¡Por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui!
En la mañana del 13 de noviembre fuerzas militares marroquíes penetraron en la llamada brecha del Guerguerat, territorio perteneciente a la República Árabe Saharaui Democrática en la frontera con Mauritania, para disolver una protesta saharaui pacífica. La carretera que discurre por esta franja fue construida por Marruecos violando los acuerdos de alto el fuego de 1991 y las propias advertencias de la ONU.
Desde el 21 de octubre se estaban organizando sentadas pacíficas para denunciar las acciones marroquíes. Durante estas semanas, las provocaciones de los uniformados ocupantes fueron en aumento, hasta cruzar a territorio saharaui para disolver violentamente las concentraciones y permanecer allí para garantizar el paso de sus transportes a Mauritania. El Frente Polisario respondió atacando más de una decena de puestos militares y de vigilancia a lo largo del muro de la vergüenza, mientras las fuerzas represivas de la monarquía alaui respondían en las ciudades del Sáhara ocupado con más redadas, detenciones, asaltos a viviendas o cargas policiales contra las concentraciones de protesta.
Lo más vergonzoso es que el Gobierno español, autoproclamado como el más progresista de la historia, ha mantenido un silencio cómplice ante la ofensiva marroquí, exactamente igual que todos los gobiernos anteriores han hecho durante 45 años de llamada descolonización del Sahara.
El franquismo y la monarquía, en el origen del conflicto
Las raíces de la cuestión nacional saharaui están en el escandaloso proceso de descolonización que se produjo en plena descomposición del régimen franquista. El Sáhara era una colonia española desde 1894. A principios de los años 70 del siglo pasado, cuando el franquismo vivía sus últimos coletazos y se enfrentaba a la mayor lucha de clases desde la guerra civil, lo que menos deseaba era verse implicado en una guerra colonial sobre todo después de la desastrosa experiencia que las guerras de Mozambique y Angola tuvieron para la dictadura portuguesa, y que se convirtieron en un factor decisivo para alumbrar la revolución de abril de 1974.
En ese contexto se produjo una confluencia de intereses entre la monarquía de Hassan II, el imperialismo estadounidense y los herederos del régimen de Franco que estaban urdiendo la coronación de Juan Carlos I. Aprovechando la situación convulsa en el Estado español, Hassan II reivindicó el derecho marroquí sobre el territorio saharaui para hacerse con el control de sus ricos caladeros de pesca y sus yacimientos de fosfatos, y azuzar el chovinismo desviando la atención de las masas marroquíes de sus problemas más acuciantes.
Para el imperialismo estadounidense, la monarquía marroquí se había consolidado como uno de sus principales aliados en el mundo árabe y ofrecía un gran valor geoestratégico. Asegurar la lealtad de Hassan II y asestar un golpe a las aspiraciones de liberación de los pueblos coloniales, conjurando la posibilidad de que una zona clave pudiera caer bajo la órbita de influencia soviética, era esencial. En palabras del secretario de Estado Henry Kissinger: “EEUU no permitirá otro Angola en el flanco oriental del Atlántico”.
En aquel momento, el gobierno franquista se enfrentaba a una crisis revolucionaria de final incierto y la autodeterminación saharaui no era una opción, mucho menos cuando necesitaban el respaldo del imperialismo estadounidense para sus maniobras. El heredero de Franco era conocido como Juan Carlos el Breve. Nadie creía seriamente que pudiera sostenerse a la cabeza de una restauración monárquica. Consciente de la absoluta debilidad de su posición, el entonces príncipe Juan Carlos pidió ayuda a Kissinger.
Documentos de la CIA desclasificados en 2017 desvelan los contactos y los acuerdos que se llevaron a cabo. En agosto de 1975, el Departamento de Estado norteamericano había dado luz verde a un proyecto, financiado por Arabia Saudí, para garantizar el control marroquí del Sáhara. En él ya aparecía diseñada la famosa Marcha Verde organizada por la dictadura marroquí para apoderarse de la región, y que cruzó la frontera saharaui el 6 de noviembre.
A través de EEUU, Juan Carlos y Hassan II pactaron en secreto que el Estado español cedería el Sáhara a Marruecos a cambio del respaldo norteamericano al futuro rey, y de una serie de acuerdos económicos con Marruecos que quedaron plasmados en los anexos secretos al Acuerdo Tripartito de Madrid, que cerró el traspaso de la colonia. En esos anexos, España cedía el 65% de la empresa Fos Bucraa –que explotaba los yacimientos de fosfatos– al Estado marroquí y este garantizaba derechos de pesca para 800 barcos españoles durante 20 años.
