No es la primera vez que mandatarios políticos o dirigentes de las “altas finanzas” hacen declaraciones de este tipo poco antes de que las contradicciones acumuladas tras la fachada de “prosperidad” se manifiesten en toda su crudeza, haciendo que todo salte por los aires. Esto es lo que está ocurriendo en Argentina.
En 2009 la economía del país sufrió un brusco parón, para retomar la senda del crecimiento en 2010 y 2011. Pero en 2012, el ciclo cambió, parece que decisivamente. Ese año el crecimiento fue de un exiguo 1,9% y aunque en 2013 todavía, en términos interanuales, creció un 1,4%, el último trimestre reflejó una caída del 0,4%, que se profundizó en el primer trimestre de 2014 con un -0,8%, con lo que el país se encuentra oficialmente en recesión.
Esta es la base que vuelve a colocar a Argentina en el ojo del huracán de la inestabilidad económica, social y política que recorre todo el mundo. En este contexto, los males endémicos de la economía argentina retornan a la superficie amenazando con arrasarlo todo a su paso. El gobierno devaluó el peso argentino en enero pasado (lo que a su vez supuso una fuerte sacudida para la estabilidad monetaria internacional), han vuelto las tensiones inflacionistas, la reserva de divisas disminuye a grandes zancadas (de 54.000 millones de dólares a 27.000 en tres años), etc. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, vuelve a irrumpir con fuerza uno de los principales demonios que han llevado periódicamente a la economía Argentina al borde del colapso: la deuda pública.
Fondos buitres en acción
Después de la crisis de 2001, Argentina reestructuró la deuda pública con el 93% de los acreedores, estos aceptaron una quita, en dos canjes en 2005 y 2010. El 7% restante no aceptó el acuerdo y encabezados por el fondo NML Capital, reclamaron la totalidad del valor de los títulos. El asunto se judicializó y en 2012 y 2013 dos cortes distintas de Nueva York dieron la razón a estos fondos especulativos (fondos buitres que compraron esos valores cuando Argentina estaba en suspensión de pagos con altos intereses sobre ellos), determinando que el gobierno tenía que pagar la totalidad del dinero que estos reclamaban. Argentina apeló a la corte suprema de EEUU, pero esta apelación ha sido rechazada y el país sudamericano debe pagar en efectivo 1.330 millones de dólares provenientes de la moratoria declarada en 2001, si una desesperada negociación no lo impide.
El pasado 25 de junio el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, pidió a los delegados del G77 más China, reunidos en la sede de Naciones Unidas, la suspensión de esta sentencia ya que, de aplicarse, colocaría a Argentina al borde de la suspensión de pagos y ante el estallido de “una crisis económica similar a la del 2001”. El problema no es tanto que Argentina no pueda abonar los 1.330 millones, sino el hecho de que mientras no lo haga tampoco puede materializar el pago en los términos acordados con el resto de acreedores, ya que el dinero podría ser embargado. La cosa se complica porque si, para desbloquear la situación, el gobierno argentino llegara a un acuerdo con los fondos buitres más favorable que con el resto, estos podrían reclamar las mismas condiciones, rompiendo el acuerdo previo de reestructuración.
Independientemente de la carga dramática que las declaraciones de Kicillof puedan tener y que, en parte, hayan sido pronunciadas con vistas a presionar en las negociaciones que acaban de iniciar con los fondos buitres, lo cierto es que, por un lado, presentan un escenario bastante posible y, por otro, muestran claramente que la relativa estabilidad económica sobre la que primero Néstor Kirchner y después su esposa Cristina Fernández de Kirchner, cimentaron la relativa estabilidad política que ha vivido el país durante casi una década, está derrumbándose.
Esa estabilidad económica, permitió a los distintos gobiernos de kirchnerismo, aplicar políticas que incluían mejoras en las condiciones de vida de sectores de las masas, lo que sumado, entre otros gestos, a los pasos dados para que los responsables de la dictadura argentina pagaran por sus crímenes, les granjeó un importante apoyo entre sectores de las masas y el rechazo histérico de los más reaccionarios. Estos últimos organizaron movilizaciones, algunas importantes como las celebradas en 2013 contra la reforma judicial promovida por el gobierno, quien al final ha podido resistir debido precisamente al apoyo que le han venido dispensando sectores de las masas.
En numerosas ocasiones hemos insistidos desde estas páginas en la extrema inestabilidad que impera en la mayoría de los países al sur de Río Grande, Argentina ha tomado la senda que la incorpora decisivamente a este grupo de naciones cada vez más numeroso. Las condiciones están dadas para un potente resurgir de la lucha de clases en Argentina, país en el que se están preparando grandes acontecimientos.
