Lecciones de la lucha contra el cierre y toma militar de la Universidad de Antioquia

El pasado 15 de septiembre fuerzas del ejército y la policía colombianas tomaban militarmente las instalaciones de la Universidad de Antioquia (UdeA), ubicadas en la ciudad de Medellín, y reprimían violentamente a los estudiantes de la misma. Esta actuación provocó una respuesta decidida no sólo del movimiento estudiantil sino de amplios sectores de la sociedad, colectivos progresistas, etc. Los marxistas de la CMR colombiana participaron en primera línea en la lucha por la reapertura de la universidad. Este artículo analiza las razones de fondo de este y otros ataques contra la universidad pública en Colombia y las lecciones que podemos extraer los estudiantes revolucionarios de cara a organizar una respuesta masiva a los mismos y vincular la lucha del movimiento estudiantil a los profesores, el movimiento obrero y la mayoría de los explotados.

En toda la historia de la Universidad de Antioquia (UdeA) nunca se había presentado una situación similar a la vivenciada durante el pasado miércoles 15 de septiembre y los días siguientes. Si bien no es la primera vez que la fuerza pública, sea policía, ejercito o ESMAD, ingresan al campus universitario, golpeando a diestra y siniestra a los integrantes de la comunidad universitaria, y tampoco es la primera vez que las directivas del claustro o el propio Estado deciden cerrar las instalaciones por tiempo indefinido, sí es atípico en la historia de la institución la forma en que se presentaron los hechos. En esta ocasión fue un golpe de mano de la propia gobernación, en cabeza de Luis Alfredo Ramos, y de las directivas universitarias, en particular del rector Alberto Uribe Correa, con el fin deliberado de propiciar la situación de represión y cierre que mantiene a los estudiantes por fuera del campus, de las cafeterías y de las aulas. Todo ello para ganar tiempo en la implantación de la nueva Tarjeta de Identificación Personal (TIP), en mantener las condiciones propicias para instalar los torniquetes (y cámaras) que, ahora sabemos, son inaplazables y van sí o sí. La pregunta, en este contexto,  es tan simple como esclarecedora: ¿Por qué? ¿A qué obedece la premura en la implantación de dichas medidas de orden policivo, la necesidad de reprimir sin motivo alguno a los estudiantes, y la decisión arbitraria de mantener el campus cerrado? Es a esta pregunta a la que trataremos de dar solución en el presente análisis.

El origen de la coyuntura.

El día miércoles 15 de septiembre, tras iniciarse el proceso de transición del viejo carnet a la TIP, se presentaron unos hechos de violencia dentro del claustro universitario propiciados por el ESMAD, que ingresó violentamente y atacó con ruda fiereza a estudiantes, profesores y trabajadores, dañando de paso múltiples equipos, tales como televisores de plasma y de otro tipo. El calado de la represión fue tal que propició una respuesta estudiantil masiva, cerrando varias calles a la redonda y generando una revuelta espontánea de masas que desembocó en un trancon de enormes magnitudes en los alrededores del campus y la ciudad en general.

Pese a las declaraciones oficiales del gobernador de Antioquia y de las directivas de la universidad, que pretenden atribuir a un supuesto "intento de secuestro" del rector las razones de la intervención policial, hasta los medios masivos de comunicación se manifestaron contrarios a la forma en que se llevaron a cabo los hechos. De ahí que, al día siguiente, y en una ligera variación de la versión dada originariamente, las directivas del claustro, particularmente el consejo académico, hayan modificado sus declaraciones, hablando de "palabras soeces"  y provocaciones estudiantiles como móviles de los sucesos acaecidos. No obstante, silencian deliberadamente el hecho que el ESMAD ingresó desde temprano al campus universitario, lo cual constituye de hecho una provocación directa al estudiantado, así como también el que la asamblea de estudiantes, que en ese momento sesionaba en el bloque administrativo, desarrollaba sus acciones de manera pacífica, lo que invalida sus declaraciones propagandísticas en las que intentan ganar un consenso social para sus acciones arbitrarias.

