El parto para formar el nuevo Gobierno de coalición ha sido muy rápido, apenas unos días después de que Pedro Sánchez fuera investido en un debate parlamentario incendiado con los discursos violentos y amenazadores de Feijóo y Abascal, y las calles de Madrid rebosaran de nacionalismo españolista rabioso.
Pero este panorama, por salvaje que pudiera parecer, no ha cambiado un ápice la hoja de ruta que Sánchez y Yolanda Díaz acordaron hace tiempo y que el pasado lunes 20-N se consumó: expulsar del Gobierno a Podemos y concluir, al menos en lo esencial, una operación política de gran trascendencia.
En la izquierda institucional y reformista las puñaladas y las maniobras burocráticas son el pan de cada día. Organizaciones que renuncian a sus principios a cambio de una posición privilegiada en la gestión del sistema, incorporan a su ADN la cultura del asesinato político y la traición. Pero la verdad que cuesta asimilar, por lo repugnante, el espectáculo ladino que Yolanda Díaz protagoniza desde hace dos años. No son pocos los tertulianos que la califican ahora de “implacable”, pero sería más acertado definirla como una arribista narcisista y carente de escrúpulos.
Estaba cantado por supuesto. La exclusión de Irene Montero e Ione Belarra había sido decidida mucho antes del 23J. Purgar de las listas electorales a la ministra de Igualdad obedecía a motivos inconfesables, en público, pero imprescindibles tanto para la cúpula dirigente del PSOE y ese engendro de nueva creación (Sumar), como para los poderes económicos, judiciales y mediáticos.
El hambre se junta con las ganas de comer. Yolanda Díaz sabe perfectamente que su estatura como dirigente empequeñece si Irene Montero sigue acaparando proyección. Los recursos dialécticos de ambas no resisten comparación, ni en forma ni en sustancia.
Urdir un Gobierno en el que no haya cacofonías donde la uniformidad socialdemócrata de derechas sea el único tono, exige medidas expeditivas y punitivas.
Las lecciones de esta exclusión para la izquierda son muy serias. No basta con decir “ya lo advertimos”. Lo ocurrido antes del 23J y culminado en estos días llena de estupor e indignación a decenas de miles de activistas honestos. No nos referimos a los estómagos agradecidos que posan para la foto de redes sociales en una manifestación, sino a las mujeres, hombres y jóvenes que ponen lo mejor de ellos mismos en cada acción militante que se organiza. Los que con su determinación e ilusión levantaron Podemos y creyeron firmemente en asaltar los cielos y barrer a la casta.
Desde Izquierda Revolucionaria no permanecemos neutrales ante estos hechos. Denunciamos abiertamente las razones políticas que alimentan esta campaña permanente contra Podemos y a quienes la ejecutan. El fin no es otro que escorar aún más a la derecha la agenda gubernamental y destruir lo que Podemos representó: la movilización masiva de millones a favor de un cambio radical.
Pero nuestra simpatía hacia Irene Montero e Ione Belarra ante esta cacería no impide que sigamos manifestando una crítica razonada y no sectaria hacia una estrategia errónea que ha contribuido mucho al desastre actual.
Desde el primer momento discrepamos con fuerza sobre la participación de Podemos en el Gobierno, porque entendíamos que acarrearía una solidaridad política con la socialdemocracia en asuntos trascendentales, y en los hechos implicaría el abandono de la lucha en las calles para blanquear las políticas capitalistas y proimperialistas del PSOE. Fue un grave error y la experiencia lo ha dejado claro.
“Entramos en el Gobierno para obligar al PSOE a girar la izquierda”
En enero de 2020 un exultante Pablo Iglesias justificaba su entrada en el Ejecutivo de coalición afirmando que obligarían al PSOE a girar la izquierda. Pero en noviembre de 2023, menos de cuatro años después, el saldo no tiene nada que ver con esas previsiones: la fuerza parlamentaria de Podemos se reduce a cinco diputados, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que fue designada a dedo por Iglesias como su sucesora sin votación ni debate alguno, ha podido componer un tinglado electoral para laminar a la formación morada, y Pedro Sánchez domina la escena de la izquierda institucional sin competencia.
En sus despedidas, Montero y Belarra se sacudieron la diplomacia y emplearon un tono franco y contundente. “Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio de los avances feministas” y, dirigiéndose a Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, Montero la interpeló: “Ministra, te deseo que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno”.
Ione Belarra incidió en lo mismo: “No os oculto que hoy es un día difícil para mí. Sánchez y el PSOE consiguen hoy lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Esto no es solo injusto, sino que es un enorme error político porque tenemos a una ola reaccionaria enfrente”.
Un error político. Este es el argumento más sustancial de la crítica. Entonces, ¿si hubieran logrado una cartera, si Irene Montero hubiera repetido como ministra de Igualdad, todo habría estado bien? ¿Habría sido suficiente para seguir tragando sapo tras sapo como en estos últimos cuatro años?
