Esta etapa que nos toca cubrir es fundamentalmente la de la liberación nacional. No podemos atender la liberación nacional y la social al mismo tiempo, sería muy difícil. Primero debemos cubrir una etapa de independencia, de liberación nacional con profundo contenido popular.
Humberto Ortega, comandante del FSLN
La expropiación de los somocistas y la explosión del poder obrero y popular
Una vez tomado el poder, la Junta de Gobierno para la Reconstrucción Nacional (JGRN), impulsada por el FSLN, enfrentaba varias tareas urgentes. La primera era reconstruir el país, destruido por años de saqueo generalizado de la banda somocista y por la guerra que esta camarilla criminal había declarado a la insurgencia de las masas.
Sólo entre 1977 y 1979 el intento somocista de aferrarse al poder y aplastar la movilización popular había causado, según los cálculos de la CEPAL, 35.000 muertos. Otros analistas elevan esta estimación a más de 50.000, nada más y nada menos que un 2% de la población. En cualquier caso, para un país de tres millones de habitantes se trataba de un golpe demoledor. Además, según el informe de la CEPAL, los heridos sumaban más de 100.000 y las personas necesitadas de atención alimentaria urgente rondaba el millón, es decir: un tercio de la población. El costo económico de la destrucción causada por la guerra, sumado a la deuda contraída por los Somoza, equivalía al total del PIB nicaragüense.
Pero la tarea de reconstruir el país, en última instancia, dependía de cómo se abordasen toda otra serie de tareas interrelacionadas, como la de dar tierras a los campesinos, qué modelo económico construir, ofrecer trabajo a los desempleados y condiciones de vida y trabajo dignas a los obreros... En definitiva, satisfacer las necesidades básicas de la población.
Una de las primeras medidas que toma la JGRN es decretar el 21 de julio de 1979, dos días después de su llegada al gobierno, la expropiación de los bienes de todos los somocistas. Ésta era una reivindicación inscrita desde 1969 en el Programa Histórico del Frente y enormemente sentida por las masas. Sin embargo, una vez decretada surgen los primeros problemas. En un país en el que los Somoza han gobernado durante más de 40 años en nombre e interés del conjunto de la clase dominante, ¿cómo se puede establecer una línea de separación clara entre burgueses somocistas, allegados o colaboradores de Somoza y aquellos que no lo son?
Los sectores de la burguesía que desde mediados de los años 70 habían marcado distancias respecto al régimen somocista lo habían hecho por sus propios motivos e intereses de clase. Muchos de ellos se habían beneficiado anteriormente del somocismo y habían obtenido buena parte de sus propiedades y riquezas por los mismos medios que los burgueses llamados somocistas: la represión, el robo y el saqueo de los trabajadores y los campesinos. En muchos casos, las tierras y fábricas pertenecientes a muchos colaboradores del régimen son tomadas de manera espontánea por los trabajadores y campesinos antes incluso de ser oficialmente expropiadas. Pero también lo son, a pesar de las protestas de los partidos burgueses de oposición y las quejas de los empresarios del COSEP, muchas empresas o explotaciones agrarias que se mantienen ociosas desde hace años o han sido abandonadas o descapitalizadas por sus propietarios.
Tanto en las fábricas como en el campo la victoria de la revolución ha significado una explosión de la organización obrera y popular. Surgen comités de fábrica y se multiplica por diez el número de sindicatos registrados. Este proceso cristaliza en la formación de una nueva central revolucionaria: la Central Sandinista de Trabajadores (CST). Al igual que ocurre con los campesinos, organizados en la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), los trabajadores agrupados en la CST demandan al gobierno que lleve adelante la revolución en las fábricas e instaure el control obrero en las mismas, tal como también planteaba el Programa Histórico del FSLN. Durante los dos años siguientes decenas de fábricas serán ocupadas por los trabajadores.
Por otra parte, los Comités de Defensa Civil que habían nacido de manera espontánea para organizar la insurrección de masas contra el régimen somocista se extienden ahora por todo el país y cambian su nombre por el de Comités de Defensa Sandinistas (CDS). Estos organismos de lucha empezaban a desarrollarse en la práctica, fruto de la experiencia del propio movimiento y empujados por las necesidades que surgían continuamente, como embriones de poder obrero y popular.
Si en ese momento los dirigentes del FSLN hubiesen planteado la expropiación de las principales empresas y bancos del país y se hubiesen basado en esos Comités de Defensa —junto a los comités de fábrica, sindicatos sandinistas y organizaciones campesinas— para forjar un Estado de los trabajadores y el pueblo, habría sido posible acabar con la explotación capitalista e iniciar el camino hacia la construcción de una genuina sociedad socialista. Lamentablemente, esta oportunidad excepcionalmente favorable será desaprovechada.
‘Revolución por etapas’
Como hemos explicado con anterioridad, el FSLN —pese al heroísmo y honestidad de sus dirigentes y combatientes— no había logrado desembarazarse totalmente de la influencia ideológica del estalinismo, hegemónica en el seno de la izquierda nicaragüense y latinoamericana desde los años 30 y 40. Esta influencia se expresaba sobre todo en una concepción etapista (es decir, primero realizar la liberación nacional y en un futuro la liberación social) y gradualista de la transformación revolucionaria de la sociedad.
En una entrevista realizada en 1984, Humberto Ortega, comandante del FSLN y general en jefe del Ejército Popular Sandinista, resume este planteamiento: “Toda la dirección (del FSLN) tiene claro que las tareas más importantes que hay que resolver ahora son las tareas de la liberación nacional y la reconstrucción nacional. (…) Estas tareas de la reconstrucción nacional tardan varias decenas de años en resolverse. Una vez concluida esta fase ¿qué formas superiores va a adquirir la sociedad? Es una respuesta que tendrán que dar los jóvenes que van a estar en vez de nosotros” (Invernizzi, Pisan, Ceberio, Sandinistas). En la misma entrevista pronuncia las palabras con las que abrimos este capítulo.
Una parte de las primeras medidas que toma el FSLN ya en el poder vendrá determinada por el papel que los dirigentes sandinistas atribuyen a la llamada burguesía antisomocista. El intento de no ahuyentar a los capitalistas lleva a los comandantes sandinistas a aplazar medidas revolucionarias que el pueblo esperaba se tomasen de manera inmediata.
“Por razones de prudencia o esperanzas de alianzas siempre latentes y nunca correspondidas, algunas de las familias más poderosas no pasaron bajo la guillotina de las expropiaciones. En julio de 1979 habíamos amanecido discutiendo en la Casa de Gobierno la confiscación del Ingenio San Antonio, la empresa insignia del país, propiedad de la familia Pellas, mientras afuera esperaba por las instrucciones el jefe guerrillero que ejercía autoridad en el municipio de Chichigalpa, sede del ingenio. Al final nos resolvimos en contra porque el paso se juzgó demasiado audaz, a pesar de la fiebre del momento” (S. Ramírez, Adiós Muchachos).
Estas posiciones llevaron también a la inclusión de representantes de la burguesía tanto en la Junta de Gobierno para la Reconstrucción Nacional como en el Consejo de Ministros.
