Las cosas siempre pueden ir a peor. Y eso pasa con el PSOE. Sacudido por los escándalos de corrupción de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, y encajando derrota tras derrota en las elecciones autonómicas, la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos conectados con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra ha dejado al partido, y al Gobierno, en estado de shock.
Es importante no simplificar lo que está pasando. Esta operación no es un capítulo más de la ofensiva del partido fascista de la toga contra el Gobierno y contra Sánchez. Lo que destapan las informaciones que se filtran en cascada y de manera muy planificada, va mucho más allá. La implicación directa de los servicios de inteligencia de la Administración Trump, suministrando información fundamental al juez instructor José Luis Calama, es muy relevante. Y que esta información provenga de medios gubernamentales venezolanos, justo en el momento en que Delcy Rodríguez se ha convertido en la testaferro de Washington tras el golpe de mano trumpista y el secuestro del expresidente Maduro, tampoco es accidental.
El auto del juez se basa en una apabullante cantidad de indicios documentados que demuestran las relaciones mantenidas por la cúpula directiva de Plus Ultra —con magníficos lazos en el anterior Gobierno venezolano de Maduro y Delcy— y el entramado de sociedades del multimillonario español Julio Martínez Martínez, “Julito”, que como es sabido además de amigo íntimo tenía en nómina a Rodríguez Zapatero en su empresa Análisis Relevante como receptor de importantes pagos por sus servicios de “asesoramiento”.
Esta trama sí que la investigan
Los datos del extenso informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que han saltado a todos los medios de comunicación, y que han constituido la base para la imputación judicial, señalan a Rodríguez Zapatero como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para obtener “beneficios económicos” mediante “la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. A Julio Martínez, administrador de Análisis Relevante, lo califica como su “lugarteniente principal y figura visible”.
El informe de la UDEF, entre otras muchas cosas, señala las diferentes vías que la directiva de Plus Ultra emprendió para intentar hacerse con las ayudas aprobadas en mitad de la pandemia para empresas “estratégicas y solventes”. Por un lado, tocando al entorno del ministro de Transporte, Ábalos, mediante sus contactos en el Gobierno de Delcy, y sobre todo a través de la empresa Análisis Relevante, conectada con el expresidente Zapatero.
Una de las informaciones a la que dan más importancia y que demostraría la implicación de Zapatero es del 26 de febrero de 2021, cuando Julio Martínez Martínez felicita con un mensaje de wasap a Rodolfo Reyes, máximo accionista en ese momento de Plus Ultra, por haber conseguido los 53 millones de euros del rescate, y la respuesta de este último es: “Muchas gracias por el apoyo. Tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones”. Pero la cuestión que señala la investigación es que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI y que concedía las ayudas económicas, no presenta hasta el 2 de marzo de 2021 la propuesta para el apoyo financiero público a Plus Ultra, que finalmente es aprobada en el Consejo de Ministros el 9 de marzo[1].
La investigación policial plantea que Zapatero y su entorno, principalmente sus hijas a través de su empresa Whathefav, recibieron de la trama en torno a dos millones de euros entre 2021 y 2025, justificados mediante facturas emitidas por conceptos ficticios y ad hoc, muchas de ellas elaboradas por la secretaria personal del expresidente, Gertrudis Alcázar, de manera coordinada con Julio Martínez.
El auto de incriminación de Rodríguez Zapatero tiene una arquitectura cuidada y basada en indicios contundentes. Y no empieza hace unas semanas. Según ha trascendido, las investigaciones se iniciaron en 2024, cuando las fiscalías de Francia y de Suiza remitieron documentación a sus homólogos de anticorrupción en el Estado español sobre una investigación en marcha que afectaba a los empresarios de Plus Ultra por blanqueo de capitales derivados de diferentes operaciones en Europa y del rescate de 53 millones del Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso la Fiscalía Anticorrupción, en otros tarda años en hacerlo, abrió diligencias que culminaron en verano de 2025 judicializando la causa. El 11 de diciembre de 2025 la jueza Esperanza Collazos firmó la orden para registrar la sede de Plus Ultra, la casa del secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, la del venezolano Rodolfo Reyes, la del actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, la del consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, la del abogado Miguel Palomero y la de Julio Martínez Martínez. A los cuatro últimos los detuvo la UDEF y pasaron 48 horas en los calabozos.
