La cuestión nacional en Catalunya

¡Por el derecho a la autodeterminación, por el socialismo!

El objetivo de este texto

En los últimos años la cuestión nacional en Catalunya se ha colocado en el primer plano de la situación política con una intensidad que no se veía desde la caída de la dictadura franquista. Esto no es ninguna casualidad, tiene una relación directa con la profunda crisis económica, política y social del capitalismo a escala mundial, que en el Estado español se está expresando con especial intensidad. Como en los años 30 y los años 70, también períodos de inflexión histórica, la agudización de la cuestión nacional emerge de forma paralela e interrelacionada al recrudecimiento de la lucha de clases.

La cuestión nacional siempre es un arma en constante disputa: por un lado, tanto la burguesía de la nación opresora (española) como la de la nación oprimida (catalana o vasca) trata de utilizarla (y lo hace de manera activa, persistente, meticulosa, plenamente consciente) como una herramienta para apuntalar su dominación de clase; por otro lado, los oprimidos, la clase trabajadora y la juventud, las capas medias empobrecidas, tienen la posibilidad de utilizar la lucha contra la opresión nacional para hacer confluir todas sus reivindicaciones y aspiraciones democráticas y sociales en el torrente del combate contra el sistema capitalista. Sólo así se pueden defender consecuentemente la libertad de las nacionalidades oprimidas y de la mayoría social que las integran.

Ligar la lucha en defensa de los derechos democrático-nacionales con la transformación de la sociedad es el único camino, pero no es un objetivo que se conseguirá pasivamente, exige la adopción de un programa y una estrategia revolucionaria, socialista e internacionalista; y no sólo en las palabras, sino sobre todo y fundamentalmente en los hechos. La finalidad de este documento es —partiendo del análisis de la realidad concreta y basándonos en la teoría marxista— aportar al debate sobre cómo conseguir que la lucha contra la opresión nacional se convierta en una palanca que contribuya a la lucha contra la dictadura de los bancos y los grandes monopolios, contra el sistema capitalista, que es la causa fundamental de la existencia del problema nacional, de la expoliación imperialista y de la negación de los derechos democráticos a los pueblos.

Los últimos diez años de ‘aquelarre’ españolista

Uno de los hechos más llamativos de la situación política en Catalunya en los últimos años ha sido el notable incremento del porcentaje de la población favorable al derecho a la autodeterminación y a la independencia. Más allá de las cifras que revelan las múltiples encuestas, las masivas manifestaciones de la Diada de 2012 y 2013 y el anuncio hecho en diciembre de 2013 por parte del gobierno de CiU presidido por Artur Mas —con el respaldo de ERC, ICV-EUiA y la CUP-- de la celebracion de la consulta sobre la independencia para el 9 de noviembre de 2014 son acontecimmientos que han tenido un enorme impacto político y social.

¿Qué posición tenemos los marxistas ante la cuestión nacional en Catalunya y sobre la anunciada consulta en particular? En primer lugar los marxistas dejamos claro que frente a la brutal ofensiva de la derecha españolista, de los sectores más reaccionarios del ejército y del aparato judicial contra los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego, apoyamos estos derechos sin reservas y nos colocamos en la vanguardia de la lucha contra esa ofensiva.

Desde la segunda legislatura de Aznar, la ofensiva de la derecha españolista contra los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, y de Catalunya en particular, se ha hecho particularmente intensa. Hay un efecto acumulativo que, lógicamente, es un ingrediente determinante del ambiente político que existe en Catalunya. Las provocaciones del PP, de los medios de comunicación de la derecha y del aparato del Estado (militares, policías, judicatura) han sido continuas, intensas y muy graves. No han sido acontecimientos esporádicos o anecdóticos.