La composición de la JGRN
La JGRN estará integrada por cinco personas. El único miembro que procede directamente de la lucha guerrillera contra el somocismo es el comandante del FSLN Daniel Ortega Saavedra. Junto a él están el escritor Sergio Ramírez (miembro del Grupo de los Doce y militante secreto del FSLN bajo el somocismo) y Moisés Hassán, que también había participado en los numerosos frentes antisomocistas impulsados por el FSLN. La Junta se completará con dos destacados miembros de la oposición burguesa a Somoza: Violeta Barrios de Chamorro (la viuda de Pedro Joaquín Chamorro y una de las principales dirigentes de la UDEL) y Alfonso Robelo (presidente de la Confederación de empresarios, COSEP, y líder del partido burgués de reciente formación MDN).
Entre los ministros nombrados hay también varios destacados miembros de la burguesía y de la confederación de empresarios. La cartera de Agricultura estará en manos de Manuel J. Torres, ex presidente del COSEP; Industria y Comercio lo dirige Noel Rivas, otro destacado empresario; y la Corte Suprema de Justicia será presidida por Rafael Córdoba Rivas, dirigente del Partido Conservador. Los Doce reciben ministerios como Educación, Justicia, Relaciones Exteriores y Finanzas; y solamente dos miembros de la Dirección nacional sandinista formarán parte del gabinete: Tomás Borge, como Ministro del Interior, y Jaime Wheelock, como presidente del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA).
Otros ministerios ocupados por simpatizantes o militantes sandinistas serán Bienestar Social, Cultura y Obras Públicas. El estratégico Ministerio de Defensa ejemplifica mejor que ningún otro el intento de equilibrar el reparto de poder entre el FSLN y la oposición burguesa a Somoza. El general Bernardino Larios (cabecilla de un golpe militar fracasado contra Somoza en los últimos tiempos del régimen) fungirá como ministro de Defensa mientras el comandante sandinista Humberto Ortega detentará la Comandancia en Jefe del nuevo Ejército Popular Sandinista (EPS).
‘Todo el país, una escuela’
Un ejemplo de la enorme disposición a la lucha y capacidad de sacrificio que existía entre las masas fue el extraordinario éxito de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA). En la Nicaragua de Somoza el 75% de la población nunca había abierto un libro y el 60% eran analfabetos. Lanzada en agosto de 1979 por la dirección sandinista, en la CNA participarán centenares de miles de personas, sobre todo jóvenes, que durante la primera mitad de 1980 viajarán hasta los pueblos más recónditos y lugares más inaccesibles, venciendo todo tipo de dificultades y penalidades con el único fin de ayudar a alfabetizar a sus compatriotas.
El escritor argentino Julio Cortázar describe en su libro Nicaragua violentamente dulce tanto las enormes dificultades y obstáculos que esta cruzada alfabetizadora enfrenta, como la impresionante hazaña que supondrá su realización.
“Los informes oficiales estiman que el bárbaro genocidio perpetrado por los somocistas y que incluyó el bombardeo indiscriminado de centros urbanos y rurales, representa para Nicaragua una destrucción de edificios escolares, mobiliarios, equipos y materiales educativos estimada en más de cien millones de córdobas (cerca de diez millones de dólares). Esta destrucción, paralela a la espantosa suma de 30.000 muertos y cerca de 100.000 heridos, permite medir de lleno las dificultades a que se enfrentarán en esta nueva batalla, la batalla por la educación popular. Los problemas son múltiples: falta de materiales de trabajo, medios de transporte y créditos, dificultades de comunicación con las zonas del interior, especialmente, la Costa Atlántica, y necesidad de llevar la alfabetización a las regiones donde predominan pobladores indios (miskitos, sumos, etcétera).
“¿Cómo se va a hacer frente a todo esto? La respuesta es muy realista; todo aquel que sepa leer y escribir puede incorporarse a la campaña como alfabetizador. Los niños que estudian en los liceos constituirán el contingente mayor, puesto que todavía no trabajan y pueden dedicarse por entero a esa tarea. Brigadistas cuya edad mínima es de trece años serán destinados a las diversas zonas urbanas y rurales del país, encuadrados por asesores de mayor experiencia y por toda la logística necesaria; vivirán en campos y selvas, en fábricas y aldeas, en sierras y puertos, compartiendo la vida y las ocupaciones de sus alumnos adultos en su mayor parte. Todo el país era una sola escuela; y los métodos y técnicas se irán determinando en el curso de la tarea. Los pobladores indios deberán ser alfabetizados tanto en su lengua como en español, puesto que constituyen comunidades con culturas propias profundamente arraigadas. En la Costa Atlántica se habla además él inglés: otro problema a enfrentar”.
Con la capacidad de sacrificio de las bases revolucionarias y la aportación solidaria del gobierno y pueblo cubanos, la CNA será todo un éxito, reduciendo en poco tiempo el analfabetismo a menos del 14% y alfabetizando a 406.000 nicaragüenses. El titánico esfuerzo costará incluso vidas humanas: 56 maestros pierden la vida por diferentes causas y 7 son asesinados por comandos de guardias somocistas huidos. Junto a esta enorme conquista social, la revolución empieza a producir otras: se construirán 1.200 escuelas y más de un millón de personas serán vacunadas, se amplía el número de médicos graduando cada año una media de 500 nuevos profesionales. El resultado a lo largo de los casi once años que dure la revolución será reducir la mortalidad infantil en el campo del 30% al 8%. Además, se entregará un total de 300.000 viviendas o parcelas edificables gratuitamente a las personas con bajos recursos (datos extraídos de Nicaragua: Lecciones de un país que no completó la revolución).
Estos avances representan un botón de muestra de lo que hubiera sido posible expropiando los sectores decisivos de la economía y sometiendo ésta a una planificación democrática con la participación y control del conjunto de los trabajadores y campesinos. Las bases obreras y campesinas sandinistas, que intuyen ese potencial, y han experimentado en la lucha contra Somoza el poder del pueblo organizado y movilizado, intentarán una y otra vez empujar la revolución en esa dirección.
No obstante, frente a esta presión por abajo de las masas sandinistas, la burguesía a través de la Confederación de Empresarios (COSEP), de sus representantes en la JGRN y el Consejo de Ministros, de los gobiernos burgueses latinoamericanos “amigos” y del propio imperialismo, pone en marcha también una gigantesca presión por arriba cuyo objetivo es precisamente el opuesto: impedir que las expropiaciones, repartos de tierras, etc., continúen, desviar de sus objetivos a la revolución y, en cuanto ello sea posible, pasar a la ofensiva y derrotarla. La política del FSLN se debatirá entre estas dos presiones de clase contrapuestas.
Entre la presión de las masas y la de la burguesía
Como resultado de la presión burguesa el gobierno retira el decreto número 38, del 8 de agosto de 1979, que extendía la confiscación de las propiedades de los somocistas a las de “sus allegados”. Los partidos burgueses y el COSEP se habían quejado de que este decreto generaba inseguridad entre muchos empresarios. Como explicábamos anteriormente, la inmensa mayoría de los empresarios nicaragüenses habían sido en algún momento allegados de los Somoza.
Otra decisión, resultado de la presión de los aliados burgueses, que tendrá consecuencias nefastas para la revolución será la de ralentizar el reparto de tierras. En lugar de dar tierra a todos los campesinos y acabar con el latifundio, como planteaba el Programa Histórico redactado por Carlos Fonseca, se reparte sólo un porcentaje limitado de las tierras y se acepta el mantenimiento de algunas grandes haciendas en un intento, por otra parte vano, de no provocar un enfrentamiento con la burguesía agraria.
La JGRN también decide desarmar a las milicias que habían surgido espontáneamente durante la etapa final de la lucha por el poder. Una parte de los miembros de estas milicias será incorporada al recién creado Ejército Popular Sandinista (EPS) y a la Policía Nacional Sandinista (PNS).
