Los acontecimientos en Bolivia están alcanzando un punto crítico. La fuerza de la insurrección obrera y campesina exigiendo la salida del Gobierno títere de la oligarquía y el imperialismo estadounidense de Rodrigo Paz mantiene a la clase dominante contra las cuerdas. Todos los intentos de amedrentar a las masas mediante la represión del ejército, la policía y las bandas fascistas han sido repelidos. Asambleas y cabildos multitudinarios, manifestaciones y bloqueos de carreteras masivos se extienden por todo el país desde hace más de 45 días.
La fuerza de los oprimidos y la determinación de luchar hasta el final
El lunes 8 de junio Paz promulgó el estado de excepción y el Parlamento lo ratificó por vía de urgencia el domingo 7. De aplicarse se suspenderían los derechos democráticos como el de huelga y manifestación por 90 días, y se otorgaría impunidad absoluta a militares y policías para reprimir las protestas.
Pero la fuerza del movimiento es tal que por el momento la clase dominante se ha resistido a ponerlo en práctica, y eso que las presiones de los autodenominados Comités Cívicos, en realidad fuerzas de extrema derecha armadas por la oligarquía, y numerosos políticos de la burguesía, como el expresidente Tuto Quiroga, lo exigen a gritos.
En respuesta al Gobierno, el 10 de junio más de 50.000 trabajadores y campesinos volvían a tomar las calles de La Paz al grito de “Fuera Paz, o renuncias o te echamos”, enfrentando una dura represión de ejército y policía. En numerosas ciudades, cabildos abiertos y asambleas con miles de participantes votaban a mano alzada dar un ultimátum al Gobierno y exigían a los dirigentes hacer efectiva y ampliar la huelga general indefinida que, en teoría, había sido aprobada por la Central Obrera Boliviana (COB) semanas atrás. Los mineros de las emblemáticas explotaciones de Colquiri y Huanuni demandaban paralizar sus centros de trabajo y marchar hacia La Paz, y el sábado 13 de junio las bases de la Federación Minera increpaban a su secretario general al grito de traidor exigiéndole la renuncia por no apoyar la última manifestación contra Paz.
Mientras escribimos estas líneas, dirigentes de la COB y otras organizaciones vecinales y campesinas como la FEJUVE han planteado la posibilidad de aceptar las propuestas de negociación, apelando al “cansancio” tras más de un mes de movilizaciones ininterrumpidas. Pero lo único de lo que están cansadas las masas es de la ausencia de una estrategia clara y decidida por parte de estos dirigentes para llevar la lucha a la victoria y de sus repetidas maniobras intentando desactivarla.
Como explicábamos en nuestro anterior artículo “Insurrección en Bolivia: ¡Fuera Paz! Todo el poder a los obreros y campesinos”[1] en estas semanas de lucha abierta la conciencia de las masas ha experimentado un avance gigantesco.
Espoleadas por la crisis económica, la corrupción y el sometimiento del Gobierno de Rodrigo Paz a las grandes empresas y multinacionales imperialistas, y su respuesta represiva, las manifestaciones iniciales exigiendo reivindicaciones parciales y la retirada de los recortes sociales se han transformado en un levantamiento de carácter revolucionario cuya reivindicación central es echar al Gobierno y no aceptar ningún tipo de negociación al respecto.
El 1 de mayo el plenario nacional de la COB votaba la convocatoria de huelga general indefinida. Esta decisión se producía tras meses de muchas críticas y descontento entre las bases por el acuerdo firmado por la COB en enero de este mismo año con el Gobierno, que supuso desactivar las manifestaciones multitudinarias que ya en noviembre y diciembre de 2025 recorrían el país contra los planes de ajuste gubernamental y cuya paralización concedió un gran margen de maniobra a Paz.
Los dirigentes de la COB adoptaron la resolución de huelga indefinida de manera calculada y retórica, como una forma de aliviar la presión, pero sin ninguna confianza en que pudiera llevarse a cabo. No impulsaron plan alguno para debatir y votar la huelga en los centros de trabajo, ni elegir comités para coordinarla local, regional y nacionalmente. Maniobras de una burocracia que pretendía dejar morir la iniciativa sin mayores consecuencias.
