El 10 de mayo se inició la huelga indefinida de los médicos hospitalarios de la Comunidad de Madrid (CAM) en protesta por la situación de precariedad e inestabilidad laboral que sufren y por la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de convocar sorpresivamente una Oferta Pública de Empleo que amenaza con dejar en la calle a varios miles de profesionales que acumulan años de experiencia y que han demostrado sobradamente su capacitación para el puesto que actualmente ocupan como funcionarios interinos o como laborales con contrato eventual.
El nivel de precariedad entre los 17.667 médicos de los hospitales públicos de la CAM es sangrante. El 52% de ellos son temporales y en algunos servicios, como ocurre en Urgencias, esta cifra asciende hasta el 82%; además, esta situación se prolonga en muchos casos después de más de 15 o 20 años. Esta altísima precariedad es la consecuencia directa de las políticas privatizadoras del PP, que se orientan a convertir la sanidad en un negocio para las grandes compañías aseguradoras y para los fondos especulativos que han realizado grandes inversiones en la sanidad privada.
En tiempos del Gobierno de Esperanza Aguirre el PP madrileño intentó, en medio de las políticas de austeridad impuestas a raíz de la crisis financiera de 2008, privatizar el sistema hospitalario público de la Comunidad, pero la enérgica movilización de la Marea Blanca, agrupando a médicos, personal sanitario y pacientes, con el apoyo masivo de la ciudadanía madrileña obligó a paralizar esos planes de privatización directa. Pero las políticas destinadas a hacer de la salud pública un negocio continuaron por otras vías, y la principal de ellas fue la decisión consciente de promover un progresivo deterioro del sistema sanitario público. Una de las vías para conseguirlo ha sido no cubrir durante años las plazas vacantes de médicos mediante la convocatoria de oposiciones, sino recurrir, en la inmensa mayoría de los casos en abierto fraude de ley, a la contratación temporal, para dejar abiertas las puertas a una fácil destrucción de puestos de trabajo sanitarios si los planes privatizadores así lo requerían.
No solo el PP es responsable: las políticas del PSOE también hunden la sanidad pública
Sin duda, la CAM bajo el gobierno del PP ha sido pionera en las políticas de hacer de la sanidad un negocio para los grandes capitalistas. Pero las autonomías gobernadas por el PSOE no han hecho nada sustancialmente distinto. Y el Gobierno de coalición PSOE-UP tampoco hizo nada para revertir los recortes sanitarios impuestos por el Ejecutivo de Rajoy e, incluso en lo más duro de la pandemia, cuando las políticas de Ayuso empezaban a ser contestadas en los barrios obreros de Madrid, Pedro Sánchez acudió raudo a la Puerta del Sol para mostrar públicamente su apoyo y su sintonía con las políticas antisociales del PP.
Tampoco el PSOE hizo nada durante años para solucionar el problema de la eventualidad de los empleados públicos, fuesen personal sanitario, personal docente o trabajadores de cualquier otro servicio o administración pública. Gracias a esta inacción, a principios de 2021 casi 800.000 trabajadores de las administraciones públicas se encontraban en riesgo de perder su puesto de trabajo tras 10, 20 o 30 años encadenando contratos temporales.
Las huelgas y movilizaciones de las empleadas y empleados públicos forzaron a la Unión Europea y al Gobierno a buscar una salida legal a esta insostenible situación. Pero en vez de reconocer el derecho de estos trabajadores y trabajadoras a consolidar su puesto de trabajo, el Gobierno PSOE-UP preparó una normativa legal, coloquialmente conocida como el “Icetazo”, que lejos de resolver el problema lo agravaba.
En la valoración que en su momento hicimos desde Sindicalistas de Izquierda anticipábamos que ”con la nueva Ley, se hace un llamamiento al sálvese quien pueda, segregándonos generacionalmente y dejando la pelota en el tejado de cada Administración para que decida cómo va a reducir su temporalidad. Esto significa que no se garantizan los puestos de trabajo, que no se garantizan unas condiciones laborales mínimas, que no se garantiza el desarrollo profesional, que no se garantiza la conciliación y que no se garantiza un funcionamiento mínimamente eficiente de los servicios públicos. La puerta a los recortes y las privatizaciones nunca ha estado más abierta y viene de la mano del Gobierno del PSOE y UP.” Lo que está ocurriendo con los médicos hospitalarios de Madrid confirma este pronóstico.
Ayuso aprovecha los plazos previstos en la normativa aprobada por el Gobierno central para convocar unas oposiciones que van a provocar una gravísima desorganización en los hospitales de Madrid. Por un lado, una parte de los actuales médicos precarios perderán sus puestos de trabajo y con ellos se perderá experiencia y conocimiento de sus pacientes. Pero, además, debido a que el diseño de los exámenes no diferencia nítidamente entre subespecialidades médicas, los médicos que consigan consolidar su plaza pueden encontrarse con un nuevo puesto de trabajo en un área distinta a aquella en la que llevaban ejerciendo su profesión desde el inicio de su carrera profesional.
Muchos de los actuales equipos médicos, formados a lo largo de muchos años de trabajo conjunto, van a desaparecer y será necesario improvisar equipos nuevos, con el riesgo cierto de provocar un serio deterioro de la calidad de la asistencia. Exactamente lo que Ayuso y el PP están deseando que ocurra para acelerar el trasvase de pacientes a la sanidad privada y servir engordando los bolsillos de avispados comisionistas como el hermano de la propia Ayuso o el primo del alcalde Almeida y sus socios de negocios turbios.
Un ataque a toda la clase trabajadora madrileña
El Gobierno del PP en la CAM ha respondido a la convocatoria de huelga intentando dividir a los médicos facultativos con ofertas ridículas de consolidación de algunos puestos de trabajo. Pero ante la firmeza demostrada por el colectivo ha recurrido a fijar unos servicios mínimos abusivos, que en muchos casos llegan al 100%. Es decir, en la práctica el PP pisotea el derecho de huelga con total impunidad y priva de nuevo a un importante sector de la clase trabajadora de uno de sus más elementales derechos.
Desde Sindicalistas de Izquierda damos todo nuestro apoyo a los médicos hospitalarios de la Comunidad de Madrid. Su lucha es parte de la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras madrileñas por el derecho a una asistencia sanitaria pública y de calidad. El ataque a sus puestos de trabajo y la negación de su derecho a la huelga debemos considerarlos como un ataque a toda nuestra clase.
Llamamos a todo el pueblo madrileño a mostrar su activa solidaridad con nuestros médicos hospitalarios. Los sindicatos de clase tienen que abandonar su postura pasiva y convocar acciones de apoyo y de extensión de la huelga hasta hacer que el gobierno de Ayuso ceda. Derrotamos una vez las políticas privatizadoras de Aguirre y volveremos a hacer retroceder a su sucesora.
¡NO A LA PRECARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NI DE LAS CONDICIONES LABORALES DE SUS PROFESIONALES!