La razón por la cual tanto el gobernador como las directivas acometieron estas acciones violentas contra los estudiantes y la comunidad en general son harto simples de entender: luego de una campaña mediática masiva contra el estudiantado universitario, en que se ha pretendido elevar a la categoría de dogma la representación de los universitarios como vándalos, terroristas, delincuentes, drogadictos y demás, y desgastar la legitimidad de la protesta estudiantil por sus expresiones violentas, tanto el Estado como las directivas consideraron que existía las condiciones ideológicas para organizar un golpe de mano respecto a la TIP, presumiendo que ante la represión la apatía generalizada de un estudiantado cansado de los paros recientes desembocaría en un aval tácito de las acciones emprendidas por la fuerza pública, terminando en la imposición de las nuevas medidas de vigilancia y control de los estudiantes.

Pero con lo que no contaban ni el rector ni el gobernador es con dos elementos de análisis muy importantes: el malestar social acumulado y latente, y el odio social profundamente arraigado contra la policía, no  sólo en la universidad, sino en el conjunto de la sociedad. Las condiciones de desigualdad estructural del país, que han conllevado, entre otras cosas, a un estallido de violencia de proporciones faraónicas en la ciudad, ha hecho surgir de manera velada un descontento social, latente, en vías de expresión, que en determinado momento puede expresarse en duras revueltas y motines sociales. Al irrumpir la policía violentamente al campus y reprimir de la manera que lo hizo, detonó dicho malestar entre la comunidad universitaria, que se transformó dialécticamente en una revuelta que afectó a la zona inmediata y llevó a las directivas a decretar el cierre del campus, y al gobernador a echar mano de fraseología burda para señalar a los estudiantes como potenciales "terroristas".

Por otro lado, para nadie es un secreto que la policía es una institución sumamente repudiada por la sociedad en general, por estar implicada directamente en las redes delincuenciales, por su carácter arbitrario y represivo, por la manera en que usan y abusan de su poder frente a las comunidades etc. Cuando el ESMAD invadió injustificadamente el campus universitario, hizo condensar en un haz todo el odio social contra la policía, lo que llevó a que la reacción estudiantil contagiara a otros segmentos de la sociedad, como buseros, amas de casa, trabajadores mecánicos y hasta una pequeña fracción del lumpenproletariado, dándole a la reacción estudiantil un carácter masivo y popular.

Es decir, las directivas y la gobernación conjuraron un espectro que luego no pudieron contener, desembocando en una reacción masiva de los estudiantes y la población contra la brutalidad policial, lo que ha llevado a la decisión unilateral de las directivas de mantener cerrado la ciudadela universitaria y demás facultades externas a la misma, por tiempo indefinido.

Las "razones" de las directivas.

Son tres los motivos aducidos por el consejo superior universitario (CSU) y por el consejo académico para justificar el nuevo sistema de identificación o TIP: la venta de drogas al interior de la universidad, que ha desembocado en una verdadera emergencia dentro de la institución, las ventas ambulantes y, por último, la cuestión de la violencia dentro del campus, en particular en lo que tiene que ver con los "encapuchados". Siendo estos motivos realmente importantes y de perentoria solución, claro está, es preciso no obstante examinar cada uno de ellos, para ver hasta qué punto pueden ser aducidos como razones válidas para las medidas represivas en curso.

1. Respecto al problema de las drogas. Evidentemente que se trata de un problema grave para la universidad y sus estudiantes, que no podría negarse sin caer en el absurdo o el fanatismo. Un sector de la ciudadela universitaria, conocido popularmente como "el aeropuerto", se había convertido francamente en propiedad privada dentro del campus mismo, tomada y administrada a su antojo por mafias de jíbaros a su antojo. Mas aún, se ha llegado a rumorar que "el aeropuerto" era la plaza de venta de sustancias psicoactivas más importante de la ciudad, no siendo extraño, si se tiene en cuenta las facilidades de acceso y seguridad de la misma.

