No se trata de un desafortunado accidente, es la consecuencia de querer obtener los máximos beneficios a cualquier coste. Desgraciadamente, no hay nada de nuevo. Una explotación que llevaba sin actividad extractiva desde 2018 y que cuenta con un amplio historial de accidentes mortales, como el producido en julio de 2015, cuando falleció un minero por el desprendimiento de la bóveda de un túnel de la mina, o el de 2022, cuando murió un trabajador y otro quedó gravemente herido.

A esto se suman las prácticas mafiosas llevadas a cabo por los patronos de esta mina y su vergonzante connivencia con la justicia. En julio de 2012, tras otro accidente, un mando de la empresa impidió que los trabajadores atrapados una vez fueron rescatados pudieran ser trasladados en las ambulancias, subiéndolos en un vehículo particular para tratar de ocultar lo grave del accidente. No pudo hacerlo ante la respuesta de vecinos y mineros. Sin embargo, de forma escandalosa cinco mineros fueron condenados a un año de prisión. Gracias a la movilización y las protestas, finalmente, se consiguió la absolución para los 5 de Zarréu.

La empresa Blue Solving, la última en adquirir esta explotación, recibía el año pasado el permiso de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo económico para “investigar usos alternativos al carbón”, sin embargo, era un secreto a voces que a lo que se dedicaba era a la extracción de carbón, actividad para la que no tenía licencia. 

La connivencia que el Gobierno del Principado de Asturies ha mantenido durante estos años con la extracción ilegal de carbón por parte de empresas que carecen tanto de capacidad técnica como económica, y que reciben las subvenciones de las administraciones públicas —en 2023 Blue Solving recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto de Transición Justa—, son una muestra más de los vínculos existentes entre los capitalistas y los políticos burgueses a través de los cuales trasladan los recursos generados por el trabajo al capital privado.

Por eso tenemos que denunciar que la ausencia de condiciones de seguridad no es exclusividad de la mina de Zarréu, sino que se reproducen en las minas que aún permanecen abiertas.

Para las empresas, para el sistema capitalista, las vidas de las y los trabajadores no importan. Son solamente un elemento más en la cadena de producción y se asumen las pérdidas como “cosas que pasan”. Sin embargo, este accidente vuelve a poner en cuestionamiento el sistema de permisos, controles y ayudas públicas para las minas en proceso de reconversión.

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Para las empresas, para el sistema capitalista, las vidas de las y los trabajadores no importan. Son solamente un elemento más en la cadena de producción y se asumen las pérdidas como “cosas que pasan”. 

¡Basta de sacrificar nuestra seguridad para garantizar sus beneficios!

La seguridad en el trabajo requiere de inversión de recursos, y ralentiza la producción por el tiempo que requiere seguir la normativa de prevención de riesgos. Desde el punto de vista de los capitalistas sale mucho más barato permitir que sus trabajadores se expongan a elementos tóxicos, a la poca fiabilidad de las infraestructuras, a la ausencia de elementos de prevención... Y por eso, como dicen las propias familias, hay “ratoneras” donde las condiciones laborales son de auténtica miseria.

Lo que ha pasado en Zarréu es la punta del iceberg de un fenómeno que se manifiesta anualmente de manera trágica para la clase obrera. En el periodo 2020-2024 la accidentalidad laboral en Asturies se incrementó un 23%, y los accidentes graves y mortales un 27%.

La siniestralidad laboral no es una fatalidad, sino la expresión cotidiana de las diferentes reformas laborales tendentes a maximizar los beneficios de los capitalistas por medio de la intensificación de los ritmos de trabajo y la reducción de las medidas de seguridad que lleva aparejada.

Este accidente laboral tiene responsables: la empresa Blue Solving, por supuesto, pero también los grandes sindicatos que durante años se han plegado ante las empresas y no han luchado por unas condiciones de trabajo dignas y plenamente seguras. También, cómo no, el Gobierno del Principado que pasó por alto que se estuviera extrayendo carbón sin los permisos necesarios. Se tiene que hacer justicia y aplicar sanciones ejemplarizantes a quienes han mirado a otro lado y han permitido que se dé esta situación.

Es evidente que dentro de este sistema nuestras vidas siempre van a ser una moneda de cambio, una parte más del negocio. Tenemos que terminar con la lacra que supone el sistema capitalista, y para ello tenemos que continuar organizándonos y construyendo un sindicalismo de clase, democrático y combativo.

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