La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha significado un cambio dramático en la política exterior y las relaciones internaciones. Entre la agresiva avalancha de medidas ejecutivas anunciadas, la retirada de EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las más alarmantes para la salud pública mundial, afectando de manera inmediata a sectores vulnerables en decenas de países y marcando un punto de inflexión potencialmente desastroso para la cooperación sanitaria global.
Esta decisión ha generado una oleada de críticas a nivel mundial. La OMS no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado oficial en el que urgía a Estados Unidos a reconsiderar esta medida. El organismo subraya la importancia de mantener un frente unido ante amenazas globales como pandemias, y los efectos del cambio climático. Amnistía Internacional ha calificado esta acción como una muestra flagrante de desprecio por la salud pública global que socavará los esfuerzos internacionales para combatir crisis sanitarias.
Los discursos de Trump y Elon Musk justificando la medida, alegando que los organismos internacionales son “enemigos de la libertad” y presentándola como “un triunfo frente a las instituciones globales”, son pura demagogia. Su objetivo no es otro que movilizar los prejuicios reaccionarios de su base ultraderechista y desviar la atención de la profunda decadencia que vive el capitalismo estadounidense. Una crisis que se refleja perfectamente en las consecuencias de su modelo de salud, privatizado y profundamente excluyente, que obtiene peores resultados en esperanza de vida, mortalidad infantil y enfermedades prevenibles que el resto de países desarrollados, a pesar de gastar el doble por persona en servicios médicos (privados), a costa del endeudamiento de millones de estadounidenses y con las bancarrotas médicas como una de las principales causas de ruina personal en el país.
La medida también pone en evidencia otro gravísimo problema. Que en este sistema capitalista, dominado por distintos bloques y potencias imperialistas que luchan por el control de áreas de influencia, mercados y materias primas, donde lo que prima es la búsqueda del máximo beneficio para cada burguesía nacional y capitalista individual, la salud parece condenada a convertirse, aún más, en moneda de cambio en esta nueva era política.
La retirada de la OMS es un ataque directo al derecho fundamental a la salud, especialmente en países del sur global que dependen en gran medida de los planes y proyectos de salud que aporta esta organización.
La OMS y su impacto en la salud global
La OMS fue creada en 1948, en un contexto marcado por la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del capitalismo imperialista que dejaba grandes masas de población sin acceso a servicios sanitarios básicos. Desde sus inicios, esta institución se presentó como un intento de coordinar políticas de salud pública a nivel global y garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, nunca ha sido un organismo verdaderamente autónomo, ya que su financiación y decisiones han estado condicionadas por los intereses de las grandes potencias y el sector privado.
A pesar de todo ello, ante la necesidad de dar respuesta a problemas sanitarios reales y de gran magnitud a lo largo de las décadas, la OMS ha jugado un papel fundamental en la coordinación de respuestas internacionales a emergencias sanitarias, así como en la lucha contra enfermedades infecciosas y la promoción de estrategias de salud pública, logrando hitos clave como: la erradicación de la viruela en 1980, gracias a un programa global de vacunación coordinado por la organización; la drástica reducción de la incidencia de polio y sarampión mediante campañas masivas de inmunización; la respuesta a pandemias como la del ébola o el coronavirus, aunque limitada por la falta de independencia política y el dominio de las farmacéuticas; y la campaña contra el tabaco, impulsando regulaciones para reducir su consumo a nivel mundial.
A pesar de estos avances, la OMS ha operado siempre con una gran fragilidad estructural debido a su modelo de financiación. Aunque se presenta como un organismo internacional, su presupuesto depende en gran medida de aportaciones voluntarias de Gobiernos y empresas privadas, lo que limita su independencia y su capacidad de acción.
En última instancia, como en muchos otros aspectos relacionados con lacras sociales que genera el capitalismo, un sistema basado en la búsqueda del máximo beneficio individual y por tanto generador de grandes desigualdades, los planes y objetivos de cooperación internacional para abordar algo tan fundamental como es la salud global, chocan con la contradicción central que Marx desveló. El desarrollo de las fuerzas productivas para satisfacer las necesidades sociales, comenzando por la salud, es perfectamente viable mediante una gestión democrática y sostenible de los recursos. El obstáculo radica en la propiedad privada de dichos medios de producción, y en la estructura de los Estados nacionales capitalistas, que anteponen el beneficio privado a las necesidades colectivas.
Los efectos de la retirada estadounidense
En este contexto, la retirada de Estados Unidos, uno de los principales contribuyentes financieros de la OMS, pone en evidencia esta contradicción y representa un duro golpe para la organización. En el bienio 2022-2023, EEUU aportó aproximadamente 1.284 millones de dólares, lo que constituyó el 20,4% del presupuesto total de la OMS. La abrupta interrupción de estos fondos amenaza con paralizar programas esenciales en áreas como la vacunación, la lucha contra enfermedades infecciosas y la preparación ante emergencias sanitarias, con consecuencias devastadoras en la salud global, especialmente en países empobrecidos de África, Asia y América Latina. Programas esenciales, como campañas de vacunación y control de enfermedades podrían verse comprometidos, poniendo en riesgo a millones de personas. Además, la disminución de la capacidad de acción de la OMS podría permitir que grandes multinacionales farmacéuticas llenen el vacío, priorizando el lucro sobre la salud pública y avanzando hacia la privatización global de la sanidad, donde la salud se convierte aún más en un privilegio para quienes puedan pagarla.
