En la mañana del 4 de octubre el Gobierno PSOE-UP lanzó las campanas al vuelo para anunciar su acuerdo para los Presupuestos Generales de 2023. Según declararon desde fuentes de Presidencia, y remacharon numerosos ministros y ministras del PSOE y UP en el Parlamento en decenas de entrevistas y videos en las redes sociales, estos presupuestos “incorporarán el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar”. ¿De verdad podemos creer estas afirmaciones? ¿Hay truco o todo es tal como nos dicen desde Moncloa?

Aunque las ayudas aprobadas son mejores que nada, la realidad es que están muy lejos de compensar las desmesuradas subidas de precios que padecemos desde hace más de un año. Cuando las colas del hambre se extienden por toda la geografía y la pobreza afecta a más de 10 millones de personas, el Gobierno trata de camuflar parches insuficientes como una política social “sin precedentes”. Pero seamos concretos y vayamos al grano de estas propuestas.

  1. Las actuales ayudas de 100 euros al mes para familias con menores hasta los tres años, que ahora cobran solo las mujeres con trabajo, se extienden a las que no tienen empleo. Pero si alguien cree que para los cientos de miles de familias en situación de pobreza y con hijos pequeños 100 euros al mes les sacarán del hoyo está en babia. Solo en este año los alimentos básicos han subido más de un 14%, por no hablar de los incrementos bestiales de la luz y el gas. Con 100 euros, seguirán condenadas a las colas del hambre y a depender de ayudas de las ONG para poder comer.

  2. Los parados que perciban la prestación por desempleo verán una pequeña mejora a partir del séptimo mes. En lugar de rebajarles la prestación en un 50% se la rebajarán en “solo” un 40%. Es innegable que será un alivio para los beneficiados, pero con esta medida no se resuelve el deterioro del poder adquisitivo de las prestaciones por desempleo a causa de la inflación.

  3. El IPREM, el índice que indica la renta vital mínima y que se usa como referencia en todo tipo de ayudas y prestaciones sociales, subirá en 2023 desde los actuales 579 euros hasta los 600. ¡Con una inflación en torno al 10%, el IPREM sube un 3,62%!

  4. Algo similar ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora es de 639 euros brutos para una familia formada por un adulto y un menor. El Gobierno anuncia que subirá en la misma cuantía que las pensiones, pero por apreciable que pudiera ser esa subida no resuelve los dos grandes problemas que presenta el IMV. El primero, que no garantiza, ni de lejos, lo necesario para la supervivencia. Incluso con la subida anunciada, el IMV seguirá a años luz del umbral oficial de pobreza (794,6 euros mensuales por persona). Lo segundo, que las trabas administrativas para poder acceder al IMV lo han hecho completamente impotente como medio de combatir la miseria.

  5. Respecto a las pensiones, si finalmente subiesen el 8,5% anticipado por el Gobierno –que no comprometido- los pensionistas seguirían perdiendo poder adquisitivo en 2023. Y otra cosa fundamental, las reformas ya aprobadas y las anunciadas van en la línea de reducir las cuantías de las futuras jubilaciones y abrir las puertas a su privatización.

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Con las ayudas aprobadas el Gobierno trata de camuflar parches insuficientes como una política social “sin precedentes”. 


Miles de millones públicos para las grandes empresas

Lo peor de estas medidas no es el carácter limitado de su alcance, sino el hecho de que una porción muy sustancial del supuesto “gasto social histórico” se va a traducir en una lluvia de millones para los empresarios que explotan servicios básicos privatizados.

Además de planes como el bono de alquiler joven, las ayudas para el acceso a la vivienda y otras similares que en realidad acaban siendo una subvención a fondo perdido para los propietarios y los fondos inmobiliarios, dos capítulos importantes que se presentan como “gasto social” están muy lejos de serlo.

El anunciado refuerzo del sistema nacional de salud, aún no cuantificado, sería muy positivo si se destinase a reforzar los servicios sanitarios públicos. Desgraciadamente, a la vista de la trayectoria abiertamente privatizadora de los servicios de salud que impera en todas las administraciones autonómicas, estén gobernadas por el PSOE o por el PP, y que son las que tienen las competencias sanitarias, es seguro que este incremento presupuestario acabará en los bolsillos de las empresas que gestionan concesiones de servicios sanitarios de titularidad pública.