Uno los pretextos que el PP utilizó para desatar esta ofensiva españolista fue la reforma del Estatut, promovida desde 2004 por el Tripartit (PSC-ERC-ICV). El debate sobre el Estatut no había provocado demasiado entusiasmo en la mayoría de la población catalana, ya que no representaba un avance sustancial ni en el terreno de los derechos democráticos ni en el de los derechos sociales. De hecho, las referencias progresistas del borrador inicial fueron eliminadas para que fuese aceptado por CiU. Así, la simpatía o el apoyo social con el que contó el Estatut —contra el cual el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad— fue, fundamentalmente, producto de una reacción defensiva frente a una campaña anti-catalana al más puro estilo franquista.

A pesar de que el Estatut se aprobó en el parlament (2005) y en el parlamento español (2006) y finalmente en un referéndum en Catalunya (con un 74% a favor), el Tribunal Constitucional (TC) anuló, con su sentencia de verano de 2010, parte de su contenido, resolviendo así el recurso del PP y provocando una gran indignación entre la población. A pesar de que la referencia a Catalunya como nación, recogida en el preámbulo del Estatut, no tenía ninguna consecuencia práctica, la sentencia del TC dictaminó que “la Constitución no conoce otra que la nación española". En doce ocasiones recordaba la “indisoluble unidad de la nación española”. El mensaje que querían dar la mayoría de los jueces del TC era muy claro: nos pasamos por el forro todas vuestras opiniones y decisiones, ya sean las aprobadas en el parlamento o las sancionadas por la población en referéndum, y aquí quien manda, con Franco o sin Franco, somos los de siempre. Como respuesta a la sentencia se produjo una manifestación masiva en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim”.

La saña contra el catalán

En lo referente a la cuestión lingüística —un aspecto particularmente sensible para la población catalana—, la decisión del TC sirvió de base para que, en diciembre de 2010, el Tribunal Supremo dictara tres sentencias contra el sistema de inmersión lingüística vigente en el sistema educativo catalán; un atropello que se agravó con la LOMCE que, como claramente explicó el ministro de Educación, Wert, tiene entre sus objetivos el de “españolizar a los alumnos catalanes”.

Efectivamente, uno de los ejes fundamentales de la campaña franquista del PP ha sido y sigue siendo el de presentar al castellano como un idioma perseguido en Catalunya, algo que no tiene nada que ver con la realidad. El nivel de conocimiento del castellano en Catalunya es superior a la media estatal. En Catalunya hay una gran tradición de convivencia entre las dos lenguas y es habitual que se produzcan conversaciones bilingües con absoluta naturalidad. En muchos ámbitos la presencia del castellano es marcadamente superior a la del catalán como por ejemplo en el cine, internet, las publicaciones impresas o los libros técnicos de todo tipo. Es evidente es que la derecha española está empeñada en utilizar la cuestión lingüística para tratar —aunque sea introduciendo la división y el odio nacional— de consolidar y ampliar su base de apoyo social, dentro y fuera de Catalunya.

La actitud de la derecha española hacia la lengua catalana es sañosa y reaccionaria hasta el extremo, dentro y fuera de Catalunya. Las instituciones controladas por el PP se niegan a reconocer que el valenciano, el mallorquín y el catalán son el mismo idioma. En Aragón, el gobierno del PP-PA eliminó oficialmente en 2003 el término catalán para denominar la lengua que se habla en la Franja por el 75% de sus habitantes, sustituyéndolo por el ridículo acrónimo LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental). En Valencia, el gobierno de Fabra, suspendió la publicación del Diccionari Normatiu Valencià, elaborado por la propia Academia Valenciana de la Llengua, tras años de trabajo e investigación, porque definía al valenciano como la “lengua románica hablada en la Comunitat Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de l'Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”. El PP valenciano consideró que esta definición “no se acomoda” al Estatuto de Autonomía. El gobierno del PP en les Illes, aparte de suprimir las horas de clase impartidas en catalán en el sistema educativo balear, trató de utilizar el anti-catalanismo más furibundo contra la huelga indefinida de profesores de la enseñanza pública. Aprobó una escandalosa Ley de Símbolos, por la que se podrá multar con hasta 10.000 euros a quien cuelgue la senyera en un colegio, instituto o cualquier edificio público.