Estas concesiones, como suele ocurrir, lejos de apaciguar a la clase dominante y sumar un sector significativo de sus miembros al esfuerzo de la reconstrucción nacional (como esperaban los dirigentes sandinistas), animaron a los burgueses a exigir todavía más. Es algo que hemos visto en centenares de ocasiones a lo largo de la historia: la debilidad invita a la agresión.
Animados por estos avances, los empresarios del COSEP dirigen en noviembre de 1979 un documento al gobierno en el que formulan una larga lista de quejas por lo que consideran “excesiva presencia de las organizaciones obreras y campesinas de masas en la vida nacional y en particular de los CDS”. Los empresarios denuncian asimismo la “marginación del sector privado”, la falta de límites claros al sector estatal de la economía, la llamada Área Productiva del Pueblo (APP), y lo que para ellos representa “excesivas atribuciones del Estado”. Como conclusión, exigen un cambio urgente de todas estas políticas.
Pero la revolución está demasiado reciente y la confianza de las masas en sus propias fuerzas se mantiene prácticamente intacta. La movilización masiva de las bases sandinistas hará que el gobierno tome nuevas medidas hacia la izquierda. La banca y el comercio exterior son nacionalizadas en un 100% y se establecen paulatinamente distintos tipos de controles y regulaciones sobre los capitalistas. Sin embargo, el grueso de la economía —especialmente la industria y la tierra— permanecen en manos privadas.
La agudización de la lucha de clases se expresa en tensiones constantes en el gobierno que acaban ocasionando una remodelación del mismo en diciembre de 1979 y la salida de la mayoría de ministros burgueses. El peso del Frente Sandinista en la composición del gabinete aumenta significativamente. Aunque Violeta Chamorro y Alfonso Robelo todavía se mantienen en la Junta de Gobierno, su ruptura pública con el FSLN es evidente y su paso abierto a la oposición sólo parece cuestión de tiempo. En realidad, desde el primer momento estos dos burgueses no habían sido otra cosa que el caballo de Troya de la oligarquía y el imperialismo en el gobierno. La excusa para la ruptura será la lucha en torno a la conformación y composición del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado y la ruptura con Robelo y Chamorro
El Consejo de Estado era un órgano legislativo propuesto por el FSLN en su Programa de Reconstrucción presentado el 9 de julio de 1979. Se trataba de una especie de parlamento de emergencia que pudiese sancionar leyes mientras se discutían las condiciones para ir a elecciones. El número de miembros del Consejo, según el proyecto inicial negociado por los dirigentes sandinistas con el FAO (la coalición que reunía en aquel momento a las fuerzas de oposición a Somoza bajo dirección burguesa), era de 33. Estos se repartían proporcionalmente entre las distintas organizaciones opuestas al somocismo.
La realidad es que la burguesía estaba escandalosamente sobrerrepresentada en el Consejo de Estado, con delegados tanto de sus principales partidos (los cuales, en realidad, tenían un apoyo reducidísimo entre las masas) como de la cada vez más odiada Confederación de empresarios. Por contra, organizaciones revolucionarias de masas surgidas como producto del movimiento insurreccional de los trabajadores y los campesinos como los CDS, la CST o la ATC no tenían representación o estaba completamente disminuida en relación a su capacidad real de movilización.
Recogiendo el clamor de las bases revolucionarias, el FSLN propone ampliar el número de miembros del Consejo de Estado de 33 a 47, de modo que estas organizaciones y movimientos estén representados. Para la burguesía la propuesta resulta inaceptable ya que altera el equilibrio de fuerzas dentro del Consejo y obstaculiza lo que desde el principio había sido su plan: utilizar la mayoría burguesa en el Consejo para vetar las decisiones del gobierno e intentar atar de pies y manos al FSLN, tal como hiciera la burguesía chilena con Allende con su control del parlamento durante el periodo revolucionario de 1970-73.
En protesta contra la incorporación de las organizaciones obreras y campesinas sandinistas al Consejo de Estado, Violeta Barrios de Chamorro abandona el gobierno en abril de 1980 y poco tiempo después lo hace Robelo. Por supuesto, con el cinismo y demagogia que les caracteriza, estos burgueses no explican sus verdaderas razones sino que —después de ser los que con más ahínco habían defendido crear el Consejo de Estado como un organismo no electo y bajo su control directo— lanzan una campaña denunciando la ausencia de elecciones, calificando al Consejo de organismo “dictatorial”, “comunista” y cosas por el estilo.
El 4 de mayo de 1980 es instalado el Consejo de Estado. Aunque el sector de la burguesía que había animado a Robelo y Chamorro a salir del gobierno quiere apostar por el boicot, finalmente parecen imponerse —al menos temporalmente— los sectores partidarios de ir más lentamente. Estos, acertadamente, piensan que carecen de fuerza suficiente para echar un pulso en la calle al FSLN y que las consecuencias de hacerlo podrían ser que éste, empujado por las masas, girase más a la izquierda. Mejor, piensan, seguir participando en el gobierno con el objetivo de frenar el avance de la revolución y desgastarla que arriesgarse a una radicalización de la misma.
Así las cosas, el COSEP y varios de los partidos burgueses representados en el Consejo deciden seguir participando por el momento en el mismo si bien, paralelamente, empiezan a organizar una intensa campaña propagandística, nacional e internacional, denunciando su carácter autoritario y exigiendo elecciones. Los puestos de Robelo y Chamorro en la JGRN no durarán mucho tiempo vacíos. Como si de un cambio en un partido de fútbol se tratase, dos nuevos representantes de la burguesía les sustituyen. Se trata de Arturo Cruz, un empresario del que la burguesía espera que pueda tener cierta ascendencia sobre un sector de las bases sandinistas (ya que había formado parte en un determinado momento del Grupo de los Doce) y de Rafael Córdoba Rivas, hasta entonces presidente de la Corte Suprema y participante en la oposición a Somoza desde las filas del Partido Conservador.
Nuevas nacionalizaciones
A pesar del acuerdo para seguir manteniendo presencia de la burguesía en el gobierno, las contradicciones entre las clases seguirán agudizándose y el viento de la revolución continúa, por el momento, soplando hacia la izquierda. Ante la difícil situación económica, y la mezcla de incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas y sabotaje contrarrevolucionario de que hacen gala los capitalistas, el gobierno sandinista decide llevar a cabo nuevas expropiaciones. El área estatizada de la economía se ve reforzada en 1981 con la nacionalización de las minas de oro y plata, hasta entonces propiedad de firmas extranjeras. La pesca y el corte y procesamiento de madera también pasan a manos del Estado, se amplía el reparto de tierras y son confiscadas sin indemnización las empresas somocistas del sector textil, químico y agroquímico, así como las empresas productoras de materiales de construcción, la industria metalmecánica y el transporte aéreo, marítimo y de superficie, siendo estatizadas las empresas de los dos primeros.
La respuesta de la burguesía a este paso adelante de la revolución no se hace esperar. El Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) de Alfonso Robelo, partido burgués que durante los primeros meses de revolución había empleado un discurso demagógico pseudorrevolucionario, incluso hablando de “revolución nacional” y declarándose sandinista, empieza ahora a denunciar el peligro del establecimiento de una dictadura comunista en el país. Una escisión del MDN, incluso, intenta utilizar el nombre de Partido Socialdemócrata Sandinista (PSDS) y lanza el eslogan: “Sandinismo sí, comunismo no”.
