El pasado 21 de Julio, tras un largo período de desacuerdos, la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre el segundo plan de rescate a Grecia. En este artículo no comentaremos las grandes conmociones financieras que siguieron a este acuerdo, sino que vamos a centrarnos en uno de sus puntos, que fue resaltado de una forma muy especial por la prensa económica, y que se refiere a la participación privada en el rescate. ¡¡Al fin, nos contaban los voceros de la burguesía, los causantes de la crisis tendrán que admitir sacrificios!!

Efectivamente, la Cumbre decidió un sistema de sustitución de la deuda griega actual por unas nuevas emisiones con mayores plazos de vencimiento y unos intereses menores, que suponen, por término medio, una pérdida para los acreedores privados del 21% de su inversión, lo que equivale a unos 135.000 millones de euros en el período 2011-2020.

Pero la realidad es muy distinta de lo proclamado. La deuda pública griega suscrita en su día principalmente por bancos alemanes y franceses y por fondos de inversión de todo el mundo, ha venido sufriendo una constante pérdida de valor en los mercados secundarios desde el inicio de la crisis, de modo que el acuerdo europeo está muy lejos de ser un sacrificio para la burguesía.

¿Cómo funciona el mercado de la deuda pública?

La deuda pública, a pesar de que se encuadra en la denominada “renta fija”, sufre oscilaciones de su valor similares a las de las acciones u otros títulos denominados como “renta variable”. Para asegurarse de que la deuda pública proporciona un interés fijo no hay más remedio que mantenerla en la cartera de su poseedor hasta su fecha de vencimiento (1, 5 y 10 años son los períodos más habituales, aunque también hay emisiones a tres meses o 50 años).

Pero las entidades financieras no pueden permitirse mantener inmovilizado su dinero durante períodos tan largos. Precisamente hacen sus ganancias operando constantemente con todo tipo de títulos. Así, la deuda pública suscrita por las entidades financieras en las emisiones realizadas por los Estados (el llamado mercado primario) se vende y compra numerosas veces a lo largo del día en los llamados mercados secundarios.

En condiciones de normalidad económica, el precio de un título de renta fija en el mercado secundario oscila en función de las variaciones en el tipo de interés vigentes y en el tiempo que falta para su vencimiento.

Por ejemplo, un título público de 100 €, con vencimiento a un año y un interés del 10% (es decir, que el inversor pagaría 100 € y un año después recibiría 110), a los seis meses de su emisión, y suponiendo que los tipos medios de interés no hubieran variado, valdría en el mercado secundario alrededor de 105 €.

Si los tipos de interés hubiesen bajado, el precio de este título subiría, ya que está asegurando una rentabilidad mayor que la de las nuevas emisiones. Y viceversa, si los tipos de interés hubiesen subido (por ejemplo al 120% como es el caso de la deuda griega) los precios bajarían, ya que nadie querría comprar un título que renta un 10% pudiendo comprar uno que renta el 120%, salvo que el dueño del título ofreciese un fuerte descuento sobre su valor nominal. De esta forma, es posible que un título de 100 € se venda por 50 €, o incluso menos. En este caso, el nuevo comprador del título habría obtenido una rentabilidad de al menos un 120%, ya que por 50 € acabaría recibiendo 110.

Como es obvio, estas oscilaciones del precio de un título de renta fija se agudizarían si los inversores sospechasen la posibilidad de una suspensión de pagos y/o una reestructuración de la deuda. Si los inversores diesen por hecho que el poseedor del título de 100 € va a acabar recibiendo sólo 40 o 50 € en lugar de los 110 previstos, el precio del título se hundiría. Y esto es exactamente lo que ha pasado con la deuda griega.

¿Cuanto nos va a costar la “aportación” del sector privado?

Los bancos y entidades financieras saben que es materialmente imposible que Grecia pague toda su deuda pública. Los intereses acumulados (el llamado “servicio de la deuda”) suponen ahora mismo al menos un 5,7% del PIB griego de los próximos 25 años, y crecen a tal velocidad que los Presupuestos del Estado griego no podrán hacerles frente en un futuro no muy lejano. Antes o después, será inevitable la suspensión de pagos, y en consecuencia los precios de la deuda griega han caído drásticamente.

La magnitud de esta caída es diversa, dependiendo de la fecha de vencimiento y el tipo de interés de cada emisión, pero en estos momentos se sitúa entre un 40 y un 60% del valor nominal de los títulos.

Vemos así que el acuerdo de participación del sector privado en la quita de la deuda griega es todo lo contrario de lo anunciado. Lejos de ser un sacrificio para las entidades financieras es en realidad un seguro contra las pérdidas, que garantiza que con dinero público (el del Banco Central Europeo o de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) se van a limitar las pérdidas de la banca a sólo el 21% de su inversión.

No sabemos cuando se produciría la suspensión de pagos griega, pero suponiendo que en ese momento la quita se limitase a un 50% del valor nominal de la deuda (que es un cálculo muy optimista), los ciudadanos europeos deberíamos hacernos cargo de una factura de alrededor de 192.000 millones de euros, que habría que acumular a los 450.000 millones que se han dedicado ya a recomprar a la banca títulos de deuda pública a un precio muy favorable para sus intereses.

Una vez más, los acuerdos de la Unión Europea ponen de manifiesto el futuro que nos aguarda a los trabajadores bajo este sistema capitalista: miseria y opresión generalizadas.