El 10 de abril tuvo lugar la tercera huelga general convocada por CGT y CTA desde que gobierna Milei. Formaba parte de lo que la CGT denominó una “jornada de acción” de 36 horas, que comenzó el miércoles 9 con una masiva movilización hasta el Congreso Nacional en apoyo a los jubilados y continuó con el paro general de 24 horas.
Esta huelga es consecuencia de la escalada de movilización social que se inició en febrero como respuesta a las políticas del Gobierno ultraderechista. Las marchas del 1 de febrero y del 8 y 24 de marzo, máxime tras la brutal represión del 12 de marzo contra los jubilados, hizo que la presión desde abajo obligara a la dirigencia de CGT a convocar este nuevo paro.
Paro total y manifestaciones masivas pese al freno de la burocracia sindical
Esta huelga ha mostrado, una vez más, el tremendo potencial que existe, la disposición de la clase trabajadora a la lucha contra la ultraderecha. El seguimiento ha sido masivo en todo el país y la actividad quedó prácticamente paralizada en bancos, dependencias estatales y grandes empresas. El principal yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta, la gran esperanza de ingresos por petróleo de la burguesía argentina, cesó su actividad. El transporte aéreo operó al 45% de su capacidad ya que los controladores aéreos fueron obligados por los servicios mínimos impuestos por el Gobierno. Aún con ello, el personal de tierra se adhirió masivamente a la huelga y Aerolíneas Argentinas canceló más de 250 vuelos.
Además, las escuelas y universidades públicas permanecieron cerradas durante la jornada, mientras que en el sector salud mantuvieron guardias mínimas para atender urgencias. No hubo atención al público en oficinas estatales, registros civiles y reparticiones municipales de todo el país, ni reparto de correspondencia por parte de Correo Argentino.
Los sindicatos de trenes, del metro de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi secundaron la huelga. El único sindicato que no se sumó fue el de la UTA, el sindicato de conductores de autobuses. La directiva de este sindicato, de importancia capital para detener el transporte por carretera y en la ciudad, tiene una política conciliadora con el Gobierno de Milei y la patronal porque la obra social del sindicato está quebrada. La obra social proviene del primer Gobierno de Perón (1945-1955) y otorga a los sindicatos una participación muy importante en la asistencia sanitaria, afectando al 46% de la población. Los fondos que aporta el Gobierno para garantizar esa asistencia han sido uno de los mecanismos que históricamente ha utilizado la burguesía argentina para controlar y presionar a la burocracia sindical.
Uno de factores centrales que hace que la burocracia de la CGT haga todo lo posible por contener el malestar y disposición a luchar que existe entre sus bases es que el Gobierno de Milei ha garantizado el dinero que reciben para el financiamiento de sus sistemas de salud, que es su principal fuente de ingresos. Pero hay que destacar que pese a la labor de esquirolaje de la burocracia de la UTA, el paro fue rotundo y los autobuses que circularon lo hacían vacíos, demostrando la enorme fuerza del movimiento obrero.
La ofensiva mediática y represiva del Gobierno fracasa
La respuesta del Gobierno, desde primera hora, fue utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para intentar desprestigiar el paro. Síntoma claro de su preocupación y nerviosismo ante el impacto de la protesta. En las pantallas de las terminales de trenes, vacías de pasajeros, podía leerse: “Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denunciá al 134”.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en sus redes sociales señalando que “las calles ya no son de los que aprietan (coaccionan), son de los que laburan (trabajan)”. Y añadió: “Las marchas multitudinarias y paros quedaron atrás. Hoy, los argentinos eligen el esfuerzo y acompañan a un Gobierno que hace lo necesario para sacar el país adelante”.
Un esfuerzo en vano por parte del Gobierno. Su campaña brutal de propaganda, amenazas e intimidación mediante el despliegue de los cuerpos represivos se estrelló con la masividad del paro y las marchas en las calles.
Bajo la sombra de un nuevo acuerdo con el FMI
Esta movilización se desarrolla a la sombra de un nuevo acuerdo con el FMI que significaría un crédito de 20.000 millones de dólares con el fin de garantizar los pagos a los acreedores extranjeros y al capital especulativo argentino. Aunque todavía se desconocen los términos, seguro que incluirá la receta habitual de este organismo financiero controlado por el imperialismo norteamericano: más recortes, privatizaciones y ataques a la clase obrera.
El acuerdo permitiría al Gobierno hacer frente este año al vencimiento del pago de deuda pública, que hubiera sido incapaz de afrontar con sus propios ingresos. Sin embargo, la guerra comercial con China desatada por Estados Unidos va a perjudicar a todos los países y uno de los más perjudicados será Argentina. EEUU es su tercer socio comercial, detrás de Brasil y China. Los aranceles de Trump golpearán más duramente a los eslabones más débiles del capitalismo occidental, entre los que se encuentra la economía argentina. Las tensiones financieras creadas por los aranceles ya han vuelto a subir la inflación en marzo. Su descenso en lo que va de año era la punta de lanza de la propaganda gubernamental, aunque sigue entre las más altas del mundo. Por otro lado, la prima de riesgo del país (que se había reducido durante 2024) ha subido un 5%, confirmando a Argentina como uno de los países en los que no es recomendable invertir.
