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II. “El Gobierno más progresista de la historia”
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 vinieron precedidas por una ola de entusiasmo en las fuerzas de la reacción. Unos meses antes, el 28 de mayo de 2023, se celebraron las municipales y autonómicas con una clara victoria de la derecha y la ultraderecha. Las políticas capitalistas del PSOE, unidas a la decepción provocada por la capitulación de Podemos ante Pedro Sánchez y su fracaso en su estrategia de “hacer girar al PSOE a la izquierda”, crearon un ambiente propicio al avance electoral de la derecha.
Ante el creciente retroceso electoral de Podemos, que se profundizó tras la deserción de Pablo Iglesias en 2021 y del que hemos escrito abundantemente, el PSOE vio una oportunidad de oro y lanzó una operación de demolición con la colaboración de Yolanda Díaz y de Izquierda Unida. La ofensiva culminaría con la creación de ese aborto político llamado Sumar, que poco ha tardado en entrar en una situación agónica, y con la abrupta exclusión de Irene Montero e Ione Belarra del Gobierno después de pasar por una campaña vomitiva contra la Ley del solo sí es sí, y por las humillaciones que Yolanda Díaz infligió a quienes la habían designado como cabeza visible de Unidas Podemos. Una escuela de traición y puñaladas políticas que retrató toda la putrefacción en la que se mueve esta izquierda asimilada. Volveremos más tarde sobre esta cuestión.
Adelanto de las elecciones generales
En un contexto nada favorable, Pedro Sánchez decidió disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Las fuerzas del PP y Vox recibieron con alborozo lo que consideraban el principio de una gran victoria. Rápidamente firmaron acuerdos de Gobierno en las comunidades autónomas donde tenían mayoría y en los ayuntamientos de las principales ciudades.
Pero esos acuerdos recogían las principales exigencias de Vox y supuraban franquismo, machismo, LGTBIfobia, españolismo, odio declarado a los inmigrantes y un plantel de medidas contra la enseñanza pública y el uso de otras lenguas que no fuesen el castellano.
La perspectiva de una derrota en las elecciones generales llenó de preocupación a los dirigentes del PSOE y Sumar que, lejos de aceptar que había sido su política la que los llevó al borde de la catástrofe electoral, se limitaron a descargar por anticipado la responsabilidad sobre las espaldas de los “abstencionistas de izquierda”. Obviando que el 90% de los compromisos de la anterior legislatura se habían incumplido y que la situación material de la gran mayoría de la clase trabajadora se había deteriorado aún más bajo su mandato, agitaban el miedo a un avance de la ultraderecha, pero sin el más mínimo atisbo de cambiar el rumbo seguido en la anterior legislatura.
En este contexto, Podemos desaprovechó la oportunidad de canalizar el descontento con el PSOE de una amplia capa del electorado de izquierdas. En lugar de comprender y explicar las razones de su fracaso, y de dar la espalda a una política centrada exclusivamente en la acción institucional, afrontó la campaña presumiendo de sus “logros” en el Gobierno. Ni siquiera los ministros del PSOE se atrevieron a loar con tanto entusiasmo los supuestos resultados del Ingreso Mínimo Vital, de la reforma laboral de Yolanda Díaz, de la “paralización de los desahucios” o de otros minúsculos parches con los que intentaban compensar el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora.
Pero con independencia de lo que el PSOE, Sumar o Podemos planteasen, para millones de trabajadores y jóvenes la posibilidad de un Gobierno del PP y Vox aparecía como un escenario de pesadilla. Muy correctamente comprendieron que esa victoria sería el principio de una revancha de las fuerzas de la reacción.
La base social del PP y, sobre todo, la de Vox, cuyo núcleo es una capa de pequeños empresarios y rentistas parasitarios enriquecidos en estos últimos años gracias a la explotación despiadada de la mano de obra inmigrante y a la especulación inmobiliaria, se preparaban para revertir lo que consideraban un ataque a sus privilegios.
Tanto la masiva lucha de las mujeres contra la violencia machista como la de las personas LGTBI, sobre todo de la comunidad trans, por conquistar el derecho a una vida digna y libre, fueron blanco de la propaganda reaccionaria. Vox enarboló furiosamente esta bandera negando la existencia de la violencia de género y protagonizando todo tipo de gestos públicos contra las mujeres víctimas de maltrato. Desde los Gobiernos autonómicos en los que participaba lanzó campañas contra la enseñanza en la lengua propia de la comunidad, contra la educación sexual en los centros de estudio o contra cualquier intento de recuperar la memoria histórica contra los crímenes del franquismo. La censura cultural más burda se impuso y se convirtió en una prioridad la promoción de las corridas de toros y la caza.
Al mismo tiempo que esto ocurría en el Estado español, la extrema derecha avanzaba posiciones en Europa, EEUU y América Latina. Ante esta amenaza muy tangible, cientos de miles de trabajadores y jóvenes que habían decidido no votar como manifestación de rechazo al PSOE y sus políticas, cambiaron de opinión y se movilizaron en las urnas para parar a la ultraderecha. Una vez más, Catalunya y Euskal Herria volvieron a ser decisivas, demostrando la importancia de la cuestión nacional en la lucha contra la reacción españolista.
Sin ese voto útil de última hora, espoleado por una viva conciencia antifascista, la derrota del PSOE habría sido catastrófica. Aun así, el avance de la derecha fue considerable, ya que consiguieron 11.177.348 votos (45,65%), frente a los 10.453.415 votos (43,47%) que lograron en 2019. Solo seis escaños la separaron de la mayoría absoluta.
Gracias a esta movilización Pedro Sánchez incrementó su apoyo en casi un millón de votos, pasando de 6.792.199 (el 28,25%) a 7.760.970 (el 31,70%) y logró 2 escaños más. Sumar y Yolanda Díaz sufrieron una importante caída respecto a Unidas Podemos, pasando de 3.701.670 votos (el 15,39%) a 3.014.006 (el 12,31%), lo que supuso la pérdida de 687.664 votos y 7 escaños respecto a UP y Más País. El bloque de Gobierno, PSOE y Sumar, consiguió incrementar ligeramente sus resultados de 2019: de un 43,64% y 10.493.869 de votos pasaron a un 44,01% y 10.774.976. En el caso de Catalunya no cabe duda de que el abandono de la lucha por la república y la independencia empujó a sectores a dar su voto al PSC, que consiguió así una clara victoria.
Un Gobierno al servicio del capital y el imperialismo
La constitución del Gobierno PSOE-Sumar no ha frenado en absoluto la movilización social, especialmente en el último año. Sus políticas capitalistas e imperialistas están siendo contestadas en las calles con mucha más fuerza de lo que imaginaban Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios.
