Hay que desmantelar el aparato estatal heredado del franquismo

Este verano los medios anunciaron que el Tribunal Constitucional (TC) podía estar a punto de resolver los recursos presentados por el PP al Estatut de Catalunya y que el fallo le iba a dar la razón en buena parte de ellos, pasando por encima de que el Estatut haya sido aprobado en el Congreso y posteriormente en referéndum (con el 73,9% de los votos favorables). El previsible fallo contrario al Estatut del TC confirma el carácter profundamente reaccionario de este órgano del Estado. No es ninguna sorpresa, después de la campaña histérica (el trillado "España se rompe") que el PP y elementos afines del aparato del Estado (en la judicatura, el ejército,...) llevaron a cabo durante todo el trámite parlamentario.

A través del PP se expresa la derecha española, que sigue sin condenar el franquismo, anclada en el nacionalismo español más rancio, el de la "España, Una, Grande y Libre", que no reconoce y excluye por completo la realidad de otras lenguas en el Estado español (catalán, euskera, gallego) y de manera recurrente utiliza la cuestión nacional para acosar al gobierno socialista, acusándolo de "blando" o "entreguista" frente a las reclamaciones de autogobierno procedentes de las nacionalidades históricas. Esta derecha es la que se encuentra incrustada en todas las esferas del aparato estatal, que nunca fue depurado de elementos reaccionarios y franquistas, ni en la Transición ni en las tres décadas posteriores.

Las reacciones las filtraciones del TC

Las reacciones al anuncio de posible fallo adverso del TC tampoco han sido una sorpresa. La derecha nacionalista, CiU, en línea con los guiños "soberanistas" que comparte con ERC, proclama su indignación ante la previsible sentencia del TC, pero por otro lado se frota las manos ante la posibilidad de que la tormenta política se lleve por delante al gobierno del tripartit. Los contactos, discretos por ahora, entre dirigentes de CiU y del PP se suceden con relativa frecuencia, por lo que el futuro pudiera traer, a parte de compartir la misma política económica (reforma laboral, más ayudas y menos impuestos para los empresarios...).
Por su parte, el PSC advierte a sus compañeros del PSOE que la sentencia desfavorable del TC sería también un golpe al gobierno de Zapatero. Pero la actitud de los dirigentes socialistas está siendo la de verlas venir. Por si faltaba algo, Bono niega que se pueda utilizar el catalán, el euskera y el gallego en la cámara de los diputados, un nuevo reflejo del españolismo que hay que desterrar completamente de las organizaciones obreras y de izquierdas.
Como en el caso del referéndum en Are-nys de Munt (una consulta sobre el derecho a la autodeterminación que no tiene valor vinculante), donde ha sido la reacción de Falange (que pretendía manifestarse el mismo día de la consulta en la población, a unos 40 kilómetros de Barcelona) la que le ha dado a la consulta una proyección muchísimo más amplia, también la sentencia del TC va a provocar, de manera inevitable, una respuesta masiva y contundente, como lo fueron las manifestaciones de febrero de 2006, en contra de los recortes al Estatut, y de diciembre de 2007, por el caos de Cercanías y después de meses de campaña anticatalana por parte del PP.

Por una posición de clase revolucionaria

La posición de los marxistas ante estos acontecimientos se deriva de la defensa de los intereses de los trabajadores y de los derechos democráticos. Las posibles movilizaciones ante un rechazo del Estatut, si convocan los partidos de izquierda y los sindicatos y consiguen agrupar a los miles de manifestantes que hubo en las manifestaciones de 2006 y 2007, a pesar de que la derecha nacionalista trate de dirigirlas y de rentabilizar políticamente el fracaso de la política socialdemócrata de concesiones a la derecha en la cuestión nacional, serán un reflejo del descontento que se está acumulando en los cimientos de la sociedad.
Los marxistas apoyamos la lucha contra la opresión nacional y contra cualquier forma de restricción a los derechos democráticos. De hecho, la única forma de defender consecuentemente los derechos democráticos es a través de la lucha masiva en la calle. Pero a la vez explicamos que el Estatut actual no supone ni de lejos una solución a los problemas reales de la mayoría de los jóvenes y trabajadores catalanes, ni en el terreno social ni democrático.
Sólo un movimiento de masas amplio, en todo el Estado, a favor de reconocer y defender los derechos democráticos, podrá acometer la tarea de desmantelar el aparato burocrático-político-militar profundamente reaccionario, heredero directo del régimen franquista. La respuesta de los dirigentes sindicales y de los partidos de la izquierda a las maniobras de la derecha debería basarse en este punto. En lugar de permanecer a la defensiva, a expensas de que un puñado de jueces fachas "desestabilicen" y den pie a una campaña de acoso y derribo, deberían movilizar a la clase trabajadora y a la juventud para depurar al aparato del Estado de los elementos fascistas.
Es necesario defender un programa que una la defensa de los derechos democráticos, empezando por el derecho a la autodeterminación de Catalunya, con una plataforma reivindicativa contra la crisis, en defensa del empleo y contra la privatización de los servicios públicos. Éste es el programa del internacionalismo proletario y la revolución socialista.