El escenario laboral para los jóvenes y trabajadores mexicanos se recrudece, los salarios siguen disminuyendo en relación con el precio de los productos de la canasta básica y hoy las familias mexicanas adquieren hasta un 40% menos alimentos que al inicio del gobierno de Felipe Calderón; si agregamos las violaciones a los contratos laborales, los despidos injustificados, las masas de desempleados a causa de las quiebras y las políticas anti obreras del gobierno del PAN, lo que tenemos es un futuro de mayor miseria y explotación.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el segundo trimestre de 2010 existían 2.485.000 trabajadores desocupados, un incremento del 164% desde 2000. La población entre 14 y 29 años representa el 53% de los desocupados, el 49% de pérdida de empleos y un tercio de los informales. El desempleo de los jóvenes entre 18 y 28 años en el Distrito Federal representa el 70%. La juventud definitivamente es un sector de la sociedad en franca marginación.
Ahora el gobierno mexicano lanza una nueva ofensiva: el Contrato de Primer Empleo (CPE), orientado a precarizar las condiciones laborales de los jóvenes, ofreciendo empleos de los que te pueden despedir a partir de los 18 meses, e incentiva al empresario deduciendo hasta el 40% el pago a la seguridad social, monto que será absorbido por el gasto público; una treta más para cargarnos la crisis a los trabajadores.
Crisis alimentaria
Durante 2010 el kilo de tortilla aumentó un 66%, y 2011 se ha estrenado con un nuevo aumento. ¡Todo ello bajo la amenaza del aumento a la canasta básica de hasta un 80%! El gobierno de Calderón está llevando a México a una verdadera crisis alimentaria. En lo que lleva gobernando se ha encarecido la canasta básica en un 115% (La Jornada, 13/01/11), como consecuencia de un aumento ininterrumpido de los precios energéticos, sobre todo la gasolina, que acumula un alza de 26,5% desde enero de 2009. Unido a esto ha desaparecido prácticamente el subsidio al diesel agropecuario, elevando el costo de producción de los alimentos y, por tanto, los precios al consumidor.
La actual crisis de la tortilla y el campo no sólo se explica por la nefasta política de Calderón sino también por el enorme poderío que han alcanzado los monopolios sobre el mercado del maíz dejando a millones de productores en la ruina. Los grandes monopolios se han apoderado del 84,7% del mercado del maíz. Empresas como Maseca-Gruma o Minsa han acaparado el grano hasta alcanzar un millón de toneladas guardadas en los almacenes y, ante la perspectiva de menor producción por el cambio climático, la alta demanda del maíz como materia prima para extraer etanol y la demanda creciente de países como China, los especuladores siguen subiendo el precio del maíz, en realidad la enorme riqueza que ostentan estas empresas viene justamente de arruinar al campo mexicano, es decir, estos empresarios deciden si comemos o no y cuánto hay que pagar para ello.
Debemos luchar
Los trabajadores y campesinos tenemos la fuerza para derrocar a Calderón, por un lado tenemos la fuerza numérica: el 70% de la población ocupada trabaja como asalariada y el 19,7% trabaja de manera independiente como campesino o micro comerciante y ¡sólo un 3% son patrones o empleadores! Por ello debemos de luchar por un programa revolucionario que demande, entre otros puntos:
1.- Confiscación inmediata de todo el maíz en manos de especuladores y acaparadores.
2.- Restablecimiento inmediato del subsidio para la tortilla. Control de precios para todos los productos básicos.
3.- Escala móvil precios-salarios. Si suben los precios, los salarios deberán aumentar en esa misma proporción. Aumento salarial de emergencia del 100%.
4.- Incremento significativo del presupuesto para el campo.
5.- Eliminación de intermediarios y especuladores para la comercialización de los productos del campo. Creación de un sistema de comercialización y distribución de los productos del campo administrado directamente por los campesinos pobres y los trabajadores de las ciudades, con recursos suficientes provenientes del Estado.
6.- Precios de garantía para los productos de campo subsidiados por el Estado. Creación de un programa subsidiado por el Estado para la tecnificación del campo y la ampliación de los sistemas de riego.
7.- Confiscación de todos los latifundios y su distribución colectiva entre campesinos sin tierra. Nacionalización sin indemnización de Maseca, Minsa y demás empresas de alimentos, hambreadoras del pueblo, poniéndolas bajo el control democrático de los trabajadores.
8.- Cancelación inmediata del Tratado de Libre Comercio.