Finalmente el FSLN presenta un recurso legal y el empleo del término sandinista no es autorizado. Ahora bien, este intento indica cómo la burguesía intenta confundir a las masas oponiendo sandinismo y comunismo. El propio Robelo utilizará esta misma consigna y pasará en pocas semanas de declararse admirador de Fidel Castro a denunciar la cubanización del país y afirmar que la presencia de voluntarios cubanos en la Cruzada de Alfabetización y otros planes gubernamentales respondía a un plan de Fidel Castro para exportar el comunismo a Nicaragua. ¡Cualquier parecido con los argumentos de la oposición “democrática” hoy en Venezuela no es pura coincidencia!
‘Contra la descapitalización, confiscación’
El llamado del gobierno sandinista a los empresarios “patriotas” a reconstruir el país y las ayudas concedidas para fomentar la inversión son contestados por estos con la descapitalización de las empresas, la huelga de inversiones y la evasión de divisas. La descripción que hace el propio Ministerio de Planificación, en un documento escrito en 1981, demuestra el error que ha supuesto confiar en los llamados empresarios patrióticos: “(...) a pesar de los incentivos fiscales y financieros que el gobierno revolucionario ha ofrecido; de la rápida expansión del mercado nacional y de los precios (…) aunque objetivamente las ganancias se han recuperado mucho más rápidamente que los salarios, la cooperación del sector empresarial se ha limitado a levantar la producción, pero su actitud respeto de la inversión ha sido ambigua”.
Desde el primer semestre de 1980, la CST había dirigido movilizaciones obreras masivas denunciando la descapitalización y cierre de empresas por parte de los empresarios y el incumplimiento capitalista de los decretos y medidas aprobadas por la JGRN contra la descapitalización. El boicot empresarial provoca una nueva oleada de movilizaciones y ocupaciones de empresas a lo largo de la primera mitad de 1981 por parte de las organizaciones de trabajadores sandinistas, así como nuevas demandas de nacionalización.
La CST y la ATC llaman al gobierno a confiscar sin indemnización las empresas cerradas y descapitalizadas. El llamado es respondido con varias declaraciones de comandantes del FSLN amenazando con expropiar a los capitalistas implicados. Jaime Wheelock, ministro de Agricultura, amenaza incluso con abandonar el sistema de economía mixta y avanzar hacia una estatización completa: “La actitud antipatria de algunos sectores de la empresa privada nicaragüense está poniendo en peligro la supervivencia de ese tipo (mixto) de economía. Si aquí vamos a tener una economía que robe y descapitalice preferimos cerrar por completo ese tipo de economía” (Carlos M. Vilas, Perfiles de la revolución sandinista).
Las declaraciones de Wheelock y otros dirigentes entusiasman a las bases obreras y animan aún más la movilización. A la CST y la ATC se suman los Comités de Defensa Sandinista, las organizaciones juveniles, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que organiza a los pequeños propietarios rurales. En asambleas de base en las que participan masivamente obreros y campesinos en Matagalpa y Jinotega, Granada, y otras muchas ciudades y zonas del país, se aprueban resoluciones demandando a la cúpula sandinista la confiscación de las industrias descapitalizadas. La consigna del momento es “Contra la descapitalización, confiscación”. En ese momento la posibilidad de que el gobierno decidiese nacionalizar los puntos neurálgicos de la economía y avanzar hacia una economía nacionalizada y planificada parecía muy real. Pero ni la consigna de la CST ni las amenazas de Wheelock serán llevadas finalmente a la práctica.
Las divisiones a derecha e izquierda se profundizan
El gobierno sandinista teme una ruptura con la burguesía nacional e internacional que pueda suponer el fin de los créditos y ayudas que recibe de distintos gobiernos burgueses latinoamericanos y europeos. Este chantaje económico jugará un papel importante a la hora de frenar la revolución. La concesión de créditos y ayudas por parte de Francia, Alemania, Suecia y otros países europeos y americanos, así como por la URSS, será una pistola en la nuca del FSLN que obligará a sus comandantes a mantenerse dentro de los límites de la economía de mercado.
En contra de las aspiraciones de las bases de la CST y la ATC, a finales de julio de 1981 el ministerio de Trabajo emite una orden prohibiendo los paros, huelgas y tomas de tierras o empresas con motivo de denuncias de descapitalización. La impaciencia de las bases revolucionarias se expresa tanto en el giro a la izquierda de las organizaciones sindicales sandinistas, CST y ATC, como en las acciones desesperadas y ultraizquierdistas de algunos activistas sindicales y populares de izquierda vinculados a grupos estalinistas y maoístas como el PC de N y el MAP-ML.
Estos grupos dirigen respectivamente dos pequeñas centrales sindicales: la CAUS y el Frente Obrero. Aunque inicialmente tanto la CAUS como el FO aceptan participar en un marco de unidad de acción sindical que agrupa a la CST y a todos los sindicatos minoritarios que apoyan la revolución (la Coordinadora Sindical Nicaragüense), la orientación ultraizquierdista y sectaria de estos grupos, sobre todo del PC de N, impedirá la cristalización de un ala de izquierda dentro del sandinismo. Estos sectores además de negarse a entrar en la CST, donde se encuentra la inmensa mayoría de la clase obrera, empiezan a denunciar a la dirección sandinista como “traidora” y “burguesa”.
Un grupo de dirigentes sindicales vinculado a la central CAUS y al Partido Comunista de Nicaragua firma una declaración en la que “se acusaba al FSLN de hacerle el juego al gobierno norteamericano e impulsar un proyecto socialdemócrata”. Los firmantes de esta declaración son detenidos y el periódico Pueblo, del Frente Obrero, es clausurado.
Por otra parte, en las filas de la derecha también crece la impaciencia. Pese a algunas concesiones del gobierno, la revolución sigue avanzando y la presión por el deterioro económico y por la movilización de las bases sandinistas provoca nuevas expropiaciones. El FSLN anuncia la confiscación de los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores y acciones de bolsa de aquellos nicaragüenses que “hagan abandono irresponsable de los mismos ausentándose por más de seis meses del país sin causa justificada”. Además, se nacionaliza la distribución de azúcar y las exportaciones de café soluble, ron, aguardiente, y otros licores.
Tras este nuevo paso a la izquierda el COSEP difunde una declaración internacional que en la práctica significa una declaración de guerra a la revolución. En ella se acusa a los sandinistas de estar organizando un “nuevo genocidio” al impulsar un “proyecto marxista leninista de espaldas al pueblo”. Uno de los vicepresidentes de la organización empresarial, incluso, llega a mostrar de manera pública y explícita su apoyo a la lucha armada contra el gobierno. Los dirigentes sandinistas consideran el documento como un intento de desestabilización y una justificación para los planes de poner en marcha una guerrilla contrarrevolucionaria. El gobierno, que había decretado una Ley de Estado de Emergencia, aplica ésta y detiene a varios de los empresarios firmantes.
Finalmente, los dirigentes empresariales contrarrevolucionarios serán condenados a siete meses de prisión, aunque saldrán en febrero de 1982 tras beneficiarse de un indulto gubernamental. Por lo que respecta a los dirigentes sindicales izquierdistas son condenados a 29 meses y también serán indultados, pero en septiembre de 1982.