La “amenaza separatista” y el ejército

Insistimos, la actitud ofensiva y violenta de la derecha y de sectores del aparato estatal contra los sentimientos nacionales del pueblo catalán no son una anécdota aislada. En vísperas de la Diada de 2011 el coronel Francisco Alamán afirmó en una entrevista que la independencia de Catalunya sólo se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos” y advirtió en referencia al papel del ejército: “aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”. Estas declaraciones, que tuvieron un gran impacto en Catalunya, muestran el estado de ánimo de amplios sectores del aparato del Estado, impregnados hasta la médula del nacionalismo español más rancio, exacerbado por el contexto de polarización e inestabilidad política creciente.

Dos semanas después de la declaración del coronel Alamán, la Asociación de Militares Españoles (AME), que agrupa a 3.500 militares, alentaba al poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión” y que si el ejército tuviera que tomar cartas en el asunto no habría “la menor duda” de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la “amenaza de fractura de España” habrán de responder de “alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”. Después de leer estas declaraciones y comprobar que no se ha producido ninguna sanción contra los responsables de las mismas. ¿Quién puede rebatir que el ejército, la judicatura y el resto de instituciones del Estado están llenos de reaccionarios y fascistas? ¿De qué tipo de “consolidación democrática” se puede hablar en las altas esferas del régimen político español, conociendo estos hechos?

“Demócratas” como Aleix Vidal-Quadras, ex eurodiputado del PP y ex portavoz de este partido en Catalunya, ha apelado públicamente a la intervención de la Guardia Civil en Catalunya; Rosa Díez, la dirigente de UPyD, ha sugerido en numerosas ocasiones la supresión de la Generalitat si se continúa por el camino de la consulta. En septiembre de 2013 el economista Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en una entrevista que le hacían en Telemadrid recordó que Azaña consideraba conveniente bombardear Catalunya cada 50 años. Sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Constitucional y militante confeso del PP, Francisco Pérez de los Cobos, llamó onanistas a los catalanes y les tildó de peseteros e individualistas en su libro Parva Memoria publicado en junio de 2006. Los ejemplos ocuparían páginas y páginas de actitudes semejantes entre lo más florido de la derecha españolista.

Es obvio que en los círculos de poder del aparato estatal, tan estrechamente ligados al PP y al franquismo, la cuestión catalana está provocando una gran excitación. Tanto es así que hasta un alto mando del Ejército, el teniente general Pedro Pitarch, advirtió, en un artículo publicado en marzo de 2014, que “el perverso espíritu que animó el intento de golpe del 23-F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión”. Alertó de que “hay militares en activo y retirados que tratan de inocular y fomentar un estado de opinión a favor de una intervención militar en Catalunya”, que hay militares que están “instando públicamente” a quebrar la disciplina y el ordenamiento legal.

Recientemente, un informe del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, señalaba la forma de proceder en el caso de convocarse un referéndum en Catalunya: “nos adentraríamos en una situación de conflicto abierto que inevitablemente acarrearía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno catalán y el cierre de su Parlamento y la restricción de algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias”, lo que desembocaría en una situación en la que “abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un peróodo transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno”. Esto es lo que defiende una “institución” a cuya cabeza se encuentra José Luis Feito, el que dijo que “hay que aceptar trabajos aunque sean en Laponia” o que, recientemente, solicitó que se prolongara la edad de jubilación hasta los 70 años. Un digno ejemplo del carácter ultrarreaccionario de la burguesía española.

El nacionalismo español, una tradición reaccionaria que mantiene su vigencia

Incluso un medio con un supuesto pedigrí democrático, como El País, no está al margen de la ofensiva criminalizadora hacia todo lo que huela a desafío contra el nacionalismo español. En un histérico arrebato españolista, muy al estilo de 13TV, cargó en su editorial del 19 de marzo de 2014 contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una plataforma política en manos de CiU y de ERC y nada peligrosa para los intereses del capital, a la que acusó de diseñar un “golpe” contra la “democracia representativa”, de preparar un complot “asambleario”, basado en el poder de la “calle” para tomar “puertos, aeropuertos y otras instalaciones estratégicas”. Desarrollando hasta el final la lógica argumental de El País, el periódico monárquico y reaccionario ABC exigía, el mismo día, la ilegalización de la ANC. Por supuesto, la ANC se reafirmó públicamente y por escrito en su total subordinación al poder burgués legal, pero ahí quedaba el aviso a navegantes, contra todos los que quieran subvertir la “democracia representativa”, es decir, la dictadura de los mercados, mediante la “calle” y las “asambleas”.