Esto mismo ocurrirá, y a mucho mayor escala, con los 600 millones de refuerzo del plan de choque para la dependencia. Las empresas que explotan este sector facturaron 1.755 millones de euros en 2020 y ya se preparan para apoderarse de la parte del león de esos 600 millones adicionales. ¿Repercutirá este aumento presupuestario en la calidad del servicio prestado a las personas dependientes? Las 7.300 personas fallecidas durante la pandemia en las residencias de tercera edad privatizadas de la Comunidad de Madrid, sin la más mínima asistencia médica y abandonadas impunemente a su suerte, nos dicen claramente que no. ¿Servirá ese incremento, quizás, para mejorar las miserables condiciones laborales en el sector? La reciente huelga del SAD asturiano, que ha tenido una amplia cobertura en esta web, desmiente rotundamente cualquier esperanza en este sentido.

Sin una remunicipalización inmediata de los servicios de dependencia este aumento presupuestario será un nuevo regalo a empresarios como Florentino Pérez o Luis del Rivero, famosos por su implicación en las peores tramas de corrupción de las últimas décadas.

La lluvia de millones para el gran capital no acaba aquí. Los 31.330 millones previstos para el pago de los intereses de la deuda son un bonito regalo para bancos y grandes fondos de inversión internacionales. El capital de los préstamos se ha obtenido a un coste irrisorio, o incluso sin coste alguno, de las facilidades crediticias del Banco Central Europeo, financiado con el dinero de nuestros impuestos, y se presta a tipos de mercado a los Estados. ¡Un negocio redondo, que aumenta a medida que los bancos centrales suben los tipos de interés!

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Con la política privatizadora de la sanidad o de los servicios a la dependecia prácticada tanto por el PSOE como por el PP,el aumento presupuestario será un nuevo regalo a los empresarios del sector. 


También es una buena noticia para los inversores en la industria armamentística el incremento del 25% de los gastos de defensa, al calor de la ofensiva bélica del imperialismo norteamericano y la OTAN en suelo europeo. En esta partida no hay límites presupuestarios, y el dinero que se escatima en el Ingreso Mínimo Vital se derrocha a manos llenas en el lucrativo negocio de la destrucción y la muerte. Las ministras y ministros de UP que se han hartado de calificar estos presupuestos de “sociales y feministas” también han dado su visto bueno a este escándalo.

Por último, las ayudas a las empresas, ya sea como subvenciones a fondo perdido o como créditos a bajo tipo de interés, alcanzan cotas nunca vistas antes.

Tras los 100.000 millones públicos regalados en rescates bancarios e industriales por la crisis de 2008, las ayudas directas a las empresas continuaron año tras año, con Gobiernos PSOE o con Gobiernos PP. La cuantía exacta de estas ayudas es difícilmente calculable. Según el informe de principios de año de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados[1], los últimos datos disponibles corresponden a 2019, antes del estallido de la pandemia. En ese ejercicio los Presupuestos incluyeron subvenciones a los empresarios por importe de 4.440 millones, el 0,37% del PIB.

La llegada de la pandemia desencadenó una nueva lluvia de millones para quienes menos lo necesitan. Solo a través del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinaron otros 140.000 millones que, como ya explicamos, están siendo encauzados fundamentalmente hacia las grandes empresas y multinacionales españolas.

En el Consejo de Ministros del 12 de marzo de 2021[2] se aprobaron nuevas ayudas a las empresas por importe de 11.000 millones de euros, repartidos entre 7.000 millones en ayudas directas, 3.000 millones para reestructurar la deuda financiera de las empresas y 1.000 millones para facilitar su recapitalización.

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El Gobierno de Pedro Sánchez, como todos los europeos se pliega ante los grandes monopolios y la banca. El camino para parar esta deriva es el de la movilización y la lucha en las calles. 


Al lado de estas cifras, los 600 millones de refuerzo para la dependencia, o el acuerdo firmado entre el Gobierno y la burocracia de CCOO y UGT que supone la pérdida del 12% del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, aparecen como lo que realmente son: una limosna a cuenta de la que hacer propaganda vacía.

Todos los Gobiernos europeos que se pliegan ante las exigencias de los grandes monopolios y la banca, y el Gobierno de Sánchez no es una excepción, están inyectando miles de millones a los grandes capitalistas a costa de nuevos y más penosos sacrificios para la clase trabajadora y la juventud. Pero hay un camino para parar esta deriva, y es el de la movilización y la lucha en las calles. El 15 de octubre, fecha de la gran Marcha sobre Madrid convocada por las Plataformas de Pensionistas para defender los servicios públicos, los salarios y pensiones, tiene que ser el primer paso de una respuesta contundente y unificada para enfrentar la hecatombe que se nos viene encima.

 Notas:

[1] https://www.cnmc.es/prensa/informe-ayudas-publicas-2021-20220112

[2] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/120321-cministros_extraordinario.aspx


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