HAY QUE RESPONDER CON LA REBELIÓN SOCIAL

CCOO y UGT deben dar continuidad al éxito del 29-M convocando una huelga general de 48 horas

El gobierno del PP ha emprendido una ofensiva contra la clase obrera que tiene una trascendencia histórica. La aprobación de la reforma laboral y el recorte del gasto social suponen un salto cuantitativo y cualitativo en el proceso de desmantelamiento de conquistas fundamentales de los trabajadores, alcanzadas durante la lucha contra la dictadura a finales de los 70 y en el auge de las movilizaciones de la juventud y de clase obrera de finales de los 80, especialmente tras la lucha estudiantil del 86/87 y la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Efectos sociales demoledores

La reforma laboral, que entró en vigor por decreto en marzo y cuyo texto definitivo se aprobará a mediados de mayo (por lo que en el trámite parlamentario puede empeorar aún más), destruye la negociación colectiva, refuerza la precarización del empleo, y promueve una rebaja generalizada de los salarios, entre otros efectos. Como consecuencia del recorte, en un solo ejercicio, de 45.000 millones de euros de los presupuestos (27.000 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, 10.000 millones en sanidad y educación de las comunidades autónomas y  8.000 millones del tijeretazo aprobado en diciembre) se producirá un desplome sin precedentes del gasto social y de la inversión pública. En sanidad se introduce el copago, se dejará sin atención a medio millón de trabajadores inmigrantes, además de la supresión de servicios y del inevitable deterioro de la atención médica. En educación se contempla una brutal subida de las tasas universitarias, abandonar la financiación de la educación infantil de 0-3 años, la masificación de las aulas en primaria, secundaria y  bachillerato, una drástica reducción de la oferta de bachilleratos en los institutos, la supresión de cursos de formación profesional y, según cálculos de los sindicatos, el despido de 100.000 profesores. Las medidas del gobierno no sólo contemplan recortes temporales, sino cambios legales de primer orden que implican una reducción de derechos de forma permanente. La política de ajustes se extenderá a todas las administraciones, incluidas autonómicas y municipales que, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, serán penalizadas e intervenidas si no aplican los recortes en la cantidad y en el ritmo exigido por el gran capital.
En cuanto a los efectos sociales hay que señalar que todas estas medidas se aplican en un contexto en el que hay cinco millones y medio de parados, la mitad de los jóvenes sin empleo y casi medio millón de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas. Según datos recientes, unos diez millones de personas (22,5% de la población) viven en una situación de “pobreza relativa”, con unos ingresos de 500 euros al mes y otros dos millones en situación de “pobreza severa”, con ingresos de unos 300 euros al mes. Los suicidios, producto de una situación económica desesperada, están aumentando y las muertes por falta de atención médica también. La política criminal del capitalismo, si no lo impedimos a tiempo, dilapidará las energías y el conocimiento de toda una generación de jóvenes; se degradarán las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad y se incrementarán las bolsas de marginalidad y pobreza.
Estas medidas empujan aún más la economía española en una espiral descendente, de la que no ha salido desde el inicio de la crisis. El recorte de los gastos sociales y en inversión pública están deprimiendo todavía más el consumo interno (en el primer trimestre de 2012 el consumo familiar ha caído un 0,4% y la inversión empresarial un 3,5%, según datos del Banco de España) lo que redundará en más desempleo, menos recaudación de impuestos y el agravamiento del problema de la deuda, lo que impulsará al gobierno a más recortes del gasto social, siguiendo los dictados del gran capital financiero, que es para quien realmente gobiernan. Esta es la dinámica que hemos visto en Grecia en los últimos años, o en América Latina en la década de los 80, pero es lo único que este sistema puede ofrecer. Cada medida de ajuste conduce a una situación económica más depresiva y a nuevas y brutales medidas de ajuste. Los próximos recortes que el gobierno tiene en la mira son las pensiones y el gasto en el subsidio de desempleo, además de una subida de los impuestos indirectos como el IVA.

