El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha planteado que cualquier persona que rechace un empleo debería perder su prestación por desempleo o, en su caso, el ingreso mínimo vital (IMV).
También ha dicho que esta posición por su parte “no es normal”. Y en eso tiene razón, no es muy normal que un dirigente sindical, que debería defender los derechos de los trabajadores y de los más oprimidos, haga justo lo contrario: pronunciarse como un latiguero de la patronal. Su posición, sin embargo, no es ninguna novedad. Es lo que todos los días escuchamos de boca de los capitalistas, de la derecha o de los burócratas de la Unión Europea.
Es la que sirvió, entre otros, a Aznar, para recortar el seguro de desempleo, y que los parados vieran mermada seriamente su prestación cuando hubieran consumido la mitad de la misma. Es a la que nos tiene acostumbrados todos esos empresarios explotadores sin escrúpulos, a los que los medios de comunicación dan tanto bombo, que se quejan de que no pueden contratar camareros, limpiadoras, o jornaleras por culpa del desempleo o del IMV, y no porque ofrezcan salarios de miseria por jornadas maratonianas. En definitiva, es la posición de todos aquellos que atacan la sanidad y la educación pública o que plantean recortar las pensiones alegando que el sistema es insostenible.
Pero estas lamentables declaraciones no se han quedado ahí. Álvarez ha vinculado las mismas con la inmigración, en un marcado tono racista y xenófobo al puro estilo del Vox. Cómo si el problema del desempleo o de los bajos salarios fuera culpa de nuestros hermanos inmigrantes, cuyo único delito es tratar de buscar un futuro más digno para ellos y sus familias, en el que puedan comer y no tengan que sufrir la guerra y la barbarie. Por cierto como nuestras abuelas y abuelos cuando el hambre azotaba a millones de familias en la postguerra.
Pero si lo pensamos bien estas declaraciones de Pepe Álvarez son plenamente coherentes con la deriva de estos burócratas sindicales, que no solo han asumido la lógica del sistema y han renunciado a la lucha, sino que se han garantizado grandes prebendas y privilegios, e incluso, fabulosos negocios.
Así lo pone en evidencia el último caso de corrupción que ha saltado en la UGT Madrid, con un desfalco, por ahora, de 4 millones de euros. Uno más, como el caso de los ERE de Andalucía, como los diversos escándalos surgidos en torno a los famosos cursos de formación, una fuente muy lucrativa de negocios para la burocracia sindical, o como los fondos de pensiones privados donde están plenamente involucrados.
Sus condiciones de vida no son las condiciones de vida de la clase trabajadora, no padecen nuestros sufrimientos y escaseces diarios, ni la atroz inflación que está ahogando a millones de familias obreras. Y por eso no tienen ningún reparo en firmar subidas salariales de miseria, hundiéndonos un poco más en la pobreza, o una reforma de las pensiones que nos obliga ahora a trabajar hasta los 67 años.
Y por eso, como buenos lugartenientes de la patronal y el gran capital en el movimiento obrero, se emplean a fondo para intentar frenar cualquier lucha, cualquier conflicto, cualquier batalla seria de la clase obrera. Así lo hemos visto recientemente en la ejemplar huelga de Inditex, pero lo mismo ha ocurrido en el metal de Cádiz, en Mercedes Benz en Vitoria o con las trabajadoras del SAD.
Estas bochornosas declaraciones son un reflejo de lo lejos que ha llegado la degeneración de estos burócratas acomodados. Y por eso es más importante que nunca levantar una alternativa sindical combativa, de clase, e internacionalista, que confronte con la patronal, con el capitalismo y con esta burocracia sindical solo preocupada en salvar sus privilegios.
