El pasado 13 de abril Pedro Sánchez presentó en rueda de prensa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia / España Puede calificándolo como “el plan económico más ambicioso de la historia reciente de España” y “la mayor oportunidad para nuestro país desde la entrada en la Unión Europea”.
Se trata de una inversión directa de dinero público nunca vista en el Estado español: 70.000 millones de euros hasta 2023, que saldrán del fondo de recuperación europeo aprobado el pasado julio, y que drenará de la UE al Gobierno estatal hasta 140.000 millones entre transferencias directas y préstamos[1]. Esta cantidad será complementada además con 27.000 millones de euros de los PGE 2021.
Sánchez señaló que este plan permitirá “revertir los estragos del austericidio y el debilitamiento del Estado del bienestar” de los últimos años. ¿Pero esto es realmente así? ¿Para quién supone este plan una gran “oportunidad”?
Las inversiones y reformas que quieren los empresarios
El plan contempla la realización de 110 inversiones y 102 reformas. A pesar de la calculada abstracción y los constantes eufemismos del redactado, éste no puede ocultar que su objetivo principal es “ganar en competitividad” y “mejorar el clima de negocios, favorecer la inversión e impulsar la creación y crecimiento empresarial, aumentando el tamaño y la productividad de las empresas”. Los trabajadores sabemos perfectamente que en este sistema esto siempre se hace a costa de nuestros derechos.
El plan define unos “proyectos clave” a los que denomina Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y que “consisten en una nueva figura de colaboración público-privada con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española”. La realidad es que estos PERTE son enormes inyecciones de dinero público a las grandes multinacionales, ya sea de forma directa (subvenciones y ayudas millonarias) o indirecta (inversión en la infraestructura de los proyectos, cuyo desarrollo dependerá de que haya inversión privada, asumiendo por tanto el Estado todo el riesgo).
Sánchez nos intenta vender la moto de que esas grandes empresas, una vez hayan recibido los 140.000 millones de los fondos europeos, realizarán una inversión privada de 500.000 millones de euros hasta 2026. Disculpen nuestra perplejidad. En un contexto de crisis profunda, la prioridad de los capitalistas es poner a salvo su dinero y aprovechar el chorro de dinero público para sanear cuentas y maximizar sus beneficios en actividades especulativas, no invertir en la economía productiva.
El ejemplo del vehículo eléctrico: ¿la transición ecológica en manos de los capitalistas?
El 39,12% del presupuesto está dedicado a la “inversión en tecnología e infraestructura verde” y el 29% a la “transformación digital”, ambas partidas íntimamente ligadas. Así, el primer PERTE que se perfila va destinado al ámbito del vehículo eléctrico y abarca el despliegue de su infraestructura de recarga y subvenciones para que las empresas fomenten su venta con precios más asequibles.
Este proyecto parece diseñado directamente por las grandes multinacionales del sector. De hecho, estas medidas son las que defendió en febrero Wayne Griffiths, presidente de SEAT (Grupo Volkswagen), que admitió estar en conversaciones avanzadas con el Gobierno, y en referencia a los fondos europeos avanzó que el acuerdo se anunciaría próximamente y que beneficiaría no solamente a SEAT, sino también a IBERDROLA y a TELEFÓNICA. Una vez más, el Gobierno de Sánchez se postra ante las exigencias de los grandes empresarios y directamente ante sus amenazas: el presidente del Grupo Volkswagen, Carsten Isensee, dijo hace unos meses que solamente fabricarían algún modelo de coche eléctrico en España si el Gobierno daba las ayudas adecuadas y que en cualquier caso no invertirían nada a este respecto hasta 2025. Estos millonarios chantajeaban de forma descarada mientras informaban orgullosos a sus accionistas de un incremento del 11% en las ventas de vehículos de marca Cupra y su expansión a los mercados de México, Israel y Turquía, y se mostraban sumamente optimistas con las ventas de SEAT para 2021.
Ceder a las presiones de los empresarios nunca asegura los puestos de trabajo, y mucho menos de calidad.
Si el Gobierno de Sánchez quería impulsar el vehículo eléctrico y el empleo, tuvo una gran oportunidad: nacionalizar sin indemnización las plantas de NISSAN, evitar el despido de 25.000 trabajadores y trabajadoras y fabricar vehículos eléctricos para fomentar una movilidad sostenible y pública. En lugar de eso, NISSAN se está yendo de rositas, después de recibir durante años centenares de millones de euros en subvenciones.
