Mientras el gobierno del PP insiste en que estamos saliendo de la crisis y que los recortes se acercan a su fin, sale a la luz el Plan Presupuestario para 2014 que ha enviado a Bruselas (para que de el visto bueno) y que incluye ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años. El ministro Guindos tuvo la desfachatez de decir públicamente que no había “nada nuevo bajo el sol” en estos recortes que, sin embargo, habían sido mantenidos bajo el sigilo más absoluto durante el reciente debate sobre los presupuestos.
Aunque parte de esta cifra incluye medidas ya tomadas, como el repago farmacéutico o la no reposición de jubilaciones, esto en absoluto será suficiente. La única manera de obtener este “ahorro” es la que ya conocemos: una nueva oleada de recortes en sanidad, educación y servicios sociales, el cierre de empresas públicas despidiendo a miles de trabajadores y subidas en toda una serie de tasas e impuestos municipales y autonómicos, desde el de transmisiones hasta la entrada en las piscinas públicas.
Reforma de la Administración Local
Una parte esencial de todo este plan es la llamada reforma de la Administración Local, que bajo la excusa de eliminar duplicidades y racionalizar encubre un tremendo ataque contra los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que ayuntamientos y comunidades autónomas son los encargados de gestionar no sólo educación y sanidad, sino la mayoría de políticas sociales (dependencia, renta básica, albergues...) muchas de las cuales son la última protección frente a la miseria.
La reforma de la Administración Local obliga a los ayuntamientos a abandonar las competencias que no le son propias. Por ejemplo, como Educación depende de las comunidades se podría obligar al cierre de escuelas municipales o a prohibir que, como está sucediendo en algunos casos, concedan becas o ayudas sociales para atenuar los recortes de otras administraciones.
Otro punto importante es el establecimiento de la obligación de publicar el “coste efectivo” de los servicios públicos, lo que teóricamente cuesta ofrecerlos. Se justificarían así brutales subidas de tasas y precios públicos para cubrir ese “coste”, y además se obliga a traspasar el servicio público a otra administración que lo ofrezca más barato, por ejemplo la diputación provincial. Dado que la contabilidad de costes puede ser tan “creativa” como las demás ramas de la contabilidad, esto evidentemente abre la puerta a la privatización generalizada de los servicios públicos con la excusa de un menor coste que luego no será tal. Lo que sí se garantiza es el trasvase de millones de euros a los bolsillos de unos pocos y el empeoramiento generalizado de las condiciones de los trabajadores.
Una hecatombe social
Recientemente salía publicado el informe de Cáritas, entidad nada sospechosa de bolchevismo, que ponía de manifiesto la magnitud de la catástrofe social que viene sufriendo la inmensa mayoría de la población del Estado español, donde la diferencia de renta entre el 20% más rico y el 20% más pobre alcanza ya 7,5 veces, la cifra más alta de la UE. Según los datos de 2012, la pobreza severa se ha duplicado desde el inicio de la crisis, afectando a tres millones de personas, y el poder adquisitivo por habitante ha disminuido más de un 10%. Una cuarta parte de los niños españoles son pobres. La tasa de pobreza general ha pasado del 19,6% en 2008 al 21,1% en 2012, lo cual puede no parecer mucho pero se debe a que, debido al empobrecimiento general de la población (la renta disponible está por debajo del nivel de 2001), hace falta ganar menos de 613 euros al mes para ser considerado pobre mientras que en 2008 eran 646. Entre 2012 y 2013, según Eurostat, los salarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo real de 10 puntos porcentuales. Otros informes señalan cómo el desempleo sigue aumentando (el juvenil ya se acerca al 60%), hay más de 600.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, miles de jóvenes tienen que abandonar los estudios y los indicadores sanitarios se desploman (sólo en 2012 la espera media para ser operado pasó de 73 a 100 días, rebrotan con fuerza las enfermedades epidémicas...). El capitalismo es, como decía Lenin, “horror sin fin”.
Los ricos cada vez más ricos
Sin embargo, esta situación tiene unos claros beneficiarios. Los recortes al gasto social ni siquiera están evitando que la deuda pública siga creciendo. En 2014 superará por primera vez el 100% del PIB, aumentando así el lucrativo negocio de los bancos, que ya obtienen el 26% de sus ingresos del cobro de intereses al Estado (Abc, 30/10/13). Hay una clara relación entre la eliminación de las conquistas de la clase trabajadora y el trasvase de dinero al bolsillo de una minoría privilegiada. Según un estudio de Credit Suisse, los millonarios en el Estado español aumentaron un 13% entre mediados de 2012 y 2013, lo que significa 47.000 personas más, sumando un total de 402.000, con un patrimonio igual o superior al millón de euros.
Gente como Florentino Pérez (ACS), las hermanas Koplowitz (FCC), María del Pino (Ferrovial) o Villar-Mir (OHL) están expectantes ante el negocio de la privatización de servicios públicos de agua, limpieza, transporte o servicios sociales. Ante la caída de la construcción crece de nuevo uno de los negocios más tradicionales de la burguesía española, el saqueo de las arcas públicas, algo de lo que también saben Emilio Botín, los dueños de las eléctricas y la práctica totalidad de los que aparecen en la lista de las 30 familias que según la revista Forbes dominan la economía española acumulando fortunas obscenas: 32.000 millones de euros, de los cuales 11.200 millones están en posesión de tres familias.
Expropiar a este puñado de parásitos y poner al servicio de toda la sociedad, bajo control de los trabajadores, estos inmensos recursos es la única alternativa para terminar con el paro, la miseria y la desigualdad social que provoca el capitalismo.
