El acuerdo firmado el pasado 11 de mayo por el Gobierno, la CEOE y los máximos dirigentes de CCOO y UGT ha sido presentado como un paso más en el llamado “Escudo Social”. Pero cuando descendemos a la letra pequeña del mismo, y apartamos el celofán de la propaganda, nos encontramos con que este nuevo pacto social sirve esencialmente para que la patronal siga haciendo caja gracias los recursos públicos, y para abaratar los despidos masivos que preparan.

Burlándose de los llamamientos al “esfuerzo común” para frenar la pandemia, los empresarios no tienen en mente más que aprovecharse del desastre sanitario y social causado por el coronavirus para obtener el máximo lucro, aunque ello suponga multiplicar el sufrimiento de las familias trabajadoras y oscurecer aún más el futuro de las generaciones más jóvenes. Y lo están logrando porque las direcciones de CCOO y UGT, y lamentablemente también el Gobierno, en lugar de exigirle que pongan sus beneficios estratosféricos al servicio del mantenimiento del empleo y los salarios, les facilitan los instrumentos para cargar sobre las espaldas de la clase obrera las consecuencias de esta catástrofe.

Despido más fácil y más barato

El Real Decreto-ley 18/2020, aprobado por el gobierno PSOE-UP el 12 de mayo, prepara los mecanismos legales para que los planes empresariales se desarrollen lo más suavemente posible. Los decretos de marzo ya establecieron una normativa para los ERTE diseñada a la medida de los intereses de las grandes empresas. El nuevo decreto profundiza aún más en esa línea y profundiza en la normativa para facilitar los despidos y rebajar o compensar el coste de las indemnizaciones.

Lo primero que establece el nuevo decreto es la garantía de que se seguirá pagando con dinero público la parte del león de los costes empresariales. Para ello se crea la figura del ERTE parcial por fuerza mayor, que permite a los empresarios retomar su actividad manteniendo las espléndidas exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social establecidas para los casos de cierre total de empresas a causa de las medidas de confinamiento. Además, se facilita la transformación de los ERTE por fuerza mayor en ERTE ordinarios, de manera que el empresario pueda mantener a una parte o a toda su plantilla sujeta a una reducción de ingresos y a la incertidumbre de la vuelta o no al trabajo.

Para reforzar el poder del empresario frente a sus asalariados, el Decreto hace finalizar el 30 de junio la disposición que establecía que la prestación por ERTE no consumía los derechos a la prestación por desempleo acumulados por el trabajador, o que garantizaba el cobro de la prestación a pesar de no tener acumulado el mínimo de cotizaciones exigido. Esto es muy grave y un paso atrás serio, ya que a partir del 1 de julio cientos de miles de trabajadores seguirán en ERTE pero en condiciones mucho peores, consumiendo su desempleo o sin posibilidades de ingresar nada. En resumen, este acuerdo lejos de proteger los derechos allana el camino a todo tipo de abusos empresariales.

En segundo lugar, el nuevo Decreto aumenta las facilidades para el despido. La famosa cláusula de “Salvaguarda del Empleo” establecida en marzo, y que obligaba a las empresas con ERTE a garantizar el empleo durante 6 meses, se modifica hasta el punto de que no sólo anula la mayoría de las supuestas garantías frente al despido —que eran más bien pocas—, sino que incluso se empeoran algunas de las situaciones previas a la pandemia.

Para empezar, la cláusula ya no se aplicará a los trabajadores sujetos a ERTE ordinarios, que son más de 300.000, ni a los trabajadores no incluidos en el ERTE de una empresa con ERTE parcial. Además, los seis meses de supuesta limitación de despidos empiezan a contar desde el momento en que el primer trabajador en ERTE se reincorpore al trabajo, es decir, que reincorporando en mayo a un solo trabajador, en noviembre la empresa ya podría despedir a afectados por ERTE sin restricciones.

Adicionalmente se establecen tal cantidad de excepciones para sortear esa “salvaguarda” —riesgo de concurso de acreedores, atención a las “características específicas de los distintos sectores”, atención a las “especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”…—, que en la práctica la “prohibición del despido” de la que tanto alardearon los ministros de UP, y que realmente tan solo suponía entregar a un juez la capacidad de dictar despido improcedente en lugar de procedente y que el trabajador obtuviera una indemnización de 33 días y no de 22, ahora ya desaparece por completo. La propaganda se ha desmoronado en muy poco tiempo dejando paso a una realidad muy diferente a la que nos contaba la ministra Yolanda Díaz.