Ahora mismo a nivel estatal hay una reconversión en el sector del automóvil, con decenas de miles de despidos, cierres de fábricas y deslocalizaciones a países donde la mano de obra es más barata. Pero el Gobierno de Sánchez mira para otro lado.
De nada sirve regar a los empresarios del automóvil, de generación de energía o de la banca con millones de dinero público confiando en que realizarán la “transición ecológica” y que crearán empleos en la nueva “economía verde”. Esta transición siempre estará lastrada por los intereses y beneficios económicos inmediatos de los capitalistas que, además, aprovecharán la liquidez subministrada para, en un escenario de colapso del mercado mundial, profundizar en sus actividades especulativas vinculadas al clima: mercado de futuros, bonos verdes y otros mecanismos financieros son la base de una peligrosa burbuja verde que se está hinchando en esta ocasión con dinero público.
¿Dónde están los recursos para los servicios públicos?
En contraste con las grandes cifras de inversión en infraestructuras y modelo productivo, cuyos beneficiarios serán los empresarios del sector, muy poco encontramos en el plan para los servicios públicos.
¡Ni una sola partida económica para la sanidad pública! ¡En plena pandemia y con la saturación del sistema público y de los sanitarios y sanitarias! Es un verdadero escándalo.
A nivel educativo, la mitad de las inversiones son para la “digitalización del sistema educativo”, con varios planes generales de formación y una dotación sin cuantificar de dispositivos portátiles para “reducir la brecha digital”, promesas de sobras incumplidas por el Gobierno en este largo año de pandemia. La otra mitad es para la escuela infantil y la formación profesional. En la escuela 0-3 se plantea la creación de 65.000 nuevas plazas públicas. Lógicamente preferimos un incremento a un decrecimiento, pero el aumento no puede impedirnos ver que ese número de plazas en la escuela infantil supondría solamente un aumento del 13% cuando la realidad es que el 62% de los menores de tres años no están escolarizados (765.000 niños y niñas) y la mitad de las plazas disponibles son privadas.
En el caso de la FP, se plantea un “plan estratégico de impulso” marcado básicamente por las necesidades de los empresarios y su objetivo es utilizar a los jóvenes como mano de obra barata. Esta es una de las reclamaciones de la UE. Si bien se plantean generar 200.000 nuevas plazas (cifra por otro lado insuficiente teniendo en cuenta las decenas de miles de estudiantes no admitidos en la FP cada año y que en los últimos 10 años el número de matriculados ha aumentado en 400.000), no se dice cuántas serán públicas; de hecho, se insiste en que el plan se hará mediante “colaboración público-privada, de manera que se asegure una cobertura óptima a las necesidades del sector productivo” y poder acceder a “puestos de trabajo de cualificación intermedia”. Traduciendo: los estudiantes de FP serán explotados gratuitamente por las empresas donde hagan las prácticas y si encuentran trabajo serán usados como mano de obra barata en cuanto tengan la titulación.
Pero la reflexión general sobre el sistema educativo debe ser: ¿dónde está la contratación de los miles de profesores que necesitamos urgentemente, muchos de los cuales fueron despedidos hace años por los recortes? ¿Dónde está la reducción de ratios? ¿Dónde está el plan de inversión que necesitan nuestras escuelas e institutos públicos? ¿Dónde está la rebaja de las tasas universitarias y el fin de su proceso de privatización y elitización?
Con respecto a la lucha contra el machismo, en el texto se cita un “plan de choque para la economía de los cuidados” y el “refuerzo a las políticas públicas para un mercado inclusivo”, e incorpora algunas dotaciones para el Ingreso Mínimo Vital, equipamiento público en centros residenciales y ampliación del servicio de atención a la violencia machista. Evidentemente esto es mejor que nada, pero la pregunta es: ¿los cambios que se proponen permitirán acabar con la precariedad de la mujer trabajadora y la brecha de género? Lamentablemente hemos de decir que no.
Los servicios de atención a la dependencia seguirán en manos privadas y serán las empresas de Florentino Pérez y otros oligarcas los que gestionen las ayudas públicas. En el caso de las residencias, a nivel estatal el 89% son privadas. Mientras se mantengan estos servicios básicos bajo dominio del lucro empresarial será imposible dar una atención adecuada a las personas dependientes y a nuestros mayores. También será imposible dotar de unas condiciones laborales dignas a las mujeres trabajadoras. Y mientras no dispongamos de un parque de vivienda pública para dar una alternativa habitacional a mujeres maltratadas que dependen económicamente del marido, así como expertas y expertos en psicología para atención de mujeres maltratadas, y mientras no sean expulsados los jueces y fiscales franquistas y machistas, la violencia machista continuará.
