, con los trabajadores nativos, combatiendo así la actual ofensiva xenófoba organizada por la burguesía. Los problemas son los mismos. La situación económica y social es cada vez más dramática para el conjunto de clase obrera. El número de desempleados volvió a alcanzar un nuevo máximo en febrero, con casi 4,3 millones según datos del Inem y todos los pronósticos indican que todavía no se ha tocado suelo. En enero de 2011 el número de parados sin prestación ascendía a 1.634.835 personas, 291.064 más que en enero de 2010. Este dato tiene mucho que ver con el paro de larga duración. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados que perdieron su empleo hace más de un año alcanza la escalofriante cifra de 2,049 millones y el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro supera ya los 1,3 millones. La inflación se está comiendo los salarios.
En contraste, el beneficio de las grandes empresas ha crecido más de un 20%, ganando 48.000 millones de euros más que en 2010. Uno de los factores de este incremento, reconocido por los propios empresarios, ha sido el  duro proceso de ajuste de gastos, con contención salarial, recortes de plantilla y más precarización del empleo. Mientras, el gobierno central y los diferentes gobiernos autonómicos aceleran su plan de recortes de gastos en sanidad y educación; el Estado sigue aumentando el dinero que regala a la banca y a los especuladores internacionales: recientemente la ministra Salgado desveló que los gastos financieros de la deuda se han incrementado en un 11,3% respecto a hace un año, situándose en 19.368 millones de euros.
Los dirigentes de CCOO y UGT, en vez de apoyarse en el profundo malestar y la voluntad de lucha de la clase obrera y de sus afiliados para oponerse de forma contundente a estos planes, siguen en su línea desmovilizadora y de colaboración con los ataques del gobierno. A pesar de todo el oscurantismo que rodea la negociación entre empresarios y los dirigentes sindicales, todo indica que estos últimos están dispuestos a aceptar otra vergonzosa claudicación, que seguramente se hará pública en marzo, aceptando una profunda contrarreforma de los convenios colectivos. Esta política sindical no corresponde, por supuesto, a las necesidades de la clase obrera, pero tampoco a las fuerzas y al ambiente existente para luchar y oponernos a la mayor ofensiva contra nuestros derechos desde la caída de la dictadura. Nunca la lucha por nuestros derechos más elementales ha estado tan claramente vinculada a la necesidad de transformar profundamente las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera. La campaña sindical impulsada por la Corriente Marxista El Militante (ver página 15 de este periódico) tiene el objetivo de agrupar a todos los activistas sindicales que sienten la necesidad de unir sus fuerzas en la lucha por un sindicalismo combativo, democrático y de clase. Igualmente, damos todo nuestro apoyo a la protesta juvenil y estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes para el día 30 de marzo, que tendrá sin duda un importante impacto en este contexto político en el que la necesidad de luchar de forma sistemática y consecuente contra el capitalismo es sentida por una capa cada vez más amplia de la juventud y de la clase obrera.