La detención de este último personaje fue un movimiento decisivo: la investigación ya no escarbaba solo en las tripas de la aerolínea, sino en el circuito de sociedades, contratos y pagos que, según el juez Calama, conectaba el rescate con el entorno del expresidente.
Y fue justamente en esos momentos cuando todo da un salto de calidad gracias a la intervención de una agencia de inteligencia estadounidense, Homeland Security Investigations, que “aportó” a la investigación española el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, el hombre fuerte de Plus Ultra en el momento en que la empresa fue rescatada, y cuyo contenido es una de las piezas probatorias clave. El móvil de Reyes “permitió” reconstruir conversaciones, contactos, gestiones y las vías políticas que la aerolínea activó para conseguir la ayuda. La idoneidad de la intervención de la Administración Trump, y la ayuda generosa prestada por Delcy Rodríguez a Washington, no ha podido ser más llamativa.
Un golpe para acelerar la caída del Gobierno
En definitiva, el auto judicial no solo apunta directamente contra Zapatero, abre de lleno una cuestión que podría acarrear consecuencias muy graves para Pedro Sánchez por decisiones tomadas en 2021: ¿realmente la aerolínea Plus Ultra, con tan solo un puñado de aviones y escasos viajes a cuatro ciudades latinoamericanas, tenía un peso estratégico en el mercado español y la solvencia requerida para recibir los 53 millones de euros del rescate que aprobó la SEPI?
Apoyándose en una madeja de conversaciones y mensajes, cuentas corrientes de la familia de Rodríguez Zapatero, facturas y documentación facilitada por su secretaria personal y que refuerza la carga de relaciones entre la dirección de Plus Ultra y la empresa de Julio Martínez Martínez en su labor de intermediación, la imputación contra el expresidente socialista no ha hecho más que empezar pero, ojo, podría convertirse en una bola tan grande que abriese — si la derecha llega a La Moncloa— el camino a un posible procesamiento de Pedro Sánchez. Las amenazas de Feijóo y Abascal no se pueden tomar a la ligera.
En cualquier caso, no hay duda de que el resultado inmediato de esta operación es noquear definitivamente al Gobierno del PSOE y precipitar la convocatoria de elecciones anticipadas, un objetivo por el que PP y Vox llevan peleando duramente y por el que han movilizado sus enormes puntos de apoyo en el aparato judicial y mediático.
Un resultado que también sería del agrado de Trump y su Administración. No es ningún secreto que en estos meses la tensión dialéctica entre Washington y La Moncloa ha ido in crescendo, que las denuncias de Sánchez contra la guerra desencadenada por el jefe del MAGA y su aliado sionista en Oriente Medio le han granjeado una aureola de prestigio como cabeza internacional de la oposición anti-Trump de un sector del establishment socialdemócrata. Pero hay más cosas. Los constantes viajes a Beijing y la intensificación de las relaciones diplomáticas y comerciales del Gobierno de Sánchez con el gigante asiático, y la constatación de que el Estado español puede convertirse en una cabeza de playa del capitalismo chino hacia sectores productivos esenciales de la UE, con desembolsos de inversiones multimillonarias, eleva la importancia geoestratégica de la política exterior de Sánchez.
Trump está en guerra con China y con todos aquellos que no se someten a sus designios. Pedro Sánchez se ha mantenido en una posición disidente, dentro siempre de parámetros que jamás han cuestionado los intereses del imperialismo occidental, pero que no concuerda con la estrategia del presidente estadounidense.
Todos estos factores han confluido en una tormenta de difícil control. La extrema derecha y la derecha extrema española, el partido fascista de la toga, grandes empresas con estrechas ligazones en la Administración estadounidense y con los gigantes tecnológicos —como Repsol y el Banco Santander—, y por supuesto Trump, han unido fuerzas. Y esta vez han disparado contra quien personificaba la “integridad ética y moral” de la socialdemocracia española, para enfangarlo hasta el cuello como lobista y traficante de influencias, mandando un obús a la línea de flotación del Gobierno.
