El pasado 4 de abril comenzaba la aplicación de un ERE en Alcoa para casi la totalidad de la plantilla de sus fábricas en Avilés y A Coruña. El argumento que esgrimen es “la necesidad de adecuar la producción a la demanda prevista durante este año”. Sin embargo, la propia empresa declaraba en el mes de enero que, para el año 2012, preveía un incremento de la demanda de aluminio en torno al 7%. La realidad es que la multinacional planea una bajada de la producción del 12% este año para “reducir los costes y poder mantener los márgenes de beneficio”, según las declaraciones de uno de los directivos, pese a haber doblado sus beneficios durante el año pasado.

Estos datos contrastan con la idea que repite la dirección de la empresa de que el ERE “es temporal y la recuperación de la actividad dependerá de la evolución del mercado”. Más bien confirma el temor de los trabajadores de que tras este ERE esté la intención de cerrar o deslocalizar la empresa a corto plazo, como ya se ha hecho durante estos últimos años en otras plantas europeas y norteamericanas. En estas condiciones, aceptar el ERE significa encomendarse a “la buena voluntad” de la empresa.
Más aún si se tiene en cuenta que en la reunión celebrada con los representantes de los trabajadores en Madrid ni siquiera facilitaron el informe económico de 2010. De hecho, la empresa se ha negado reiteradamente a asumir por escrito el compromiso de reiniciar la actividad en 2013, y mucho menos a incluir una cláusula de indemnización en caso de cierre. Esto ha determinado que la CIG no firmara el ERE. Según su delegado Julio Moskowich en la factoría gallega: “Creemos que la fábrica se va a cerrar, no nos dan garantías de nada”.

El chantaje de la deslocalización para mejorar sus beneficios

Otra de las quejas de Alcoa, junto con otras grandes empresas, es el alto coste de la energía. Hasta hace poco, estas empresas, denominadas “grandes consumidores”, disfrutaban de una tarifa especial, un 40% menor a la del resto de usuarios. Este menor precio no repercutía sobre las compañías eléctricas, sino que era el propio Estado quien lo asumía en última instancia, subvencionándolo de forma encubierta.
En diciembre expiran los últimos acuerdos entre los “grandes consumidores” y las eléctricas, y de un tiempo a esta parte son constantes las amenazas de deslocalización de muchas de estas empresas si el gobierno no “intercede” para volver a bajarles el precio de la energía. En el caso de Alcoa, esta demanda ha sido asumida también por las organizaciones sindicales y los propios representantes de los trabajadores en la empresa. Recientemente, coincidiendo con el inicio del ERE, los trabajadores de Avilés se manifestaban reclamando, entre otras cosas, una tarifa eléctrica reducida: “Alcoa es una de las empresas que más consume y una de las razones del ERE está en que el coste de producción del aluminio es muy elevado”, señalaba un portavoz del comité de empresa.
Sin embargo, Alcoa comenzó 2012 con unos beneficios de más de 90 millones de euros, y sus acciones se han revalorizado un 17% en lo que va de año. Estos datos demuestran que el ERE y los lamentos sobre la tarifa eléctrica son sólo un intento de aumentar aún más su cuenta de resultados a expensas de los trabajadores y de los recursos públicos. Si lo consigue, esto aplaza el debate sobre el cierre durante unos pocos años, o meses. Pero en absoluto significa ningún tipo de “compromiso” con la zona en la que desarrolle su actividad y mucho menos con los trabajadores, por muchas muestras de buena voluntad y colaboración que hayan dado en el pasado.

Nacionalizar para crear riqueza y bienestar para la mayoría

La única forma de evitar la deslocalización es con la nacionalización. El cierre de numerosas empresas en los últimos años nos convence de que, en el contexto actual, no hay otra forma de conservar los puestos de trabajo que recuperando las grandes empresas que han sido privatizadas, como el caso de Alcoa (pero también Cristalería, Fertiberia o Arcelor), luchando por su renacionalización y exigiendo el control de los trabajadores en todas las esferas de la producción para garantizar su viabilidad.
Hay que tener en cuenta que tampoco la “liberalización energética” o, mejor aún, la privatización del sector energético, ha servido para conseguir que los precios de la energía sean más competitivos, como aseguraban los defensores del libre mercado. Todo lo contrario, las tarifas eléctricas no paran de subir y, paradójicamente, la deuda de los consumidores con las compañías eléctricas es cada vez mayor. Esto es así  porque los precios intervenidos no son asumidos por las compañías eléctricas, sino reconocidos como “deuda” por el propio estado. De esta forma, el déficit con las eléctricas ascendió en 2010 a 20.000 millones de euros, y el estado dedicó en 2010 más de 1.500 millones a este apartado. La privatización del sector energético no sólo no ha traído ninguna ventaja, sino que la financiación del “déficit tarifario”* amenaza con convertirse en una losa más sobre las espaldas de los trabajadores.
Renacionalizar también este sector permitiría acabar de un plumazo con ese déficit, y además seria posible suministrar energía más barata a la industria, gestionando la energía con criterios sociales y no buscando el beneficio particular.

* El llamado “déficit tarifario”, que supuestamente deriva de la diferencia del coste de la electricidad y la tarifa que marca el gobierno, no les ha impedido a las principales empresas de energía repartir miles de millones de dividendos entre los accionistas este año.