¿Es posible que la naturaleza política de un Gobierno se determine por la presencia de un ministro o una ministra de un total de veintidós? Evidentemente no, no es así. Una ministra, o cinco, no deciden ni pueden decidir, y tampoco pueden modificar, la orientación de un Gobierno que está firmemente posicionado con el régimen del 78 y en ningún momento se plantea desafiar la lógica del sistema.
Cuando Podemos se integró en el Ejecutivo de coalición en enero de 2020, su papel fundamental, mal que pese a muchos, consistió en cubrir el flanco izquierdo del PSOE blanqueando sus políticas capitalistas con diferentes adornos, y tragar con cosas impensables. Esto no ha evitado finalmente que sus supuestos aliados del “bloque progresista” les dieran una patada en los dientes.
En ningún caso insistimos en estas cuestiones por una motivación sectaria. Izquierda Revolucionaria pidió el voto crítico a Unidas Podemos en las elecciones de noviembre de 2019. En un momento importante, como fueron las autonómicas de Madrid en mayo de 2021, hicimos una campaña muy activa en las calles por la candidatura de Pablo Iglesias. Hemos impulsado el feminismo combativo y de clase con nuestras compañeras de Libres y Combativas, y eso nos ha llevado a posicionarnos sin complejos contra la campaña de insultos y difamaciones que Irene Montero sufrió por la ley Trans o la ley del Solo sí es sí.
Pero lo ocurrido en estos últimos años no es solo la consecuencia de maniobras vengativas y odio personal, es el fruto de una estrategia errada que ha sustituido la lucha de clases por el cretinismo parlamentario más impresionista.
Cuando Pablo Iglesias afirmó que eso de que la lucha está en la calle y no en el Parlamento era una estupidez, que la vida de la gente se cambia con el BOE, que Yolanda Díaz sería la mejor presidenta del Gobierno de España, y otras cosas del mismo tenor, no lo hacía por despiste. Llegó a creérselo. Y tanto fue así que Podemos miró hacia otro lado en cuestiones de principio por mantener sus posiciones ministeriales.
Respaldó entusiastamente una reforma laboral aplaudida a rabiar por la CEOE y que mantiene todos los aspectos lesivos de la anterior. Consintió cuando Pedro Sánchez y el PSOE se plegaron otra vez ante el imperialismo norteamericano y la dictadura marroquí para traicionar la causa del pueblo saharaui. Lo mismo pasó tras la masacre de los inmigrantes en la valla de Melilla, con la violencia policial y la legislación racista. Otro tanto cuando no se derogó la ley Mordaza o las tanquetas de los antidisturbios reprimían duramente a los trabajadores del metal en Cádiz.
Es verdad que no faltaron las críticas retóricas y los artículos periodísticos respecto a la guerra imperialista en Ucrania, pero la solidaridad gubernamental se mantuvo en el momento que se aprobó el mayor presupuesto militar de la historia del Estado español, o cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid con Sánchez ejerciendo de maestro de ceremonias y se siguieron enviando armas y pertrechos al Gobierno ultraderechista y supremacista de Zelenski.
Las ministras de Podemos no dimitieron, siguieron asistiendo los martes a las reuniones de La Moncloa, y continuaron propagando que formaban parte, y con mucho orgullo, del “Gobierno más progresista de la historia”, el mismo que se oponía en el Parlamento a que se crearán comisiones de investigación sobre la turbia fortuna de Juan Carlos I y que, más allá de la propaganda, siguió la senda de los recortes en la sanidad y la educación públicas, sin mover un dedo para revertir la privatización de servicios esenciales como los de ayuda a la dependencia.
En otros ámbitos decisivos para la vida de millones de jóvenes y trabajadores, este Gobierno aprobó una vergonzosa Ley de Vivienda que dejó intacto el poder inmobiliario de los grandes tenedores y fondos especulativos, y que fue denunciada como una traición por la PAH y los sindicatos de inquilinos. En estos años, los desahucios se han seguido produciendo por miles mientras la construcción de vivienda pública con alquileres sociales ha sido cero.
Otros aspectos, como el aumento del SMI o de las pensiones, que sin lugar a dudas son pasos adelante, quedaron rápidamente neutralizados por los estragos de la inflación, atizada por unos beneficios empresariales récord. Sí, beneficios récords mientras la precariedad, las jornadas de trabajo extenuantes, los salarios miserables, la desigualdad y el empobrecimiento no han dejado de aumentar. Ese ha sido el saldo también de la legislatura pasada.
Podemos se adjudica los logros en materia de igualdad, y hay que reconocer que Irene Montero se lo ha peleado, sabiendo cabalgar a lomos de un movimiento feminista masivo, con un marcado carácter clasista y que rechaza mayoritariamente la transfobia. Y precisamente por eso, por no ceder y mantenerse firme en la defensa de dos leyes que suponían un avance, no la han perdonado.
Basta reflexionar en este punto para entender por qué Podemos ha tragado una y otra vez con políticas que iban justo en la dirección contraria a lo que habían decidido miles de afiliados en las asambleas ciudadanas y a las que su base social aspiraba. De lo contrario no habrían durado mucho en una posición gubernamental a la que se han aferrado.