Ahora bien, si esto es verdadero, y nadie en sus cabales lo negaría, otra cosa es que los estudiantes sean responsables, y no víctimas, de la situación incoada y desarrollada de antaño, pues este asunto no ha surgido de la nada, ni en los últimos días. El problema de las drogas no es un problema exclusivo de la universidad, aunque aquí adquiere matices más dramáticos, por la naturaleza del espacio, sino un problema de orden social y estructural, que ha permeado hasta las altas esferas del Estado. Desde mediados de los años setentas este problema ha existido, siendo factor importante del desarrollo del conflicto armado colombiano, y en particular del paramilitarismo, pues fue su fuente de financiación principal. De hecho, la mayor expresión del poderío del narcotráfico es precisamente la así llamada "parapolítica", por la cual decenas de congresistas están en la cárcel o investigados por la corte suprema de justicia. Y no se puede olvidar que tanto el paramilitarismo como su expresión política en el congreso y las administraciones territoriales, ha sido el producto de una doctrina de Estado, y que por tanto, si ha de buscarse un culpable de la actual crisis social que se observa en el país, y de la que la universidad sólo es un reflejo más o menos inexacto, debería mirarse hacia arriba, hacia la esfera de la alta política, y no convertir a los estudiantes en chivo expiatorio de una situación que ellos no han provocado, y de la que, por el contrario, han sido víctimas durante décadas.

Además, resulta cuando menos extraño y sospechoso el que se aduzca como motivo de la actual situación la venta de drogas en la universidad, no por no ser un problema real y de solución perentoria, sino por venir de una clase política empantanada hasta los tuétanos por sus relaciones estrechas con esas mismas mafias que ahora dicen combatir en el claustro universitario. Por años ha sido un secreto a voces el que los grupos narcotraficantes han mantenido relaciones de hermanamiento con gobiernos locales y departamentales, el de Antioquia incluido, siendo los políticos beneficiarios de los ingentes recursos del narcotráfico, a la vez que se han servido de dichos dineros para financiar sus campañas políticas. ¿Por qué entonces satanizar a los estudiantes, cuando los ladrones de cuello blanco han sido quienes han hecho uso y abuso de los dineros calientes para apuntalarse en el poder? Igualmente, extraña mucho el que un Estado como el colombiano, con unas fuerzas armadas que posan de "gloriosas", y que han sido muy efectivas a la hora de  combatir a la insurgencia, se revelen tan incapaces de atacar de fondo un problema como el narcotráfico. ¿O es que acaso atacan a uno, y dejan hacer y pasar a otro? Por último, si la solución al problema de las drogas fuese simplemente el carnetizar con microchips de inteligencia a la comunidad universitaria, habría que pedir que sacasen tres millones de carnets, para la población medellinense, a ver si con eso solucionamos el problema de las drogas en la ciudad, lo cual no sería menos que un absurdo.

No negamos la gravedad y complejidad del problema de las drogas por el que atraviesa la universidad. Simplemente señalamos el que las medidas policivas que se pretenden implementar no se corresponden ni con el problema en sí mismo, ni mucho menos con la     naturaleza de la universidad, de una universidad pública, que ha de servirse de medidas de otra índole para solucionar dichos problemas, en vez de transformar la universidad en una colonia penitenciaria de tipo kafkiano. Además, el problema tiene que ver más con falta de voluntad del Estado para combatir estas bandas por fuera del claustro, que con la necesidad de controlar a los estudiantes dentro del mismo

1. El problema de las ventas ambulantes tiene igualmente varias consideraciones previas que deben examinarse en detalle, si se quiere realmente atacar con eficacia sin caer en la macartización y persecución de los estudiantes, que nuevamente, no son los responsables, sino las víctimas del mismo. Es cierto que en la Universidad existe una explosión de ventas ambulantes que ha trepado en los últimos años. Igualmente, algunas de estas ventas obedecen a verdaderas mafias incrustadas en el claustro, que monopolizan el microcomercio interno, invaden las mesas de estudio y generan malestar entre la comunidad universitaria. Sin embargo, siendo verdad, no es toda la verdad, y por tanto las directivas hacen uso de un doble rasero para medir un problema serio, que demanda una reflexión más profunda y menos apologética de las vías policiales, por lo menos entre universitarios.

