"Para que la democracia se consolide con éxito en todo el mundo musulmán, especialmente en los países árabes, es vital alentar el modelo turco". Hace catorce años, estas fueron las palabras de The economist, para defender el modelo de su querido Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Hoy en día, esta revista pro-capitalista critica de manera reiterada a Erdogan como un autoproclamado sultán, que conduce a su país a la ruina. Esto resume la actitud hipócrita de la clase dominante occidental con respecto al régimen turco, anteriormente ejemplo de apertura democrática y de libre mercado próspero.
Tras haber sido un gobernante relativamente controlado en el pasado, Erdogan se ha convertido en algo impredecible que molesta una y otra vez los intereses de las potencias occidentales. Una represión estatal monumental se desencadenó después del fallido golpe militar contra su gobierno en el verano de 2016. El crecimiento económico del país, todavía importante sobre el papel, oculta la creciente insatisfacción de la clase trabajadora. Las esperanzas de una resolución por la vía pacífica de la cuestión nacional kurda se han visto frustradas por la reanudación de la intervención militar del ejército turco, que ahora se ha expandido por el noroeste de la actual Siria.
¿Una economía fuerte?
Financiado a través de una fuerte inversión de capitales extranjeros desde 2001, el boom económico de Turquía ha sido el motor del mantenimiento en el poder del AKP. Aprovechando este crecimiento, la decepción de los trabajadores y la juventud con las vetustas instituciones políticas y militares, y las creencias islámicas de los sectores más religiosos, el AKP obtuvo una importante base de apoyo electoral.
Actualmente, y aunque el régimen aún posee algunas reservas sociales, la valoración popular de Erdogan se encuentra en una espiral claramente descendente, especialmente en la clase trabajadora y entre los votantes más jóvenes. Esto se ejemplificó muy claramente durante el referéndum de abril del pasado año. El objetivo fue consolidar el control personal del presidente. El régimen se vio obligado a manipular el voto para obtener la mayoría necesaria, porque el sí obtuvo una puntuación muy inferior a las expectativas oficiales, particularmente en las ciudades.
La precarización masiva del trabajo, las privatizaciones a ultranza y las profundas desigualdades han socavado el mito del boom económico turco. Según una encuesta realizada en enero por la empresa de investigación Ipsos, el 54% de los trabajadores en Turquía dicen que están "luchando para llegar a fin de mes". La inflación ha alcanzado los dos dígitos (12%), afectando a los salarios, y el desempleo está aumentando, especialmente entre los jóvenes. Hasta 400 trabajadores murieron en la construcción de un megaaeropuerto en Estambul: un ejemplo de que los proyectos de construcción multimillonarios que el gobierno ha estimulado, que han sido una fuente de ganancias para los promotores inmobiliarios cercanos al régimen, se han llevado a cabo con absoluto desprecio por la vida de los trabajadores.
En el último trimestre de 2017, Turquía registró un crecimiento económico del 11%, mayor que cualquiera de las veinte economías más importantes del mundo. Después de un importante revés el año anterior, este rebote económico es utilizado por los voceros del régimen como confirmación del éxito económico del AKP. Pero el reciente crecimiento se ha sostenido principalmente en una inyección masiva de crédito patrocinado por el Estado, ya que Erdogan se está preparando para las elecciones presidenciales y parlamentarias de junio de 2018 (de hecho, estaban previstas para noviembre de 2019, pero las ha adelantado para anticiparse a que las débiles bases del crecimiento económico se desmoronen). Un consultor de negocios en Estambul comentó el año pasado: "Los votantes se sienten muy decepcionados con las purgas y las medidas represivas. Erdogan sólo puede mantener el sistema estable bombeando el dinero suficiente para mantener el crecimiento alto, por lo que no va a pisar el freno".
Represión masiva
El intento de golpe contra Erdogan en julio de 2016 proporcionó un trampolín para el incremento de purgas y detenciones. En ese momento, el CIT y su sección en Turquía, Sosyalist Alternatif, anticiparon que el golpe abortado sería seguido por un contragolpe radical por parte de Erdogan y sus partidarios.
