Todos los días sacan imágenes en la televisión de jóvenes pegándose en los centros de estudio, y noticias que muestran a profesores agredidos por lo que ellos llaman "jóvenes delincuentes". Esta campaña, lanzada por los sectores más reaccionarios de la sociedad, tiene como objetivo justificar que se tomen medidas de "mano dura" contra la juventud. Lo último ha sido el intento del PP estatal de convertir a los profesores en "autoridad pública", casi policial, como ocurría en la dictadura.

Esta campaña general ha estado acompañada de medidas concretas. En la Comunidad valenciana asistimos el curso pasado a la instalación de cámaras en los pasillos, llegando tan lejos como en el caso del IES Abastos, donde pusieron hasta en los baños, pero sólo en los de chicas. Ahora se están sumando acciones tan alarmantes como la presencia policial permanente en la puerta del IES Joanot Martorell, o las recientes incursiones policiales en la "Ciudad del Aprendiz", donde entran, a petición del director, a realizar cacheos "contra el menudeo de droga". Esta misma medida intentó aplicarse el curso pasado en el IES Juan de Garay. No son precisamente institutos de niños ricos; los tres se encuentran en dos de los mayores barrios obreros de Valencia: San Marcelino y Patraix.
Si lo que se quiere es eliminar los problemas que se generan en los centros de estudio, infestarlos de policías no va a resolver absolutamente nada. En primer lugar, deben resolverse problemas como la masificación, los barracones o la falta de profesorado. Deberían construirse muchos más centros de estudio, hasta reducir la cantidad de alumnos a una cifra como mínimo inferior a 500 por instituto público (en la actualidad algunos alcanzan los 1.200 alumnos), lo que obligaría a contratar muchos más profesores. Debería garantizarse un puesto de trabajo digno al acabar los estudios. Mientras subsista el desvío de dinero público a la educación privada y concertada, mientras el dinero se gaste en "salvar" los negocios de los grandes banqueros y empresarios, subvencionando empresas que con la excusa de la crisis despiden cientos de trabajadores, como Ford y Opel. Mientras todo esto ocurra, habrá problemas de convivencia en los centros y menudeo de drogas, si no dentro de los institutos, en los barrios obreros donde vivimos.
La droga es una lacra social, contra la que luchamos activamente, que sólo destroza la vida de miles de jóvenes que no ven un futuro y la utilizan como vía de escape. Pero es también un gigantesco negocio, que mueve millones de euros en todo el mundo, que pone y quita presidentes en ciertos países; negocio que se hace a costa de la vida de los jóvenes y trabajadores. Es absurdo pretender que se va a eliminar la droga entrando a los institutos y registrando indiscriminadamente, cuando realmente el negocio de la droga se organiza y se financia en altas esferas de la sociedad.
Además, la sola presencia policial dentro de los institutos tendrá el efecto de amedrentar a cualquiera, y podrá ser utilizado como un medio de coacción contra cualquier iniciativa de los estudiantes qu eponga en cuestión el régimen interno del instituto, la carencia de medios, o el rechazo a la política general del gobierno. ¿Vamos a permitir que cualquiera tenga que convocar  una asamblea o una huelga bajo la mirada inquisitoria -o algo peor- de la policía? ¿Van a cachear a todos los que participen en una asamblea o una sentada, a ver si alguno tiene papelinas y descalificar a los asistentes?
Detrás de toda esta campaña hay un objetivo claro. Alarmar a la sociedad  del "peligro" de la juventud, a la que se asocia constantemente a la violencia, las drogas, etc. Así se introduce un elemento de división entre estudiantes y profesores, entre padres e hijos, incluso entre profesores y padres. No es casualidad que tomen estas medidas precisamente ahora, cuando la tasa de desempleo entre los jóvenes alcanza casi el 39%. Evidentemente, a la derecha le interesa mucho más que el debate de la sociedad se centre en estos temas, a que estemos discutiendo sobre nuestros auténticos problemas y cómo responder a los ataques, que tanto jóvenes, estudiantes, profesores y padres, es decir trabajadores, estamos sufriendo en el terreno eductivo, pero también en el social y laboral.
¡Por una educación pública digna!
¡No a las medidas represivas!
¡Ni cámaras ni policías!