Participar en un Gobierno capitalista no sale gratis. El coste ha sido letal para Podemos. Su capacidad movilizadora, de donde obtuvo su fuerza para cosechar unos resultados electorales espectaculares, está hecha añicos. Tanto apoyaron la paz social, tanto se implicaron en el trabajo institucional abandonando la calle, que su conexión con decenas de miles de activistas está deshilachada. Entre la juventud sus apoyos se han reducido notablemente, por no hablar de su colapso en Catalunya, Euskal Herria y Galiza.
Sus concesiones estratégicas en aras de asegurar la gobernabilidad, también han actuado como un imán para atraer una legión de arribistas que se hicieron con el control del aparato en muchos territorios y espacios, y que se han integrado en los engranajes del sistema para vivir cómodamente de la política profesional.
La ruptura de Podemos con Sumar es un hecho, aunque Yolanda Díaz dejó clara sus intenciones desde el primer momento. Pero sería una necedad no ver quiénes son los damnificados de esta batalla.
¿Qué conclusiones se van a sacar de esta derrota? No está nada claro. Afirmar tan panchamente que Podemos está muy fuerte y que “cuenta con un ancho carril por la izquierda para avanzar”, como hacen los editoriales de Diario Red para insuflar ánimos a la militancia, es pura pose. Si la dirección sigue pensando que todo se ha hecho bien y se desprecian los errores cometidos, el más grande de ellos haber apoyado una política de colaboración de clases y desmovilización social, difícilmente se saldrá de un hoyo tan profundo.
Un Gobierno que mira a la derecha
En el Gobierno se preparan para una legislatura muy bronca, con una mayoría parlamentaria que presenta grandes interrogantes, y una extrema derecha, PP y Vox, dispuesta a llevar la batalla contra la amnistía a todos los terrenos, al bloqueo jurídico, al parlamentario, utilizando su mayoría absoluta en el Senado, y llenando las calles en cada oportunidad que sea propicia.
Pedro Sánchez cree que la forma de encarar este desafío es la continuidad política y mantiene las mismas caras en el núcleo duro de su Gobierno: Nadia Calviño, María Jesús Montero, Félix Bolaños, José Manuel Albares, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska… Por eso es un contradicción llevarse las manos a la cabeza teniendo en cuenta que las ministras de Podemos se sentaron con estas mismas personas durante tres largos años y, lo peor, que lo habrían vuelto a hacer de mediar una cartera ministerial.
Lo que tampoco genera ninguna sorpresa es que Yolanda Díaz y su equipo, con Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García y Sira Rego, vayan a plegarse dócilmente a todo lo que el PSOE diga y haga. Ya no habrá más pepitos grillos ni mensajes en twitter. Un bloque sólido para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz social.
Como adelanto, el primer viaje al extranjero del presidente del Gobierno será a Tel Aviv para entrevistarse con un criminal de guerra responsable de convertir Gaza en una gigantesca fosa común a cielo abierto. Y Yolanda Díaz, faltaría más, aplaudiendo, aunque acuda fugazmente a alguna manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y se ponga en el ojal del traje una chapa con una sandía.
Todo lo anterior no nos impide ver, por supuesto, que la formación del nuevo Gobierno ha sido recibida con alivio por una gran mayoría de trabajadores, que respiran tras semanas con el corazón encogido ante la posibilidad de que Feijóo y Abascal pudieran gobernar. Lo ocurrido en Argentina refuerza más esta sensación de alivio.
Pero la cuestión es concreta. Si el PSOE y Sumar siguen manteniendo sus actuales políticas es imposible cerrar el paso a la extrema derecha durante mucho tiempo. Y menos aún si se le cede las calles con la excusa de no caer en provocaciones, de “preservar” el Estado de derecho y no generar odio. Esta táctica no impedirá que la demagogia de la reacción y el nacionalismo españolista se extiendan y exploten en su beneficio la descomposición social creciente.
Y si las fuerzas parlamentarias supuestamente a la izquierda siguen ofreciendo un cheque en blanco al PSOE con el argumento de que “viene la derecha”, se verán arrastradas nuevamente a justificar lo injustificable, permitiendo que la reacción pueda seguir avanzando.
Confiar en que el PSOE cumpla sus promesas por voluntad propia es papilla para niños. Tenemos que basarnos en nuestras fuerzas para arrancar derechos sociales. La gestión de unos partidos que muestran una lealtad al sistema, a los poderes fácticos, al imperialismo y el militarismo a prueba de bomba, no puede ser una alternativa para resolver los graves problemas que padecen millones.
Debemos aprender del estrepitoso fracaso de la nueva izquierda surgida tras la crisis de 2008. Solo la movilización independiente de la clase trabajadora, con un programa revolucionario e internacionalista puede cambiar el rumbo y evitar el avance de la barbarie. Y solo construir una izquierda que no renuncie a la lucha de clases y al socialismo, puede hacerlo posible.