Durante los años siguientes los dirigentes sandinistas intentarán bandearse entre estas presiones que reciben a derecha e izquierda. En general, al menos durante los primeros años de la revolución, tenderán a inclinarse a la izquierda pero sin decidirse a dar el salto cualitativo hacia la expropiación de los medios de producción. Mientras tanto, las bases del sandinismo intentarán una y otra vez llevar hasta el final la revolución.
¿Extender la revolución?
La evidencia de que el movimiento revolucionario en Nicaragua tendía a desbordar el marco del capitalismo y podía extenderse a otros países vecinos, acabó de convencer a la burguesía internacional de la urgencia de intervenir más directamente con el fin de derrotar la revolución en Nicaragua o, mientras esto no fuese posible, como mínimo aislarla e impedir su extensión a otros países, en primer lugar al vecino El Salvador.
Un aspecto clave para cualquier revolución es la necesidad de que la misma no permanezca aislada, pues de ese modo será mucho más fácil para los explotadores concentrar su ofensiva sobre ella y derrotarla. En un país tan débil económicamente como Nicaragua y destruido por el somocismo esto era aún más cierto. Además, la extensión de la revolución era una posibilidad real. Los procesos económicos, políticos y sociales que habían desembocado en la revolución sandinista no eran exclusivos de Nicaragua sino parte de un mismo proceso global en toda Centroamérica. Este, a su vez, se inscribía en la crisis que vivía desde principios de los años 70 el sistema capitalista a nivel mundial.
Al mismo tiempo que las masas luchaban en Nicaragua contra la barbarie somocista en El Salvador se desarrollaba también una situación revolucionaria. En Centro y Suramérica, además de Nicaragua y El Salvador, otros países vivían importantes luchas de masas. La hasta entonces relativamente estable Costa Rica —“la Suiza centroamericana— ve como el intento de cargar la crisis económica del capitalismo sobre los trabajadores provoca un incremento importante de las huelgas y luchas sociales. En países caribeños de habla inglesa como Jamaica y, sobre todo, la pequeña isla de Grenada se inicia un proceso de cuestionamiento masivo del capitalismo y en Colombia, desde 1977, el paro cívico nacional abre un período de ascenso de la movilización obrera y popular que se prolongará a lo largo de los 80. Perú, Chile y otros países también viven importantes luchas y movimientos de masas que no pasan a un nivel superior por falta de dirección.
En todo el mundo, la revolución sandinista provoca una enorme ola de solidaridad. Decenas de miles, si no centenares, de jóvenes y trabajadores de distintos lugares del planeta acuden como cooperantes dispuestos a ayudar a defender la revolución y colaborar en la reconstrucción de Nicaragua. Millones de personas miran con esperanza hacia la patria de Sandino, sintiendo que una victoria de la revolución nicaragüense puede contribuir a reavivar en todo el mundo la llama de la lucha por cambiar la sociedad.
Los dirigentes sandinistas se enfrentaban a la misma disyuntiva a la hora de elaborar su política exterior que en la interior. O intentar basarse en los gobiernos burgueses “amigos” y la socialdemocracia internacional (que, frente a las amenazas de Estados Unidos, les tendían la mano intentando convencerles de moderar el ritmo y objetivos de la revolución); o confiar en la capacidad de la clase obrera y los campesinos nicaragüenses para llevar la revolución hasta el final y en la movilización de los oprimidos del resto del mundo para defender una Nicaragua socialista e iniciar, al mismo tiempo, en sus países el camino de la revolución social. Ciertamente, en el contexto político y económico que existía a finales de los 70 y en la primera mitad de los años 80, la expropiación de la clase dominante y el inicio de la edificación del socialismo en un país, incluso en uno tan pequeño como Nicaragua, podría haber actuado como un imán para los explotados en otros países y haber desequilibrado nuevamente hacia la izquierda la situación de impasse que, tras las derrotas de los años 70, se vivía a escala internacional.
La intervención imperialista
El imperialismo también ve esta posibilidad y someterá a la revolución nicaragüense a un acoso atroz. Solamente tres meses después de la llegada al gobierno del FSLN en Nicaragua, en octubre de 1979, EEUU organiza un golpe de Estado en El Salvador. Aunque la propaganda oficial insiste en que el objetivo es crear un gobierno de unidad democrática que busque la paz, la realidad es que el golpe tiene como objetivo impedir la llegada al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apoyada masivamente por la población, y establecer un muro de contención contra la revolución nicaragüense.
Tras el golpe, las asociaciones de derechos humanos salvadoreñas denuncian el asesinato de 8.000 activistas obreros y populares en sólo un año, 1980, a manos de escuadrones de la muerte, paramilitares y efectivos del ejército y la policía. EEUU se apoyará en el régimen salvadoreño y en la oligarquía hondureña para establecer una tenaza contra la revolución sandinista. Sólo en 1980 el gobierno de los EEUU da 5,7 millones de dólares al régimen salvadoreño en ayuda militar y aprueba posteriormente 5,5 millones adicionales. En 1981 esta ayuda militar ascenderá a 25 millones de dólares.
Al mismo tiempo que se incrementa la ayuda militar a los golpistas salvadoreños para luchar contra el FMLN, en otoño de 1979 la administración Carter acelera los planes para conformar una fuerza de intervención inmediata compuesta por 100.000 soldados. Presentada como una fuerza pacificadora hemisférica, este ejército representa una advertencia clara tanto al gobierno sandinista como a los guerrilleros salvadoreños, así como un aviso a todas las fuerzas de izquierda del continente.
Desde la llegada al poder por el FSLN, la diplomacia estadounidense había iniciado una política de cerco a Nicaragua. Durante los últimos años de la administración Carter, el otrora rostro amable del imperialismo niega o recorta créditos a los sandinistas y exige respeto a la economía de mercado para cualquier posible renegociación de la deuda. Al mismo tiempo, EEUU implementa todo tipo de planes y fondos para financiar a la oposición, sabotear la economía nicaragüense e iniciar una virulenta campaña mediática contra la revolución. El objetivo —una vez visto que el FSLN no aceptaba las exigencias imperialistas— era establecer un “cordón sanitario” alrededor de Nicaragua.
A principios de 1981 Carter abandona la Casa Blanca para ser sustituido por el cowboy ultrarreaccionario y visceralmente anticomunista Ronald Reagan. La política de asedio contra Nicaragua se verá intensificada. Una de las primeras medidas del gobierno Reagan será aprobar fondos especiales para desarrollar y radicalizar los planes de intervención armada contra Nicaragua, que ya habían sido discutidos bajo Carter pero que la burguesía, a causa del todavía muy poderoso movimiento de las masas en Nicaragua y el riesgo de una respuesta revolucionaria en otros países, había decidido por el momento guardar en el congelador.
El año 1981 verá el comienzo de las primeras acciones contrarrevolucionarias armadas organizadas por comandos somocistas desde la vecina Honduras. A partir de 1982 las operaciones terroristas contrarrevolucionarias se generalizan. Efectivos de la Guardia Nacional, la policía y el ejército somocista huidos en 1979 se apoyan en capas radicalizadas hacia la extrema derecha de la pequeña burguesía y en sectores desmoralizados del campesinado para crear un ejército contrarrevolucionario. La mundialmente famosa Contra, financiada por EEUU, intentará aprovechar todas las contradicciones internas, problemas sin resolver y errores de la revolución para ampliar su base social.
