Disueltos los órganos de dirección del PP de Valencia ciudad. Una imagen, la del partido de Rajoy desarbolado en el antiguo feudo de Rita Barberá, que representa bien las consecuencias políticas del lodazal en que ha chapoteado el partido de la derecha española. Las investigaciones, detenciones e interrogatorios policiales a raíz del caso Imelsa apuntan a un entramado generalizado de mordidas a los contratos públicos y de utilización en beneficio propio de los fondos públicos.
La Operación Taula investiga el presunto cobro generalizado de comisiones (se habla del 3%) en las adjudicaciones de contratos, por parte de todas las instituciones valencianas controladas por el PP por un largo período: los principales ayuntamientos, las tres diputaciones, y la Generalitat. Otros métodos eran los sobrecostes y el saqueo directo de los presupuestos públicos; una parte de los beneficios iría a las finanzas del Partido Popular.
Uno de los aspectos más escandalosos es el sobrecoste de la instalación de barracones y construcción de nuevos centros docentes; mientras decían no tener recursos para eliminar barracones, la empresa pública Ciegsa pagaba un 36% más del coste de las obras realizadas; 1.100 millones que eran reembolsados por empresarios amigos y cargos públicos. Hoy Ciegsa está en fase de liquidación y con una deuda de 1.700 millones.
Esta trama fue denunciada política y judicialmente por Rosa Pérez, diputada de Esquerra Unida, que sufrió todo tipo de presiones (Alfonso Rus le amenazó en público en Les Corts). Posteriormente, en el verano de 2014, José Mariano López, empresario de Xàtiva con excelentes relaciones con Rus, y exsuegro de Marcos Benavent (gerente de Imelsa y delfín de Rus), presentó un pendrive con miles de horas de conversaciones grabadas, de Benavent con Rus y otros, reflejando todo el proceso de amaño, en lo referente a la Diputación valenciana (gobernada por Rus). Al parecer, López había sido excluido del selecto club de corruptos por el divorcio de su hija y Benavent.
El PP valenciano en crisis
Las investigaciones, y en particular las declaraciones de Benavent (desaparecido durante meses hasta su reaparición estelar en mayo de 2015), han llevado a la detención durante dos noches de Rus y de miembros de la estructura local y provincial del PP, y al interrogatorio e imputación de todos los concejales menos uno del Ayuntamiento de Valencia, incluyendo al número dos de Barberá hasta las pasadas elecciones (y tras ella líder del PP de la ciudad), Alfonso Novo. Obviamente la capital valenciana, por el volumen de negocios y la aparente fortaleza del PP, era lugar preferente de la trama. El juez investiga el amaño de contratos, un sistema regularizado de financiación del partido a cargo de las comisiones, y el blanqueo del dinero con supuestas aportaciones de los concejales, luego devueltas en negro.
El PP de la capital del Túria no levanta cabeza. Se da por hecho que si Rita Barberá no está todavía imputada (de igual forma que Gerardo Camps, exvicepresidente de Generalitat) es por estar aforada, al ser senadora. Rita fue seguramente el cargo del PP con más poder en el País Valenciano, y tenía línea directa con Aznar, primero, y Rajoy, después. Mientras llevaba a cabo una política thatcherista de privatizaciones y ataques a los trabajadores, y descuidaba los barrios obreros y populares, disfrazaba su chabacanería de “campechanía”. Hoy es una sombra del pasado, y con ella el partido que le encumbró.
En estos momentos el PP valenciano está descabezado. Inmediatamente después de la detención para interrogatorio de Alfonso Novo, asumió la portavocía en Valencia Mª Ángeles Ramón Llin, “con la máxima tranquilidad”; sin embargo, su imputación al día siguiente dio al traste con la “tranquilidad”, y la de prácticamente todos los concejales no le ha dejado más remedio a Rajoy que encargar la formación de una gestora. El problema es encontrar a militantes destacados del PP limpios, es decir, que no puedan ser llamados a declarar a los pocos días. Isabel Bonig, la líder actual del PP en el País Valenciano, lo reconoce: “hay que ser prudente, escuchar a todo el mundo y evitar dar pasos erróneos que luego nos hagan desandar lo que se ha andado”.
Junto a los cargos políticos, hay imputados seis empresarios, habituales contratistas de la Administración, especialmente Generalitat, Diputación valenciana y Ayuntamiento valenciano. Un sector importante de las grandes empresas, especialmente constructoras de infraestructuras, ha participado en este saqueo durante todos estos años. Uno de estos empresarios es el administrador de Geneva Patrimonial, sociedad con la que la trama exportaba sus beneficios a Brasil; el entramado internacional se está investigando con detalle en estos momentos.
Corrupción, PP y capitalismo
Este es el séptimo caso de corrupción que afecta al PP valenciano desde 2009 (casos Nóos, Emarsa, Conselleria de Cooperació, Brugal, Avialsa, y Gürtel). Muchos de ellos se siguen investigando. El caso Gürtel, en su vertiente valenciana, está dividido en seis piezas judiciales separadas, incluyendo el sobrecoste en el viaje del Papa en 2006 y la financiación irregular del PP. Todos estos casos van a seguir afectando gravemente las posibilidades políticas de este partido, y explican las prisas de un sector de la burguesía por alentar alternativas (que apenas cubren sus expectativas), como Ciudadanos.
Realmente, no hay más que una trama corrupta. Los políticos del PP, y en general los de los partidos que asumen el capitalismo, ven la política (la política burguesa) como una continuación (o un inicio) de sus negocios, como una forma más de acumular beneficios privados. Muchos de los métodos para ello son legales, para empezar los sueldos desorbitados y privilegios de todo tipo. Pero saltar de lo legal a lo ilegal, cuando se sienten arropados por toda la estructura de poder, es tan fácil como mascar chicle. Más aún: la permanencia prolongada en los órganos de gobierno (como ha pasado en el País Valenciano), y la influencia consecuente sobre el sistema judicial, les crean una sensación de impunidad y les hacen actuar con cada vez más descaro y ambición. Si en los últimos años surgen todos estos casos, es porque la bola se hizo demasiado grande, era demasiado difícil de tapar, y el hartazgo de la mayoría de la población también, tanto hacia la corrupción como hacia la política en general del PP, que se resume en: más beneficios para una minoría (en la que se incluyen sus dirigentes), más recortes para la mayoría. La corrupción no es más que la aplicación de este criterio más allá de la legalidad.
Para la mayoría de la población, el Partido Popular es un partido que ha hecho de la corrupción un modo de vida, mientras atacaba con saña nuestras condiciones de vida. El PP valenciano no es la excepción, todo el partido, en todo el Estado, está carcomido. Este terremoto complica aún más sus posibilidades de mantenerse en el Gobierno, pretensión en la que se han conjurado Rajoy, Ciudadanos, Felipe González, barones del PSOE, y sectores fundamentales de la burguesía, lo que les hace totalmente cómplices de la podredumbre del PP.
