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El pasado 31 de diciembre finalizó el Plan de Empresa 2019-2022 de Navantia, firmado cuatro años antes.

Su balance es el de todos estos planes: la parte que le convenía a la empresa (la reducción de plantilla como vía para sustituir empleo digno por empleo en peores condiciones) se cumplió inmediatamente y a rajatabla; la parte favorable que supuestamente obteníamos los trabajadores y trabajadoras se quedó en gran parte en el limbo. En Ferrol todavía están pendientes de convocar cerca de un tercio de las plazas de ingreso previstas.

La burocracia sindical de CCOO y UGT ligó el plan con el convenio, a fin de conseguir, con el caramelo de las prejubilaciones, recortar derechos, sobre todo a los nuevos ingresos. Por si esto no fuera bastante, el convenio quedó abierto en numerosos temas de importancia, como los ascensos o un marco laboral para la industria auxiliar. En estos cuatro años no se cerró prácticamente ninguno.

Con esta situación, CCOO y UGT demandan ahora un nuevo plan 2023-27 para que se cumplan los incumplimientos del plan anterior. Y por la vía de los hechos consumados, están uniendo otra vez ese nuevo plan que reclaman con la negociación del nuevo convenio, negociación que retrasaron un año (el convenio finalizó el 31/12/2021) para que coincidiera con el fin del plan (31/12/2022).

La CGT defiende que convenio y plan no se deben juntar, como hasta 2018 había sido siempre la postura sindical cada vez que la empresa había pretendido mezclarlos.

Acabar con la doble escala salarial

Este convenio, además de recuperar poder adquisitivo, también debe tener como objetivo recuperar los derechos perdidos con el convenio en vigor y conquistar nuevos derechos en terrenos como la conciliación de la vida laboral y la vida personal. Y hay que corregir abusos como los dos niveles de entrada para los nuevos ingresos, que en la práctica convirtió en mileuristas a los compañeros que menos cobran.

Estos temas, entre otros, se los planteamos los delegados de la CGT y otros trabajadores a la ministra Margarita Robles el pasado 23 de febrero (Los trabajadores de Navantia-Ferrol hablan alto y claro a Margarita Robles), cuando visitó nuestra factoría, dejándole muy claro que, en temas clave como la subcontratación o las relaciones laborales, los trabajadores de Navantia no estamos viendo ninguna diferencia entre la gestión de Navantia bajo los gobiernos de Mariano Rajoy y la gestión bajo este gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia del Estado español.

Navantia tiene ahora una carga de trabajo importante en todas sus factorías, y las perspectivas a medio plazo también son buenas. Además estamos en un año electoral, y que tiene dos citas importantes: las municipales de mayo y las generales del otoño. Es el momento de movilizarnos con firmeza para demandar de este gobierno, elegido con los votos de la clase obrera, medidas que mejoren realmente la situación de los trabajadores. Porque como le dijimos a la ministra Robles, la carga de trabajo es importante, pero sólo es la mitad de la ecuación; la otra mitad son las condiciones laborales, que para los trabajadores subcontratados de Navantia, una empresa pública que depende de la SEPI, son en algunos casos tercermundistas, con jornadas diarias de 16 horas.

Y el otro aspecto de la estrategia que defiende la CGT para el convenio es la confluencia con otros colectivos de trabajadores en lucha por mejorar sus condiciones laborales. Hace un par de meses fueron las dependientas de las tiendas de Inditex en la provincia de A Coruña. Ahora mismo están los compañeros y compañeras del almacén de Lidl en nuestra comarca. Seguro que en otras zonas geográficas donde está radicada Navantia (bahía de Cádiz y Cartagena) hay otros conflictos. Como en el pasado, el movimiento obrero de Navantia tiene que jugar un papel unificador, impulsar la confluencia con otras empresas en lucha.

Porque la lucha por el convenio de Navantia no es especial. Es la misma lucha que la del resto de la clase obrera para que suban los salarios, disminuya la precariedad, se reduzca la jornada, se abarate la vivienda y la alimentación… Es una lucha contra las políticas capitalistas que están provocando un reparto cada vez más injusto de la riqueza. Y este problema de fondo no se va a resolver desde una sola empresa, un solo sector o una sola comunidad autónoma.

Si queremos vencer, tiene que ser una batalla de toda la clase obrera. Y una batalla que no es sólo contra las empresas, sino también contra los sindicatos colaboracionistas que las ayudan a recortar nuestros derechos. El movimiento obrero necesita un nuevo comienzo, abandonado la nefasta política del diálogo social y recuperando la lucha como herramienta decisiva.


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