La guerra supondrá una pesada losa para una sociedad tan débil, y tan golpeada, como la nicaragüense. Además de la tremenda sangría de vidas y destrucción de riqueza que representa, obligará al gobierno a detraer una parte creciente de los recursos nacionales para dedicarlos al gasto militar. En 1985 el Ejército Popular Sandinista absorbe la friolera de un 40% del PIB nacional. Junto al sabotaje de la economía que llevan a cabo los empresarios, la guerra jugará un papel importante como elemento desorganizador de la economía.
El papel contrarrevolucionario de la URSS
En los primeros meses e incluso años de revolución existía una presión real en el movimiento revolucionario en Nicaragua, y posiblemente también en un sector de la dirección sandinista, a favor de extender la revolución a El Salvador y que eso pudiese ser el inicio de una nueva Federación Centroamericana. El mejor modo de hacerlo hubiese sido que el FSLN —al mismo tiempo que intensificaba el apoyo político, económico y de todo tipo al FMLN y llamaba a las masas salvadoreñas a seguir el ejemplo nicaragüense— completase la revolución en Nicaragua. El entusiasmo que esto habría provocado hubiese atravesado todas las fronteras y, unido a un llamado a los demás países centroamericanos a recuperar el ideal de Morazán, luchando por una Federación Socialista Centroamericana, habría podido contagiar el impulso revolucionario nicaragüense a toda la región. Pero, también en este terreno, bajo presión de sus “aliados”, los comandantes del FSLN vacilan.
De todas las presiones internacionales que recibieron los dirigentes sandinistas para que la revolución no avanzase hasta la expropiación total de la burguesía, la más determinante, y seguramente inesperada para ellos, fue la de la URSS. La burocracia estalinista, desde el principio, ve la revolución sandinista como un problema y una carga. Como ya explicamos, la casta burocrática degenerada de Moscú había dejado de jugar cualquier papel progresista, por mínimo que fuese, y se había convertido en un factor profundamente contrarrevolucionario. El establecimiento de un Estado obrero sano en Nicaragua y una economía planificada democráticamente habría podido actuar como ejemplo para los propios trabajadores de la URSS y los países del Este de Europa y animarles a luchar, ofreciendo un referente de izquierda para el enorme descontento contra la burocracia que se acumulaba en el seno de estos países.
La burocracia soviética proporcionará ayudas y créditos con cuentagotas y condicionados a una política “realista” y “responsable” por parte del gobierno sandinista. Un ejemplo explicado por el ex vicepresidente sandinista, Sergio Ramírez, en su libro Adiós Muchachos resulta esclarecedor. Cuando los sandinistas solicitan, en 1987, un crédito que consideraban fundamental para evitar el colapso económico del país, la burocracia soviética retrasará la concesión del mismo hasta asegurarse de que los sandinistas han firmado el acuerdo de paz con la Contra, conocido como Esquipulas II. La URSS tampoco autorizará nunca la incorporación de Nicaragua al área de comercio de los países mal llamados “socialistas” y ejercerá una presión constante para enfriar la revolución.
A partir de 1982, en un contexto de guerra y deterioro económico, las ayudas económicas y créditos de varias burguesías europeas y latinoamericanas, de Cuba y de la burocracia rusa se habían convertido en prácticamente imprescindibles para la supervivencia del régimen sandinista. Esto significaba que los gobiernos burgueses latinoamericanos y europeos y la propia burocracia rusa exigirán cada vez más contrapartidas políticas a cambio de su ayuda. La más importante de ellas será mantener la revolución en stand by. El resultado, agravar muchas de las carencias y contradicciones internas de la revolución que hemos ido desgranando.
El Grupo de Contadora
La decisión del FSLN de intentar defender la revolución apoyándose principalmente en la ayuda diplomática y económica de los gobiernos “amigos” y renunciando o, como mínimo, relegando a un según plano la estrategia de basarse en la simpatía internacional que despertaba la revolución para intentar extender la misma a otros países, tendrá un coste mucho más elevado del que los dirigentes sandinistas podían imaginar.
La política de palo y zanahoria (cada vez más palo y cada vez menos zanahoria) del imperialismo yanqui contra Nicaragua encontrará su complemento en la labor “negociadora” de los gobiernos burgueses “amigos”. El 9 de enero de 1983 los gobiernos centroamericanos se reúnen en la Isla de Contadora y acuerdan formar un grupo estable con el objetivo de buscar una salida negociada tanto para la situación en Nicaragua como en El Salvador. Nace el Grupo de Contadora. Los principales promotores son los gobiernos centroamericanos que aparecen en ese momento como más progresistas: Costa Rica y Panamá. Inmediatamente, los gobiernos de México, Venezuela y Colombia, se suman a la iniciativa de paz creando el Grupo de Apoyo a Contadora. Para todos ellos “paz” no significa otra cosa que el fin de la revolución o, al menos, la contención de ésta dentro de los estrechos límites de Nicaragua y frenando nuevas medidas revolucionarias.
El cloroformo diplomático de Contadora se verá complementado con un cloroformo ideológico igual o incluso más adormecedor. Uno por uno, los principales dirigentes de la socialdemocracia internacional desembarcan en Nicaragua. El español Felipe González, el portugués Mario Soares, el sueco Olof Palme, el francés François Mitterrand, el alemán Willy Brandt..., todos intentan convencer a los dirigentes sandinistas de que se mantengan dentro de los límites capitalistas para no arriesgar las ayudas occidentales.
El sector del imperialismo más partidario de la negociación, representado en ese momento por algunas burguesías europeas y un sector de la burguesía estadounidense, basará su estrategia en el apoyo al Grupo de Contadora. El rol de Contadora para ayudar a descarrilar finalmente la revolución a finales de los 80 será clave. Su propuesta de negociación entre el FSLN y la Contra servirá para paralizar tentaciones estatizadoras y, en el contexto de crisis y descomposición de la base social sandinista de finales de los 80, para el acuerdo de celebrar elecciones en 1990 que abrirá paso a la victoria electoral de la contrarrevolución.
Sin embargo, en la primera fase de Contadora (1983-84) la movilización revolucionaria y moral de las masas nicaragüenses, a pesar de los duros golpes de la guerra y las fallas internas, se mantiene todavía alta. Ni el FSLN acepta negociar la revolución ni las masas, todavía en ebullición, estarían dispuestas a permitirlo. La situación internacional, aunque no es ya la de finales de los 70 todavía acompaña a los sandinistas y en el seno de éstos parecen predominar quienes miran hacia Cuba y la URSS como posibles referentes. El único resultado concreto de la primera ronda de negociaciones de Contadora será el compromiso de celebrar elecciones en 1984.
El imperialismo debe por el momento, no sin choques y contradicciones internas, mantener abiertas todas las opciones. En un informe al Congreso de Estados Unidos del 11 de enero de 1984, una comisión encabezada por un viejo zorro imperialista como Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Nixon y principal responsable de la estrategia contrarrevolucionaria que derrocó a Allende en Chile, propone la táctica a seguir respecto a Nicaragua: “(...) no creemos que sería prudente de nuestra parte desmantelar incentivos y presiones actuales sobre el régimen de Managua [con este lenguaje cínico y calculado este criminal de guante blanco se refiere a la guerra que siega anualmente miles de vidas en Nicaragua], excepto que haya un progreso evidente en la negociación (…) los esfuerzos de los insurgentes nicaragüenses representan uno de los incentivos que favorece un acuerdo negociado (…) No está fuera de toda posibilidad el que Nicaragua y los otros países de la región por fin la aceptarían (…) Instamos a que la acción militar directa de los Estados Unidos —que tendría un importante coste humano y político— se considerase tan sólo como un posible último recurso y solamente cuando hubiera los más claros peligros (…) Si nuestra política se estanca, el proceso de Contadora languidece. Si actuamos decididamente, el proceso también se acelera”.