¿Cuál es el objetivo del gobierno?

Algunos analistas económicos e intelectuales, con gran ascendencia en la mayoría de los dirigentes de los partidos de izquierda y de los sindicatos, señalan constantemente la incongruencia entre la profundidad de los recortes y el objetivo de crecimiento económico, calificando la política del gobierno como un “error”. Pero el objetivo de los capitalistas no es el crecimiento económico en abstracto, ni resolver las contradicciones evidentes que genera el sistema capitalista y que emergen con más fuerza en momentos de crisis. Su objetivo es el incremento de sus beneficios privados, o al menos su mantenimiento, y en un contexto de profunda crisis de sobreproducción como la que estamos viviendo, que se va a prolongar por un tiempo indeterminado, esto se consigue expulsando del sistema productivo a una parte importante de los trabajadores, recortando drásticamente sus derechos sociales y laborales y privatizando los servicios públicos. Es decir, los beneficios de los banqueros y de los grandes monopolios (de una ínfima minoría social) se generan a costa de la mayoría, a costa de dilapidar la riqueza social acumulada y a costa del propio desarrollo económico general.
Así, la reforma laboral y los recortes no son, por supuesto, una solución al desempleo ni a la crisis de la economía española —de hecho, esta se encuentra sumida en una depresión y se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis europea y mundial— pero son medidas totalmente coherentes con los intereses capitalistas y por eso las ponen en marcha con seguridad y contundencia. El camino que ha adoptado el PP es de confrontación directa con la clase obrera y la juventud, y tendrá hondas consecuencias sociales, económicas y políticas.
Para los capitalistas que se manejan fundamentalmente en el sector productivo, el objetivo prioritario es ser más competitivos a costa de reducir más los salarios. Según datos de BBVA Research del mes de abril, la productividad por trabajador ha aumentado un 11,1% desde finales de 2007, el mayor incremento de la eurozona. Los costes laborales unitarios (ULCs) han caído un 4,2% desde enero de 2008 mientras que en la eurozona han crecido un 6,5%. Esto refleja una brutal aceleración de la explotación de la fuerza de trabajo, con reducciones salariales e incrementos de la jornada laboral; contribuyen a mantener la rentabilidad de las empresas pero para nada son una “receta para salir de la crisis”.
El sector financiero, por su lado, tiene un tremendo agujero que quiere tapar, directamente, con el saqueo de las finanzas públicas. Efectivamente, el reverso de los recortes, es la gigantesca cantidad de dinero público destinado a la banca, que no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis. Los datos son concluyentes: los presupuestos de 2012 contemplan un gasto de 29.246 millones en pagos de intereses de la deuda, en su gran mayoría en manos de la banca. Ese dinero supera, por ejemplo, los gastos en desempleo (28.805 millones) y representa el 10% del total de gasto del Estado. La transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos no puede ser más gráfica; el móvil principal de la política económica del gobierno no puede ser más claro. Además, las presiones de la banca para que el saqueo se incremente se intensificarán mucho más en la medida que la crisis económica empeore, la morosidad crezca y los costes de financiación externos se disparen. Recientemente han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de crear un “banco malo” con dinero público que absorba todos los activos tóxicos inmobiliarios en manos de la banca privada, que pueden superar ampliamente los 100.000 millones de euros. Ya se habla abiertamente de un eventual rescate internacional de la banca española, una intervención que vendría acompañada de recortes todavía más salvajes.