Si bien hasta cierto punto las ventas ambulantes constituyen un problema dentro de la universidad, ellas no son un problema inherente a la misma, sino un problema social, que al igual que con las drogas, se expresa de manera refleja dentro del campus, más aún teniendo en cuenta la importante proporción de estudiantes de escasos recursos que aprenden en el Alma Mater. ¿Cómo ignorar que el porcentaje de subempleo en el país ha trepado hasta el 58% en las cifras siempre dudosas del DANE? Y este elevadísimo nivel de informalidad en el trabajo, que presiona a la baja la calidad de vida de millones de colombianos, no puede menos que tener su expresión en la vida universitaria, siendo un problema de tipo estructural, que  apunta a la pésima política económica de los gobiernos de turno, y de la que los estudiantes no son responsables.

Además, el consejo académico echa mano de la defensa de la "propiedad intelectual" como argumento para atacar a los vendedores ambulantes, que ahora trata de "ventorrillos", y para justificar la implementación de la TIP. De resultas, la universidad defiende el régimen de propiedad vigente, y pretende obligar a los estudiantes a hacer otro tanto, bajo presión y medidas de tipo coercitivo. ¿Pero cuál régimen de propiedad? ¿Ese que tiene a un 48% de la población por debajo de la línea de pobreza, y a un 16% de la de indigencia? ¿El régimen de propiedad bajo el cual han sido despojados más de 4 millones de campesinos de su tierra, en una vastísima contrarreforma agraria implementada bajo la vía de las armas? ¿Ese mismo régimen que ha propiciado el colapso del sistema de salud, la desfinanciación de la educación, la tercerización del trabajo, la extinción progresiva del derecho a la pensión, la sesión de los recursos minero-energéticos a las multinacionales etc.? ¿Un régimen de propiedad que niega el derecho a la propiedad a la mitad de la población? ¿Eso es lo que defienden las directivas de la universidad? Si es así, las mismas no defienden tanto el "derecho de propiedad" como a quienes detentan efectivamente el mismo, valga decir, a la burguesía en el poder, y pretende imponer dicho derecho "sacrosanto" a la propia institución, lo cual no es más que un acto arbitrario de sostenimiento del status quo.

Por si fuera poco, afirman que se trata de la "propiedad intelectual", de la propiedad de las industrias culturales del cine y la música, así como de las multinacionales de la informática. Pues bien: ¿por qué no se manifiestan contra la imposición de software privativo, por cuyo concepto la universidad gasta año a año miles de millones de pesos, que tanto se necesitan para subsanar la crisis de financiación de la educación pública? Los países europeos, y muchos latinoamericanos (Brasil, verbigracia), así como importantes universidades en todo el mundo, hacen uso de software libre, por ser muchísimo más económico y confiable que el software privativo, en vez de regalar sus recursos a multinacionales como la Microsoft. ¡Y es precisamente la universidad la que defiende lo que en todo el mundo es objeto de críticas, la propiedad intelectual! Más aún, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación o TICs ha llevado a muchos teóricos sociales, y al propio ministerio de educación (MEN) ha hablar de una "sociedad de la información" como revolución cultural de vastas consecuencias. Sin embargo, ellos mismos no dudan en restringir el acceso a la misma información y al conocimiento en nombre de la "propiedad intelectual". ¿De qué va la cosa? ¿Afirmar el advenimiento de una "sociedad de la información" para luego restringir el derecho de acceso a la misma?

Como consecuencia del desarrollo de las TICs y de las aplicaciones sociales de la red (web 2.0), tales como facebook, Twitter, youtube, los foros y blogs, entre otros, la posibilidad de compartir el conocimiento y los productos artísticos y culturales a escala global se ha convertido en una posibilidad real y efectiva, y de hecho, miles de millones de personas en todo el mundo, que antes se veían imposibilitadas de acceder a su música favorita, al cine independiente, a enciclopedias, libros y materiales audiovisuales, por citar algunos ejemplos, ahora pueden disfrutarlos a muy bajo costo. Esto ha desatado una cacería de brujas mundial de las multinacionales de la industria cultural contra el hábito de COMPARTIR la información y la cultura, hábito denominado de manera falsa como "piratería". Se impone así una contradicción entre el derecho de la humanidad a la información, el conocimiento y la cultura, y las apetencias de acumulación de capital de las multinacionales, contradicción en la que las directivas de la universidad toman posición defendiendo la sacrosanta "propiedad intelectual" contra los deseos de acceder a la cultura de los estudiantes y la comunidad universitaria de acceder a la cultura. ¿Y es en nombre de este derecho que se piensa imponer un régimen policial dentro del campus universitario?