Pero la situación es mucho peor para los más de cuatro millones de trabajadores sujetos a contratación temporal por obra o servicio. El nuevo decreto no solo elimina la mínima protección establecida en marzo, sino que ahora ya no hace falta ni siquiera esperar a que termine la obra o servicio para dar por extinguida la relación laboral. Basta con que el empresario alegue que “no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación” para que el contrato se acabe. ¡Un paso atrás respecto a la situación previa!

Por último, para los empresarios que a pesar de todas las facilidades despidan a trabajadores afectados por un ERTE, las sanciones previstas en el Decreto son meramente simbólicas. Mientras que en el Decreto de marzo los empresarios que despedían a un trabajador sujeto a ERTE debían pagar tanto el importe de la prestación pagada al trabajador como las bonificaciones a la SS de las que se hubiesen beneficiado, en el nuevo Decreto se regala a los empresarios el importe de las prestaciones del SEPE. ¿Qué más podría pedir la Patronal?

Los empresarios no son nuestros aliados

En estas semanas hemos tenido que escuchar los elogios constantes de Yolanda Díaz y del vicepresidente Pablo Iglesias a los empresarios de este país. En la sesión parlamentaria de control al Gobierno del pasado 13 de mayo, Iglesias recriminó a los diputados del PP y Vox por no “arrimar el hombro” igual que hacen los empresarios, que según él han demostrado en su inmensa mayoría una gran responsabilidad. Lo mismo ha dicho en reiteradas ocasiones Yolanda Díaz, cómo en la última entrevista que concedió a El País el 17 de mayo, recordando que la patronal, CCOO y UGT tienen una “trayectoria histórica muy relevante de la que pocas veces se habla. Siempre han estado donde deben estar. Saben que estas políticas pueden ayudar en este momento histórico y son capaces de ponerse de acuerdo.”

Ahora, los ministros de UP siguen la estela de los dirigentes del PSOE en su apoyo sin fisuras a las políticas de colaboración de clase, lanzan constantes lisonjas a los grandes empresarios o celebran la caridad de personajes como Amancio Ortega y Ana Patricia Botín. Sin pensárselo dos veces ponen en práctica sus propuestas, como ocurrió con los millones de trabajadores de industrias y sectores no esenciales obligados a ir a sus puestos en plena pandemia.

Sin embargo, los empresarios y capitalistas de nuestro país no han cambiado en nada. Siguen siendo los de siempre. Los mismos parásitos que practican un fraude fiscal monumental, que según las cifras que afectan a las grandes fortunas y grandes empresas está por encima de los 60.000 millones de euros al año. Son los mismos que tampoco hacen asco a las manifestaciones de Núñez de Balboa, porque viven allí. Pero son gente práctica, muy práctica. Si sus exigencias son atendidas de buen grado por el Gobierno, ¿qué razón hay para no firmar un acuerdo que les da grandes ventajas y les llena los bolsillos?

Cuando ven las “colas del hambre” en Madrid y otras ciudades —las interminables colas formadas por personas que hasta ayer tenían un trabajo y conseguían ganarse la vida con más o menos holgura, y que hoy necesitan de la solidaridad de sus vecinas y vecinos para poder comer—, en lo único en que piensan los empresarios es en la oportunidad que se les abre de sustituir a sus plantillas actuales por nuevas contrataciones de trabajadoras y trabajadores que, obligados por la más extrema necesidad, aceptarán cualquier tipo de trabajo por penosas que sean sus condiciones y miserables los salarios.

Dos datos ilustran como los empresarios aprovechan la crisis del coronavirus para incrementar sus beneficios, provocando así el aumento de la desigualdad social y la extensión de la pobreza.
Las muertes en accidente de trabajo crecieron un 29% en el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, y una parte importante de esas muertes ocurrieron bajo el estado de alarma, cuando la actividad económica se había reducido considerablemente. ¿Qué les importa a los empresarios la vida de los 181 trabajadores fallecidos en esos tres meses, si han conseguido ahorrase unos buenos euros prescindiendo de las más básicas medidas de seguridad?

El segundo dato relevante es el frenazo en seco de la negociación colectiva. Mientras en abril de 2019 se firmaron 139 convenios que afectaban a casi 200.000 trabajadores, en abril de 2020 se firmaron 10, que incluían solo a 3.200 trabajadores.