Desde el inicio de la agresión genocida en Gaza, las manifestaciones multitudinarias contra el sionismo se han sucedido sin descanso y han vuelto a arreciar después de la brutal invasión del Líbano. Ya en el terreno doméstico, el acuciante problema del acceso a la vivienda y el enriquecimiento de los caseros rentistas está desatando una auténtica explosión social. La movilización de más de medio millón de personas en Madrid el pasado 13 de octubre, en su inmensa mayoría jóvenes trabajadores, que se suman a las de Canarias, Málaga, Barcelona, Valencia y muchas más, ha supuesto un punto de inflexión.
Esta protesta, que se convertirá en un eje central de la lucha de clases, estalla por el enorme descontento acumulado durante años, en el que la complicidad del Gobierno con la especulación inmobiliaria y el trasvase brutal de recursos de la clase obrera a manos de estos parásitos ha jugado un papel decisivo. El malestar y la rabia son muy profundos y afectan a millones, especialmente entre la juventud.
Y es en este terreno donde la organización debe desplegar todas sus energías e iniciativas. La huelga estudiantil del 11 de octubre por la publicación de las pruebas de la PAU ha sido toda una demostración de flexibilidad táctica. Decenas de miles de estudiantes secundaron nuestra llamada a la lucha en las calles y cientos de miles vaciaron las aulas. Finalmente, el Gobierno tuvo que ceder con rapidez y comprometerse a publicar las pruebas. Una victoria muy relevante que ha aumentado la autoridad del SE ante millones de jóvenes y activistas. Y exactamente igual, debemos orientar con energía militantes y cuadros al movimiento de la vivienda y a los sindicatos de inquilinas.
Citamos estos aspectos para entender las contradicciones de la situación actual. No hay duda alguna de que las fuerzas de la reacción se sienten envalentonadas y decididas a tomar el Gobierno central. Pero sería de una ceguera estúpida no ver la polarización creciente por la izquierda. El hecho de que miles y miles de jóvenes protagonicen movilizaciones que señalan al Gobierno, demuestra que estamos en una fase donde la conciencia de un amplio sector ha dado un paso adelante extraordinario. No solo está más abierto a escuchar las ideas del marxismo revolucionario, ha entendido que la política parlamentaria y los intentos de reformas utilizando los resortes gubernamentales y del Estado son una falacia; que hace falta más que nunca la acción directa y la organización. Estas capas, que se amplían por momentos, es a las que nos dirigimos.
Transcurrido el primer año del Gobierno de coalición el balance es desolador para la clase trabajadora; sus medidas económicas y sociales continúan la línea de erosionar los derechos laborales y aumentar el empobrecimiento y la precariedad, mientras los servicios públicos continúan deteriorándose y privatizándose.
A pesar de toda la palabrería sobre la derogación de la Ley Mordaza, la represión policial es cada día más dura, tanto contra los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español como en las protestas de trabajadores y estudiantes[1]. En política internacional, la sumisión al imperialismo norteamericano es total. El Ejecutivo de Sánchez envía armas al régimen ultraderechista ucraniano, colabora abiertamente con el marroquí para aplastar los derechos del pueblo saharaui y, más allá de las lágrimas de cocodrilo derramadas por los niños palestinos en alguna rueda de prensa, mantiene sin cambios sus relaciones con el Gobierno fascista de Israel, incluyendo el suministro de armas.
Su exigua mayoría parlamentaria, que además depende de la derecha catalanista de Junts, no ha impedido que Sánchez haya conseguido ir superando, por el momento, los obstáculos que se presentaban en su camino. Aprobando la Ley de Amnistía, acordando con ERC una situación fiscal más favorable para la burguesía catalana, cediendo ante el PNV en asuntos que afectan a los intereses de la burguesía vasca, Sánchez ha conseguido mantener una estabilidad que pocos le auguraban.
En esa relativa estabilidad han jugado un papel importante dos factores. Primero, la creciente descomposición de Sumar, cuyo papel se ha reducido a un mero apéndice del PSOE. En segundo lugar, el apoyo casi incondicional de Bildu y BNG, convertidas en las fuerzas mayoritarias de la izquierda en sus territorios. De esta manera, Sánchez ha conseguido neutralizar nuevamente a su flanco izquierdo y evitar el colapso en las elecciones europeas de junio de 2024.
Es evidente que el PP y Vox se encentran en una escalada salvaje contra el Gobierno, particularmente contra su presidente. Negándose a aceptar los resultados electorales, la reacción activó todos sus recursos. El sector más ultraderechista convocó concentraciones diarias ante la sede del PSOE en la calle de Ferraz, y PP y Vox convocaron grandes manifestaciones contra la Ley de Amnistía.
La base social agraria de la derecha, agricultores enriquecidos gracias a las generosas ayudas europeas y la explotación de mano de obra inmigrante, se movilizó masivamente en los primeros meses de 2024 y las tractoradas bloquearon las grandes ciudades.
El aparato judicial unió fuerzas con las manifestaciones callejeras emprendiendo una campaña contra el entorno de Pedro Sánchez, especialmente contra los negocios de su mujer y sacando a la luz la corrupción que rodeaba al exministro Ábalos. La paradoja consiste en que se trata del mismo aparato judicial heredado del franquismo, protegido y mimado por el PSOE desde los años de la Transición. Un batallón de togas que el PSOE ha empleado para reprimir a la izquierda, para aplastar el movimiento de liberación nacional de Catalunya y, años atrás, para encubrir y dejar en la impunidad las acciones de terrorismo de Estado organizadas desde el Gobierno.
Por esas razones, pese a gestos teatrales como la carta en la que amenazaba con su dimisión, Sánchez no es capaz de mover un dedo para enfrentar esta verdad y parar los pies a la extrema derecha. Y la ofensiva no va a parar, pues se trata de un medio de desgaste permanente contra el Gobierno que está dando frutos electorales.
Primero fueron las elecciones gallegas, que revalidaron la mayoría absoluta del PP y descargaron un serio varapalo al PSOE, que cosechó los peores resultados de su historia. Más tarde las europeas, que el PP ganó con un 34% y 22 escaños, y en las que la extrema derecha avanzó con respeto a las anteriores europeas y rozó sus resultados en las generales, aunque dividida entre Vox y la nueva formación de Alvise Pérez.
El PSOE siguió agrupando voto útil sin acusar una gran pérdida: alcanzó un 30% y 20 diputados, en gran parte a costa de Sumar, que ni siquiera logró el 5% de los votos, confirmando así su descomposición. Podemos, que adoptó un discurso combativo muy alejado de las posiciones conciliadores de sus años en el Gobierno, logró un 3,27% de los votos y dos escaños.