Nuevamente: la problemática de las ventas ambulantes es una cuestión real e importante, que debe ser tratada por el conjunto de la comunidad universitaria de manera abierta y consensuada. Pero los estudiantes no son los culpables de esta problemática, sino sus víctimas, y por tanto, no puede menos que rechazarse el intento de la administración de la universidad de tratar esta problemática social con guante de hierro, echando el agua sucia a los estudiantes de un problema que tiene magnitudes sociales. Además, la defensa de la "propiedad intelectual" como argumento que justifica la coerción semicarcelaria que se pretende imponer no puede menos que reprocharse como defensa acrítica del orden social vigente, y como fachada manipuladora de intereses de otro tipo, que las directivas ocultan por conveniencia.

1. Por último, tenemos el problema de la "violencia", que en el contexto significa la continua actividad de grupos estudiantiles que hacen uso de la capucha para protestar contra el sistema socioeconómico existente y las políticas estatales. Reconociendo que el problema existe, ¿es lo suficientemente serio como para ameritar las desproporcionadas medidas que la universidad pretende imponer, cámaras de vigilancia, reforzamiento de las medidas disciplinarias, sistema de identificación y control que impone un panóptico sobre el estudiantado etc.? Es cuando menos discutible que el problema aducido justifique semejantes reacciones de las directivas de la universidad y del Estado, en cabeza del gobernador Luis Alfredo Ramos. Parece más bien la inoculación a la fuerza de la doctrina de "seguridad democrática", doctrina que en cuanto seguridad ha significado muertes, desplazamiento forzado, redadas y encarcelamientos masivos, persecución de líderes sociales y de derechos humanos, y de democrática sólo ha tenido la concesión a manos llenas de los recursos del país al capital foráneo y criollo, sea vía Agro Ingreso Seguro, por citar un ejemplo, vía reforma laboral tercerizadora del trabajo, o vía sesión de los recursos naturales y minero-energéticos a las multinacionales, con importantes consecuencias sociales y ambientales para la población.

La "violencia", entendida como las acciones de los encapuchados, a quienes las directivas, los medios y el Estado acusan de "terroristas", ha sido una constante de la historia de la universidad pública colombiana, no es un problema ni de ayer ni de hoy. De hecho, ni siquiera se puede comparar el nivel de "violencia" o paralización de la universidad en los tiempos actuales con los de otras épocas, como los sesentas y setentas. En este sentido, aunque no se esté de acuerdo con las acciones de estos grupos, como efectivamente no lo estamos, esto no constituye óbice alguno para afirmar que el problema ni es tan grave como aducen el gobernador y el CSU, ni amerita el tratamiento policial y "antiterrorista" que se le quiere dar. Más aún: como las mismas directivas señalan, el uso de ese tipo de formas de lucha no beneficia en lo absoluto a los grupos que hacen uso constante de ellas, razón por la cual ni siquiera deberían molestarse las directivas o la gobernación por tales acciones, que de hecho, según ellos mismos sostienen en sus comunicados, sólo sirve para deslegitimar las causas y principios políticos de justicia social que dicen defender. Si aún así se pretenden aplicar políticas semicarcelarias, es por otro tipo de razones, que no tienen, o tienen muy poco que ver, con la existencia de "violencia" dentro del claustro universitario.

Por cierto que, para quienes conocen algo de historia del movimiento estudiantil, no es un secreto que, de hecho, los momentos más críticos de violencia por los que ha atravesado la universidad son aquellos en que el Estado y los grupos paramilitares han intervenido en la universidad, dejando como saldo centenares de estudiantes muertos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, allanados etc. Es casi una constante histórica el que, cuando la violencia ha arreciado fuertemente en la universidad pública colombiana, el actor fundamental de la misma ha sido el Estado y sus grupos paramilitares, sin negar por esto el papel que también les cabe a las organizaciones armadas de izquierda, pero sin que sea tan grave e importante como se quiere hacer creer a la sociedad desde las tribunas mediáticas masivas. Igual que en la vida social, el problema de la violencia en las universidades públicas es estructural, y compromete seriamente al Estado como promotor de la misma, particularmente como promotor del terror contra el movimiento estudiantil.