El imperialismo estadounidense cumplió su parte del trato y recibió a Juan Carlos en su primer viaje oficial ya coronado, dándole su “bendición” internacional. La infamia contra el pueblo saharaui fue otro de los sangrientos pilares sobre los que se levantaron el régimen del 78 y la monarquía juancarlista.
45 años de guerra y represión
La invasión marroquí de 1975 desató una guerra que duró hasta 1991. La ocupación del territorio saharaui fue brutal, incluyendo bombardeos con fósforo blanco y napalm contra civiles. Se produjo una huida masiva de la población, cerca de dos tercios de los habitantes se exiliaron y muchos acabaron en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde hoy viven en precarias condiciones en torno a 175.000 refugiados.
La guerra dividió el Sáhara Occidental en dos: la parte costera ocupado por Marruecos, donde se concentran los yacimientos de fosfatos, y la franja oriental fronteriza con Argelia y Mauritania que se conoce como los Territorios Liberados. En 1980 Marruecos comenzó la construcción del muro de la vergüenza para separar las dos partes –en realidad, una cadena de ocho muros–, que en la actualidad ya mide 2.720 kilómetros y está rodeado de uno de los mayores campos de minas del mundo. Cada 5 kilómetros se ha desplegado una compañía militar marroquí y un radar por cada 15. Se calcula que a lo largo de él hay estacionados más de 100.000 soldados.
La “comunidad internacional” o la hipocresía imperialista
Ni la ONU ni ningún país del mundo reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos pero, al igual que ocurre con Palestina, eso no supone el menor problema para la potencia ocupante. Como se ha demostrado en tantas ocasiones, las llamadas instituciones de la comunidad internacional no son más que la hoja de parra tras la que se ocultan los intereses imperialistas.
A principios de los años noventa la ONU creó una misión para el conflicto saharaui con vistas a celebrar el prometido referéndum de autodeterminación. Uno de los principales escollos para su celebración fue el censo. Después de gastar millones de dólares en ocho años, la ONU presentó un censo que simplemente fue rechazado por Marruecos, sin que esto tuviera ninguna consecuencia. De la misma forma, Rabat ha trasladado a lo largo de años a miles de marroquíes al Sáhara ocupado, con vistas precisamente a alterar la composición demográfica e inclinar de su lado el posible censo. Según el “derecho internacional”, eso constituye un crimen de guerra pero tampoco se aplica a este caso.
El régimen marroquí ha contado permanentemente con el apoyo de las principales potencias, sobre todo EEUU y Francia que acaparan el 60% de las inversiones extranjeras en el país, y también de la burguesía española y de los Gobiernos que se han sucedido desde 1977, preocupados tan solo porqué el régimen alauita cumpla con sus funciones de gendarme en la frontera y regule los flujos de inmigración. Esto es lo que de verdad cuenta en las relaciones internacionales capitalistas, y no las declaraciones vacías de la ONU que alternan entre mostrar “preocupación” o “profunda preocupación”. El pueblo saharaui no puede confiar en un organismo que ha demostrado una y otra vez estar al servicio de los intereses de las grandes potencias.
Los Gobiernos españoles sostienen la ocupación marroquí
La ONU sigue considerando el Sáhara Occidental como territorio español pendiente de descolonización. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos españoles (incluidos los del PSOE) han obviado completamente su responsabilidad. Durante estos años han apoyado activamente la política de la monarquía alauita y han guardado silencio ante las atrocidades cometidas en el Sáhara y dentro del propio Marruecos. Al principio era un puro acuerdo económico: el régimen marroquí garantizaba las inversiones españolas y el acceso a los caladeros de pesca. En las últimas décadas se sumó el factor del control migratorio. El Gobierno español subcontrata al marroquí el control de las fronteras, con la ventaja de desentenderse del trato brutal al que puedan ser sometidas las personas migrantes.
La formación del Gobierno PSOE-UP trajo cierta esperanza para propiciar un cambio en la situación, especialmente por la entrada de Unidas Podemos que, en teoría, defendía en su programa el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la defensa del derecho de autodeterminación para su pueblo. Sin embargo, esas esperanzas quedaron pronto defraudadas.
Unas semanas después de constituirse el Gobierno se produjo una reunión entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Hay Enhamed Salem. Esa reunión provocó una llamada del ministro de Exteriores marroquí a su homóloga española en la que está última reiteró que el Gobierno no reconoce a la RASD y que se subordina a la hoja de ruta de la ONU que avala pasivamente la ocupación marroquí. Que el PSOE sostenga la política de la burguesía española, en este y en otros terrenos, ya no sorprende. Lo que sí fue un jarro de agua fría fue la reacción de Pablo Iglesias al afirmar que “como no puede ser de otra manera, la posición de España respecto al Sáhara Occidental viene determinada por el ministerio de Exteriores”.