Lo más significativo es que en el terreno electoral, el más propicio para la reacción, y a pesar de mejorar ligeramente sus resultados, la estrategia de la derecha no ha dado los resultados esperados y Pedro Sánchez aborda su segundo año de legislatura. La clave de esta situación también hay que buscarla en la actitud de la clase dominante, o al menos sus sectores decisivos, que en estos momentos siguen apostando claramente por la continuidad del PSOE. Sus negocios nunca habían marchado tan bien, la lucha sindical se mantiene en cotas muy bajas gracias a una paz social artificial impuesta por las burocracias de CCOO y UGT, el Gobierno garantiza un suministro abundante de mano de obra inmigrante sin generar las tensiones racistas que aquejan a otros países europeos y el levantamiento catalán ha sido completamente desactivado. ¿Qué más podrían pedir?
PP y Vox han demostrado a los ojos de sus amos que no solo no son capaces de batir a Sánchez en una generales, sino que el temor que despiertan en amplias capas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud podría acabar estimulando un movimiento de rechazo capaz de canalizar el malestar social acumulado en los últimos años. ¿Para qué jugar con fuego, si Sánchez ha demostrado ser un magnífico y solícito gestor del capitalismo español?
Pero que esto sea así en la actual coyuntura no quiere decir que no se puedan producir cambios abruptos. Hasta hace poco la oposición al Gobierno se ha expresado mayoritariamente por la derecha. Pero esto está cambiando, como muestran las movilizaciones propalestinas y por el derecho a la vivienda. Hay un temor en los círculos dirigentes a un nuevo estallido como el del 15-M, pero con otros rasgos políticos mucho más radicalizados, de clase y combativos. De momento utilizan al PSOE para frenarlo, aunque si esta opción no es suficiente la clase dominante podría provocar una crisis de Gobierno y precipitar nuevas elecciones. La situación es muy volátil y debemos estar preparados.
El PSOE garante del ‘boom’ de los beneficios empresariales
Otro de los principales factores que han contribuido a la estabilidad del Gobierno de Sánchez ha sido la mejora de la economía en términos macro. El último informe de Perspectivas Económicas de la OCDE[2] anticipa un crecimiento del PIB del 2,8% y para 2025 también mejora la previsión hasta un 2,2%.
Que el crecimiento de la economía española cuadriplique el de la eurozona es un hecho notable, y es innegable que este crecimiento del PIB, que ya supera el billón y medio de euros, facilita un margen de maniobra al Gobierno para encarar la legislatura. Este avance ha tenido también el efecto de que la ratio de deuda pública sobre el PIB se rebaje en unos tres puntos, hasta el 105%, adelantándose en un año a los objetivos gubernamentales y acercándose así al cumplimiento de los límites impuestos por la UE.
Este desarrollo descansa principalmente en la fortaleza de la demanda exterior neta, que mantiene una contribución de 0,5 puntos porcentuales al avance del PIB, lo que supone casi la quinta parte. En comparación, en Alemania se espera que la demanda exterior no solo no aporte nada al crecimiento del PIB, sino que incluso lo reduzca en un 0,3%.
Un componente fundamental de esa demanda exterior es el turismo. Tras los 85 millones de turistas de 2023, que supusieron un 18% de incremento respecto al volumen de 2022, para 2024 se espera alcanzar los 100 millones, y en los años sucesivos incrementar aún más esa cifra.
El otro gran puntal del crecimiento son las exportaciones agrarias e industriales, que llevan tiempo aumentando su peso en la economía y representan hoy en torno al 25% del PIB. Sumadas las exportaciones de bienes y las de servicios, que incluyen el turismo, nos encontramos con que actualmente el 41,7% del PIB español depende del sector exterior. Hace solo 15 años, en 2008, esta cifra era de solo el 26%, lo que indica la velocidad de la integración de la economía española en la economía global y, al mismo tiempo, el aumento de la dependencia y vulnerabilidad respecto a las vicisitudes del mercado mundial.
Un buen ejemplo de esta dependencia es la producción de la industria automovilística, que según datos de la patronal ANFAC, lleva cuatro meses de caídas. En julio la producción se redujo un 10% y en agosto un 20%. La causa es la debilidad de la demanda europea, sobre todo alemana.
El riesgo de cierre de fábricas y despidos masivos en esta industria está ahí, como el ERTE en la fábrica de Ford de Valencia, y es lo que ha provocado el acercamiento de Pedro Sánchez a China y sus declaraciones contra los aranceles al coche eléctrico que la UE, bajo intensa presión norteamericana, va a imponer. Y no se trata solo de que las exportaciones españolas de porcino a China sufran las consecuencias de las represalias comerciales de Pekín, sino que Sánchez, al igual que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca desesperadamente inversiones chinas en sectores industriales clave, principalmente el automovilístico.
Entre enero y junio de 2024 los grupos españoles cotizados en Bolsa ganaron 32.099 millones de euros[3], cifra que representa una subida del 15,42% con respecto al mismo periodo del año anterior, que a su vez ya había marcado también un récord histórico.
Pero este enorme incremento de los beneficios empresariales no redunda en la inversión. La mayor parte de los beneficios se destina a engrosar los fabulosos patrimonios de la minúscula capa de ultrarricos[4] que controla con mano firme y en beneficio propio los principales resortes de la economía española.
El servicio de estudios de las cajas de ahorro, Funcas, advirtió en abril de 2024 sobre el “preocupante” estado de la inversión en la economía española y defendió que es prioritario reactivarla para asegurar que el crecimiento económico sea sostenible.[5] Según Funcas, la inversión empresarial se encuentra todavía bastante por debajo de los niveles prepandemia. En equipamiento apenas ha crecido un 12% en lo que va de siglo frente al 35% en Estados Unidos y el 17% en Europa.
También el Banco de España, en su informe anual publicado en abril de este año[6], señala el retroceso de la inversión en equipos desde 2019 y resalta que “España es la única economía de la UEM (la zona euro) que registró retrocesos en la inversión en equipo pese a presentar una brecha negativa respecto a los niveles de 2019”.