Habrá “hombres de negro”: la UE exige recortes y una nueva reforma laboral
Las contrapartidas que la UE exige a cambio de entregar estos 70.000 millones de euros al Gobierno central son bien conocidas: más recortes en los servicios públicos (educación, sanidad, pensiones…) y nuevas vueltas de tuerca a la reforma laboral, entre otras. En este último aspecto, el Plan de Recuperación de Sánchez se compromete a reducir a tres los tipos de contratos (estable, temporal y formación) y “modernizar la negociación colectiva”.
Es evidente que los empresarios usarán a placer esta nueva legislación para explotar todavía más salvajemente a la juventud, las mujeres y la población migrante, y precarizar las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, la simplificación de los tipos de contrato en estos términos ha sido una reivindicación histórica de la patronal.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, reclamó recientemente a España una reforma laboral “amplia y ambiciosa”, indicando que debe ser la “primera prioridad”. Nadia Calviño y el Ibex-35 tienen claro por dónde empezar.
Desde el Gobierno de coalición se ha insistido en que las políticas que están aplicando son muy distintas a la austeridad y los recortes del PP (y que empezó a implementar Zapatero), que este Plan de Recuperación no es un rescate como el que la UE firmó hace unos años, en los primeros compases de la Gran Recesión, con los gobiernos griego e irlandés y que implicó durísimos ataques a la clase trabajadora de estos países. Dice que no va a haber “hombres de negro”, como popularmente se conocieron los emisarios de la Troika (UE, BCE y FMI), que viajaban a los países rescatados para asegurarse de que las duras políticas de ajuste eran aplicadas. Pero aunque Sánchez hable de “Plan Marshall europeo”, es evidente que este “Plan de Recuperación” se parece mucho a un rescate.
Están claras las exigencias para entregar los primeros 70.000 millones. Una vez este plan sea aprobado por la UE, el Gobierno podrá recibir un primer anticipo de 10.000 millones de euros: el resto del dinero se irá desembolsando a medida que se vayan cumpliendo una serie de “hitos y objetivos”. De hecho, en el documento el Gobierno se compromete a “mejorar la eficiencia del gasto y la sostenibilidad de las cuentas públicas”. Y esto no va a hacerlo cerrando el grifo de dinero público a los empresarios… ¿Seguro que esto no es un Plan de Rescate a cambio de ataques a las condiciones de vida de los y las jóvenes y trabajadoras? Aunque la situación es distinta a hace 10 años y la historia nunca se repite igual, la maestría ilusionista de la socialdemocracia no puede ocultar cuál es la realidad.
La inversión masiva de dinero público no conseguirá por sí misma cambiar el ciclo actual de destrucción de fuerzas productivas y poner fin a la crisis de sobreproducción capitalista. Esto ha sido constatado nuevamente por la experiencia de la Gran Recesión iniciada en 2008. Al contrario, lo que han demostrado estos años es que el chorro de liquidez suministrado a los capitalistas no ha ido a la inversión productiva sino a la especulación; ha disparado la deuda pública, corroyendo junto con la gran deuda privada el organismo económico; y ha permitido que el proceso de acumulación capitalista tomase otras formas y haya dado como resultado unas desigualdades sociales descomunales con el empobrecimiento de millones de personas y el enriquecimiento sin igual de una minoría de plutócratas que gobiernan el mundo con puño de hierro.
El único plan que permitiría salir del atolladero en que estamos a millones de familias trabajadoras, de la dura crisis económica agudizada por la pandemia, pasa por la nacionalización sin indemnización de los sectores estratégicos de la economía y de la banca, para poner en marcha bajo control democrático de los trabajadores un amplio plan de empleo público y asegurar así una sanidad, educación, pensiones y vivienda públicas, asequibles y de calidad. El socialismo es la única salida a la catástrofe a la que nos conduce el capitalismo. Por esta alternativa luchamos en Izquierda Revolucionaria.
[1] Véase “La verdad del acuerdo de la Unión Europea: un nuevo plan de rescate a costa de la clase obrera” (27 de Julio de 2020).