Evidentemente, todas las amenazas de represión contra el derecho de autodeterminación, de intervención del ejército en caso de celebrarse el referéndum, de suspensión de la autonomía catalana, provenientes de estos círculos reaccionarios, no sólo representan un peligro para los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego; amenazan directamente al conjunto de clase trabajadora, la juventud y la mayoría de la población de todo el Estado.

Aunque la derecha “democrática” española se autopresente como “anti-nacionalista”, como baluarte de la justicia e igualdad entre los pueblos, contra los “privilegios”, en realidad es la portavoz del nacionalismo más reaccionario y opresor. Un nacionalismo que es parte irrenunciable de su tradición histórica y que encaja perfectamente con los actuales objetivos políticos de la burguesía. La apelación constante a los prejuicios contra los derechos democráticos del pueblo gallego, vasco o catalán; la criminalización de los trabajadores por hacer huelga y de los movimientos sociales por manifestarse contra los recortes, los desahucios, y las medidas de austeridad; la ley mordaza; la ley de aborto, la contrarreforma franquista de la enseñanza (LOMCE), etc.; todo eso es parte del mismo paquete para atacar las conquistas sociales y las libertades democráticas de la clase obrera, tratar de dividirla en líneas nacionales, mantener en estado de histeria a la base social del PP, incluida su ala ultraderechista, y crear un clima de excepcionalidad para justificar medidas represivas y frenar las movilizaciones masivas contra estas políticas.

Si hay un factor que alimenta las tendencias a favor de la independencia y que enquista el problema nacional es precisamente la actitud de la derecha españolista que, no podemos olvidar, es la heredera directa del franquismo y de una maquinaria represiva sin depurar desde la caída de la dictadura, con todo lo que la represión franquista supuso en las nacionalidades históricas. La derecha española no es parte de la solución, es parte fundamental de todos los problemas, incluidos por supuesto los relacionados con la cuestión nacional y los derechos democráticos.

Derecho a la autodeterminación sí, subordinarse a CiU no. El ‘Estado propio’ del President Mas y su mentor Pujol

La oposición de los marxistas a cualquier tipo de opresión nacional, a mantener por la fuerza y la represión cualquier nacionalidad dentro del Estado español, y nuestra defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, vasco y gallego, no nos lleva, en absoluto, a la conclusión de que la clase obrera catalana, vasca o gallega, ni sus organizaciones sindicales y políticas, tengan que subordinarse o alinearse, activa o pasivamente, a los intereses, a los objetivos y a los argumentos de la burguesía de las respectivas nacionalidades. Es evidente que no sólo la burguesía españolista, sino también la burguesía catalana y vasca, actúan con su propio guión en la cuestión nacional, engañando, tergiversando, manipulando y utilizando los sentimientos nacionales, el justo rechazo de amplios sectores del pueblo catalán y vasco a los ataques de la derecha neofranquista, como los anhelos de cambio de la mayoría de la población, para beneficio de sus propios intereses de clase.

Así, hay que distinguir muy bien entre el nacionalismo egoísta y reaccionario de la burguesía catalana —que en realidad no tiene ningún inconveniente en llegar a todo tipo de acuerdos con la burguesía española, incluido la supresión de los derechos democráticos más elementales (basta recordar el apoyo de la burguesía catalana al franquismo)— y el nacionalismo de la gran mayoría del pueblo catalán, que refleja fundamentalmente un rechazo a la opresión nacional y un anhelo de justicia social. Eso es algo bastante obvio, pero nos parece importante remarcar esta distinción en el actual debate no solo por “constatarla” sino por extraer las consecuencias prácticas que de ello se derivan en el terreno de la confrontación ideológica, de la lucha política y de las alianzas.