Una socialdemocracia que se lo sirve en bandeja a la reacción
Que el PP y Vox están felices y más confiados que nunca en su asalto a La Moncloa, y con su base social y electoral movilizada con fuerza, es algo que no se puede discutir. Que la casta judicial fascista ha abierto todos los frentes en una cacería en la que todo vale, donde los montajes policiales, las acusaciones fraudulentas, las pruebas falsas han sido el método para desgastar a Sánchez, tampoco tiene discusión. Los elogios al llamado “Estado de derecho” se los dejamos a la socialdemocracia. Nosotros, como comunistas revolucionarios, entendemos que el poder judicial lo integra, mayoritariamente, una casta cerrada de magistrados franquistas y burgueses que aplican la ley en función de sus intereses de clase.
Todo esto está bastante claro cuando los brutales escándalos de corrupción, estafa a la hacienda pública, tráfico de influencias para cambiar leyes a cambio de sabrosas mordidas económicas, fraude, espionaje y policías patrióticas que implican manifiestamente al PP, a sus antiguos jefes de Gobierno y a destacados ministros y ministras, son resueltos invariablemente con sentencias absolutorias vergonzosas.
Y también está claro que personajes como Felipe González y José María Aznar, salpicados por escándalos de corrupción de envergadura, miembros de numerosos consejos de administración de multinacionales, que han hecho fortunas con la intermediación política y la venta de información privilegiada, implicados en la organización del terrorismo de Estado y en guerras sangrientas al servicio de EEUU, no van a ser juzgados jamás.
La justicia capitalista y reaccionaria sabe perfectamente a quien pone en la diana. Lo hemos visto sobradamente en los montajes fraudulentos contra Podemos y sus dirigentes, en la constante persecución de sindicalistas y activistas de izquierda que han sido enjuiciados y enviados a la cárcel, como los jóvenes de Altsasu, las seis de La Suiza, los trabajadores del metal gaditano, los seis de Zaragoza o Pablo Hasél, que lleva más de cinco años en prisión por decir las verdades del corrupto rey emérito.
Pero la cuestión a dilucidar aquí no solo es el papel de una magistratura podrida y carente de ningún sentido de la justicia, que no sea defender a los ricos y machacar a los pobres y quienes ponen en cuestión el sistema. Lo que hay que señalar es que esta impunidad con la que actúan se la han otorgado todos los Gobiernos del régimen del 78, incluidos por supuesto los liderados por el PSOE. En esta discusión se ventila una pregunta concreta: ¿por qué un dirigente histórico de la socialdemocracia, que ha invertido tanto en construirse una reputación de “honradez”, tiene que implicarse con turbios empresarios para embolsarse, cuanto menos, bastantes cientos de miles de euros en labores de “consultoría”? Todo muy legal, sí. ¿Pero acaso no le valen los jugosos ingresos que obtiene ya de las arcas del Estado como expresidente y representante de diferentes instituciones?
Cada día que pase, la cosa se hará más incontrolable y reforzará la idea de que Zapatero y su entorno familiar se lucraron gracias a su papel de intermediación y asesoramiento a empresarios que obtuvieron una buena tajada de dinero público para sus bolsillos. ¿Por qué Zapatero y los que le rodean en el PSOE no ponen el mismo empeño en luchar por conseguir más recursos para la enseñanza y la sanidad públicas, o para acabar con el negocio de los caseros rentistas? La respuesta es obvia: porque no cuestionan este sistema, solo lo intentan gestionar poniendo cara de buenas personas y, de paso, se benefician de sus regalías.
A José Luis Rodríguez Zapatero se le ha construido un expediente de oro. El jefe de Gobierno que trajo las tropas de Iraq, que aprobó el matrimonio igualitario, que presionó para que Podemos entrara en el Gobierno de Pedro Sánchez… Siempre es así. Pero, en realidad, las tropas vinieron porque el movimiento masivo contra la guerra imperialista y los tres canallas de la foto de las Azores llenó las calles de todas las ciudades españolas con millones de manifestantes. Y eso aupó a Zapatero a La Moncloa y propició la derrota del criminal de guerra que gobernaba en nombre del PP.
Pero ahora muchas cosas se olvidan conscientemente. Por ejemplo, que Zapatero aprobó una reforma de la Constitución con el apoyo del PP para garantizar la obligatoriedad del pago de la deuda pública a los bancos por encima de cualquier gasto social. Su Gobierno dio luz verde a una contrarreforma escandalosa de las pensiones que amplió la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobó un tajo brutal a los presupuestos de educación y sanidad públicas, y bajo su mandato se desató el movimiento de los indignados del 15M, que puso en valor una consigna que era sentida por millones: ¡PSOE y PP, la misma mierda es!
