La respuesta del PP y del aparato del Estado ante el auge de la movilización social
En los últimos años, especialmente a raíz de la explosión del 15-M, los activistas que participamos en la lucha social hemos sido testigos y víctimas de una enorme campaña de criminalización de las protestas. Utilizando para ello a la derecha mediática el gobierno del Partido Popular ataca a quienes encabezan y nutren las movilizaciones más destacadas con el objetivo de favorecer un clima social que justifique la represión. En un intento desesperado de frenar la lucha social, el pasado mes de marzo se aprobaban nuevas leyes represivas con las que hacer frente al escenario de protestas provocado por la política de recortes y austeridad que ha llevado a cientos de miles de trabajadores a salir a la calle.
¡Que soy compañero, coño! Infiltración y provocación policial
La táctica de la infiltración policial como método de provocación con el que tratar de desacreditar la protesta ante la opinión pública y justificar así la violencia policial, no es ninguna novedad, sin embargo el incremento de la misma en el último periodo está siendo escandaloso. La utilización de agentes infiltrados, haciéndose pasar por radicales, causando disturbios que luego son utilizados para justificar cargas policiales y detenciones ha sido ampliamente documentada con vídeos y fotografías que luego han circulado por las redes sociales.
Durante las huelgas generales de 2012 en Catalunya, mossos d’Esquadra infiltrados fueron reconocidos y expulsados por los manifestantes, así como fotografiados portando porras extensibles a la par que pegatinas de sindicatos. El 15-M de Sevilla hizo famoso al infiltrado Luis García Torres, descubierto por sus compañeros y rescatado en ese mismo momento por la policía a través de una “detención exprés” que le permitió desaparecer del mapa. Los convocantes de las Marchas de la Dignidad el 22-M de 2014 relataron cómo las mismas personas que lanzaron objetos contra la policía y se pusieron en la primera línea de enfrentamiento con los antidisturbios, fueron reconocidas posteriormente realizando detenciones.
Pero el caso más ilustrativo es el del famoso: “¡Que soy compañero, coño!”, en la manifestación Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, donde un grupo de individuos encapuchados que portaba banderas rojas empujó y golpeó a la policía que cargó salvajemente contra los manifestantes. La grabación del vídeo en el que un agente infiltrado, vestido con la estética “radical”, está siendo golpeado por un antidisturbios y se identifica como tal obligó a la propia Jefatura Superior de la Policía Nacional a admitir que en la manifestación participaron agentes infiltrados y cubiertos con capuchas. Hubo 35 detenidos y 64 heridos, uno de ellos grave con una lesión medular, pero el gobierno y concretamente la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y reciente candidata del PP a la Comunidad de Madrid, felicitaron a la policía por su “actuación ejemplar”.
Recortes en los derechos democráticos; multas, más multas, cárcel y endurecimiento de la ley para quien proteste
Según Attac, entre junio de 2012 y junio de 2014 se habrían puesto más de 1.100 multas vinculadas a acciones de protesta. UGT y CCOO han denunciado que más de 300 sindicalistas han sido condenados, procesados o sancionados por ejercer el derecho a huelga, con peticiones de cárcel que suman 120 años. La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, la reforma del código penal y el pacto suscrito entre PSOE y PP contra el terrorismo yihadista, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, suponen un recorte frontal de los derechos democráticos.
Con la Ley Mordaza, el Partido Popular, además de aprovechar la ocasión para modificar la ley de extranjería y legalizar las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, vulnerando completamente los derechos de los inmigrantes, establece multas de hasta 600.000 euros para actos que hasta ahora eran considerados legales. El PP simplemente ha pasado revista a las movilizaciones de los últimos años y ha diseñado a medida una ley que las convierte en ilegales y sancionables.
Entre las sanciones muy graves (con multas de 30.001 a 600.000 euros) están “reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan consideración de infraestructuras críticas, como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión de recintos, incluyendo la obstrucción de su funcionamiento” (baste recordar la huelga de personal de tierra en El Prat en 2006). Entre las graves (con multas de 601 a 30.000 euros) están la perturbación del orden en actos públicos aunque no sean constitutivos de delito. “La perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos o altos tribunales aunque no tengan actividad”, véase concentraciones de Rodea el Congreso y todo tipo de movilizaciones espontáneas; “obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales”, como las protestas antidesahucios; o “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de los agentes”, dando así mayor impunidad a los cuerpos represivos para ejercer la violencia contra manifestantes y activistas. Finalmente, entre las leves (con multas de 100 a 600 euros) encontramos “la ocupación de cualquier espacio común, público o privado”, las “faltas de respeto y consideración a los agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones”, o “escalar a edificios o monumentos”, algo habitual, por ejemplo, en las protestas ecologistas.