Si ahora resulta que la "violencia" se ha convertido en un problema que amenaza a la Universidad de Antioquia y a las públicas en general, esto en verdad se debe a una falsa propaganda, que pretende etiquetar a los estudiantes y a su asamblea general como promotores del "terrorismo" y demás falsedades de que gustan servirse los medios para mantener el estado de miedo psicológico dentro de la población. La violencia se ha convertido en el melodrama cotidiano de la sociedad colombiana y en particular de la clase media, por todas partes se azuza el miedo de la población para canalizar sus sentimientos y pasiones contra la oposición política y para avalar las anatematiza como "terroristas vestidos de civil", y a las víctimas les siembra un manto de duda bajo el lema manipulador según el cual "quien nada debe, nada teme". De esta manera ha movilizado el imaginario social contra los universitarios, y a las estudiantes mismos les ha inoculado una división falsa entre los "buenos", los que sólo estudian, y los "vándalos", quienes luchan por mejoras en la financiación y condiciones de funcionamiento de la universidad pública. Ahora el consejo académico pretende fungir como maestro de la moralidad y pureza políticas en los principios y acciones, velando maquiavélicamente el papel que le ha caracterizado en esta campaña de propaganda contra el movimiento estudiantil.

Repetimos nuevamente: no es que no exista un problema de "violencia" al interior de la Universidad de Antioquia. Pero ni es un problema tan serio como para justificar los métodos autoritarios que desde el Estado se quieren imponer, ni es un problema de ahora, sino que como expresión general de la crisis permanente de la sociedad colombiana, refleja la crítica situación de desigualdad social existente y progresiva en el país. Ciertamente que los grupos estudiantiles que hacen uso del tropel como método de lucha deberían revisar sus modalidades, en vistas a si se corresponden o no con la base social que pretenden ganarse en la población estudiantil, pues sin entrar a juzgar moralmente sus acciones, sí es claro que el sentimiento general de la comunidad universitaria no se corresponde con las formas de lucha que desarrollan cotidianamente. Pero ello no puede llevarnos a apologizar las medidas draconianas establecidas verticalmente por la administración de la universidad y la gobernación, sino a estos mismos grupos a elaborar una autocrítica de la que tienen muchísimas más cosas por ganar que por perder, en aras de los principios que defienden con convicción clara.

El problema de fondo: el modelo de investigación

Tras estas "razones" dadas por la administración para su avanzada represiva se esconden otros motivos non sanctos, móviles relacionados con la visión estratégica de desarrollo de la universidad, desarrollo que tiene como eje transversal la política de investigación cuyos pilares son la Sede de Investigación Universitaria (SIU), la regionalización  y el edificio de extensión. Sin desmeritar los problemas arriba señalados, es importante afirmar y argumentar el por qué aquellos no constituyen sino las consecuencias del motivo fundamental, cual es el modelo de universidad que se intenta implantar desde las directivas de la universidad, junto a una crítica del mismo según si cumple o no con la función social del Alma Mater.

No está demás anotar algunos aspectos estructurales del problema. El proceso de globalización neoliberal capitalista desplegado desde inicios de los años ochentas del siglo pasado ha supuesto, además de recortes drásticos en el gasto social por parte de los Estados (de los subdesarrollados y débiles, se entiende), un reforma de fondo en el concepto de universidad, a tono con los desarrollos técnicos y tecnológicos y sus aplicaciones industriales. La "revolución tecnológica", operada tanto en la industria como, paradigmáticamente, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), ha impreso una nueva modalidad de relaciones sociales y de fabricación de bienes y servicios. En particular, la ciencia y su aplicación tecnológica, que hasta esa época seguía siendo monopolizada en líneas generales por las instituciones de educación superior, a partir de ahora era también desarrolladas en gran escalas por compañías multinacionales, que comenzaron a fabricar enormes complejos científico tecnológicos, con investigadores de punta e ingentes inyecciones de capital, para aplicar la ciencia a los procesos productivos ligados a sus necesidades económicas. Buena prueba de esto lo constituye, sin duda, la puja por la decodificación del mapa genético, pero también aplicaciones en ámbitos como el farmacéutico y automotriz. Esto obligó a muchas instituciones de educación superior, universidades públicas y hasta privadas, a volcarse hacia una relación cada vez más estrecha con las empresas privadas nacionales y multinacionales, para desarrollar proyectos de investigación en ciencias aplicadas que les permitiesen a las empresas añadir valor agregado a sus productos, y a las universidades acceder a nuevas y cuantiosas sumas de capital.