No recordamos estas cosas para dar ningún apoyo a la ofensiva de la reacción, contra la que nos manifestamos con rotundidad. Lo hacemos para dejar claro que no tenemos la menor intención de hacer seguidismo de una socialdemocracia que es responsable, por sus políticas capitalistas, en asfaltar el terreno a la demagogia de la derecha extrema y la extrema derecha, y desmovilizar a la izquierda.
Las dudas generadas en torno a este procesamiento han hecho que las primeras acusaciones de lawfare fueran abandonadas silenciosamente. De hecho, los socios del PSOE en el Gobierno, que en un primer momento salieron en tromba a defender a Zapatero, han recogido cable y se muestran “consternados”, aumentando las exigencias de explicaciones. Pero el expresidente calla, y lo hace según sus fuentes cercanas para no perjudicar su estrategia de defensa. Hablará después de declarar ante el juez el 2 de junio. Pero así no se despeja ninguna incertidumbre, y se da margen a una agonía más dura.
Es evidente que la madeja se complicará, confirmando además que los miles de hilos que ligan al gran capital con los partidos del sistema, que les unen por intereses comunes, son el ADN del parlamentarismo burgués. El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes a toda la clase burguesa, escribieron Marx y Engels en El Manifiesto Comunista.
Con los Ejecutivos de UCD, con los de Felipe González y José María Aznar, con los de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hemos visto como una miríada de ministros y ministras populares y “socialistas” ocupaban sillones en consejos de administración de bancos, grandes multinacionales financieras, de la energía, del sector inmobiliario, de la comunicación… al día siguiente de dejar sus responsabilidades políticas. Las puertas giratorias, la información privilegiada, las agendas, la ajetreada actividad de “consultoría”… son mecanismos imprescindibles del sistema capitalista, el aceite que engrasa eficazmente su maquinaria: la política es un instrumento fundamental en el proceso de acumulación del capital, y los políticos que gestionan las instituciones del sistema no hacen más que servir a sus amos.
A nivel más modesto, en autonomías y ayuntamientos sucede exactamente lo mismo. El boom inmobiliario, la gestión de recalificaciones urbanísticas, las obras públicas de municipios y diputaciones, las licencias para actividad turística y hostelera, etc., han servido para llenar los bolsillos de políticos de casi todo el arco parlamentario. Ante la magnitud del pastel a saquear, las fronteras del bipartidismo se difuminan.
En el caso de Zapatero, las informaciones publicadas hasta ahora lo vinculan al círculo de negocios —también bipartidista— integrado entre otros por Javier de Paz, un veterano de estas lides desde los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra, ahora jefazo de Movistar+, y por Eduardo Zaplana, antiguo ministro de Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana. En ese círculo, donde tan ventajosamente se mezclaba la política y los grandes negocios, conoció Zapatero al que iba a ser su amigo y pagador, Julio Martínez Martínez.
Hoy Zapatero, con su cara de no haber roto un plato, parece preguntarse: “pero ¿por qué ha tenido que tocarme a mí, si no he sido peor que los demás, si no tengo millones, ni una fortuna?”. Pero así de dura es la política burguesa. Cuando un partido supuestamente “socialista” y “obrero” decide que su tarea histórica es ayudar a estabilizar el sistema capitalista y mejorar los beneficios empresariales, es inevitable que sus dirigentes a todos los niveles acaben entrampados en el pantano de la corrupción sistémica que es, y ha sido siempre, el capitalismo.
Zapatero y sus correligionarios socialdemócratas ya no son útiles. Por supuesto, hay que dar un escarmiento muy duro a ciertos personajes, como Pedro Sánchez, que se han salido del guion, aunque sea solo en palabras, porque en esta fase histórica de la pugna por la supremacía mundial entre dos bloques imperialistas, y de ascenso de la extrema derecha en medio de una polarización política y social bestial, mantener los beneficios del gran capital no casa ya con las libertades democráticas ni con las formas parlamentarias a las que algunos se habían acostumbrado.
Desde Izquierda Revolucionaria tenemos muy claro que este nuevo capítulo no tiene nada que ver con hacer justicia ni con luchar contra la corrupción. La instrucción judicial no es autónoma del proyecto político al que sirve: tumbar a este Gobierno. Por eso, como en otras ocasiones de la historia, como ha ocurrido en otros países también, estas incursiones judiciales patrocinadas por la extrema derecha y la reacción no buscan la verdad, sino asestar golpes bien urdidos para acelerar el cambio político y, en este caso, llevar en volandas al PP y a Vox al Gobierno.
