Y mientras, la sanidad pública cada día más destruida
Las declaraciones en la Cadena Ser de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, a los pocos días de tomar posesión de su cargo señalando su respeto por la sanidad privada, nos han dejado a muchos estupefactos.
En vez de preocuparse por el estado calamitoso de la sanidad pública, la nueva y flamante ministra de Sumar ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las empresas que controlan la sanidad privada que, por su puesto, hacen el grueso de su negocio a costa de la sanidad pública.
Un mensaje de respeto que han recibido con los brazos abiertos los grandes grupos empresariales que controlan el sector (Quirón, Ruber…) siendo la ministra rápidamente felicitada por Juan Abarca, presidente de HM Hospitales[1]: “Estamos esperanzados, parece que se va a dedicar a lo importante”[2], es decir, a incrementar sus negocios. Este individuo, que opina que los pacientes reclamamos demasiada atención sanitaria por cualquier cosa y que vamos al médico por un granito, ha exigido un incremento del gasto sanitario de entre el 1 y el 2% del PIB, obviamente dirigido a expandir el negocio de la sanidad privada.
Mónica García ha pasado de prometer revertir las privatizaciones, a que la sanidad privada no tenga que preocuparse por sus negocios. Negocios, efectivamente, muy rentables, y en continuo crecimiento debido a la brutal degradación de la sanidad pública en todo el Estado. Este es el motivo por el que la sanidad privada vio incrementado en 2022 el número de asegurados en un 4% hasta superar los 12.000.000 de personas[3], y de que actualmente atienda al 25,4% de la población. Cuanto peor le vaya a la pública mejor le irá a la privada.
Del activismo y la denuncia pública a la responsabilidad ministerial
Estas palabras por parte de Mónica García no son ninguna anécdota. Se trata de una renuncia en toda regla respecto a lo que ella misma defendió hasta hace poco en la Asamblea de Madrid, y como coportavoz en su momento de la Asociación de Facultativos Especialista de Madrid (AFEM), que dirigió las movilizaciones y huelgas contra los proyectos de privatización del consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre. La propia Mónica García fue una de las caras más visibles contra Díaz Ayuso y en la Marea Blanca que convocó manifestaciones multitudinarias en 2022 y 2023. Pero una cosa es ser diputada en la Asamblea de Madrid y otra muy distinta ministra de Sanidad.
El deterioro sufrido por la sanidad pública, especialmente en la Atención Primaria, con Díaz Ayuso ha alcanzado niveles insoportables. Lo vivimos por desgracia en nuestras propias carnes durante la pandemia con una gestión que mató a miles de ancianos en las Residencias fruto de los protocolos de la vergüenza. La pandemia demostró en toda su crudeza lo que significan para la clase trabajadora los recortes en servicios públicos esenciales como sanidad.
Unos recortes, sin embargo, que no solo se han producido en la Comunidad de Madrid. El informe anual de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADPS) establece que solo tres comunidades autónomas tienen resultados aceptables, Euskadi, Asturias y Navarra. En esta última, sin embargo, Uxue Barros primero y la socialista Maria Chivite después, destinaron 6 millones de euros a una clínica del Opus Dei para que se le derivaran operaciones y consultas con especialistas desde la sanidad pública. En el lado contrario se encuentran Catalunya, donde el 70% de los hospitales son de titularidad privada, Murcia y Canarias, con los peores servicios sanitarios del Estado.
Hay que recordar que el incremento del gasto en sanidad entre 2019 y 2022 ha sido solo del 7,9% y el presupuesto del Ministerio de Sanidad bajó un 6,6% en 2023, mientras que el Ministerio de Defensa ha aumentado su presupuesto un 26,31% respecto a 2022. Con 112 días de media, las listas de espera se han convertido en una seria amenaza para la salud de las y los enfermos. Las cifras de personas que esperan una operación se ha disparado hasta las 820.000 y hasta los 3,8 millones las que esperan cita para una consulta con un especialista. Un deterioro sanitario sin precedentes que cuesta vidas.
La salud mental requiere inversiones y recursos
Estos recortes tienen además especial incidencia en la salud mental, donde mientras el número de pacientes ha aumentado un 20%, los presupuestos han disminuido. Esta carencia de profesionales y las largas listas de espera, más de 60 días para la primera visita, están llevando al suicidio a muchos jóvenes y trabajadores, la primera causa externa de muerte. En 2022 se suicidaron en el Estado español más de 4.100 personas, sin contar los intentos de suicidio, según la OMS 20 por cada suicidio consumado.
A pesar de esta auténtica emergencia sanitaria, en la misma entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada si es una prioridad la ampliación de esta especialidad, la ministra de Sanidad ha respondido que “la salud mental no solo depende de las medidas sanitarias, sino de los determinantes sociales de la salud”. ¿Significa eso que no son necesarios más recursos, más psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc…?
Efectivamente, la crisis capitalista, la degradación de las condiciones de vida y la absoluta falta de perspectivas de futuro están llevando a muchos jóvenes y trabajadores a una situación límite en su día a día: bajos salarios que no permiten llevar una vida digna, acceso imposible a una vivienda, despidos, acoso escolar, violencia machista, desahucios y un largo etcétera de opresiones que arrastran a miles de jóvenes y trabajadores a la depresión y la ansiedad. Pero junto a esto, los recortes y falta de inversión, la falta de psicólogos y psiquiatras, han convertido la atención de la salud mental en un privilegio de clase solo al alcance de unos pocos.
Garantizar una sanidad pública exige acabar con el negocio de la privada
Todas estas declaraciones por parte de la nueva ministra de Sanidad apuntan en una dirección, calmar a los capitalistas y asegurarles que defender la sanidad pública no tiene porqué perjudicar a sus negocios. Pero la realidad es bien distinta. Si la sanidad pública tiene medios y recursos, no tiene listas de espera, y es capaz de cubrir las necesidades de salud del conjunto de la población, ¿qué sentido tiene la privada?
La ministra ha intentado matizar sus declaraciones señalando que no está en contra de la privada, sino de los conciertos, de desviar recursos públicos a la sanidad privada. Pero entonces, ¿va a prohibir los conciertos? ¿Va a retirar la ingente financiación pública que reciben los grandes grupos empresariales sanitarios? ¿Va a derogar la famosa Ley 15/1997 que abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado? Los elogios de la patronal sanitaria parecen indicar todo lo contrario.
No hay caminos intermedios. Para acabar con la destrucción la sanidad pública necesitamos un sistema sanitario 100% público y de calidad desde la Atención Primaria hasta los hospitales, y para ello es necesaria la expropiación y nacionalización bajo el control de los trabajadores y los usuarios de los ingentes y cada vez mayores recursos en manos de multinacionales y fondos de inversión. Esa tendría que ser la tarea del Ministerio de Sanidad de Mónica García, apoyándose en la lucha de las y los sanitarios, y del conjunto de la clase trabajadora que no hemos dejado de salir a la calle contra la destrucción de nuestra sanidad.
Si nuestra salud está cada vez más en manos de las empresas, pasaremos de pacientes a clientes. Es su negocio capitalista o nuestra salud.
Notas:
[1] HM Hospitales es un grupo privado que controla 49 centros de salud en todo el Estado, 8 de ellos en la Comunidad de Madrid.
[2] Uno de los principales líderes de la sanidad privada felicita a Mónica García en sus primeros días como ministra
[3] Hospitales privados en España: las cifras de un negocio en continuo crecimiento