Una de las cuestiones fundamentales a poner sobre la mesa en el debate sobre el derecho a decidir es qué tipo de Estado defiende la burguesía catalana y el President Mas, y en qué medida éste supondría un avance en el terreno de los derechos democráticos y sociales de la mayoría de la población catalana. CiU está vendiendo la idea de que con un “Estado propio” capitalista, Catalunya podría evitar el colapso del llamado Estado del Bienestar e incluso aprovechar mejor la “salida de la crisis”. La clave está, según CiU, en acabar con el “expolio fiscal”. Al margen de otras consideraciones —como la posibilidad o no de “salir de la crisis” sin “salir del capitalismo”, o la utilización que hace CiU del “expolio fiscal” para encubrir el “expolio social” que siempre ha practicado— es el propio Mas y los dirigentes fundadores de CiU, como el Molt Honorable Jordi Pujol, quienes nos dan bastantes pistas respecto a qué cabe esperar de su “Estado propio”.

En una entrevista pública con el periodista Jordi Évole, el President Mas dejó bien claro que en el “Estado propio” que proyecta CiU para Catalunya ni se derogaría la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni se revertirían los recortes en sanidad. Obvio. Incluso reconoció que su política económica seguiría totalmente supeditada al capital financiero alemán y francés, al que, ni por asomo, pretende enfrentarse. Igualmente, en el plano militar, abogó por que Catalunya se apoyase para su defensa en “ejércitos ya existentes”. Por no hablar del tipo de policía que tendría ese Estado pensado por Mas, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora con los Mossos y su brutal expediente represivo. En la Convención Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) celebrada a mediados de marzo de 2014, se aprobó un modelo de Estado para una futura Catalunya independiente en una línea clara y abiertamente thatcheriana, con todavía menos impuestos para las empresas, menos prestaciones sociales (que deberán “adaptarse” a la nueva situación económica) y más privatización de la sanidad y la educación. En el documento aprobado se defiende descaradamente el copago: “Junto con el principio de universalidad también se tiene que tener en cuenta la corresponsabilidad o cofinanciación de los recursos, dependiendo de la capacidad económica de cada uno”.

Recientemente, el Consejo de Transición Nacional, compuesto por asesores designados por Mas, recomendaba que el nuevo Estado catalán debería mantener una unión con el Estado español con “cooperación en varios ámbitos: monetario, industrial, fiscal, cultural, infraestructuras, defensa, migraciones…”. El organismo recomienda que el Barça y el Español sigan jugando en la liga española y que las relaciones con España “sean más sólidas que las actuales” pero en el plano de igualdad. ¡Vaya forma de independencia y de autodeterminación más curiosa! El proyecto “independentista” de Mas es abierta y vergonzosamente sumiso con los grandes poderes económicos a los que representa —como se ha demostrado siempre que CiU ha gobernado la Generalitat— y con sus hermanos de clase: el capital español y europeo.

Otra “pista” que nos puede acercar al tipo de “estado propio” que planea el President Mas es su abierta simpatía con el Estado de Israel, modelo de la más brutal opresión nacional y social donde los haya. ¿Puede un “luchador por la democracia”, un “campeón de la liberación del pueblo catalán” tomar como modelo un estado que se sostiene sobre el genocidio sistemático de otra nacionalidad, sobre la ocupación, las colonias, la represión indiscriminada, las bombardeos, los presos o los millones de refugiados? ¿Lo que vale para el pueblo catalán no vale para el pueblo palestino? En su visita a Isreal de noviembre de 2013, acompañado de un nutrido grupo de empresarios, dijo que “la lucha de Israel por su supervivencia es un gran ejemplo a seguir” y que “tenemos que aprender muchas cosas de Israel”. CiU, aunque trate de simularlo, tiene un carácter también racista y discriminatorio hacia las demás nacionalidades. Fue muy conocida la posición del alcalde de Vic de negarse a empadronar a los inmigrantes que no tuvieran permiso de trabajo. O las declaraciones despectivas de Duran i Lleida contra los andaluces que “reciben el PER para ir al bar del pueblo”, al más puro estilo de la ultraderechista y racista Liga Norte italiana, con cuyo número dos, Roberto Maroni, que califico a la Ministra italiana de Integración, originaria del Congo, de “orangután, no dudo en reunirse Más este pasado enero.