Escalada represiva

En paralelo a los ataques en el terreno social, el PP, con apoyo entusiasta de CiU, está impulsando una gravísima escalada represiva contra los derechos democráticos conquistados por los trabajadores en la lucha contra la dictadura. La burguesía sabe que se está enfrentando a una creciente contestación social y ha tomado nota de la extensión y la profundidad de las movilizaciones que se han producido en el último periodo, con dos huelgas generales exitosas, el movimiento 15-M y la explosión estudiantil en Valencia, por mencionar las más relevantes. También están preocupados por la rapidez con la que movilizaciones multitudinarias pueden cambiar completamente el ambiente social y el ánimo de la clase obrera y de la juventud. Como muy claramente ha señalado el conseller de Interior de Catalunya, de CiU, en referencia a la reforma del Código Penal que está promoviendo el gobierno del PP, se trata de que “la gente tenga más miedo al sistema”. Se está criminalizando descaradamente el derecho a huelga y los piquetes, el derecho de manifestación, reunión, expresión y organización. Las reformas legislativas en marcha para criminalizar las protestas sociales representan un gravísimo atentado contra los intereses de la clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además, ya se está poniendo en práctica, como se está viendo con la escandalosa cascada de redadas y detenciones de sindicalistas, acusados de actuar como “banda organizada” en la huelga general del 29-M. El PP quiere crear un clima de semiestado policial, para amedrentarnos y disuadir la participación y organización contra sus ataques [Ver artículo sobre el tema en la página 11 de este periódico]. Otra  medida en marcha es una purga en profundidad de Radio Televisión Española para poder tener un control absoluto de la manipulación informativa y tratar de minimizar el impacto social de las movilizaciones.
La ofensiva represiva de la derecha es una seria advertencia para los trabajadores y la juventud del poco apego democrático de la burguesía española cuando sus intereses están en peligro. Es una obligación urgente que todas las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda pongan la defensa de los derechos democráticos (no los derechos democráticos en abstracto, sino el derecho a organización, reunión, expresión, huelga y manifestación) unido a la defensa de las conquistas sociales, como un aspecto prioritario en su acción reivindicativa. La ofensiva de la derecha contra los derechos democráticos es otra señal de la profundidad de los ataques emprendidos, pero la utilización de la represión policial y judicial es también un signo claro de debilidad y desesperación, que puede jugarle malas pasa

das y ampliar aún más la contestación social a sus medidas. En todo caso, la clave está en la orientación de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda para hacer frente a esta ofensiva.

¿Un gobierno fuerte?

La alternativa al plan de recortes impuesto no puede ser un plan de recortes pactado (ni a un ritmo menor). Como la experiencia reciente ha demostrado sobradamente, todos los retrocesos pactados con la burguesía no han marcado ninguna línea roja sino que han sido utilizados por ella para desprestigiar a los sindicatos y asestar nuevos y más duros golpes. Así, la única vía para detener la ofensiva de la derecha es la lucha, no hay otra opción, pero es que además tenemos fuerza para ganar. Es verdad que el margen económico de la burguesía para hacer concesiones es mucho menor que en otros periodos históricos, pero precisamente en esto está la raíz de su debilidad política. El capitalismo como sistema está sufriendo un profundo descrédito, así como las supuestas recetas para remediar la crisis, entre amplios sectores de las masas. El vínculo entre los representantes de la derecha y sus verdaderos guionistas, los banqueros y los especuladores, jamás ha sido tan clara, lo que supone una clara dificultad para aquellos que quieren presentarse como los representantes de “toda la sociedad”.
Como hemos señalado insistentemente, la mayoría electoral del PP se ha debido, más que a la fortaleza de la derecha, a la decepción de un sector importante de la clase obrera y la juventud con las políticas socialdemócratas y la falta de una alternativa coherente a la misma por la izquierda. La derecha no tiene el apoyo de una verdadera mayoría social y el que conquistó en las pasadas elecciones del 20-N se está resquebrajando. Una parte significativa de sus votos provenía de sectores de las capas medias que se habían beneficiado con el boom y que creían que el PP tendría ahora capacidad de revertir la situación de crisis. Lo que ha ocurrido en Andalucía y Asturias es muy significativo de la rapidez con la que el PP puede perder una parte significativa de su apoyo electoral. Qué duda cabe que, además, la convocatoria de la huelga general contribuyó a una mayor movilización del voto de la izquierda.
La crisis del capitalismo va mucho más allá de una crisis económica. Es también una crisis de credibilidad que afecta a todas las instituciones y formaciones de la burguesía. La crisis de la monarquía, en última instancia, es otra señal de la falta de credibilidad del capitalismo. La figura del rey fue, durante años, cuidada y preservada para los momentos de aguda crisis social y política y justamente cuando ésta se produce resulta estar profundamente desacreditada.
Por otro lado, existe un ambiente general muy proclive a la lucha y a hacer frente a los ataques. Eso es lo que demostró el éxito de la huelga general del 29-M, jornada en la que los sectores decisivos de la clase obrera pararon y las manifestaciones fueron multitudinarias. Y eso que los dirigentes de CCOO y UGT, en vez de plantearla como el primer paso de un plan ascendente de lucha, continuamente daban guiños al diálogo social y a volver a la mesa de negociación, sin ni siquiera pedir la retirada de la reforma laboral.

