En 2015 el Partido Socialista portugués (PS) perdió las elecciones contra una muy desgastada coalición de derechas —Partido Socialdemócrata y Partido Popular—, que perdió votos y no pudo lograr mayoría en el parlamento. Sin embargo, el conjunto del voto a las formaciones de la izquierda sí obtuvo la mayoría.
Para formar Gobierno el PS tenía que negociar. Pero el colapso del PASOK griego quedaba fresco en la memoria. Para evitar el mismo destino, el PS, dirigido por Antonio Costa, abrió el diálogo con el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloco de Esquerdas (BE). Absortos con la posibilidad de conseguir cargos y favores, los dirigentes de la izquierda negociaron por separado y a puerta cerrada, desmovilizando a los trabajadores y a la juventud. A cambio de nada, el PS pudo darse un tinte de izquierdas al mismo tiempo que obtenía de estos dirigentes la garantía de mantener la paz social. Esto coincidió además con un período de cierta recuperación de la economía que permitió mayor estabilidad.
Hoy se señala al Gobierno de Costa como ejemplo de que con una buena gestión del capitalismo se pueden mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Pero las lecciones que arroja la experiencia portuguesa son precisamente lo contrario.
Salarios miserables, crisis de la vivienda y desempleo
Una de las medidas más aplaudidas es la subida del salario mínimo de 505 a 600 euros en cuatro años. Pero la subida es sólo nominal. El salario real —es decir, en relación con el coste de vida— descendió: hoy es un 0,2% más bajo a nivel nacional.
En Oporto y Lisboa, principales ciudades, esta disminución es más pronunciada debido a que los alquileres se han disparado. La liberalización del mercado inmobiliario, aprobada por el anterior Gobierno, quedó intacta, y edificios enteros de Lisboa se convirtieron en negocios de “alquiler vacacional”. Decenas de miles de trabajadores y pensionistas han sido expulsados de sus casas para acoger a los turistas. Sólo en 2018, la subida de los alquileres fue del 11%, siendo de más del 20% en Lisboa y Oporto. Ante esto el PS, el PCP y el BE, cada uno reclamando el mérito para sí mismo, celebran la existencia de algunos cientos de viviendas sociales con “alquileres accesibles” a partir de 600 euros para un estudio. Pero, ¿qué tipo de alquileres sociales son esos? ¡600 euros equivalen al salario mínimo!
El Gobierno también presume de crecimiento económico, que alcanzó su récord, 2,8%, en 2017. El crecimiento se debe esencialmente a la expansión del turismo —sostenido sobre salarios miserables, precariedad y horas extraordinarias no pagadas— y la especulación inmobiliaria, basada en los beneficios fiscales ofrecidos para atraer inversiones de capitalistas extranjeros.
Esto ha hecho posible otro de los grandes “éxitos”: la reducción del desempleo. En 2015, descendía hasta el 12,4% y a finales de 2018 era del 7%, con una tasa oficial de desempleo juvenil que pasó del 28% al 20%.
Hay que decir que la situación sigue siendo terrible, especialmente para los jóvenes. Ha habido un aumento brutal del número de trabajadores que sólo percibe el salario mínimo, 1.245.000 a finales del año pasado. Pero, sobre todo, hay que señalar que los datos oficiales son ingeniería estadística: no incluyen los subempleados —quienes no tienen empleo a tiempo completo—, ni a los “desalentados” —aquellos que no buscan empleo en las tres semanas anteriores a la encuesta— ni a los “indisponibles” —personas que no trabajan porque necesitan, por ejemplo, cuidar a familiares enfermos—. Una investigación del Instituto Universitario de Lisboa señalaba que la tasa de desempleo real era del 17,5% a finales de 2017, muy lejos de la cifra oficial del 8,9%.
La decadencia del Estado Social
Otra gran mentira repetida hasta la saciedad es que ha aumentado la inversión pública. Las últimas previsiones la sitúan en el 2,3% del PIB, y de esta manera dicen que superará los valores del anterior Gobierno. La realidad es que Portugal ha retrocedido en inversión pública a niveles de los años 80.
Los hospitales públicos carecen de camas y enfermeros; las escuelas sufren la falta de profesores y de calefacción, tienen humedades y tejados podridos; los transportes funcionan irregularmente y con accidentes; las carreteras más antiguas se derrumban por falta de mantenimiento y los bosques arden cada verano. El país está en una situación de colapso.
Esto es lo que explica que 2019 comenzara con la mayor oleada de huelgas desde la Revolución de los claveles. Las exigencias: salarios más altos, el fin de la precariedad o la progresión de las carreras: operadores de caja de supermercado, bomberos, profesores, enfermeros y trabajadores hospitalarios, estibadores, maquinistas de tren, conductores de camiones... Es clara la disposición combativa de la clase trabajadora y cómo busca herramientas de lucha. Tanto es así que sólo en los dos últimos años se han creado 24 nuevos sindicatos, reflejando la búsqueda instintiva de los trabajadores de una alternativa a la política sindical de conciliación con la patronal llevada a cabo por la principal central sindical, la CGTP. Este proceso de radicalización y de búsqueda de un sindicalismo de combate, de clase y democrático, se está dando en el interior de la CGTP, reflejando cómo la lucha para los trabajadores se ha tornado en una necesidad. Y la juventud acompaña al movimiento obrero en este proceso. Así lo hemos visto en las movilizaciones contra la violencia machista, contra el racismo o contra la destrucción del medio ambiente.
Los trabajadores y la juventud se alzan para luchar
Frente a esto, el Gobierno acude a los patrones, rompe los piquetes de huelga con la represión policial, utiliza mecanismos legales para prohibir las huelgas de los enfermeros y de los conductores de materias peligrosas, mantiene policías fascistas en libertad incluso después de probarse que secuestraron y torturaron jóvenes, y dispara balas de caucho sobre los jóvenes negros que protestan contra la brutalidad policial. Mientras tanto, los dirigentes del Bloco y del PCP critican las huelgas y enmascaran actos de represión como excesos de policías individuales. Pero los trabajadores y la juventud mantienen la lucha.
La experiencia portuguesa arroja mucha luz sobre la situación general. Ningún avance para la clase obrera se logrará a través de la aritmética parlamentaria, con negociadores “hábiles”, ni con acuerdos en los despachos. Y ahora, cuando la socialdemocracia en el Estado español se prepara para aplicar la receta portuguesa, es más importante señalar lo que realmente significa: la mentira y la miseria.
Sólo la lucha de los trabajadores y de la juventud con un programa socialista, en las calles, en los barrios, en las empresas y escuelas, puede transformar la realidad, conquistar una vida digna, garantizar salud y educación públicas y el acceso a una vivienda digna. ¡Confiemos sólo en nuestras propias fuerzas!