Uno de los impactos más graves se daría en la lucha contra el VIH/SIDA en países de bajos y medianos ingresos. Estados Unidos es el principal financiador de programas destinados a combatir esta epidemia, aportando aproximadamente el 70% del presupuesto total a través de iniciativas como el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR). Gracias a estos programas, más de 30 millones de personas en todo el mundo pueden acceder a tratamientos contra el VIH que salvan vidas. La interrupción de esta financiación podría provocar la suspensión de servicios esenciales, dejando a millones sin acceso a medicamentos antirretrovirales y aumentando significativamente el riesgo de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el SIDA.
Organizaciones como Médicos sin Fronteras ya han observado interrupciones en los tratamientos debido a la congelación temporal de fondos del PEPFAR, lo que genera incertidumbre y pone en peligro la vida de millones de personas que dependen de estos programas. La falta de recursos también podría afectar a iniciativas de prevención, educación y apoyo comunitario, esenciales para controlar la propagación del virus.
La OMS y ONUSIDA han expresado su profunda preocupación por esta situación, instando a que se mantengan todos los servicios esenciales relacionados con el VIH para evitar una crisis sanitaria de gran magnitud. La retirada de EEUU de la OMS no solo compromete la continuidad de estos programas, sino que también debilita la respuesta global coordinada necesaria para enfrentar eficazmente la epidemia del VIH/SIDA.
Además del impacto financiero, esta retirada podría debilitar la capacidad operativa de la OMS en momentos críticos. La organización no sólo depende de las contribuciones monetarias, sino también de la colaboración científica y técnica que países como Estados Unidos han proporcionado históricamente. Sin esta cooperación, la eficacia de la OMS para coordinar respuestas globales se ve comprometida, poniendo en riesgo la salud de millones de personas en todo el mundo.
En definitiva, se trata de un ataque directo a la sanidad pública mundial, que deja a millones de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y refuerza la lógica del mercado en un ámbito donde la vida debería estar por encima del beneficio económico.
Consecuencias para Estados Unidos
Aunque la Administración Trump lo justifique como un acto de soberanía nacional y una forma de evitar “injerencias externas”, esta decisión puede acarrear, paradójicamente, consecuencias directas negativas para la propia población estadounidense.
La OMS ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la salud pública en EEUU, respaldando estrategias para combatir la obesidad, el tabaquismo y la mortalidad materno-infantil, a través de campañas de prevención, estándares de atención neonatal y estrategias de vacunación. Sin su apoyo, el país corre el riesgo de ver agravarse las desigualdades en el acceso a la salud, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables, donde las tasas de mortalidad materna ya superan las de otros países desarrollados.
Pero el impacto más grave podría darse en la crisis del fentanilo y los opioides, que se ha cobrado cientos de miles de vidas en los últimos años y que la OMS ha abordado impulsando regulaciones sobre su acceso y estrategias de reducción de daños, como el acceso a tratamientos sustitutivos, programas de prevención del abuso de sustancias y la distribución de naloxona, un medicamento esencial para revertir sobredosis. Sin esta cooperación internacional, EEUU podría perder herramientas clave para enfrentar una de sus mayores emergencias de salud pública.
Además, la colaboración internacional en salud ha permitido a Estados Unidos acceder a información vital sobre brotes epidémicos y participar en iniciativas globales de investigación y desarrollo de vacunas. Al aislarse de estos esfuerzos colectivos, el país podría enfrentar desafíos en la detección temprana de amenazas sanitarias y en la obtención de recursos médicos esenciales en situaciones de crisis.
Expertos en salud pública han advertido que esta medida podría erosionar la confianza en las instituciones sanitarias y debilitar la respuesta nacional ante emergencias. La falta de alineación con estándares internacionales podría generar inconsistencias en las políticas de salud y dificultar la implementación de estrategias efectivas para proteger a la población.
La salud como bien común: retos globales y ecológicos
La OMS, como cualquier institución surgida en el marco del sistema capitalista no es un ente neutral. Está atravesada por los intereses de las grandes potencias y las corporaciones farmacéuticas, y su agenda se ve condicionada por las dinámicas de poder globales. No es casualidad que EEUU haya sido hasta ahora su mayor financiador, ni que la influencia de las multinacionales en sus recomendaciones haya sido objeto de críticas.