Desde entonces, se ha mantenido el estado de emergencia en todo el país, que reprime sistemáticamente toda disidencia. La represión estatal ha sido complementada por milicias armadas pro-AKP, como las Fuerzas Especiales del Pueblo. Sus actividades de vigilancia recibieron un cheque en blanco legal a través de un decreto gubernamental en diciembre, estableciendo su apoyo a las fuerzas regulares del estado para llevar a cabo el trabajo sucio contra los oponentes del gobierno.
El partido de la oposición más izquierdista, el HDP (Partido Democrático del Pueblo) está debilitado. Nueve de los diputados del partido han sido despojados de su estatus parlamentario y muchos de sus líderes, miembros y seguidores han sido reprimidos y encarcelados. En total, alrededor de 150.000 oponentes (presuntos o reales) del gobierno han sido despedidos de sus trabajos y unas 55.000 han sido arrestados en los últimos 20 meses. Decenas de periodistas están entre rejas después de las purgas del gobierno en los medios de comunicación. También se han cerrado cientos de revistas, periódicos y emisoras de radio, dejando a los medios de comunicación propiedad de magnates pro régimen como los únicos medios permitidos. El miedo se ha instalado en grandes sectores de la sociedad, como resultado de esta represión a gran escala. Sin embargo, estas medidas represivas no ofrecen ninguna garantía para la estabilidad política a largo plazo del régimen.
El verano pasado, a pesar del estado de emergencia, un millón de personas se manifestaron en Estambul en la Marcha por la Justicia contra el gobierno de Erdogan, respondiendo a una iniciativa del partido de oposición kemalista CHP (Partido Popular Republicano, que representa el ala tradicional secularista de la clase dominante turca). Esta respuesta no significa un apoyo masivo al CHP. Más bien indica que cualquier incidente en la situación política del país puede dar al pasivo, pero creciente, resentimiento hacia el régimen un carácter mucho más activo.
En la actualidad, muchos trabajadores y jóvenes se mantienen en aparente calma. Pero esto no va a durar siempre, y no afecta a otros sectores. Las grandes manifestaciones celebradas el Día Internacional de la Mujer, con consignas como "No nos callamos, no tenemos miedo, no somos obedientes", han dado una respuesta vigorosa a la mentira tan repetida de un gobierno todopoderoso e incontestable. Es importante reseñar también que el movimiento obrero será una fuerza a tener muy en cuenta, como ha confirmado recientemente.
Los trabajadores del metal desafían al gobierno
En julio del año pasado, Erdogan dejó claro a los inversores extranjeros que el estado de emergencia es una herramienta potente para silenciar a los trabajadores: "Hemos promulgado el estado de emergencia para que nuestra comunidad empresarial pueda trabajar cómodamente". Una prueba práctica de esto llegó en enero cuando 130.000 trabajadores metalúrgicos amenazaron con ir a la huelga en 180 centros de trabajo por todo el país. La huelga, programada para el 2 de febrero, fue prohibida por el gobierno por ser "perjudicial para la seguridad nacional".
Los sindicatos decidieron, correctamente, desafiar al gobierno, al negarse a aceptar la prohibición de huelga. La postura decidida de los trabajadores metalúrgicos obligó a la patronal, que inicialmente había prometido un insuficiente aumento salarial del 3,2%, a conceder un aumento del 24,6% en los salarios y de un 23% en las cotizaciones sociales. Este ejemplo muestra hasta qué punto una postura de lucha por parte de los líderes sindicales puede significar una diferencia sustancial para desestabilizar el equilibrio de fuerzas, aparentemente favorable a la clase capitalista.
En el oscuro túnel de dos años de represión ininterrumpida, este conflicto ganado adquiere aún mayor importancia, porque señala el potencial de futuros estallidos entre los trabajadores. Reprimir el creciente descontento social fue precisamente la principal razón para que el régimen pusiera al país de nuevo en estado de guerra, azuzando el chovinismo turco y volviendo a golpear a los kurdos.
Nueva guerra contra los kurdos
Más allá del uso de la fuerza bruta estatal, Erdogan ha visto reducida su influencia y la de su camarilla en el poder político y económico, en los últimos años, lo que le ha llevado a utilizar diversos medios para reforzar su apoyo: avivar las brasas del nacionalismo y estimular la intolerancia hacia las minorías, presionando hacia la islamización de las prácticas culturales y sociales, reforzando la opresión de las mujeres, glorificando la herencia del imperio otomano, luchando por aumentar el poder del país en toda la región e intensificando la batalla retórica contra el imperialismo occidental e Israel.