Para intentar compensar este retroceso de la inversión productiva, el Gobierno riega de dinero público a las empresas privadas. Por ejemplo, hace pocas semanas regaló otros 27,7 millones a Renault, que suma ya 121 millones en subvenciones, para fabricar coches eléctricos en España. Solo 12 empresas del IBEX 35, con Telefónica e Iberdrola a la cabeza, recibieron en 2023 más de 600 millones de euros. Incluso el Banco Sabadell, que tuvo unos beneficios de 1.332 millones ese año, no dudó en coger el regalo de 20 millones que le hizo el Gobierno “socialista”. Y empresas multinacionales como Volkswagen recibieron 300 millones de euros en ayudas públicas.[7]
Favorecer el enriquecimiento de los más ricos y escatimar hasta el céntimo en políticas sociales ha sido hasta el momento la característica más destacada del desempeño de este Gobierno. A nadie debe extrañar la tácita aprobación que la CEOE y otras organizaciones patronales dan a Sánchez. La clase dominante ha encontrado en este Gobierno a los mejores gestores de su sistema. No solo incrementan sus rentas, sino que lo hacen en un ambiente de paz social que parecía imposible cuando las manifestaciones masivas recorrían las calles, Podemos se preparaba a “tomar el cielo por asalto” y la población catalana se ponía en marcha en lo que supuso el mayor desafío al régimen del 78 desde su instauración. La burguesía española, el amplio sector de rentistas parasitarios, los especuladores de vivienda y los inversores extranjeros con intereses en el país, no podían soñar con algo así.
Pero ni siquiera la alfombra roja que tan gustosamente les ha puesto el Ejecutivo anima a los capitalistas a invertir. La crisis de sobreproducción que puso fin al gran ciclo expansivo iniciado tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y que fue la causa raíz del colapso financiero de 2007-2008, no está resuelta ni tiene visos de resolverse.
Por esta razón los capitalistas españoles y sus colegas extranjeros ralentizan sus inversiones productivas y las limitan a lo estrictamente necesario para aprovechar al máximo las dos grandes oportunidades de enriquecimiento que el Gobierno del PSOE y Sumar les ofrece en bandeja: la barra libre para el rentismo y la especulación inmobiliaria, y las facilidades para seguir aumentando la explotación de los asalariados.
La piedra angular sobre la que se basó la estrategia de la socialdemocracia en la segunda mitad del siglo XX se ha venido abajo. Las facilidades a los capitalistas no solo no aportan mejora social alguna, sino que solo son sostenibles mediante un ataque cada vez más intenso a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la clase obrera.
La explotación de la mano de obra inmigrante, clave del auge económico
Con independencia de las condiciones laborales y los niveles salariales en los que este auge del empleo se ha producido, no cabe duda de que el aumento de los trabajadores cotizantes a la Seguridad Social hasta los 21,2 millones ha sido un factor importante en la paz social que disfruta el Gobierno de Sánchez.
Además, el mercado de trabajo ha podido absorber a más de 2.850.000 trabajadores inmigrantes en situación regular y, según datos de la Encuesta de Población Activa, los empresarios españoles emplean a cientos de miles de trabajadores inmigrantes ilegales y reclaman abiertamente la llegada de más trabajadores extranjeros.
La clase obrera migrante tiene desde hace algunos años una importancia vital en varios sectores. Las empresas dedicadas al cuidado de mayores, la limpieza, la construcción y mantenimiento de edificios, la hostelería o la agricultura, con porcentajes de trabajadores inmigrantes que, sin contar los ilegales, oscilan entre el 25 y el 42% de las plantillas, no podrían mantener su extraordinario nivel de beneficios o directamente serían inviables.
Para estas patronales, en las que predominan las pymes, es imprescindible la crueldad con los inmigrantes. Una mano de obra atemorizada, atenazada por el miedo a que un despido pueda conllevar la pérdida del permiso de trabajo y residencia y a la que se intenta enfrentar con la población nativa es una fuente de beneficios inmensos y además puede utilizarse como medio de presión para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores nativos.
Esto es lo que proporciona la base social de las políticas racistas y xenófobas de Vox y PP y lo que empuja al Gobierno a aplicar políticas migratorias que no se diferencian gran cosa de las propuestas por la derecha y la extrema derecha.
Caída salarial a pesar del crecimiento
A pesar del triunfalismo oficial, la mejora de la economía no llega a la masa salarial. Todo lo contrario: la precarización avanza a buen ritmo y los salarios siguen cayendo bajo los Gobiernos de coalición del PSOE con Unidas Podemos y con Sumar. Los datos publicados por un reciente estudio no dejan lugar a dudas:
“Cerca de tres millones de personas con empleo en España viven en situación de pobreza, según un informe de Oxfam Intermón (…) En su informe titulado Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes, publicado este miércoles, Oxfam Intermón examina la ‘alarmante realidad’ que afecta a 2.957.000 personas con empleo. A pesar de los avances recientes en el ámbito laboral, como el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, las cifras récord de empleo y una tasa de paro en su nivel más bajo desde 2008, muchos trabajadores siguen viviendo en condiciones de pobreza (…) En la actualidad, el 13,7% de las personas con empleo en España viven por debajo del umbral de pobreza, una proporción que se eleva al 29,5% en el caso de los migrantes. Además, el informe revela que tres de cada diez personas en situación de pobreza tienen un trabajo (…) El aumento del coste de la vivienda y de los servicios básicos ha profundizado el problema, según el informe. Los hogares en situación de pobreza laboral destinan entre el 67% y el 79% de sus ingresos al pago de la vivienda y los servicios esenciales, lo que agrava su precariedad económica (…) Más de la mitad de los hogares en situación de pobreza laboral (55,3%) se ha visto obligada a renunciar en el último año a servicios de salud esenciales, como tratamientos dentales, gafas o atención psicológica, debido a la falta de recursos, según revela el informe”.[8]
El Círculo de Empresarios publicó un informe el pasado mes de julio en el que se señalaba que entre el primer trimestre de 2019 y el primero de 2024 los salarios reales bajaron en el Estado español un 2,5%, frente a una subida salarial media del 1,5% en el conjunto de países de la OCDE.
Pero hay más. Los datos de la Agencia Tributaria desmienten rotundamente la fanfarria gubernamental sobre el “escudo social” y sobre la “salida progresista” de la crisis. En la declaración de la renta realizada en 2023 más de 12,8 millones de personas consignaron ingresos anuales por debajo de los 21.000 euros y, de ellos, 8.042.412 declararon ingresos anuales inferiores a 12.000 euros. ¡Más de ocho millones de personas que no llegan a ingresar ni 1.000 euros al mes![9]
Este crecimiento de la pobreza es la terrible consecuencia de la política global del PSOE y sus socios de coalición, tanto antes con Unidas Podemos como actualmente con Sumar. Esas medidas, especialmente la reforma laboral promovida por Yolanda Díaz, han proporcionado a los empresarios mayores posibilidades para contratar a tiempo parcial y despedir a voluntad, para subcontratar con ETT y para aplicar a su total conveniencia la contratación fijo-discontinua. Bajo la apariencia propagandística de una limitación de la contratación temporal, la reforma de Yolanda Díaz solo sirvió para maquillar las estadísticas laborales y poner en manos de los empresarios aún más instrumentos legales para precarizar la fuerza de trabajo y cometer todo tipo de abusos.