Estos hechos sucedidos en el ámbito global no han sido ajenos a las universidades colombianas, y a las públicas, que más nos interesa. La desfinanciación progresiva de la educación superior, primero, la exigencia de la sociedad y de los gobiernos por ampliar la cobertura, segundo, y la necesidad de conseguir recursos que los Estados niegan y las universidades necesitan, tercero, constriñeron a estas a echar mano de la relación con las empresas privadas para acceder a unos recursos vitales e impostergables, si las instituciones superiores querían sobrevivir a los vientos del neoliberalismo y desarrollarse tanto como fuese posible. De esta manera, emergió el concepto de una nueva universidad, no centrada en la formación universal y humanística de los estudiantes, sino en la necesidad de investigación científico-tecnológica, aplicada a las exigencias del mercado y de la industria, que debía reformar sus programas para desarrollar "competencias básicas", niveles de formación elemental que le permitiesen a sus futuros profesionales insertarse en el mercado, hacer uso de las técnicas comunicativas e informarse continuamente, para adaptarse a las condiciones flexibles del mercado, flexibles porque los capitalistas han desregulado todas las condiciones de contratación laboral, porque la volatilidad del empleo exige una gama de conocimientos amplísimos para aspirar a sobrevivir en un mundo "libre", y que por lo mismo demanda una mayor maleabilidad al curso acelerado de desarrollo del capitalismo, una formación continuamente renovada, denominada eufemísticamente "educación para toda la vida", pero que significan en realidad, el derecho sacrosanto de los empresarios para usar y tirar a la basura a los profesionales una vez sus conocimientos sean absorbidos por la industria y sean superados por la misma.

Comenzó así a perfilarse el concepto de una nueva forma de financiación de la universidad pública, la "Universidad-Empresa-Estado", donde el Estado funge como regulador de la educación superior, esto es, delinea los parámetros de "calidad" de los programas, ejerce su papel de "control y vigilancia" (para los empresarios, se entiende) sobre las universidades, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, aumenta recursos para el sistema, que no son muchos y que siempre van acompañados de la exigencia de ampliación de cobertura y de racionalización del gasto. No queremos decir con esto que las universidades no deban ser evaluadas y que o deban certificar la calidad de sus programas, en lo absoluto. De hecho, una efectiva y pertinente evaluación estatal de la calidad de los programas e instituciones de educación superior serían muy útiles para frenar la oleada de emergencia de instituciones de garaje o "universitecas" que, como parásitos, viven a expensas de los deseos de una mejor formación por parte de jóvenes ingenuos que son timados con la complicidad, o al menos silencio, del Estado. Pero los parámetros de evaluación de la calidad y pertinencia de los programas de educación superior no sirven, ni remotamente, de instrumento mejorador de la calidad, pues la otra cara de la moneda, que consiste en la ampliación del personal docente con formación de postgrados y en condiciones económicas dignas, no ha recibido el (ningún) trato adecuado por parte del Estado, y las universidades, que por su sola cuenta deben financiar la formación de dicho personal, no cuentan con los recursos suficientes, por lo que echan mano de "profesores de cátedra", unos verdaderos parias intelectuales, obreros del saber que ganan menos del mínimo y laboran como asnos al servicio de universidades que los desangran como vampiros sedientos.

