Fruto de una insuficiente y frustrante Ley de Memoria Histórica y del mantenimiento de la Ley de Secretos Oficiales (una Ley de 1968, franquista, que ha pervivido a lo largo de estas cuatro décadas con Gobiernos tanto de la derecha como del PSOE sin cambiar ni un ápice) se ha producido una importante movilización de asociaciones en defensa de la memoria histórica, activistas y organizaciones de la izquierda combativa, investigadores e historiadores por conseguir verdad, justicia y reparación real para las víctimas del franquismo.
El resultado de esta presión ha obligado al Gobierno de coalición a mover ficha y diseñar dos normativas: la Ley de Memoria Democrática (que ya analizamos en un anterior artículo: La Ley de Memoria Democrática renuncia a derogar la Ley de Amnistía de 1977. ¡Basta de impunidad para los crímenes franquistas!) y la Ley de Protección de Información Clasificada. A pesar del bombo y platillo que se le ha dado desde el Ejecutivo, ambas leyes han sido duramente criticadas por organizaciones memorialistas, investigadores, archiveros, historiadores, y la izquierda que lucha contra el régimen del 78. No es para menos.
Secretos oficiales, un blindaje más de la impunidad del franquismo
En 1968 se promulgó la Ley de Secretos Oficiales, en plena dictadura, en un momento de auge del movimiento obrero y estudiantil que desafiaba al franquismo y había un gran cuestionamiento del régimen por una mayoría social creciente. Esta normativa no ponía ningún límite temporal al “material clasificado” como “secreto” o “reservado” ni tampoco a su desclasificación. Es decir, toda la documentación de los últimos años del régimen franquista y de la Transición (años de represión, violencia política y policial) que en aras de “la seguridad nacional y del Estado” se declarara como secreta, puede estarlo para siempre, siendo solo el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado de Mayor los únicos que pueden permitir la desclasificación. Los secretos quedaron atados y bien atados y dependían del Ministerio de Defensa.
Durante estos cuarenta años de democracia ningún Gobierno ha querido realizar derogación alguna de la norma, ni siquiera parcial. Hasta 2018, esta Ley se aplicaba con retroactividad, es decir, a documentos e información anterior a la promulgación de la normativa, con lo que había incluso documentos del siglo XIX que no se permitía su consulta por tener el sello de “secreto”. ¡Larga es la sombra del franquismo sobre la democracia surgida de la Transición!
Hace unos días, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, salió a anunciar la nueva regulación. Desde hace años se lleva exigiendo que de una vez por todas una normativa que ponga límites temporales a dichos secretos oficiales. Sin embargo, la medida que propone el Gobierno "progresista" es, realmente, mantener en vigor la esencia de la Ley de Secretos Oficiales actual.
¿Por qué? Primero, porque el límite temporal que se pone para la documentación declarada como “alto secreto” es propio de regímenes autoritarios: 50 años, más 15 prorrogables. Es decir, podemos seguir esperando aún varias décadas más para saber de la actuación del Estado en acontecimientos tan relevantes como la salida del Sáhara, el golpe militar del 23-F, el terrorismo de Estado de los GAL y muchos otros.
No sabremos aún los nombres de muchos policías, políticos y militantes de extrema derecha que participaron en la represión durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Por ejemplo, las actas de la comisión de investigación del Congreso, que son secreto oficial, donde aparecen los nombres de los policías que asesinaron al joven militante de CCOO José Manuel García Caparrós en Málaga en 1977, con esta nueva normativa, podrían no poder consultarse hasta ¡2042! Incluso aunque se desclasifique dicha información, el artículo 19 de la nueva normativa permite que esa documentación se pueda clasificar de nuevo, es decir, volver a dejar como secreto sin límite alguno. Por lo tanto, el Estado y su aparato policial, judicial, militar y político seguirá blindando sus vergüenzas y crímenes protegidos por una ley de 2022 que lleva el sello de este Gobierno de coalición.
Tampoco se dice nada de crear un registro público, ni describir y catalogar la documentación que se declara como secreta. Otro de los grandes problemas que hay en la actualidad, además del no límite temporal a los secretos, es el de que no sabemos la documentación secreta que existe.
Otro de los agujeros negros de la nueva ley es que no se aplica de forma automática a los secretos oficiales anteriores a su entrada en vigor. Para conseguir su desclasificación solo lo puede hacer una persona afectada, exponiendo además las razones que justifican la desclasificación e identificar la información que solicita. Después de eso, la autoridad que clasificó dicha información, puede denegar el permiso si afecta “a la seguridad nacional”. Pero, ¿si no sabemos con exactitud qué información hay clasificada qué “personas afectadas” van a solicitar su apertura? Por lo tanto, un nuevo candado a la investigación y el conocimiento de lo que paso durante estos años convulsos.
Pero es que además, esta normativa se puede convertir también en una “ley mordaza” para aquellos que se atrevan a revelar secretos oficiales. Como han denunciado asociaciones de historiadores y periodistas, la difusión de información clasificada como “alto secreto” puede suponer una sanción administrativa de hasta tres millones de euros. Más que una normativa de transparencia, parece una normativa de represión.
El Gobierno da la espalda a la verdad, la justicia y la reparación
Gracias a una tenaz lucha por recuperar la memoria histórica de las víctimas de la dictadura y de los luchadores antifranquistas, se ha conseguido dar pasos adelante en conocer más sobre los verdugos, sobre la represión que ejercieron, sobre sus métodos de actuación y de tortura. Nombres como el de Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, el Capitán Muñecas, Roberto Conesa, Martín Villa, etc, han pasado a los anales de la infamia. Sin embargo, muchos de los atropellos que cometieron contra aquellos que luchaban por las libertades y por transformar la sociedad siguen ocultos para la mayoría de la sociedad.
La nueva Ley de Memoria Democrática pretende que esto siga siendo así, ya que mantiene intacta la Ley de Amnistía de 1977 que juega el papel de punto y final para otorgar total impunidad a los responsables políticos y los ejecutores de un represión que se extendió por cuatro décadas de franquismo y en los años de la Transición.
Otra vez más, como ha pasado con tantos anuncios grandilocuentes del Gobierno, estas medidas son papel mojado para las víctimas del franquismo y es un jarro de agua fría para la izquierda. Es pura propaganda, pero que sigue blindando los crímenes de los franquistas.
Desde Izquierda Revolucionaria exigimos de una vez por todas que se abran los archivos, que la documentación “secreta” de la dictadura franquista y la Transición sea automáticamente desclasificada para su consulta pública por parte de la sociedad. Que se derogue la Ley de Amnistía para juzgar a los responsables de tanta muerte, sufrimiento y opresión. Y que se depure el aparato del Estado de elementos reaccionarios. Solo así se conseguirá saber la verdad sobre los crímenes del franquismo, hacer justicia y reparar a las víctimas.