Las facilidades para esta explotación salvaje se refuerzan todavía más con algunas de las propuestas del Gobierno. “Flexibilizar” las bajas laborales para que sea posible trabajar en situación de baja por enfermedad pone en manos de las empresas un arma de presión aún más poderosa. Algo similar ocurre con la propuesta de reducción de jornada planteada por Yolanda Díaz y aplaudida por CCOO y UGT. La reducción de horas de trabajo es muy positiva, pero todo indica que en las negociaciones con la CEOE, e incluso con el PP, Díaz está dispuesta a compensar esta reducción con un aumento de la flexibilidad para la distribución irregular de la jornada laboral, dando así más poder a los empresarios para disponer a su antojo del tiempo de sus asalariados, y con una generosa bonificación para las nuevas contrataciones de las pymes, subvencionando a los empresarios y deteriorando aún más los fondos de reserva para el pago de las pensiones futuras.
Preparando un futuro recorte de la cuantía de las pensiones de jubilación, el Gobierno también plantea hacer compatible la jubilación con un puesto de trabajo asalariado. Otro regalo a los empresarios, que dispondrían así de una masa de mano de obra obligada a aceptar cualquier contrato que se les ofrezca para complementar su exigua pensión.
Las medidas legislativas regresivas han sido reforzadas por la decisión del ministerio de Díaz de paralizar completamente la Inspección de Trabajo. Miles de denuncias a la autoridad laboral sobre infracciones a la legislación en las empresas se saldaron con simples tirones de orejas a los patronos, y la avalancha de ofertas de trabajo que incumplen abiertamente la legislación laboral, bien pagando por debajo del SMI o bien exigiendo jornadas laborales de 12 o más horas diarias, está siendo tolerada por la Administración, que hace la vista gorda en el 99% de los casos.
El movimiento obrero organizado
Las burocracias de CCOO y UGT comparten la responsabilidad de este desastre. Durante años han firmado convenios a la baja y aceptado dobles y hasta triples escalas salariales, renunciando sin lucha a derechos conquistados hace décadas, como por ejemplo los complementos de antigüedad en muchos sectores. La política de paz social y consenso con los empresarios de CCOO y UGT ha sido una puñalada por la espalda y contribuido decisivamente a la gobernabilidad capitalista. Cada euro que la clase dominante invierte en subvencionar a estas burocracias lo recupera multiplicado por cien. Son, como decía Lenin, los lugartenientes de la burguesía en el movimiento obrero.
En contraste con la inmensa mayoría de nuestra clase, los más de medio millón de trabajadores directamente contratados por las empresas del IBEX 35 han tenido, según datos del periódico económico Expansión[10], una subida salarial media del 2,8% en 2023, hasta alcanzar un salario medio de más de 61.000 euros anuales.
Este sector constituye un núcleo importante de la afiliación de los dos grandes sindicatos: en empresas como CaixaBank roza el 90% de afiliación sindical, sin olvidar que en la banca se han producido en los últimos años decenas de miles de despidos. Además, los acuerdos de los dos sindicatos con las direcciones de estas grandes firmas les aportan una financiación adicional, ya sea directa o indirecta, en forma de bolsa de horas para delegados sindicales, ventajas profesionales para cargos internos del sindicato, etc. Buena parte del aparato de liberados sindicales se sostiene gracias a este apoyo empresarial.
De esta forma, supeditándose a los intereses de los grandes poderes económicos, los dirigentes de CCOO y UGT se han rodeado de una burocracia fiel que les permite, hasta el momento, seguir jugando un papel de dique de contención al malestar generalizado.
Detrás de esta aparente fortaleza, la posición hegemónica de CCOO y UGT ha recibido duros golpes en los últimos tiempos. En Euskal Herria ya no juegan un papel decisivo y han sido relegados por el avance de la mayoría sindical vasca (ELA y LAB) que, a pesar de sus vacilaciones en algunas luchas importantes, mantienen una posición incomparablemente más combativa que la que se vive en el resto del Estado.
En Madrid, la lucha de los trabajadores de la enseñanza, organizada desde abajo a través de asambleas en los centros impulsadas por el movimiento Menos Lectivas, ha puesto contra las cuerdas a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación. Esta lucha ha sido una rica fuente de experiencia para nuestra organización.
Podemos citar los retrocesos de CCOO y UGT en Galiza, donde la CIG sigue manteniéndose como primera fuerza sindical y nuestros cuadros sindicales están protagonizando grandes avances con CGT en los astilleros de Navantia. O también el caso de Catalunya, donde CGT ha convocado el 70% de las huelgas de los dos últimos años y sindicatos alternativos están adquiriendo una importante presencia en sectores de la administración.
La deslegitimación de las burocracias de CCOO y UGT es cada vez mayor. Su capacidad para impedir el estallido de huelgas radicalizadas y, sobre todo, para influir en los movimientos sociales está muy mermada.
Esto señala también lo correcto de una orientación sindical extremadamente flexible, aprovechando las oportunidades allí donde se nos presentan para dar pasos al frente. El caso de nuestros compañeros de Co.Bas en Guadalajara es un ejemplo muy importante, o la decisión de afiliar a nuestros docentes a CNT en Madrid. Debemos perseverar en esta línea, sin adoptar enfoques sectarios con los militantes y afiliados de CCOO y UGT a los que podemos llegar con nuestras posiciones.
La cuestión nacional y la izquierda independentista
La designación de Salvador Illa como president de la Generalitat gracias al apoyo parlamentario de ERC y Comuns-Sumar, ha sido recibida con una euforia nada disimulada por la burguesía catalana y los sectores más perspicaces del gran capital español. El objetivo de enterrar el movimiento a favor de la república catalana y la autodeterminación ha dado un paso trascendente.
La vuelta del PSC-PSOE a la Generalitat y sus pactos con ERC y Junts ponen la guinda a un proceso que ha evidenciado la abierta traición de las cúpulas de estas últimas formaciones al impresionante levantamiento de masas del 1 y el 3 de octubre de 2017. Unos dirigentes que se llenaron la boca durante años hablando de soberanía, mandato del 1 de Octubre e independencia, mientras en la práctica restauraban todos los puentes con el régimen monárquico y la burguesía española, a la que (especialmente en el caso de Junts) les unen estrechos vínculos de clase a los que nunca pensaron renunciar.