Esa asunción cómplice de una política de Estado reaccionaria se ha vuelto a poner encima de la mesa estos días. Unidas Podemos se está limitando a compartir mensajes en las redes sociales llamando a la “implicación de las Naciones Unidas”. ¡Pero si las Naciones Unidas llevan 60 años implicada en este desastre colonial y han demostrado sobradamente su papel de comparsas del imperialismo!
En el colmo del cinismo, el único mensaje de condena del Ministerio de Exteriores en las redes sociales estos días no hacía referencia a la agresión marroquí sino a que en una concentración en Valencia se colocó una bandera saharaui en el muro del consulado marroquí.
Por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui
La lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia es una causa para todos los revolucionarios y militantes de la izquierda en el Estado español y en el mundo. Y, a tenor de la experiencia histórica, esta lucha necesita contar con una sólida estrategia socialista, que parta de un hecho objetivo: alcanzar la victoria, la independencia y batir a las potencias imperialistas que aplastan los derechos del pueblo Saharaui y le hunden en unas condiciones de miseria espantosa, significa defender una política revolucionaria, clasista e internacionalista.
El pueblo saharaui tiene todo el derecho a la autodefensa armada, pero en el combate desigual contra la potencia militar de la dictadura alauita respaldada por el imperialismo estadounidense, necesita sobre todo desplegar la solidaridad revolucionaria de la clase obrera y los oprimidos de Marruecos y del Estado español.
El balance de estas décadas es concreto. Al comienzo de la guerra, cuando Marruecos y Mauritania fueron incapaces de doblegar al Frente Polisario y se corría el riesgo de una derrota militar, el imperialismo estadounidense, Francia, el Estado español y el dinero saudí acudieron raudos a sostener al ejército marroquí. Sin embargo, la retirada de Mauritania en 1979 no respondió a una derrota militar sino al estallido de una rebelión social dentro de sus fronteras. Los árabes mauritanos estaban estrechamente relacionados con los saharauis y la guerra era muy impopular. En 1978, se produjo un golpe militar combinado con manifestaciones en las calles que tuvo como consecuencia un acuerdo de paz con el Polisario.
Durante años, lo único que ha conseguido poner contra las cuerdas a la monarquía marroquí ha sido la lucha de masas, y no confiar en los planes de la ONU que no han resuelto absolutamente nada.
En 2005 fue la llamada Intifada saharaui; en junio de 2008 la huelga general en Marruecos tuvo uno de sus bastiones en la sureña Sidi Ifni, cercana al Sáhara, donde el Gobierno declaró el estado de sitio para aplastar el movimiento; en 2010 se levantó el campamento de Gdim Izik, con más de 20.000 participantes en la protestas, aplastado por Marruecos literalmente a sangre y fuego para que no se convirtiera en una referencia que pudiera unificar la lucha de los oprimidos contra los efectos de la crisis económica; pocos meses después, Marruecos se sumaba a la ola revolucionaria de la primavera árabe, alumbrando el Movimiento 20 de Febrero; por último, en octubre de 2016 estallaba el Hirak (Movimiento Popular) rifeño, el mayor levantamiento social desde 2011.
En cada ocasión en que la lucha de masas ha hecho temblar el régimen, el único factor que impedía llegar hasta el final, llegar a derrocarlo, era la ausencia de un programa revolucionario consecuente, de una dirección revolucionaria que lo pusiera en práctica.
Es imprescindible unir las fuerzas del pueblo saharaui con las fuerzas de los obreros y campesinos marroquíes para combatir juntos al mismo régimen corrupto que los condena a una existencia de miseria. Con esta unión, basada en el programa de la revolución socialista y en el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo saharaui –empezando por su derecho a la autodeterminación y a la independencia– podrá desbaratar los intentos del régimen de Rabat para enfrentar a los trabajadores de ambas comunidades, y acabar con la monarquía y el orden social que la sustenta.
Ante la actual situación, desde Izquierda Revolucionaria manifestamos:
· Nuestra plena solidaridad con la población saharaui ante esta nueva agresión del gobierno marroquí.
· Nuestro apoyo a la lucha revolucionaria y socialista de masas, que se ha demostrado como la única vía que puede acabar con la opresión nacional y social del pueblo saharaui.
· Nuestro rechazo a las maniobras diplomáticas y “planes de paz”, ya sean auspiciados por el imperialismo norteamericano, francés o a través de la ONU.
· Nuestra condena a la vergonzosa política del Gobierno español respecto al Sáhara, un silencio cómplice que trata de disimular el respaldo a la monarquía de Mohamed VI y a sus políticas represivas durante los últimos 45 años.
¡Viva la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia!
¡Retirada inmediata del ejército marroquí del territorio del Sáhara!
¡Por un Sáhara libre y socialista, por una Federación Socialista del Magreb!