Una parte central de esta estrategia ha sido una política de tierra quemada contra la minoría kurda, realizada desde 2015, cuando se produjo el primer avance electoral del HDP pro-kurdo. En ese momento, el HDP planteó aunque fuera tímidamente cuestiones de clase y sociales, lo que impulsó un giro a la izquierda de una nueva generación y mostró el potencial para tender puentes entre comunidades enfrentadas. Evitar estos puentes se convirtió en la obsesión del régimen, junto con aplastar el movimiento kurdo en la vecina Siria. Éste ha construido allí sus propias instituciones, desde 2013, y es un ejemplo alentador para la propia comunidad kurda de Turquía, deseosa de romper los grilletes de la opresión nacional.
Todas estas consideraciones incitaron a Erdogan a lanzar el 20 de enero la Operación Rama de Olivo, la invasión de Afrin, uno de los tres cantones autogobernados y predominantemente kurdos en el noroeste de Siria (o Rojava). De tener éxito, esta incursión militar podría también proporcionarle una plataforma territorial para aumentar el peso de Turquía en el tablero de ajedrez de Siria, satisfaciendo las ambiciones neo-otomanas de Erdogan de expandir la influencia geopolítica de su país por Oriente Próximo y Medio.
El ejército turco en Afrin ya ha matado a cientos de personas y obligado a decenas de miles a huir. Sobre el terreno, está respaldado por combatientes sunitas del Ejército Libre Sirio y del Frente al-Nusra y por otros mercenarios yihadistas; el régimen teme que las muertes de soldados turcos mellaran el apoyo a la guerra que actualmente prevalece entre los turcos étnicos.
Considerando la absoluta oposición de la población turca al imperialismo occidental, la estrecha cooperación entre los líderes de la Administración de Rojava y el gobierno de Estados Unidos, inicialmente forjada en su batalla común contra el ISIS, desafortunadamente ha dado cierto crédito a la fachada antiimperialista con la que Erdogan ha estado últimamente tratando de vestir a su régimen. Por otra parte, la excesiva dependencia, por parte de los kurdos de Rojava, de los ataques aéreos estadounidenses en apoyo a sus combatientes no les ha preparado para la situación actual, en la que el poder aéreo de Estados Unidos está ausente y los milicianos de las YPG (Unidades de Protección del Pueblo, las milicias defensoras de Rojava) sólo cuentan con sus propias fuerzas. La Casa Blanca, al igual que los gobiernos europeos, ha protestado retóricamente por la ofensiva de Afrin, pero no ha movido un solo dedo por evitarla. No pueden arriesgar sus relaciones con Turquía, que podría entregar el poder de la OTAN en la región a manos de la Rusia de Putin.
Estos factores, frente al poder aéreo masivo del ejército turco, explican en parte por qué el centro de la ciudad de Afrin parece haber sido tomado por las fuerzas respaldadas por Turquía con relativa facilidad, el 18 de marzo.
En la zona kurda del sudeste de Turquía no ha habido una reacción significativa en la calle contra esa invasión, en contraste con las protestas masivas y enfrentamientos que tuvieron lugar cuando el ataque del ISIS a Kobane en 2014. Esto es debido al temor a la represión estatal y al estado de desesperación que predomina en la población kurda de esa zona, que aún está digiriendo las desgarradoras consecuencias de la brutal intervención militar llevada a cabo allí por el ejército del régimen en 2015-16.
El movimiento obrero internacional debe oponerse firmemente al ataque y a la ocupación de Afrin por el régimen turco y defender el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación. La política de guerra del régimen implica enormes costes para los trabajadores y pobres, no sólo por el hecho de que tales aventuras militares están cargadas financieramente sobre los hombros de los contribuyentes turcos.