Este es el fondo del asunto. La crisis de la socialdemocracia ha llegado a un punto límite. Las posibilidades que tiene Pedro Sánchez de resistir son mucho menores que en momentos anteriores. Por ejemplo, el PNV ya ha comenzado a presionar seriamente y Aitor Esteban lo ha dejado muy claro en un acto celebrado el domingo 24 de mayo en Durango: “Todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y de la estabilidad gubernamental (…) Aquí no vale todo. Ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero. Lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Esto es muy serio (…) Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”. El PNV y Junts ya están afilando el cuchillo preparándose para un nuevo escenario.
La falta de explicaciones en la cúpula del PSOE, los titubeos de sus dirigentes y una estrategia que lo apuesta todo a que Zapatero demuestre su inocencia no tiene visos de ser una tabla de salvación consistente. Al pairo de hechos y acontecimientos que Pedro Sánchez no controla, todo puede empeorar mucho más.
La experiencia está demostrando tozudamente que es imposible combatir a la extrema derecha y a la reacción con la agenda política que defiende la socialdemocracia. La gestión del capitalismo no es la solución, es el problema. Las implicaciones del PSOE con la oligarquía financiera y económica, nacional e internacional, con las agencias del imperialismo occidental y sus renuncias estruendosas a un programa de reformas sociales de verdad, a defender los servicios públicos poniendo fin a los recortes, a terminar con el infierno de la especulación inmobiliaria y el poder de los rentistas, a depurar de fascistas el aparato estatal, policial y judicial, nos ha llevado a esta situación.
Ya no vale el mantra de “que se note en las urnas”. Llevan ocho años gobernando, desde 2019, y en este periodo los más beneficiados de su gestión son precisamente los que nunca les votarán: las grandes empresas del IBEX 35 y cientos de miles de pequeñoburgueses rentistas, enriquecidos con los alquileres abusivos, con negocios donde explotan salvajemente a la juventud y a la clase obrera, nativa e inmigrante, ya sea en el campo, en la hostelería, en el turismo…
Los acontecimientos que vivimos no pasan en balde y tienen un impacto muy importante en la conciencia de las masas. Hay miles de activistas, sobre todo los más veteranos, que sienten una extraordinaria preocupación por lo que está ocurriendo y que bajo ningún concepto quieren que los fascistas lleguen al Gobierno. Y tienen mucha razón. Pero la lucha de clases no entiende de deseos sino de realidades. La debilidad invita a la agresión, y este Gobierno, más allá de los gestos propagandísticos y los brindis al sol, no está defendiendo los intereses de su base social. No basta con programas en la televisión pública para denunciar los desmanes de la extrema derecha. A la reacción se la combate ensanchando los derechos sociales, económicos y políticos de la clase obrera y la juventud, enfrentando a los grandes poderes fácticos, no protegiéndolos y criminalizando la protesta social a base de represión.
Estamos ante una coyuntura trascendental que exige levantar una izquierda completamente diferente, una izquierda combativa que vuelva sus ojos a las ideas del socialismo, del marxismo revolucionario, a la fuerza organizada de la clase obrera y la juventud, y que se apoye en su capacidad de lucha. Esa clase obrera y esa juventud con conciencia existe, y es la que está llenando las calles en las movilizaciones contra el genocidio sionista de Gaza y la guerra imperialista, en la huelga indefinida de las escuelas infantiles del 0-3 en Madrid, en la de los y las docentes de Aragón, Catalunya y País Valencià, en las manifestaciones multitudinarias por la sanidad pública, en las que protagoniza la juventud antifascista… y que además pone en la picota a una izquierda reformista sumisa y dócil, tanto política como sindical.
Y todos estos sectores que hemos mencionado, y muchos más, serán la espina dorsal sobre la que se levante una furiosa lucha de clases en el próximo periodo. Si por los gravísimos errores de la socialdemocracia tradicional y de la 2.0, finalmente, la derecha llega al Gobierno lo comprobará rápidamente. Vaya si lo comprobará.
Nota:
[1] La cúpula de Plus Ultra, a Julio Martínez sobre la SEPI: “Ahí sería bueno vuestra presión”