El acuerdo con el FMI se ha cerrado tras el vigésimo viaje a Estados Unidos de Milei desde que comenzó su mandato. Pero esta tabla de salvación temporal, lejos de estabilizar las finanzas públicas, añade más endeudamiento al Estado y prepara crisis ecónomicas y políticas aún más profundas en los próximos meses. Buena parte del capital extranjero ya lo ha entendido y desde hace años está retirándose del país, liquidando sus operaciones, vendiendo a conglomerados argentinos. La última ha sido la española Telefónica, que la semana pasada anunció la venta de su filial argentina al grupo local Telecom. Unos días antes, hizo lo mismo la alemana Mercedes-Benz. Siguen los pasos de las estadounidenses Exxon Mobile y Procter & Gamble y de los bancos HSBC (Gran Bretaña) e Itaú (Brasil).
¡Abajo Milei! Continuar la lucha con una huelga general de 48 horas y un programa que expropie a la oligarquía
El éxito de la huelga del 10 de abril muestra la fuerza de la clase trabajadora argentina y que es posible revertir los recortes y acabar con este Gobierno ultraderechista y su criminal motosierra. Este éxito debe ser un acicate para continuar la lucha. No hay tiempo que perder para golpear de nuevo, para desplegar todo el potencial que existe y seguir incrementando la organización y confianza en sus propias fuerzas que tiene el movimiento. Los últimos meses han servido para incorporar nuevos sectores de las masas, que son golpeadas sin piedad por los ataques del Gobierno con el respaldo cerrado de la burguesía. Pensionistas, los movimientos LGTBI y feminista, los trabajadores del sector público… Esta huelga ha subido el tono general de la lucha de clases en el país, acercando un enfrentamiento feroz entre las clases.
Es muy probable que la burocracia de la CGT intente dar carpetazo a la movilización y ganar tiempo desviando la lucha de las calles al terreno electoral y parlamentario, utilizando las elecciones al Congreso previstas en octubre para plantear que ahora el camino no pasa por nuevas huelgas, sino por socavar el apoyo parlamentario que tiene Milei de los partidos de la derecha y conseguir un grupo parlamentario peronista más grande. Pero frenar la lucha solo puede contribuir a dar oxígeno al Gobierno cuando está contra las cuerdas.
Los marxistas no despreciamos el terreno electoral. Millones de jóvenes y trabajadores utilizarán las elecciones para expresar su indignación y golpear a este Gobierno de extrema derecha. Pero detrás de la motosierra de Milei está la crisis del capitalismo mundial y argentino. También la decisión de la clase dominante de intentar doblegar al movimiento obrero y al conjunto de las y los oprimidos haciendo retroceder décadas sus derechos.
Lo único que puede echar a Milei y derrotar esos planes es mantener e intensificar la movilización en las calles. A la burocracia sindical le va a ser muy difícil contener la presión social, más cuando lleguen las condiciones que impondrá el FMI para el nuevo préstamo. Otro ataque de Milei puede hacer estallar un levantamiento social como el “Argentinazo”.
Tanto la burguesía como el peronismo quieren desactivar esa perspectiva, pero el movimiento de masas apunta de nuevo por ese camino. La tarea de la izquierda combativa argentina es empujar en esa dirección agitando por la continuación de la lucha con una nueva huelga general de 48 horas que involucre a más sectores de las masas. Junto a los trabajadores sindicados, también al 50% de la población que vive de la economía informal.
Al mismo tiempo hay que plantear una salida revolucionaria. Un programa que defienda de forma clara y decidida terminar con el capitalismo en Argentina. Para ello hay que nacionalizar las palancas básicas de la economía (los bancos y grandes empresas) bajo el control de la clase trabajadora. Y, junto a ello, impulsar desde ya la autoorganización de las masas en asambleas y comités de acción en cada barrio y cada centro de trabajo o estudio, para luchar contra la miseria y la carestía, dándoles una coordinación local, regional y nacional.
Esta es la única forma de seguir impulsando la movilización, impedir que sea frenada o descarrilada y tumbar al fascista de Milei y su Gobierno de extrema derecha. Pero también de dar una perspectiva más amplia a las masas: la de la lucha por una Argentina socialista, que es la única salida al pozo sin fondo de la crisis capitalista, organizando desde la base un nuevo Estado de los trabajadores frente este Estado burgués podrido y corrupto hasta la médula, organizado para servir a la oligarquía bajo una fachada de falsa democracia.