Los límites del poder del imperialismo
En varias ocasiones, la administración Reagan desarrolló planes concretos para invadir Nicaragua y es bastante probable que estuviesen muy cerca de ejecutarlos. El principal motivo de que finalmente no interviniesen directamente con tropas estadounidenses en Nicaragua fue la memoria del desastre de Vietnam entre los trabajadores norteamericanos. Además, el gobierno estadounidense tenía todavía fresca en la memoria la derrota en Playa Girón y a ello se unía la respuesta que una intervención directa habría ocasionado entre las masas no sólo en Nicaragua sino en toda América Latina, incluido el riesgo de contagio a la población latina de los propios Estados Unidos.
Como hoy contra Venezuela, Bolivia o Ecuador, las divisiones tácticas en el seno del imperialismo acerca de cómo acabar con la revolución les obligó a mantener durante años distintas opciones abiertas y combinar diferentes formas de lucha con el fin de sabotear la revolución. Mientras un sector del imperialismo estadounidense bloquea ayudas a Nicaragua, financia a la Contra para que destruya al país y tiene permanentemente levantada la espada de Damocles de la intervención militar directa sobre la cabeza del pequeño país centroamericano, otro teme que tal intervención pueda resultar contraproducente e impulsa la vía negociadora.
El movimiento revolucionario debe comprender que estas diferencias y contradicciones internas en el seno del imperialismo existen. No para hacerse ilusiones respecto a ningún sector progresista, pues —en última instancia— antes o después todos intentarán cerrar filas en defensa de sus intereses de clase, sino para entender que el poder de los opresores tiene límites. No siempre pueden hacer lo que quieren. Los movimientos revolucionarios podemos y debemos aprovechar esos momentos de zozobra en el seno del enemigo de clase para avanzar lo más rápido posible y tomar medidas decisivas contra la clase dominante.
Durante los últimos años, como consecuencia de derrotas como las de Chile o la propia Nicaragua, y sobre todo a causa de la incomprensión de los errores de la dirección que posibilitaron estas derrotas, han proliferado en el seno de la izquierda las teorías conspirativas que tienden a achacar cualquier derrota revolucionaria a un plan perfecto del imperialismo que adjudica a cada actor su papel y, finalmente, consigue aplastar a cualquiera que ose cuestionar el orden social vigente. Esta visión sólo puede llevar a la frustración política, a sobrevalorar la fuerza de la contrarrevolución e infravalorar la capacidad de las masas para enfrentar y derrotar las estrategias imperialistas.
La revolución nicaragüense es precisamente un ejemplo de cómo, pese a todos los planes que desde antes incluso de la caída de Somoza puso en marcha el imperialismo para impedir una revolución, ésta tuvo lugar, se prolongó durante once años y estuvo muy cerca de triunfar. Lo que derrotó finalmente la revolución nicaragüense no fue ninguna conspiración ni estrategia perfecta por parte del imperialismo sino la falta de una dirección formada en las ideas científicas del marxismo con una comprensión teórica clara de cuáles eran las tareas centrales en cada momento y un programa y unos métodos que permitiesen aprovechar las numerosas oportunidades que existieron para “terminar el trabajo” y llevar la revolución hasta el final.
La burguesía nicaragüense ante la guerra
Las divisiones tácticas y contradicciones en el seno del imperialismo y la burguesía mundial tenían su reflejo inevitablemente en la propia Nicaragua. Un sector de la burguesía nicaragüense sigue intentando desviar y frenar desde dentro la revolución, y teme que mostrar un apoyo público a la Contra, además de radicalizar la revolución hacia la izquierda, pueda poner en peligro sus intereses y propiedades en el país. Otro, animado por la retórica militarista de Reagan y el inicio de la guerra, se pasa con armas y bagajes a la lucha armada de los contras.
A principios de 1982 el MDN de Robelo convoca una marcha “de masas” en demanda de elecciones para el Consejo de Estado. El resultado es que la marcha contrarrevolucionaria actúa una vez más como un látigo que lanza con fuerzas redobladas a las bases revolucionarias a la lucha. Las marchas convocadas por el FSLN, la CST, la ATC y los CDS superan con mucho a la opositora y muestra nuevamente el apoyo masivo que sigue teniendo el sandinismo y la clara disposición a avanzar que mantienen las masas.
El sector de la burguesía que apuesta por aprovechar los espacios que concede la revolución e intentar desgastar a ésta desde dentro intensifica su campaña durante 1983 exigiendo elecciones y denunciando la supuesta deriva antidemocrática del FSLN. El Frente Sandinista anuncia inicialmente la convocatoria de elecciones para 1985 pero la derecha profundiza en su movilización e intentos desestabilizadores. Arturo Cruz, tras intentar en vano ganarse una base dentro del sandinismo desarrollando un papel moderador desde la Junta de Gobierno, se retira del gobierno aunque por el momento dice seguir apoyando la revolución. Una posición que cambiará en pocos meses cuando se pase con armas y bagajes a la contrarrevolución para encabezar la candidatura unificada de ésta a la Presidencia del país.
Edén Pastora, el famoso comandante Cero del FSLN que había organizado en 1978 la toma del Palacio Nacional, también aparece haciendo una rueda de prensa pública en la que, tras criticar diversas fallas y contradicciones del proceso revolucionario, llama a luchar contra el gobierno sandinista. Aunque Pastora intenta presentarse como una tercera vía y dice que su movimiento es antiimperialista y anticomunista, pronto se evidencia que no es más que otro peón en la nómina de la CIA. Conscientes de que la correlación de fuerzas dentro de Nicaragua les sigue siendo desfavorable, y animados por la intervención militar contrarrevolucionaria que impulsa la administración Reagan, crece el número de grupos e individuos de la burguesía nicaragüense que decide salir del país y sumarse a la intervención militar contrarrevolucionaria. Finalmente, el ex miembro de la Junta de Gobierno y ex presidente de los empresarios Robelo y su partido también optan por la vía de la contrarrevolución armada.
De los ‘contras’ con fusil a los ‘contras’ con sotana
Muy debilitada y desprestigiada la representación política de la burguesía dentro de Nicaragua, durante varios años el papel de principal partido opositor al FSLN recaerá sobre la jerarquía de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal, con el instinto de supervivencia y disposición camaleónica que la caracterizan, no había dudado en mimetizarse con el ambiente revolucionario insurreccional del año 79, e incluso había emitido en ese momento varias declaraciones justificando la lucha contra el régimen somocista y hasta le había reconocido ciertas bondades al “socialismo” aunque, por supuesto, excomulgando los aspectos más revolucionarios e inaceptables del mismo.
Monseñor Obando, el principal jerarca católico, había participado en las reuniones de la oposición a Somoza, actuado como mediador en las negociaciones acerca de una posible salida pactada de éste. Incluso llegó a denunciar de forma pública, por supuesto, cuando ello resultaba conveniente y sin demasiada estridencia, la represión del régimen. Ahora, Monseñor volvía al centro del escenario, con su crucifijo al cuello como siempre, pero sustituyendo las misas y la eucaristía por los discursos denunciando la polarización social y exigiendo al FSLN que respetase la propiedad privada y dialogase con la oposición. El papel de Obando como líder público de la oposición a los sandinistas adquirirá tal protagonismo que un escritor, simpatizante del FSLN, llegó a decir irónicamente que “el comandante más importante de la Contra lleva sotana”.