¡Y qué decir de los Comuns! La fuerza que nació de la lucha contra los desahucios y del 15M, que según Ada Colau, Pablo Iglesias y otros dirigentes llegaba para cambiarlo todo, acabar con la casta, luchar por la república y el derecho a decidir, ha terminado desempeñando el bochornoso papel de “chico de los recados” del PSOE, proporcionando a Illa una cobertura de izquierdas para aplicar su agenda capitalista.
Presionados por el movimiento de masas, Pedro Sánchez, Illa y el sector de la burguesía española que ve en ellos la única opción para “pacificar” Catalunya tuvieron que hacer concesiones políticas. Esa es la razón de los indultos y la Ley de Amnistía, además de sembrar un olvido interesado a su apoyo al 155 y a sus promesas de traer y meter en la cárcel a Puigdemont.
Como hemos insistido en nuestros artículos, estas concesiones son producto de la movilización de millones de personas que sí comprendieron que en esta batalla por el derecho a la autodeterminación había que darlo todo. Pero los hechos son tozudos: de las 74 personas beneficiadas por la Ley de Amnistía desde su aprobación parlamentaria, 54 son policías denunciados por sus salvajes actuaciones represivas. Hecha la ley, hecha la trampa. Mientras centenares de activistas represaliados siguen pendientes de juicio o investigación, en muchos casos sometidos a procesos en los que han actuado como acusación la fiscalía general del Estado controlada por el PSOE o incluso los Governs de ERC y Junts, los que ya están libres son los responsables de molernos a porrazos en las calles.
La estrategia de la burguesía catalana y sectores decisivos de la burguesía española de basarse en el PSC y los pactos con Junts y ERC para cerrar el ciclo político abierto por las crisis revolucionarias de octubre de 2017 y 2019 no es nueva. Tras fracasar el intento de sofocar el movimiento de masas aplicando el 155 y la represión, optaron por la mismo que les permitió desactivar el ascenso revolucionario de los años 70 e imponer la monarquía y el régimen del 78: la contrarrevolución bajo formas democráticas, la llamada Transición.
Si entonces necesitaron a los dirigentes del PSOE y, sobre todo, del PCE (en Catalunya el PSUC), hoy recurren a los propios dirigentes del procés. Y junto a ellos a los Comuns y la burocracia sindical de CCOO y UGT.
¿Más política institucional y acuerdos con ERC y Junts?
El 23 de septiembre, El Periódico de Catalunya se hacía eco del debate que se ha desarrollado en el seno de la CUP: “Los ‘cupaires’ han acordado ‘ocupar los máximos espacios de poder en las instituciones’, una premisa que Marta Gordillo, portavoz del ‘Procés Garbí’ —el nombre de este proceso congresual que ha durado más de 11 meses— ha defendido este lunes de forma clara: ‘Queremos salir de la caricatura del ‘no’ a todo’, ha explicado en una entrevista en TV3”.
Pero la política del consenso con la burguesía catalana y la socialdemocracia tiene un nombre: colaboración de clases. Y en un contexto de crisis general del sistema, tal estrategia facilitará a la derecha catalanista seguir manteniendo su influencia en el movimiento de liberación nacional. Y de lo que se trata es de socavar esa influencia y lograr que los activistas y la militancia independentista vuelva a reactivarse a favor de un proyecto coherente.
¿Acaso ERC o Junts están haciendo algo para escorar más a la izquierda al Gobierno del PSOE? Por supuesto que no, igual que ocurrirá con Salvador Illa al frente de la Generalitat. “Ocupar los máximos espacios de poder en las instituciones”, y más con estos socios, significará liquidar progresivamente el carácter anticapitalista de la CUP, precisamente lo que le permitió convertirse en referente para decenas de miles de jóvenes, trabajadores y activistas de la izquierda combativa.
La tentación de ir hacia algo parecido a Bildu o al BNG es muy grande para los dirigentes cupaires. Pero la CUP no posee la misma tradición histórica que la izquierda abertzale y la izquierda nacionalista galega. Y el espacio electoral tampoco es el mismo, con un Partido Socialista que registra nuevamente máximos electorales en Catalunya.
La oportunidad histórica para luchar por la dirección del movimiento de liberación nacional en Cataluya fue desaprovechada. Y no por la militancia, que desafió valientemente la represión del Estado, organizando el referéndum, las luchas contra la represión y los CDR, impulsando huelgas y manifestaciones estudiantiles que movilizaron a centenares de miles de jóvenes.
Y la causa de que esta posibilidad fuera malograda son las mismas políticas etapistas que justifican la búsqueda de acuerdos con ERC y Junts y que ahora se insiste en seguir aplicando. Mientras la calle era un clamor exigiendo una república del pueblo y no de la oligarquía, se nos decía que no había “condiciones objetivas” para luchar por la dirección. La responsabilidad de llevar adelante “la república catalana” se dejó en manos de Puigdemont, Junqueras, etc., aplazando la lucha por el socialismo hasta que esos dirigentes burgueses conquistasen la independencia y abriesen un “proceso constituyente”.
La dirección de la CUP podía haber tejido una política ambiciosa respecto al movimiento obrero catalán, un actor completamente decisivo para conquistar la república. Es un hecho que el descontento con la burocracia de CCOO y UGT se ha expresado en un crecimiento importante de CGT en Catalunya y el avance de sindicatos como IAC-USTEC-CATAC, CSC y COS. La tarea en este terreno, si de verdad se pretendía batir a la derecha catalanista y a la socialdemocracia, era bastante evidente: organizar políticamente a los miles de activistas y delegados sindicales de todos esos sindicatos, incluso a los que se sitúan en posiciones críticas en CCOO y UGT, que rechazan las políticas de pactos y paz social.
La CUP atraviesa una crisis muy seria, marcada por el abandono de sus filas de sectores importantes de militantes de los movimientos sociales y de escisiones que les ha mermado su base entre la juventud. Solo rompiendo con la política de colaboración de clases y supeditación a ERC-Junts, lo que requiere de un programa y una estrategia revolucionaria e internacionalista, será posible liderar con éxito la lucha por la liberación nacional de Catalunya.
El giro de EH Bildu
Lo mismo podemos señalar respecto a Euskal Herria. Durante los últimos años los avances de EH Bildu en el terreno electoral e institucional han sido espectaculares. En este momento es la principal fuerza municipal en Euskal Herria, con el 40% de los concejales en la CAV (1.040) y el 16% de los concejales en Nafarroa (341), además de contar con 27 escaños en el Parlamento vasco, 9 en el navarro, y 6 en el Congreso de los Diputados. Pero todo este poder institucional, como hemos visto ya muchas veces en el pasado, con el PCE durante la Transición o con Podemos hace diez años, resulta impotente cuando se acepta la lógica capitalista y cuando todo se reduce al peor de los cretinismos parlamentario e institucional.
