Luchar contra la catástrofe medioambiental con un programa de clase y revolucionario
La población de Gijón y del área central asturiana llevamos décadas padeciendo unos niveles de contaminación atmosférica muy por encima de los permitidos para la salud humana.
La total impunidad con la que actúan las grandes empresas, emisoras de las partículas contaminantes, guiadas exclusivamente por la lógica capitalista del máximo beneficio a corto plazo, y la total complicidad de la administración que esconde el problema ocultando y falseando los datos a la vez que desoye las continuas quejas vecinales, son un claro ejemplo de que vivimos bajo un sistema económico y social donde se envenena a la población para que un puñado de ricos lo sean aún más.
Gijón, camino de ser en 2.030 una de las ciudades más contaminadas de Europa
La causa fundamental, no es el tráfico. Los niveles que se disparan son de partículas en suspensión de óxidos sulfurosos, derivados nitrosos, bencenos, etc; lo cual nos lleva directamente a las emisiones que produce la industria.
En la ciudad de Gijón, concretamente en su zona oeste, se concentra el 100% de la industria pesada; en esta y en el transporte de mercancías industriales está el origen del problema. Son las grandes plantas de tratamiento del metal y el puerto del Musel que trabaja con graneles sólidos (carbón, mineral de hierro, sulfuros, etc.), los principales focos emisores de la contaminación. La siderúrgica Arcelor Mittal está acusada de ser la principal responsable.
Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados austriaco, si las leyes anticontaminación siguen como hasta ahora, la ciudad de Gijón podría convertirse en 2030 en una de las ciudades más contaminadas de Europa.
“La contaminación se disparó ayer en Gijón hasta un 2300%”( lne, 1/12/2018). Estos son los escandalosos titulares de prensa con los que convivimos a diario, reflejando una realidad absolutamente dramática. No hay que esperar a los análisis científicos para comprobar que estamos siendo envenenados. La contaminación en Gijón se ve a simple vista, se respira, se huele. No puede ser de otra manera cuando un día sí y otro también se superan ampliamente los niveles permitidos por la ya de por si tolerante normativa española, que permite niveles mucho más elevados que los que marca la Organización Mundial de la Salud.
Vivimos inmersos en una nube tóxica. La estación de medición de El Lauredal contabilizó 84 superaciones el año pasado (este año ya van 14 días en los que se ha superado el umbral legal). En el barrio de La Calzada se contabilizan 90 días de superaciones cuando la normativa establece el límite en 35 al año. Además se trata de niveles de superación absolutamente escandalosos: 700, 500, 400 microgramos de partículas por metro cúbico de aire cuando el límite permitido está en 50. El pasado mes de marzo las estaciones de calidad del aire registraban cifras que superaban los niveles permitidos en un 560%.
Tras una semana sin llover las partículas de 10 y 2,5 micrómetros (PM 10 y PM 2,5), capaces, por su pequeño tamaño, de llegar al torrente sanguíneo a través de los pulmones, se disparan. Y cuando llueve lo que cae del cielo es lluvia ácida (agua mezclada con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre) que se lleva la contaminación a otro medio; en la zona oeste de Gijón tres fuentes de agua manantial están cerradas por contaminación por mercurio. Barrios enteros con apenas diez años de vida están comidos por el óxido.
Esta dramática situación medioambiental tiene un reflejo directo en los índices de mortalidad. La exposición a estas partículas a largo plazo, durante años o décadas, está directamente asociada a la aparición de problemas en el aparato respiratorio, en el crecimiento de los pulmones en los niños, en el sistema inmunológico. La consecuencia es un mayor índice de fallecimientos por determinados cánceres y enfermedades cardiovasculares que en otras zonas.
La propia Consejería de Sanidad del Principado reconoce en un informe presentado el año 2016 que los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias.
El Gobierno del PSOE al servicio de las multinacionales
Ante un problema de semejante gravedad tanto el Gobierno autonómico como el Gobierno central, actúan como cómplices de las grandes empresas. La Consejería de Infraestructuras lleva años falseando la realidad al negar la contaminación del aire y sus efectos en la salud. Los datos recogidos por la red de detección de calidad del aire del Principado no se corresponden con la realidad. La ocultación de datos es una práctica habitual.
Hay 46 estaciones público-privadas en Asturias cuyas mediciones no se tienen en cuenta para el protocolo de anticontaminación porque dan peores resultados que las 22 seleccionadas para ello. En la ciudad de Avilés de las cuatro estaciones existentes sólo una de ellas mide los niveles de benceno (especialmente preocupantes en esta ciudad), la explicación que da el Gobierno autonómico es que la ley sólo obliga a más mediciones a partir de 250.000 habitantes.