Pero todos estos cálculos se han vuelto como un búmeran sobre los dirigentes. La explosión de indignación estalló inmediatamente con miles de trabajadores, jóvenes y campesinos que tomaron en sus manos la tarea de impulsar el paro desde abajo, apoyándose en su instinto de clase y la experiencia de los levantamientos revolucionarios de 2003, 2005 y 2019.
En El Alto y otras muchas localidades se formaron cabildos autoconvocados y multitudinarios para organizar bloqueos de carreteras en puntos estratégicos, eligiendo comités para sostenerlos y extenderlos y que han logrado multiplicarlos: son ya más de 100 en todo el territorio boliviano.
El 6 de mayo, ante la envergadura y radicalización de la lucha, los dirigentes de la COB, la FEJUVE y las organizaciones campesinas Tupac Katari y CSUCTB suscribían el “Pacto de No Traición”, comprometiéndose a no negociar nada por separado ni sin el aval de las bases. Como reconocía un dirigente de Tupac Katari “la gente nos ha rebasado, ya está cansada de este gobierno y el pedido único de las 20 provincias es la renuncia de Rodrigo Paz”.
Desde entonces, las bases han impedido cada amago de los dirigentes por acudir a las “mesas de negociación” propuestas por el propio Paz y el vicepresidente Lara, con la Iglesia Católica y otras figuras ofreciéndose como “mediadores”, y mediante su acción directa han hecho retroceder con el rabo entre las piernas a la policía, el ejército y las bandas fascistas que han intentado levantar los bloqueos.
Una estrategia revolucionaria para tomar el poder
La Administración Trump, los capitalistas bolivianos y las oligarquías de todo el continente han decidido cerrar filas con Paz. El secretario de Guerra Pete Hegseth declaraba que “Bolivia no debe caer presa del dominio narcoterrorista” y Marco Rubio anunciaba el incremento del “apoyo logístico” para hacer frente a los “bloqueos ilegales”. Los once gobiernos de derecha y ultraderecha latinoamericanos, que constituyeron el 7 de marzo el “Escudo de las Américas con Washington”, firmaban una declaración conjunta denunciando los bloqueos “dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”.[2]
Para Trump la caída de su marioneta boliviana, a seis meses de llegar a la presidencia, sería un duro golpe a sus intereses hegemónicos en el continente y llegaría en un momento muy delicado tras la derrota estrepitosa ante Irán y las movilizaciones masivas en los propios EEUU contra el ICE y su régimen totalitario. Pero, sobre todo, un triunfo de las masas en Bolivia tendría un impacto formidable en la lucha de clases de todo el continente, animando a movimientos de masas similares en Perú, Colombia y Argentina
Los medios de comunicación burgueses bolivianos e internacionales llevan semanas preparando el terreno para la represión, desatando una campaña histérica de odio contra los bloqueos, de los que dicen son organizados por “terroristas financiados por el narco y países extranjeros” y publicando supuestos casos de personas cuya vida peligra por falta de alimentos, oxígeno y medicamentos en los hospitales... pero bajo el tono amenazante y la aparente unidad que intentan proyectar, las dudas y divisiones están aflorando. Como advertía The Economist, recordando insurrecciones anteriores: “Cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada envió soldados para despejar los bloqueos en El Alto en 2003 y decenas de civiles murieron, se desencadenó una huelga general que llevó a su renuncia y exilio. Eso seguramente preocupa al señor Paz”.[3]
Hay que destacar también el papel que están jugando algunos dirigentes de la izquierda reformista latinoamericana. En plena insurrección de masas, el presidente brasileño Lula ha dado un espaldarazo a Paz culpando a los manifestantes de la crisis que sufre el país y apoyando la negociación.[4] El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la represión contra los manifestantes, pero emplazó a Paz a mostrarse más dialogante ofreciéndose como mediador para evitar el “caos”.[5]
Todos estos pronunciamientos tienen el objetivo de desactivar la crisis revolucionaria sin tener que recurrir a un baño de sangre, pues el shock que podría provocar una masacre tanto en Bolivia como en el conjunto de América Latina podría tener consecuencias incalculables.
