La ofensiva represiva del aparato del Estado contra todos aquellos que luchamos contra el empobrecimiento y la pérdida de derechos es un hecho, que se convierte en especialmente sangrante produciéndose bajo un Gobierno que se autodenomina progresista. Casos como Las 7 de Somosaguas, Los 7 de Acerinox, Los 6 de Zaragoza, Las 6 de la Suiza, … son la demostración concreta de que la no derogación de la Ley Mordaza no fue ninguna casualidad.
En los astilleros públicos de Navantia estamos viviendo un episodio clarísimo de esto mismo, con la introducción de una cláusula en los contratos de nuevos ingresos según la cual será causa de despido la denegación o pérdida de la Habilitación Personal de Seguridad. Un documento que, entre otros, depende del criterio político del CNI.
Desde la CGT en Navantia-Ferrol estamos exigiendo la retirada total de esta cláusula porque, como explicamos en el último número de nuestro boletín interno (A Folla da CGT), esto permitiría a la empresa despedir a trabajadores por motivaciones políticas.
A continuación, reproducimos completa la nota de A Folla donde explicamos esto:
Pincha aquí para descargarte el boletín interno (A Folla da CGT), en pdf.
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Contratos de los nuevos ingresos MÁS JUEGO SUCIO DE NAVANTIA
Se repite el cuento: la empresa volvió a meter una cláusula totalmente inaceptable en los contratos de los nuevos ingresos. Ya pasó hace unos años con una cláusula de movilidad geográfica obligatoria a nivel mundial, que acabó por ser eliminada. Ahora es mucho más grave: LA DENEGACIÓN O PÉRDIDA DE LA HABILITACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD (HPS) SERÁ CAUSA DE DESPIDO.
No es ninguna broma, y menos con los vientos antidemocráticos que soplan en Occidente. La HPS la decide el CNI. Si mañana un gobierno quiere hacer una purga ideológica, solo tendrá que dar las órdenes oportunas. ¿Ciencia-ficción? No.
Durante los Gobiernos de M. Rajoy, el PP creó una “policía patriótica” para hacer montajes contra sus adversarios políticos. Rajoy aplicó recortes durísimos que provocaron una gran movilización social (en el año 2012 hubo dos huelgas generales).
En respuesta a esa movilización, el PP aumentó la represión: multas, falsas acusaciones...
Un ejemplo: durante la crisis de las preferentes, cinco vecinos del Baixo Miño (entre ellos una de 82 años con osteoporosis que le obligaba a usar andador y otro de 70 años que padecía cáncer) fueron multados por “alteración del orden público” y sometidos a juicio acusados de saltar una valla de la policía.
En otoño de 2013, durante la negociación del IV Convenio de Navantia, el intercentros aceptaba cosas como la movilidad geográfica obligatoria o el despido de los compañer@s a quienes les dieran una incapacidad. Organizada por los trabajador@s que después formarían la CGT, en Ferrol hubo una rebelión que impidió firmar ese convenio.
Al año siguiente, el CNI le negó la HPS al compañero Xaquín y lo catalogó como un peligro para la seguridad nacional como sospechoso de terrorismo, sabotaje o espionaje. El CNI no justificó su negativa, pero con el estilo habitual de las cloacas del Estado, un medio digital difundió que “fuentes cercanas al caso” indicaban que Xaquín podía espiar para China.
Xaquín demandó al CNI en la Audiencia Nacional y ganó. El CNI tuvo que explicarse. No pudo ser más claro: “[Xaquín] demostró una continuada participación en organizaciones y grupos que defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista. Si bien esta participación es lícita, se considera discordante con la protección de la información”.
O sea, una represalia por motivos ideológicos: “no hace nada ilícito, pero no nos gustan sus ideas”. Así entiende la derecha la democracia: abusar del poder para perseguir a quien lucha por un mundo mejor.
Si esto pasó en 2014, ¿qué podría pasar el día de mañana con este PP de Feijoo cada vez más trumpista? ¿O con un Gobierno PP-Vox?
La derecha europea está teniendo una preocupante involución antidemocrática. También la socialdemocracia. Esta cláusula en los nuevos contratos, además de ser un ejemplo más del talante autoritario de la dirección de Navantia, es un peligro muy grave para el movimiento obrero.
El intercentros y los comités de todos los centros deben ACTUAR, empezando por bloquear cualquier tema que le interese a la empresa hasta conseguir eliminar la cláusula.
Los trabajador@s no podemos permitir estos atentados contra nuestro derecho a organizarnos para luchar por nuestros intereses de clase.