Que Otegi interpele constantemente al PNV para hacer políticas “de país” resulta sorprendente, pero aún más sorprendente después de lo sucedido en Catalunya, donde justamente la derecha de Junts y la socialdemocracia de ERC, apelando a esa supuesta unidad nacional y a la necesidad de ser moderados para contar con el apoyo de la patronal y los empresarios catalanes, ha llevado la lucha por la independencia y la República a un callejón sin salida.
La derrota temporal de la rebelión en Catalunya pone en evidencia qué sirve y qué no. La movilización de masas y la acción directa fue lo que puso contra las cuerdas al aparato del Estado, al PP, a la monarquía y a todo el régimen del 78.
En Hego Euskal Herria durante los últimos años se ha desarrollado una contundente movilización contra la represión del Estado español, pero también contra el PNV y la patronal, que, tal y como decíamos respecto de Junts, mantiene sólidos vínculos de clase con sus homólogos españoles. Los ejemplos son muchos: Tubacex, Mercedes o Michelin, las limpiadoras del Guggenheim o las trabajadoras de residencias, el movimiento feminista y los pensionistas, o las recientes movilizaciones contra el genocidio en Gaza.
La dirección de EH Bildu piensa que su crecimiento es imparable y va a ir siempre a más. Es obvio que su autoridad en el movimiento obrero no tiene nada que ver con la de otras formaciones de izquierda. Cuentan con el apoyo de miles de delegados de LAB y de ELA, con su pasado militante, con los años en prisión, y los muertos que la izquierda abertzale acumula por la represión policial. Todavía gozan de un importante prestigio entre las capas más veteranas.
Pero esto no durará indefinidamente. Ya han cosechado una crítica severa entre la juventud más militante y radicalizada. La escisión de GKS no es una anécdota. Están agrupando a miles de jóvenes en toda Euskal Herria con un programa que apela directamente al comunismo, y han tratado de tú a tú a la izquierda abertzale en las manifestaciones del Primero de Mayo y en las que se han organizado contra el genocidio en Gaza.
La deriva de la dirección de EH Bildu, cada vez más atrapada por las políticas institucionales y de colaboración de clase, abre un gran espacio para las ideas y la organización revolucionaria. Un camino que requiere establecer un diálogo con miles de militantes de la Izquierda Abertzale muy críticos con su dirección, que entienden, aunque les voten, que por ese camino las cosas no van bien.
Las organizaciones que nos reivindicamos comunistas y revolucionarias, como Ezker Iraultzailea o GKS, tenemos la obligación, sin sectarismo ni ultimatismos, de levantar esa alternativa. Ese fue el método de Lenin. Hay que intervenir en todas las expresiones de lucha de nuestra clase sin ningún tipo de doctrinarismo ni ultraizquierdismo. Hay que establecer un puente con los miles de afiliados de LAB y de ELA. Hay que participar en la batalla electoral desarrollando una crítica comunista eficaz, y no simplemente el boicot o el abstencionismo que nos separa de miles y miles de luchadores y luchadoras honestos que todavía no agotaron sus ilusiones en la dirección abertzale.
Una cosa está clara: Euskal Herria no va a escapar a los procesos globales de la lucha de clases, y es un territorio donde el avance de la conciencia revolucionaria ha dado pasos claros y positivos.
Catástrofe en Valencia y las perspectivas para un estallido social
No debemos dejarnos engañar por el ambiente de aparente paz social que ha predominado en los últimos años. Bajo la superficie, las dinámicas internas del capitalismo español preparan las condiciones para un nuevo estallido social.
La catástrofe en Valencia lo ha puesto en evidencia, desvelando la putrefacción del régimen del 78. Más de 200 muertos, miles de casas destruidas, infraestructuras arrasadas, empresas paralizadas y la conciencia de que estamos ante un ejemplo escandaloso de ineptitud y desidia criminal del PP, del PSOE y del conjunto de las instituciones no son hechos que pasen desapercibidos en la conciencia de millones.
Esta catástrofe previsible y evitable, más aún en un contexto de emergencia climática con un incremento de los fenómenos extremos, señala directamente a la derecha y la ultraderecha que gobierna en el País Valencià, cuyo gobierno hay que recordar que eliminó la Unidad de Emergencias Valenciana[11], pero también al Gobierno central del PSOE-Sumar por más que intenten esconder su complicidad necesaria en todo lo que ha acontecido.
La visita Mazón, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI a las zonas afectadas, tras días de completo abandono, desató una ola de indignación popular que se manifestó en un auténtico motín del que salieron ilesos por los pelos. Lejos de ser un montaje de la ultraderecha, que evidentemente estaba presente para diseminar su demagogia oportunista, racista y reaccionaria, lo cierto es que fue una auténtica explosión de ira popular, como en otras ocasiones de la historia.
Es importante combatir la propaganda de la clase dominante, que precisamente lanzó una campaña de calumnias y difamación contra el ejemplo maravilloso de autoorganización popular desde abajo. Decenas de miles de voluntarios, en su mayoría trabajadores y jóvenes de izquierda, se movilizaron sin esperar las instrucciones y consignas desde arriba, dejando en evidencia el colapso de las instituciones del Estado.
Y esta campaña, que intentaba presentar a este movimiento y al lema Solo el pueblo salva al pueblo como una maniobra política de la ultraderecha, fue instigada desde las filas del PSOE y sus terminales mediáticas. El objetivo era, ni más ni menos, que volver a recuperar la iniciativa e insuflar algo de credibilidad a las instituciones estatales que habían desaparecido de las zonas devastadas dejando en un completo desamparo a la población.
Todo estaba perfectamente sincronizado, como introducción previa a la visita de Felipe VI, Mazón y Pedro Sánchez. Este último no dejó de elogiar a Mazón en esas jornadas de la vergüenza, acudiendo el centro operativo para celebrar ruedas de prensa conjuntas con el president de la Generalitat.
Es importante señalar estos hechos para no perdernos en aspectos secundarios. Nuevamente el PSOE ha jugado el papel central defendiendo al régimen en un momento extraordinariamente delicado. No solo no han pedido la dimisión de Mazón, ni la convocatoria inmediata de elecciones, han intentado por todos los medios descafeinar la protesta social y hacerla completamente inofensiva.
La convocatoria de un paro de 10 minutos por parte de la CEOE, UGT y CCOO el viernes 8 de noviembre formaba parte de esa estrategia: unidad nacional y encubrir a todos los responsables de este crimen social contra la clase obrera, incluidos los grandes empresarios que como Juan Roig mandaron a sus empleados al matadero.