El reciente escándalo protagonizado por Jordi Pujol y su familia revela, mejor que cualquier otro hecho, lo que realmente persiguen estos individuos cuando hablan tan solemnemente sobre la “patria catalana”: llenarse los bolsillos de manera obscena a costa de los presupuestos públicos, del saqueo del dinero que debería ir destinado a la educación, la sanidad, los equipamientos sociales, el bienestar de la población catalana, para vivir como una élite intocable, como marajás, exactamente igual que sus hermanos de clase, y de latrocinio, de España, de Francia, de EEUU y de cualquier otro país capitalista. Este es el modelo de nación que siempre ha defendido la burguesía catalana, desde Cambó hasta Pujol, desde los industriales que se lucraron con la dictadura de Primo de Rivera y con la de Franco hasta los ejecutivos de La Caixa que amasan su fortuna insultante gracias a la especulación, los desahucios o las ayudas estatales concedidas por el PP a cambio de los recortes sociales. ¿Este es el tipo de proyecto nacional que queremos levantar? ¿Una nación gobernada por los mismos explotadores que nos han oprimido durante décadas?

Por cierto, hay que señalar que el fraude fiscal multimillonario de Pujol era ampliamente conocido por la burguesía española, por el PP y por el PSOE, partidos ambos duchos en este tipo de tejemanejes (ver la fortuna de los dirigenets del PP, el caso Barcenas, la fortuna de Felipe González y el acomodo de los ministros del PSOE en los consejos de administración de las grandes multinacionales). Los negocios ilegales de Pujol se callaron, y se guardaron como un secreto de Estado, debido a los servicios políticos que Pujol y CiU han prestado para la gobernabilidad de España y en la defensa de los intereses colectivos de la clase dominante. No en vano Jordi Pujol fue nombrado español del año en 1986 por ABC. Ahora, la burguesía española y el aparato del estado, que han guardado a buen recaudo todos los expedientes, ha decidido jugar esta carta para "ablandar" a CiU en la negociación que están manteniendo en secreto sobre la cuestión del referéndum y otros temas.

¿Es CiU independentista? Un breve recordatorio

¿Cuáles son las causas del giro de CiU hacia el “independentismo”? Para contestar a esta pregunta hay que recordar, aunque sea someramente, cuál era la situación de la derecha nacionalista catalana inmediatamente anterior a su viraje.

CiU recupera la Generalitat en las elecciones de noviembre de 2010, un año antes de que el PP hiciera lo propio en el gobierno central. Desde el primer minuto se lanzó a una ofensiva brutal contra la sanidad y educación públicas. El gobierno de Mas fue pionero en cerrar quirófanos y centros de salud y aplicar el copago sanitario. Llevó la represión policial a una escala superior: brutal desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra de Plaça Catalunya durante el movimiento 15-M; salvaje carga contra la manifestación de la huelga general del 29-M de 2012 (que acabó con 74 detenciones en toda Catalunya); nueva acción represiva en la huelga general del 14-N de 2012, en cuya manifestación de Barcelona una mujer joven, Ester Quintana, pierde un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por los Mossos d’Esquadra; sistemática infiltración policial en las manifestaciones para organizar altercados que justifiquen la represión; tres muertos como consecuencia de acciones de “reducción” de los Mossos en un año. Hasta el Consejo de Europa ha tenido que calificar la situación de “lamentable” al constatar que después de sus visitas a Catalunya se sigan recibiendo “constantes denuncias de malos tratos a los detenidos”.