En el caso de la reforma del código penal, que convierte en delitos más de las dos terceras partes de lo que actualmente son faltas e introduce la cadena perpetua bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”, los sindicatos han denunciado que “deja abierta la puerta a la criminalización de la actividad sindical ante hechos triviales”. Por último, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, el PP, con el vergonzoso apoyo de la dirección del PSOE, ha aprobado la ley contra el terrorismo yihadista que amplía los delitos que pueden ser considerados terrorismo a una infinidad de casos en los que prácticamente cabe todo, incluidas protestas laborales y sociales que podrán ser castigadas con las máximas penas.
La pervivencia del aparato del Estado franquista.
De ‘la calle es mía’ de Fraga a la Ley Mordaza del PP
En 1976 Manuel Fraga, por entonces vicepresidente y ministro de Gobernación en el ejecutivo de Arias Navarro, respondía “la calle es mía” a sindicatos y partidos de la izquierda, prohibiendo las manifestaciones del Primero de Mayo. Entre 1976 y 1982 la represión combinada de la Policía Armada y la Guardia Civil, junto a la actuación de los grupos de extrema derecha provocaron más de cien muertes. Ni en la Policía Armada ni en el Cuerpo Superior de Policía se produjo nunca ninguna depuración de elementos franquistas y ultras, la Guardia Civil ha mantenido su carácter militar hasta hoy, por no hablar de la permanencia de franquistas en la judicatura y otras altas instancias hasta su feliz y tranquila jubilación.
La pervivencia de estos elementos en el aparato del Estado fue el caldo de cultivo sobre el que, bien entrada la “democracia” se produjeron, bajo los gobiernos de Felipe González, los episodios más negros de terrorismo y violencia estatal, con los GAL y la guerra sucia contra ETA. Sucesores de los grupos paramilitares y de extrema derecha que, en connivencia o con la permisividad del Estado, asesinaron y torturaron durante la Transición a activistas políticos de la izquierda, de 1983 a 1987 los GAL cometieron 27 asesinatos financiados con dinero público y con conocimiento de las autoridades. En 1995, el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, imputado y posteriormente exculpado por su participación en los GAL, declaraba a El País: “En la lucha contraterrorista hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas”. Quien así habla se afilió a las juventudes de Falange con 15 años, combatió en el bando franquista tras el golpe militar, coordinó la represión al maquis, fue nombrado en 1971 jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, organizador de los preparativos en la ejecución de los últimos cinco condenados a muerte por el franquismo, ascendido en 1976 a general, luego director de la Policía Nacional y posteriormente director de la Guardia Civil, desde 1983 a 1986, con el gobierno del PSOE, para acabar siendo asesor del gobierno contra el terrorismo hasta 1996. Una evolución personal ilustrativa de la evolución política del régimen de la dictadura a la “democracia”, una farsa.
Y de aquellos polvos estos lodos. No es casualidad que el Consejo de Ministros haya denegado la extradición, solicitada por las autoridades argentinas, de los imputados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. En los últimos diez años se han denunciado 6.621 casos de tortura o malos tratos policiales. Según han señalado expertos internacionales, de las denuncias de malos tratos o torturas producidas en ambientes ajenos a una detención en comisaría, el 50% ha sido contra activistas de los movimientos sociales y el 40% contra inmigrantes. Los lazos políticos y de sangre entre el aparato del Estado franquista y el actual nunca se han roto, son sus herederos quienes perpetran, permiten y amparan la violencia policial y la represión más salvaje y, aprendiendo de aquel periodo, se preparan para afrontar el futuro de convulsión social. Sin embargo, también ahora como entonces, ni las cargas policiales, detenciones o multas han conseguido paralizar la movilización. La acción directa pacífica y masiva en las calles, la extensión de los conflictos y la solidaridad con los mismos, la organización en las manifestaciones para repeler a esos extraños grupos de encapuchados que aparecen y desaparecen para provocar disturbios, forman ya parte de la experiencia del movimiento.