Las ciudades fronterizas de Turquía con Rojava han sido blanco de los misiles de represalia del YPG, que han provocado muerte de civiles. La Operación Rama de Olivo arroja sal sobre la herida abierta de las divisiones étnicas del país, y da un pretexto para más medidas antidemocráticas que ayuden al poder político y económico a amordazar a la clase obrera aún más. En enero, once miembros del Consejo Central de la Asociación Médica Turca, acusados de "amantes de los terroristas", fueron detenidos por una declaración contraria a la guerra titulada La guerra es una cuestión de salud pública. Unas seiscientas órdenes de arresto se han emitido contra personas que se oponen a la invasión de Afrin en las redes sociales. En efecto, la guerra externa se usa para reforzar la guerra interna.
El Buen Partido y la necesidad de una alternativa de clase
Las decisiones impulsivas de Erdogan en materia de política exterior y su forma de gobierno cada vez más megalomaníaca han creado inquietud en sectores de la clase capitalista, tanto en Turquía como a nivel internacional. Por supuesto, nunca tuvieron ningún problema con el compromiso del AKP con el neoliberalismo, ni con la represión sangrienta de la maquinaria estatal turca, al menos mientras sea eficiente para mantener a las masas bajo control y dirigida a obtener ganancias. Pero ahora algunos temen que la sucesión de acciones del presidente-dictador pueda llevar al país al borde de la explosión social o la guerra civil.
Además, las purgas del gobierno no solo han afectado a los activistas izquierdistas, sindicales y kurdos. También se han vuelto contra parte de la élite económica del país como una manera de consolidar la posición de un puñado de empresas cercanas a la camarilla de Erdogan. Cientos de empresas y miles de millones en activos fueron confiscados para ser entregados a oligarcas pro Erdogan.
La falta de una alternativa procapitalista viable ha convertido a aquel en un "mal necesario" al que los grandes negocios occidentales y sectores de la élite turca se han tenido que acomodar. Esa alternativa es la que trata de representar el nuevo Iyi (Buen Partido). Iyi fue fundado por Meral Aksener, una exministra de Interior escindida del ultranacionalista MHP (Partido de Acción Nacionalista, que ha vinculado su futuro al del AKP por temor a no lograr el 10% del umbral electoral necesario para obtener representación parlamentaria).
Este Buen Partido intenta posicionarse como un nuevo caballo ganador por el que la clase dominante pueda apostar, preparando el terreno para una configuración política post-Erdogan. Promete restaurar las dañadas relaciones con Occidente al intentar captar votos de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres desencantadas con el gobierno del AKP.
A medida que las élites se preparan para el futuro, también lo deberían hacer los trabajadores y jóvenes. A pesar de su retórica en ocasiones a favor de los pobres, el CHP y el Buen Partido no representan los intereses de la clase trabajadora y las capas oprimidas. Aunque polemicen por ciertos aspectos de la política del AKP, ambos partidos coinciden en su naturaleza procapitalista y ambos aprueban la sangrienta ocupación de Afrin.
Por ahora, la izquierda tiene que nadar contra la corriente de nacionalismo y represión. Sin embargo, la rabia ante el deterioro de la situación económica, política y social no va a poder estar siempre contenida, y causará tiempos turbulentos para el régimen del AKP. El carácter que tomarán los acontecimientos futuros en Turquía dependerá de la capacidad de la izquierda para reconstruirse en torno a una alternativa real y creíble para las capas más avanzadas, que querrán pasar a la acción contra el sistema actual.
La defensa de los derechos democráticos y sindicales, la liberación de los presos políticos y la revocación de despidos injustos, la lucha contra la guerra y contra el terror estatal contra los kurdos y otras minorías, son importantes campos de batalla en torno a los cuales se puede establecer un frente de resistencia unido contra la dictadura de Erdogan, agrupando a organizaciones de izquierda kurda, sindicatos militantes, activistas de movimientos sociales y partidarios del HDP. Esto puede crear las condiciones para la reconstrucción de una fuerza masiva de izquierda que defienda un movimiento obrero unificado, y que pueda desafiar no sólo al régimen existente, sino al capitalismo en su conjunto, en Turquía y en toda la región. Mientras hace campaña por ello, Sosyalist Alternatif (CIT en Turquía) defenderá y llevará adelante un programa socialista audaz e inclusivo; que defienda la propiedad pública y la planificación democrática de la economía y de los recursos de Turquía y toda la región, y que los kurdos puedan determinar libremente su propio futuro.