En este modelo de relación Universidad-Empresa-Estado, las universidades de países subdesarrollados como el nuestro crean grupos de investigación de ciencias aplicadas, no básicas (por ser estas costosísimas y demasiado "teoréticas"), focalizadas a generar resultados académicos y técnicos que tengan utilidades reales en el sector productivo. Por ejemplo, ninguna universidad del país estudia, ni planea estudiar, serpientes con el fin de prevenir enfermedades relacionadas con picaduras de las mismas, que son muy comunes en el Amazonas, por la simple razón que las comunidades que habitan dicha zona no tiene como sufragar los gastos de medicamentos. En cambio, aprovecharse de la biodiversidad de una zona como la del Chocó para desarrollar investigaciones aplicadas, que tengan resultados farmacéuticos susceptibles de transformarse en medicamentos onerosos que pueda pagar usuarios norteamericanos o europeos sí que es un negocio, y por lo mismo, dichas investigaciones reportan la más alta utilidad. No en vano las investigaciones más importantes que actualmente desarrolla la Universidad de Antioquia están abocadas, verbigracia, al sector de los biocombustibles, no todas ellas pensadas desde un punto de vista medioambiental, pues "negocios son negocios"; igualmente, otras investigaciones importantes se hallan relacionadas con campos como la biofísica, la medicina, el sector agroexportador y demás, todas ellas con potenciales aplicaciones industriales, que generen valor añadido a los productos facturados y comercializados por la burguesía, y que por lo tanto sean económicamente útiles para el autosostenimiento de las universidades. Por supuesto, en este ranking velado de investigaciones "útiles" (hablando en términos de costo-beneficio econométrico), las investigaciones en ciencias sociales se hallan abajo, muy abajo, en los últimos escalones del edificio, colindando con los zócalos de la educación.

El pretendido "paradigma" de la universidad investigativa contempla, entonces la  aplicación técnica y tecnológica del conocimiento básico, con fines industriales (innovación), y diseño de productos industriales y comerciales con valor agregado, que les permita a las empresas una mayor competitividad en el mercado cada vez mas abierto. Para ello, las universidades vienen realizando una serie de reformas estructurales: creación de centros de investigación en ciencias aplicadas, contratación (muy exigua, la verdad) de docente con postgrados (maestrías y doctorados), enfocar las tesis de dichos postgrados en aplicaciones tecnológicas, reforma de los programas, inserción de estudiantes avanzados (estudiantes investigadores) en posproyectos, sin salarios los más (80%), otros con un salario irrisorio (200.000)....

Es  este contexto de ataque, privatización y sometimiento de la educación, y en particular de la universidad pública (que no es exclusivo de la sociedad colombiana sino que forma parte de un proceso general que se está dando bajo el capitalismo -consenso de Washington, plan Bolonia,- pero que obliga a una burguesía débil y parásita como la colombiana a extremar sus medidas e incrementar el ritmo de privatización de la universidad pública) el que explica medidas como el TIP, la militarización de la UdeA y la ofensiva actual de los sectores reaccionarios de la Universidad (en Antioquia y en todo el país)  contra el movimiento estudiantil y profesoral de izquierda y en general contra todos aquellos a los que ven como un obstáculo para llevar adelante sus planes.

Como veremos en próximos artículos y ya hemos planteado en anteriores trabajos desde la CMR colombiana, la resistencia contra estos planes pasa obligadamente por la necesidad de conformar un frente unitario entre los colectivos estudiantiles de izquierda y dotarnos de un programa alternativo para la universidad y un plan y métodos de lucha que deje a un lado el voluntarismo, las acciones desesperadas y violentas de pequeños grupos de vanguardia  (que son utilizadas por nuestros propios enemigos para intentar criminalizar, aislar y dividir al movimiento estudiantil) y nos permita movilizar masivamente a los estudiantes y ganar el apoyo mayoritario de los profesores (que también sufren las consecuencias de estas políticas) y junto a ellos del movimiento obrero y popular (sindicatos, Minga, asociaciones vecinales y de derechos humanos,...) y la gran mayoría de la sociedad, que también está sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales y siente como un punto sensible el deterioro de la educación pública. Ello  exige vincular la lucha por la defensa de la universidad pública con la lucha contra la privatización de los servicios sociales, la defensa de salud pública, por las mejoras salariales, el incremento de los gastos sociales, la construcción de viviendas para los sectores sociales más desfavorecidos y por la mejora  de las infraestructuras y las condiciones de vida en los barrios obreros y populares...