Las masas en lucha tienen, lógicamente, un enfoque muy distinto. Saben que bajo el capitalismo boliviano no hay ninguna posibilidad de resolver sus problemas más elementales y que las promesas del Gobierno de Paz son mentiras adornadas. Años de desengaños políticos, de frustraciones tras las experiencias fallidas de los Gobiernos reformistas del MAS, les han hecho mucho más cautelosos y realistas. Por eso una inmensa mayoría de los trabajadores y campesinos que protagonizan este levantamiento comprenden que cualquier negociación será una farsa para provocar la desmovilización, saben que el momento de conseguir una victoria es ahora, y que la única solución a sus problemas es derrotar a la oligarquía y conquistar un Gobierno de los trabajadores y los campesinos que rompa con la lógica capitalista.
La crisis boliviana ha puesto encima de la mesa, una vez más, la cuestión del poder. El levantamiento popular —y la postura de la vanguardia obrera y campesina que lo dirige— ha rechazado instintivamente la estrategia derrotista de muchos de sus dirigentes. Ahora, esa vanguardia y las organizaciones revolucionarias que intervienen en ella deben proponer medidas concretas para hacer avanzar la movilización dotándola de un contenido socialista. Esta es la clave para romper este impasse y conseguir la victoria: coordinar y unificar las asambleas, cabildos y comités de bloqueo en una gran asamblea revolucionaria nacional con delegados elegibles y revocables.
Esa asamblea revolucionaria unificada debería aprobar con toda determinación un plan de acción para impulsar la huelga indefinida hasta el último rincón del país, organizar la autodefensa de las movilizaciones para hacer frente a la represión policial, del ejército y de las bandas fascistas, y proponer la toma y ocupación de las empresas bajo control obrero.
Se trata de dar un paso decisivo en la acción, con la perspectiva de afianzar y consolidar el poder de la clase obrera y del campesinado, y preparar la batalla frontal contra la burguesía. Lograrlo implica movilizar y ganar a cientos de miles de trabajadores y oprimidos de Bolivia, y para ello hay que exponer también un programa que conecte con las aspiraciones profundas de la población.
Un programa que debe partir de las experiencias acumuladas anteriormente, del reformismo sin reformas del MAS, y que ponga el dedo en la llaga de las cuestiones claves: expropiación de la tierra y las empresas agroindustriales, de los consorcios mineros y los hidrocarburos, de la banca y los monopolios imperialistas, bajo el control y la gestión democrática de la clase obrera y los campesinos. Solo así se podrá poner en marcha un plan de choque contra el desempleo y los salarios miserables, en defensa de la sanidad, la educación y la vivienda pública, y contra las lacras de la violencia contra las mujeres y el racismo contra los pueblos indígenas que el régimen capitalista perpetúa.
Por supuesto, algo así no es fácil. Pero las tradiciones revolucionarias de las masas bolivianas han vuelto a ponerse encima de la mesa. Cuando miles de oprimidos se levantan y protagonizan este desafío, no tiene sentido alguno plantear esquemas doctrinarios que desarman políticamente a nuestra clase. Volver de nuevo con la vieja cantinela de un “proceso constituyente” representa un gravísimo error. ¿Qué sentido tiene plantear una Asamblea Constituyente, aunque se diga Libre y Soberana, que es una forma de parlamentarismo burgués, cuando las masas están desarrollando embriones de poder obrero y hay la posibilidad real de unificarlos en una asamblea revolucionaria para luchar por un Gobierno obrero? Evidentemente no tiene ninguno, es un enfoque que disuelve todo el potencial revolucionario y que de llevarse a la práctica desembocaría en la derrota del movimiento, por medios parlamentarios, tal como ocurrió en Chile tras la insurrección de octubre de 2019.
La clase obrera boliviana, el campesinado y la juventud están escribiendo una nueva página heroica. Pase lo que pase, acabe como acabe este movimiento, el potencial para la revolución socialista en Bolivia y en América Latina se ha probado en los hechos. Un potencial que necesita conjugarse con el factor subjetivo, es decir, con la creación de un partido revolucionario a la altura de las tareas históricas que la lucha de clases impone. Y no hay tiempo que perder.
Notas:
[1]Insurrección en Bolivia: ¡Fuera Paz! ¡Todo el poder a los obreros y campesinos!
[2] Declaración conjunta de los miembros del Escudo de las Américas
[3] Manifestantes controlan la capital de Bolivia desde hace un mes
[4] Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia y pide a los actores priorizar el diálogo
[5] Pdte. Petro se ofrece a mediar en la crisis de Bolivia y llama al presidente Rodrigo Paz a recordar el legado de su padre