CCOO y UGT deben responder a la ofensiva con otra huelga general de 48 horas

Como era previsible, el gobierno del PP no iba a ceder tan sólo con la convocatoria de una huelga general. Ha continuado con la reforma laboral y ha emprendido salvajes recortes del gasto social. Por lo tanto hay que ser consecuentes y dar una respuesta a la altura de la agresión y que suponga un paso adelante respecto a la anterior movilización. Ya está habiendo respuestas importantes, como la jornada de lucha estudiantil impulsada por el Sindicato de Estudiantes para el día 10 de mayo contra los recortes en educación o la convocatoria de la CIG, haciendo un llamamiento al resto de sindicatos, de una huelga general en la primera quincena de junio en Galicia. Estas convocatorias tienen que servir, como uno de sus ejes principales, para presionar a los dirigentes de CCOO y UGT a que convoquen otra huelga general estatal, esta vez de 48 horas, de forma inmediata, y acompañada de una intensa campaña de denuncia de la política económica del PP y contra la represión, en la que se demuestre que el problema no es la falta de dinero, sino en cómo se emplea este dinero. No hay que conformarse con el ambiente general de oposición a las medidas del PP. Hay que emprender también una contraofensiva ideológica y propagandística para explicar el alcance y los verdaderos motivos de los ataques del PP, y defender una alternativa socialista y de clase. Sólo la popularización, con la distribución de millones de hojas y carteles en todas las localidades y barrios obreros del país, del dinero entregado a la banca en los últimos años y en los presupuestos generales, del gigantesco fraude fiscal consentido a los empresarios, de los sueldos millonarios de los grandes ejecutivos y de los señores diputados y diputadas que nos exigen sacrificios, tendría un efecto eléctrico en toda la sociedad, creando las condiciones para una movilización todavía más amplia y contundente que la huelga general del 29-M.
El programa de nacionalización de la banca y de los grandes monopolios, cuyos dueños han vivido y viven del dinero del Estado sin jugar ninguna función social, sería hoy más aceptado que nunca, debido a la experiencia vivida por millones de personas en estos cuatro años de crisis. De hecho, la única manera de salvar las conquistas sociales de la población es expropiando las palancas fundamentales de la economía bajo control de los trabajadores y poniéndolas a funcionar en base a un plan económico cuyo objetivo fuese el bienestar de la mayoría de la sociedad y no el de una ínfima minoría de parásitos. Una clase obrera movilizada, con una perspectiva de lucha ascendente y con un programa que suponga una alternativa clara al capitalismo ejercería un enorme poder de atracción hacia otros sectores de la sociedad también impactados por los efectos de la crisis, profundizando el aislamiento político de la derecha.
Ese es el camino. Responder a cada ataque de la burguesía con una movilización cada vez más amplia, más organizada, más participativa y más sólida políticamente. La única forma de hacer frente a la embestida de la burguesía contra las conquistas sociales es propiciando la misma situación que la llevó a su conquista: la rebelión social, la perspectiva de la revolución. Hoy más que nunca la defensa de los derechos más elementales está ligada a una estrategia de lucha por la transformación completa de la sociedad.
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