El intento de paralizar la respuesta se plasmó antes de la manifestación masiva del 9 de noviembre. El PSOE y sus organizaciones satélites trataron de hacer una procesión silenciosa. Como preveíamos, el intento se saldó con un fracaso estrepitoso y la movilización, que adquirió unas dimensiones históricas, señaló directamente a Mazón, al PP y también al PSOE.
El enorme papel que nuestra organización jugó en la manifestación es una prueba de la vitalidad de nuestras fuerzas. La movilización fue extraordinaria, un cortejo enorme, la distribución de cerca de 20.000 hojas con nuestra posición y también la demostración de que sabemos resistir a las provocaciones de los antidisturbios agrupando a miles detrás de nuestras banderas. Lo mismo podemos decir de la convocatoria de huelga general estudiantil en Valencia de más de una semana y de la huelga estatal que organizamos el martes 12 de noviembre. Levantar la solidaridad activa en estos momentos es una obligación para todos los revolucionarios.
La catástrofe de Valencia no se va a resolver fácilmente. Las heridas sociales y económicas son de proporciones gigantescas. La reconstrucción, en manos del PP, significará una nueva oportunidad de negocio para la oligarquía, mientras la falta de viviendas para las familias, la ausencia de centros y recursos educativos para miles de niños y jóvenes, y el desempleo y la precariedad continuarán creciendo.
Feijóo está afrontando esta situación crítica de la única manera posible: dando una patada hacia adelante y contraatacando. Quieren poner el foco en la irresponsabilidad del Gobierno central, pero realmente esa baza es muy débil, así que la deben completar con gestos hacia la galería, forzando la dimisión de algunas consejeras del Gobierno de Mazón, que se han destacado por su crueldad hacia las víctimas, y nombrando a exgenerales y otros altos mandos para dirigir las nuevas consejerías de reconstrucción.
En definitiva, un intento patético de sacudirse sus responsabilidades, no dimitir y desviar la atención presentando a los militares designados como “técnicos” que están por encima de la lucha partidista y que se dedicarán a hacerlo bien de verdad. Pero la experiencia demuestra que de los militares metidos en política solo se pueden esperar los peores resultados, empezando por generar un ambiente que justifique la represión de la protesta social que, inevitablemente, se va a recrudecer en Valencia.
Lo ocurrido en Valencia señala la fragilidad en la que se mueve este Gobierno. La legislatura está siendo cada vez más agónica y, aunque a corto plazo el desgaste del PP dé un respiro a Sánchez, en última instancia, es la propia burguesía la que no quiere tumbar a este Gobierno tal como hemos explicado.
En cualquier caso, los frentes abiertos son numerosos y las posibilidades de que se produzcan movimientos sociales potencialmente explosivos están ahí.
Las movilizaciones por el derecho a la vivienda están demostrando que el descontento es cada día más serio. La manifestación multitudinaria del pasado 13 de octubre en Madrid, la que recorrió Málaga el 9 de noviembre y la marcha masiva en Barcelona del sábado 23, entre otras, son la mejor prueba de que la situación ha llegado a su límite.
Esta lucha es una acusación directa contra la socialdemocracia, contra sus socios en el Gobierno y contra las burocracias de los dos grandes sindicatos. La solución al problema de la vivienda es imposible sin confrontar abiertamente con los intereses fundamentales del capitalismo español. El volumen de capital dedicado a la especulación en el mercado del alquiler es de tal envergadura que debemos esperar una resistencia feroz por parte de los caseros rentistas, ya sean particulares, bancos o fondos de inversión internacionales.
La barra libre especulativa se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento de los asalariados, especialmente los más jóvenes. Con alquileres medios que en muchas zonas ya superan ampliamente el SMI, millones de personas se ven abocadas a vivir en infraviviendas o a hacinarse en pisos compartidos.
Es evidente que esta batalla se está convirtiendo en un eje central de la lucha de clases, y estamos en las mejores condiciones de intervenir en este movimiento y hacerlo con un programa que plantee medidas de aplicación inmediata, como el tope a los alquileres o la prohibición por ley de los desahucios, junto a otras que apuntan al corazón de la acumulación de capital, como la expropiación inmediata de los pisos en manos de caseros rentistas, bancos y fondos buitre.
Por supuesto un programa correcto es fundamental, pero también una estrategia acertada es clave para lograr triunfos. Los errores que algunas organizaciones sectarias, con cierta influencia en los sindicatos de inquilinas, están cometiendo en este frente, como por ejemplo no dar continuidad a la manifestación masiva de Madrid, aplazar la organización de la huelga de alquileres, no intentar una coordinación seria a escala estatal cuando las condiciones están más que maduras o constreñir y hacer imposible la extensión de los sindicatos de inquilinas mediante estructuras burocratizadas, son un obstáculo y malogrará oportunidades para hacer avanzar la lucha.
Pero lo fundamental es ver que esta movilización critica directamente el orden capitalista y encierra un gran potencial revolucionario. Las condiciones para generar uno de los mayores movimientos de desobediencia civil de la historia del Estado español, incluso superior al 15M, están presentes en la situación. Nuestra tarea es contribuir a hacerlo posible.
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Notas:
[1]Antes de entrar a valorar la modificación de ley propuesta por EH Bildu, es interesante mencionar que la mayoría de la carga sancionadora recae sobre Gobiernos progresistas. Entre 2015 y 2018, periodo en el que el PP gobernó, se impusieron 765.416 multas. Y en los cinco años siguientes, entre 2019 y 2023, se registraron 1.390.574, es decir, el 64,5% de todas las sanciones impuestas con la Ley Mordaza.
[2]OECD Economic Outlook, Interim Report September 2024
[3]Las empresas españolas cotizadas ganan 32.099 millones en seis meses
[4]Más ricos que nunca: los contribuyentes que ganan más de 601.000 euros se disparan un 25% en España
[5]Funcas alerta del preocupante comportamiento de la inversión
[6]Informe anual 2023 - Banco de España
[7]Doce empresas del IBEX lograron al menos 600 millones en ayudas públicas en 2023
[8]Cerca de tres millones de trabajadores viven en situación de pobreza en España
[9]La pobreza afecta con especial crudeza a niñas y niños. La Plataforma de Infancia, una coalición de ONG y organizaciones humanitarias, alerta de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia se ha incrementado en 1,7 puntos, pasando del 32,2% en el año 2022 a un 33,9% en el año 2023, mientras que para el conjunto de la población el incremento ha sido de 0,7 puntos, situándose en el 26,9%. ¡Un tercio de nuestras niñas y niños viven en la pobreza!
[10]Así pagan las empresas del Ibex a sus empleados
[11]Mazón eliminó en cuatro meses la Unidad Valenciana de Emergencias, una “ocurrencia” heredada de Ximo Puig
