La crisis económica y la oleada de ataques salvajes contra los trabajadores están teniendo un gran impacto en la conciencia de millones de personas y no sólo porque ponen a las claras el verdadero funcionamiento del sistema capitalista. El descrédito y la desconfianza hacia la política oficial burguesa, a sus instituciones y representantes, es cada vez más extendido y profundo, añadiendo más combustible a una situación social que ya de por sí tiene un enorme potencial explosivo. Hay un contraste insultante entre la exigencia de duros sacrificios que los trabajadores y jóvenes debemos hacer para “salir todos juntos de la crisis” y el comportamiento de las altas esferas de la sociedad y del Estado, que exhiben su opulencia e impunidad con todo desparpajo.

Extendido y profundo desprestigio institucional

Una reciente encuesta de Metroscopia pone en evidencia esa profunda desconfianza en las instituciones. El 62% de la población considera que funcionan mal o muy mal, elevándose al 69% para el caso de la justicia, y un 79% considera que los políticos no están a la altura de las circunstancias, tanto entre votantes de la izquierda como de la derecha. De octubre de 2011 a mayo de 2012, el porcentaje de ciudadanos que piensa que el actual sistema democrático sigue siendo el mejor que ha tenido nuestro país en su historia ha caído del 72% al 56%.
Con el telón de fondo de la crisis económica, el desempleo masivo, los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a la banca; hemos presenciado la bochornosa actuación monárquica, con el Rey cazando elefantes en África, su nieto disparándose en el pie también de caza, y su yerno robando, presuntamente, dinero público con las manos llenas. El deterioro de la imagen de la monarquía es especialmente significativo en la medida que la burguesía y los dirigentes reformistas de la izquierda durante las últimas tres décadas han tratado de presentarlo como un hombre “campechano, demócrata y moderno” para poder utilizarlo en un futuro auge de la lucha de clases como salvaguarda del sistema capitalista, en base a las prerrogativas golpistas que contempla la Constitución.
La justicia también ha dado claras muestras de que no es igual con ni ante todos los ciudadanos y ni mucho menos es apolítica o independiente del gobierno y la burguesía. Más bien al contrario. Tras cuatro años de crisis económica, no se ha juzgado ni investigado a ninguno de sus responsables, los banqueros y grandes empresarios. Pero sí hemos visto que los juicios por los incontables casos de corrupción (Gürtel, Millet...) se eternizan en el tiempo o se archivan sin más. Un caso sonado ha sido la absolución de Francisco Camps de las tramas de corrupción en el País Valenciano, quien se jactaba públicamente de tener amigos íntimos entre los jueces de las altas instancias judiciales.
Por otro lado, el juez Garzón ha sido condenado a inhabilitación por tratar de investigar el franquismo (con la excusa de las escuchas del caso Gürtel) por el Tribunal Supremo, entonces presidido por Carlos Dívar, también presidente del Consejo General del Poder Judicial y juez desde la época franquista. El escándalo público que han provocado las noticias acerca de la vida de lujo que este individuo se permitía a costa del erario público, motivo por el cual le han obligado a dimitir, nuevamente pone de manifiesto que no existe ningún tipo de control sobre cuánto y cómo gastan el dinero público.
El proceso de “nacionalización” de Bankia, observado con estupor e indignación por millones de personas, ha sido muy clarificador sobre los verdaderos objetivos de los recortes sociales. A pesar de que el 95% de la población cree que se debería investigar la gestión de Bankia, Rajoy zanjó a primeros de junio cualquier posibilidad de comparecencia de Rodrigo Rato ni ningún tipo de comisión de investigación. Aunque finalmente parece que Rato sí comparecerá, está claro que se trata de un nuevo caso de impunidad empresarial. Eso sí, Bankia no ha dejado pasar ni un día para continuar con su política usurera de desahucios de familias trabajadoras de sus casas.

Democracia de cartón piedra

El parlamento tampoco se escapa de esta oleada de desprestigio. Rajoy está gobernando a base de decretos ley, sin ni tan si quiera cubrir las formas con el trámite del debate parlamentario. El rescate de 100.000 millones de euros a la banca española, la “nacionalización” de Bankia o el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, han sido ventilados en breves sesiones parlamentarias o simplemente anunciados mediante una nota de prensa. Además, el gobierno ha anunciado que este año el debate del estado de la Nación no se llevará a cabo.
Evidentemente, si se celebrara dicho debate, o si se realizaran plenarios del parlamento ante cada medida o recorte del gobierno, esto no cambiaría el contenido reaccionario de las mismas ni las convertiría en medidas más democráticas. El resultado final sería el mismo en virtud de la mayoría absoluta del PP. Pero el hecho en sí de cómo aplican todas estas medidas sí está poniendo al descubierto ante millones de trabajadores cuál es el funcionamiento del Estado y su carácter de clase, como decía Marx: “el gobierno del Estado no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (El Manifiesto Comunista).
Estos “descuidos” del gobierno no son debidos solo a las tradiciones franquistas de la burguesía española y el Partido Popular (algo que sin duda influye), sino a que las exigencias del capital financiero sobre los gobiernos son tan crudas y directas que toda la “ornamenta democrática” queda severamente dañada. Este no es un fenómeno particular del Estado español, como hemos podido observar con la formación de gobiernos “tecnócratas” en Italia o Grecia.
Todas estas tendencias están vinculadas a un incremento de medidas represivas contra la lucha de los trabajadores y de la juventud en el último periodo. La oleada de detenciones de sindicalistas después de la huelga general del 29-M o la salvaje intervención policial contra los estudiantes valencianos son dos muestras muy significativas de ello.
Hoy más que nunca es necesario defender, junto a los derechos sociales, los derechos democráticos fundamentales como el derecho a huelga, manifestación, organización, libertad de expresión... así como exigir responsabilidades por el despilfarro del dinero público por parte de esta minoría social que no da cuentas a nadie. Pero esa lucha es parte de la lucha por la transformación socialista de la sociedad ya que la corrupción, el comportamiento arrogante de los poderosos, la represión y el doble rasero de la justicia del Estado es parte consustancial del sistema capitalista. La crisis, la intensificación de la protesta social y el pesimismo decadente de la clase dominante no hacen más acentuar esos rasgos del sistema político burgués.