Sin embargo, reducir la OMS a un simple instrumento del imperialismo sería un error que nos alejaría de un análisis materialista y concreto de su papel en la salud global. Porque dentro de la OMS no sólo están los Gobiernos y los intereses de las élites económicas. También hay miles de profesionales comprometidos que trabajan en ella con la convicción de que su labor es esencial para la vida de millones de personas. Enfermeros, médicos, epidemiólogos, matronas y sanitarios de todo el mundo ponen su conocimiento al servicio del bien común, confiando en que su esfuerzo tiene un impacto real. Y lo tiene. La erradicación de enfermedades como la viruela, la contención de pandemias, el acceso a tratamientos contra el VIH y la tuberculosis en países empobrecidos, o las estrategias contra la resistencia antimicrobiana son logros indiscutibles que, a pesar de las contradicciones del sistema, han salvado millones de vidas. Podemos y debemos señalar las limitaciones y contradicciones de la OMS, pero no podemos ignorar que, en este momento, es la única estructura sanitaria global, y lo único que tienen millones de personas para acceder a vacunas, medicamentos esenciales y atención sanitaria.
La OMS, como muchos otros organismos internacionales, se encuentra atrapada entre la necesidad de independencia y la presión de los intereses de los grandes países y las corporaciones. Este entramado de influencias hace que, la respuesta global a las crisis, especialmente cuando se trata de cuestiones como la desigualdad en el acceso a la salud, se vea afectada y limitada por la priorización de intereses económicos sobre el bienestar social y la falta de un enfoque verdaderamente inclusivo en la toma de decisiones.
La clave para enfrentar esta contradicción radica, en primer lugar, en reconocerla, y entender que solo la movilización de masas, tanto en los países del llamado Sur Global como en los países más avanzados, incluyendo por supuesto a las trabajadoras y trabajadores de la propia OMS, podrán evitar que planes de la institución que son fundamentales para la salud global y la vida a corto plazo de millones de personas puedan sufrir recortes o ser completamente desmantelados.
Paralelamente, es necesario explicar que solo luchando por la transformación socialista de la sociedad en cada país e internacionalmente podremos garantizar un política de salud global eficaz, unificada y planificada en función de criterios de solidaridad y satisfacción de las necesidades sociales y no de intereses políticos y económicos particulares.
La fragmentación de estos esfuerzos no solo pone en riesgo los avances logrados en décadas anteriores, sino que también debilita nuestra capacidad colectiva para enfrentar futuras crisis sanitarias, muchas de las cuales están directamente relacionadas con la crisis ecológica que estamos viviendo. La crisis del agua potable, la expansión de las enfermedades vectoriales debido al calentamiento global, las zoonosis derivadas de la pérdida de biodiversidad, la resistencia a los antibióticos y la inseguridad alimentaria son solo algunos de los retos que enfrenta la salud pública mundial.
El capitalismo ha demostrado ser incapaz de sostener a largo plazo la salud pública, pues sigue perpetuando un modelo de producción y de consumo insostenible y depredador, que pone en riesgo tanto el bienestar humano como el equilibrio de la biosfera. Nos enfrentamos a una realidad donde las crisis sanitarias actuales están profundamente interconectadas con la degradación ambiental, la injusticia social y las políticas neoliberales, siendo necesario replantear todo el modelo económico subyacente.
Por una sanidad pública y universal ¡Luchemos por el socialismo!
La retirada de EEUU de la OMS y la creciente influencia del sector privado en la salud global ponen sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿Puede la sanidad mundial depender de empresas cuyo único objetivo es el beneficio económico? Las grandes farmacéuticas no funcionan con criterios de interés público, sino bajo una lógica de mercado que impone patentes y monopolios, encareciendo medicamentos esenciales, invirtiendo selectivamente en enfermedades rentables e incluso incurriendo en una falta de transparencia en la investigación biomédica. Durante la pandemia de Covid-19, esto quedó en evidencia con la distribución desigual de vacunas y los precios abusivos impuestos por Pfizer y Moderna, a pesar de que sus investigaciones se financiaron en gran parte con dinero público.
Para acabar con este modelo depredador, la solución es la expropiación y la socialización de la industria farmacéutica, es decir, convertirla en un bien público al servicio de la humanidad. Esto permitiría: liberar las patentes y garantizar el acceso universal a los medicamentos esenciales, priorizar la investigación en función de las necesidades sanitarias, asegurar una producción y distribución justa, sin especulación ni acaparamiento y, en definitiva, poner la salud en manos de la comunidad científica y los trabajadores sanitarios. ¿Es viable la expropiación de la industria farmacéutica? En términos técnicos, sí. Muchas farmacéuticas dependen de inversión pública y de contratos con los sistemas de salud. El factor decisivo es que exista la voluntad política. Es necesario expropiarlas y nacionalizarlas para garantizar la producción y distribución de todos los medicamentos necesarios y el control de los laboratorios y centros de producción. Por supuesto, esto no puede ocurrir sin una ruptura con el modelo económico capitalista actual y la creación de un sistema de salud 100% público bajo control democrático de la clase trabajadora.