La administración impide acceder a un histórico anual de los valores recogidos por la red pública de las estaciones de medición, tan sólo deja descargar cuatro días seguidos.
Esta ocultación está combinada con la manipulación; para ello hay diversas estrategias que maquillan los datos porque los valores recogidos en las estaciones no son definitivos, son remitidos al Centro Nacional de Calidad del Aire donde se tratan teniendo en cuenta valores atmosféricos externos como por ejemplo la calima del Sáhara.
Y todo esto sobre la base de una normativa española mucho más tolerante con la contaminación que las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo este organismo recomienda unos valores límite para las partículas con un tamaño inferior a 2,5 micras de 10 microgramos por metro cúbico de aire de media anual, mientras que la normativa española habla de 25 microgramos de media. Respecto al benceno, del cual la Comisión Europea recomienda un valor de cero, la OMS le pone un límite de 1,7 microgramos por metro cúbico de aire de media anual, mientras que en el Estado español se permite alcanzar los 5 microgramos (en la ciudad de Avilés se han recogido picos de emisión de este contaminante que multiplican por mil estos niveles).
No es posible un capitalismo “ecológico”, hay que transformar la sociedad
Las declaraciones de Arcelor, principal causante del problema, ante el tremendo drama que está viviendo la población asturiana son absolutamente insultantes: “no se puede evitar la emisión porque básicamente viene de los hornos altos y el proceso de alto horno emite CO2” (declaraciones a Europa Press, recogidas por La Voz de Asturias el 07/02/2019). Ante el aumento de costes por el derecho de emisión de CO2 la multinacional muestra su “preocupación” y amenaza: “el precio de la tonelada de CO2 sigue subiendo y eso está poniendo “un poco en riesgo” las inversiones futuras en hornos altos y demás”.
Hay que recordar que Arcelor Mittal, el mayor grupo siderúrgico del mundo, registró un beneficio neto de 5.149 millones de dólares en 2018 lo que representa una mejora del 12,7% respecto a las ganancias de la compañía un año antes.
En estas chulescas y amenazantes declaraciones encontramos la raíz del problema. Los intereses de los capitalistas son antagónicos a los de la mayoría de la población. Su riqueza se cimenta sobre nuestra miseria, sobre la destrucción medioambiental y los salarios bajos. Las leyes de la competencia y del máximo beneficio a corto plazo están poniendo en riesgo la existencia de la propia humanidad, y no van a parar por propia voluntad. Arcelor nunca llevará a cabo las inversiones necesarias para que sus factorías sean menos contaminantes por la simple razón de que ganarían menos dinero y porque su acero sería menos competitivo que el chino o el estadounidense (Donald Trump acaba de rechazar cualquier acuerdo medioambiental para competir con los productos chinos). Es una utopía imaginar un capitalismo ecológico.
Los distintos Gobiernos, en la medida que sólo aspiran a gestionar el capitalismo, actúan como defensores de los intereses de los capitalistas. Han sido ellos los que han puesto en manos privadas toda la industria pesada asturiana, subvencionándoles con dinero público la factura de la luz. Estas empresas amenazan con el chantaje de la deslocalización ante la más mínima exigencia medioambiental que signifique algún tipo de desembolso.
No se trata de gestionar mejor el capitalismo, ni de tener que elegir entre tener un puesto de trabajo o acabar con la contaminación. Este sistema es absolutamente inviable. Asturias, como el resto del planeta, está controlada por un puñado de capitalistas, propietarios de los recursos naturales y energéticos, que deciden qué y cómo se produce, y los distintos Gobiernos, de derechas o socialdemócratas, obedecen sus órdenes y gobiernan en su beneficio. Necesitamos expropiar los sectores estratégicos de la economía y ponerlos en manos públicas bajo el control democrático de los trabajadores. De esta forma el criterio para realizar las inversiones será el de la satisfacción de las necesidades sociales, incluyendo medidas reales y efectivas para evitar la contaminación y no la obtención de beneficios a cualquier precio. Sólo así se podrá acabar con el apocalipsis medioambiental que el capitalismo está provocando. Es la única solución para poder vivir dignamente en un planeta limpio.
La lucha contra la contaminación, contra el cambio climático, contra la austeridad, contra el paro, es la misma lucha; la lucha contra un sistema económico caótico y depredador bajo el que vivimos. La tarea de la juventud y la clase obrera es unir las reivindicaciones ecologistas y las reivindicaciones sociales para transformar esta sociedad en una sociedad socialista donde podamos decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro.
¡Basta ya de envenenarnos en beneficio de un puñado de capitalistas!
¡Por un movimiento ecologista anticapitalista!