En su objetivo por reforzar la base social de la reacción e intentar minar a su vez la del sandinismo el clero nicaragüense, apoyado por el imperialismo, organiza la histórica visita de Karol Wojtyla, el reaccionario y anticomunista Papa de origen polaco que pasará a la historia como Juan Pablo II, a Nicaragua. Como era de prever en un país en el que la religión desempeñaba desde hacía siglos un papel importante, el 3 de marzo de 1983 la misa papal congrega a una gran multitud en Managua. El histórico acto está encabezado por un sorprendente presídium que mezcla a los comandantes guerrilleros del FSLN, los obispos nicaragüenses y el Papa.
El dirigente sandinista Ernesto Cardenal, poeta y conocido sacerdote de la teología de liberación (expulsado por el Vaticano a causa de sus posiciones revolucionarias), saluda a Wojtyla y éste responde fríamente. El acto debía comenzar con un discurso de Daniel Ortega y concluir con el de Juan Pablo II. En teoría, para evitar un desencuentro público, cada parte conoce el contenido del discurso de la otra. Pero, cuando el representante “del poder de Cristo sobre la tierra” llama a la reconciliación y el diálogo, tanto sus palabras como su tono suenan a las masas de un modo especialmente amenazador y provocador.
‘A Dios rogando...’
En su libro sobre la revolución Sergio Ramírez, presente en el acto, describe lo ocurrido: “Cuando por fin habló el Papa yo sabía lo que iba a decir pero no cómo lo iba a decir: ‘No se deben anteponer opciones temporales inaceptables, incluso concepciones de la iglesia que suplantan a la verdadera, ninguna ideología puede reemplazar a la fe’. Eran las mismas palabras que yo había leído pero pronunciadas con énfasis agresivos, altisonantes, y se escuchaban como una lluvia de pedradas a través del sistema de altoparlantes poderosos que en honor suyo estábamos estrenando ese día. La gente que ocupaba la delantera empezó a gritar: ‘¡Queremos la paz!, ¡queremos la paz!’ Y las madres enlutadas que cargaban los retratos de sus hijos muertos gritaban también, pidiendo una oración.
“El papa se adelantó, iracundo:
“— ¡Silencio! ¡Silencio!
“Y, en seguida, queriendo ser más conciliador dijo:
“— El Papa también quiere la paz.
“Entonces los gritos ‘!Queremos la paz!, ¡queremos la paz!’ no hicieron más que multiplicarse en un desafío ya abierto, mientras los del otro bando gritaban en respuesta sus vivas al Papa. (…) Pero en medio de la barahúnda las voces de los sandinistas empezaron a destacarse mejor. (…) Cuando al fin terminó la misa y el Papa se retiró en medio de la gran trifulca que seguía encendida, los miembros de la Junta de Gobierno [constituida en ese entonces únicamente ya por sandinistas] nos acercamos junto con la Dirección Nacional del FSLN a la baranda delantera del altar para saludar a la multitud sandinista enardecida (…) Y se volvió un mitin con las banderas rojinegras ondeando en la noche que caía, bajo los reflectores de las cámaras”.
La descripción es muy reveladora del ambiente que existía en aquel momento entre el pueblo nicaragüense y de su disposición a seguir defendiendo la revolución.
Las elecciones de 1984
Finalmente, en noviembre de 1984, tienen lugar las elecciones acordadas en Contadora. La contrarrevolución, encabezada por el empresario y ex miembro de la Junta de Gobierno Arturo Cruz, decide mayoritariamente retirarse antes de la jornada electoral al comprobar que su derrota va a ser abrumadora. Saben que una victoria electoral aplastante del Frente Sandinista como la que le pronostican las encuestas sólo servirá para darle más empuje a la revolución, nacional e internacionalmente, y pondrá seriamente en entredicho la telaraña de mentiras sobre la supuesta dictadura y represión existentes en Nicaragua que ha tejido el imperialismo durante los años anteriores. Por contra, una retirada denunciando fraude y quejándose de la supuesta falta de garantías democráticas les permite intensificar la agitación contrarrevolucionaria y la guerra.
Pese a todo, algunos partidos burgueses de oposición minoritarios se mantienen y la izquierda crítica con el FSLN también concurre. La participación electoral supera el 75% y el FSLN gana con un 67% de los votos, el mayor apoyo alcanzado nunca por opción alguna de izquierda en América Latina. La situación económica, política y social de Nicaragua seguía empujando hacia la izquierda.
Todo indica que, en distintos momentos a lo largo de estos primeros cinco años de revolución, los dirigentes sandinistas, o al menos una parte de ellos, barajaron muy seriamente la opción de expropiar a la burguesía e intentar establecer una economía nacionalizada y planificada que permitiese resolver los problemas más acuciantes que enfrentaba el país. En Cuba, veinte años antes, Fidel y el Che en una situación parecida, eligieron basarse en las masas que les apoyaban para dar el golpe de gracia al capitalismo y eso fue determinante para dar el salto cualitativo que necesitaba la revolución: empezar a ofrecer una mejora significativa en toda una serie de aspectos fundamentales para el pueblo: empleo, vivienda, salud, educación, etc. Esto fue lo que permitió mantener la revolución con vida hasta hoy.
Pero en Nicaragua, como explicamos anteriormente, la presión de la burocracia de la URSS y de otros países estalinistas, y la falta de confianza de los propios dirigentes sandinistas en la capacidad de los trabajadores para gestionar las empresas ocupadas y dirigir el Estado, será determinante para que la revolución se quede a medio camino. Los propios dirigentes cubanos, cuya solidaridad revolucionaria, política y económica fue clave para defender la revolución sandinista, cometieron un grave error. Viendo la oposición de la burocracia soviética a completar la revolución, y no confiando en la posibilidad de extender la revolución a otros países, Fidel aconsejó a los sandinistas no seguir el camino que ellos habían emprendido, con éxito, veinte años antes.
El 11 de enero de 1985 en una entrevista concedida al órgano oficial del FSLN, Barricada, Fidel Castro declara: “Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso del camarada Daniel Ortega y tengo que congratularme con él. Ha sido serio y responsable. Ha explicado los fines del Frente Sandinista en cada sector: por la economía mixta, el pluralismo político y también una ley sobre las inversiones extranjeras (…) Sé que en vuestra concepción cabe una economía mixta. Podéis tener una economía capitalista. Lo que sin lugar a dudas no tendréis, y es la cosa más importante, es un gobierno al servicio de los capitalistas” (Claudio Villas, Nicaragua: Lecciones de un país que no completó la revolución).
Como veremos en las páginas siguientes, las bases de la Central Sandinista de Trabajadores y de la Asociación de Trabajadores del Campo, así como los CDS, intentaron una y otra vez participar en la dirección de la revolución y completar la misma expropiando a los capitalistas. No obstante, la dirección sandinista —aunque en algunos momentos clave, estimulada por su presión, tomó medidas muy a la izquierda— nunca dio el paso decisivo de acabar con la propiedad privada, capitalista, de los medios de producción. Esto resultó determinante para que la revolución no pudiese resolver toda una serie de problemas y necesidades urgentes tanto de los trabajadores como de los campesinos y empezase a ver cómo su apoyo social se resquebrajaba.