Las declaraciones de una de las patronales más importantes, la patronal del metal (Confemetal) no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones: “la negociación colectiva está muerta este año”; y añaden que incluso los minúsculos incrementos salariales pactados con CCOO y UGT para 2020 son ahora “absolutamente disparatados”. Así anuncian la cascada de descuelgues de convenio colectivo que miles de empresas ya están preparando para complementar sus planes de despidos masivos.

Pero lo peor es que la no renovación de los convenios ya vencidos, o que van a vencer en los próximos meses, dejará a numerosas empresas y a sectores enteros sin la cobertura de un convenio colectivo. Eso significa que esos empresarios podrán contratar nuevos trabajadores sin tener que respetar las condiciones de los convenios, es decir, podrán hacerse pagando solo el SMI, y con los escuetos derechos laborales que reconoce el Estatuto de los Trabajadores.

En suma, que con la ayuda de los decretos del Gobierno y con la complicidad de los dirigentes de CCOO y UGT se han creado las condiciones para que los empresarios den un gran salto adelante en su sueño de sustituir empleo fijo, con condiciones más o menos dignas, con protección de un convenio colectivo y con reconocimiento de antigüedad, por empleo precario desprovisto de cualquier derecho.

Pero para poder sustituir a las plantillas actuales por nuevas trabajadoras y trabajadores con peores condiciones, primero hay que deshacerse de los trabajadores más antiguos. Como el despido en el Estado español es libre, pero no gratuito, los empresarios deberán desembolsar indemnizaciones por despido, que, tras la Reforma Laboral aprobada por el PP en 2012, ascenderían a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 2 años de salario en el caso de despido declarado improcedente por los Tribunales, pero que se quedarían en 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario en caso de despido objetivo.

Es decir, que dependiendo de la calificación que reciba el despido de acuerdo a la legislación vigente, el empresario podría ahorrarse hasta la mitad de la indemnización que pudiera corresponder. A la vista del alto número de trabajadoras y trabajadores afectados por ERTE, 3.400.000 a 30 de abril, es razonable pensar que la próxima ola de despidos afectará a muchos cientos de miles de trabajadores. Lo que están en juego son miles de millones de euros en futuras indemnizaciones, por eso el objetivo de los empresarios es reducir esa cifra al máximo.

Por un sindicalismo combativo y de clase que plante cara a la patronal

La política de las cúpulas de CCOO y UGT, utilizando constantemente el argumento del “mal menor” y “es lo que hay”, no despierta ningún entusiasmo entre miles de delegados y afiliados que se unieron en su día a esos sindicatos para defender sus derechos. Las direcciones burocráticas del sindicalismo de pacto y moqueta se aprovechan del shock y la incertidumbre que golpea a millones de familias para imponer una política que ha fracasado. Es completamente erróneo aplaudir esta estrategia, o presentarla como una alternativa para la clase obrera cuando no es más que la continuidad de un modelo sindical que ha permitido a la patronal laminar derechos, salarios y llevarnos a una precariedad desconocida.

Por el momento, los aparatos burocráticos de CCOO y UGT han conseguido acallar cualquier brote de crítica surgido de entre sus filas. Las facilidades del Gobierno para que los dos grandes sindicatos puedan firmar ERTEs a espaldas de los trabajadores afectados, unidas a las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma, han ayudado a ahogar cualquier tipo de protesta laboral.

Pero esta situación no va a durar indefinidamente. A medida que los planes de la patronal se vayan desarrollando, a medida que los ERTE de hoy se vayan transformando en ERE, las tradiciones de lucha y combatividad de la clase obrera del Estado español resurgirán con fuerza.

Desde la red de Sindicalistas de Izquierda hemos podido participar en algunas de las primeras acciones de resistencia frente al ataque patronal, y hemos comprobado que si un grupo de trabajadoras y trabajadoras, incluso aunque no sean delegados sindicales, incluso sin estar afiliados a un sindicato, se plantan frente a las pretensiones empresariales y agrupan y movilizan a sus compañeras y compañeros de trabajo, tenemos la fuerza para frenar, o limitar al menos el ataque patronal.

Ante lo que se viene encima, la organización en los centros de trabajo es más necesaria que nunca, lo mismo que defender un sindicalismo combativo y de clase basado en la confrontación con las patronales y en la movilización de nuestra inmensa fuerza como trabajadores. Un sindicalismo que se apoye en un programa socialista y que ofrezca una alternativa para superar el sistema capitalista.