defensem.previewEn la primera semana de noviembre el gobierno de CiU presentaba los presupuestos de la Generalitat para 2014 caracterizándolos como los del “fin de los recortes”. ERC los calificaba como los “más sociales” atribuyéndoles la virtud de “frenar los recortes de los años anteriores”. Así, ERC da un paso más en su proceso de implicación y respaldo a la política profundamente antisocial de la derecha a cambio del compromiso de CiU, cada vez más etéreo, de la celebración del referéndum por el derecho a decidir. De hecho, el 7 de noviembre, CiU hizo explícita, en el Parlament, su negativa a convocar un referéndum sin el acuerdo del PP. Los presupuestos de la Generalitat son muy distintos a la versión oficial. Desde que CiU se hiciera con el gobierno de la Generalitat en 2011 ha recortado el gasto social por habitante en un 22%, haciéndolo retroceder en una década. El presupuesto de 2014 es una consolidación de los brutales recortes de los últimos tres años. El incremento en educación, sanidad y bienestar social es de un pírrico 0,2% con el que, por supuesto, no se alcanza el nivel de gasto social de 2010 y sí agrava una situación social cada vez más catastrófica.
Pero, además, el presupuesto tiene trampa ya que la ejecución del gasto está ligada a un ambicioso plan de privatizaciones por valor de 2.328 millones. Si consiguen vender bienes y servicios públicos al sector privado por ese valor, será malo para los intereses de los trabajadores, ya sabemos bajo qué criterios funciona la gestión privada; y si no lo consiguen la reducción de los ingresos “previstos” será la excusa para imponer nuevos recortes sociales. O sea que los presupuestos encierran un nuevo ataque a los trabajadores “sí o sí”.

CiU y PP, responsables directos de una situación social catastrófica

Y todo esto se produce en una situación social cada vez más catastrófica. Los efectos de los recortes, el desempleo y los bajos salarios son sangrantes: a principios de agosto el Sindic de Greuges —equivalente al Defensor del Pueblo— alertaba de que 50.000 niños sufren privaciones alimentarias en Catalunya y que la sanidad catalana había registrado 750 casos de niños con síntomas de malnutrición. Hace un año la Diputación de Barcelona reconocía que un 57% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes y un 29,5% es pobre. Según el instituto de estadística de Catalunya, IDESCAT, en su “Estadística de distribución personal de la renta y de riesgo de pobreza”, el 26,4% de los catalanes menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza. Un porcentaje 8,8 puntos superior al que se registró en el 2008.
CiU, con el respaldo abierto de ERC, insiste una y otra vez en que estos presupuestos son “los únicos posibles” en estas circunstancias. Desvía su total responsabilidad de la situación social por las “imposiciones de Madrid” cuando realmente CiU ha sido el principal aliado del PP en la política de recortes y pérdida de derechos que ha llevado a un dramático empobrecimiento de la población, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. El apoyo de CiU a la reforma laboral y a la ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, que prioriza el pago de intereses a la banca sobre el gasto público, por poner dos ejemplos, fue entusiasta. No escucharemos a ningún líder de CiU clamar ni actuar contra el fraude fiscal en Catalunya que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, se eleva cada año a 16.000 millones de euros (mucho más que todo el presupuesto conjunto de Sanidad, Educación y Bienestar Social de la Generalitat).
Tanto el PP como CiU están utilizando la cuestión nacional para reforzar sus intereses de clase, que son los de la banca y de la gran empresa; para encubrir su política contra la clase obrera de todo el Estado. Detener la ofensiva de la burguesía pasa, por tanto, por tumbar con la movilización al PP del gobierno del Estado y a CiU del gobierno de la Generalitat, la convocatoria de elecciones anticipadas y la formación de gobiernos de izquierdas con una verdadera política de izquierdas y anticapitalista a favor de la mayoría. Es la vía para que la crisis no la paguemos los trabajadores y se garantice el derecho a la autodeterminación de Catalunya.


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