Al igual que el PP, CiU desarrolló una intensa campaña de criminalización contra las manifestaciones y grupos de izquierda. La derecha catalana es vehemente partidaria de la restricción del derecho a huelga y manifestación, y así lo defienden siempre que tienen oportunidad. Para justificar los recortes, CiU hizo una utilización a fondo de toda la demagogia liberal clásica contra el llamado estado del bienestar. Basta recordar las palabras de Boi Ruiz, exconseller de Sanidad, que afirmaba hace apenas tres años, que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado”. Cuando era el jefe de la patronal catalana de la sanidad privada invitaba a los catalanes a hacerse de una mútua privada. Al igual que la dimitida Esperanza Aguirre en Madrid, Mas-Colell, conseller de Economía, otro acérrimo liberal, proclamó que era necesario poner fin al “acceso gratuito universal” a las prestaciones sociales.

Al inicio de 2011, CiU situó al PP como su socio principal en el Parlament, estableciendo una colaboración política que nunca se había producido de forma tan descarada en Catalunya, justamente donde los “populares” tienen un perfil nada oculto, marcadamente cavernícola y españolista. Tras las elecciones municipales, en mayo de 2011, esta alianza se reforzó con el apoyo del PP a CiU para que alcanzara la alcaldía de Barcelona y el apoyo de CiU al PP para que éste se hiciera con la alcaldía de Badalona, encabezada por un racista declarado como Xavier García Albiol. La colaboración se fortaleció aún más con la llegada al gobierno de Rajoy, tras las elecciones de noviembre de 2011; CiU ha apoyado en el congreso, por convicción propia y en compensación por la ayuda que ha recibido del PP en Catalunya, todas sus medidas antiobreras: la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de estabilidad presupuestaria, los recortes en sanidad y educación. Las únicas críticas de CiU a la política del PP han sido para que este endurezca aún más sus medidas, como así fue con la reforma laboral o con el recorte salarial de los funcionarios.

Catalunya ha sido, precisamente, uno de los focos de movilización y contestación a los recortes más potente de todo el Estado. Desde las manifestaciones multitudinarias contra los recortes en sanidad, las grandes movilizaciones del 15-M (2011), o el seguimiento masivo de la huelga general del 29-M y del 14-N de 2012 y de sus respectivas manifestaciones con más de un millón de personas en las calles, las contundentes movilizaciones convocadas por la PAH, el seguimiento de las huelgas y manifestaciones impulsadas por el Sindicato de Estudiantes contra los recortes en educación fueron también multitudinarias. Todas estas movilizaciones de masas han sido minimizadas por los medios, dentro y fuera de Catalunya, pero han contado con el mismo nivel de participación, o incluso más, que las movilizaciones relacionadas con la cuestión nacional.

¿Independencia? Ya veremos, pero para hoy lo único que hay son más recortes

En un contexto de protesta social creciente, y de profunda deslegitimación de las instituciones y partidos del sistema, el desplazamiento del eje político de la confrontación social y de clase al terreno de la cuestión nacional ofrecía muchas más ventajas que desventajas para CiU. Para que esta operación tuviera éxito, los líderes de CiU contaban con dos elementos: la existencia de un sentimiento masivo entre la población de rechazo a la ofensiva españolista contra los derechos democráticos nacionales de Catalunya, y la colaboración de los dirigentes reformistas y socialdemócratas de la izquierda política y sindical, como veremos más adelante.

El congreso de CDC de marzo de 2012, antes de la masiva Diada del mismo año, aprobó el objetivo de “construir un Estado propio” para Catalunya. Jordi Pujol, para asombro de propios y extraños (tras el Pacto del Majestic y el codo con codo durante años con Aznar), se pasaba al “independentismo” y auguraba una “gran confrontación con España”, sin regatear soflamas y arengas a los militantes de CiU a que se hicieran soldados de Catalunya en esa gran batalla. Tanto patriotismo no le impidió evadir junto a su familia cientos de millones de euros a Suiza y otros paraísos fiscales durante décadas, provenientes, tal como se señala en las investigaciones hechas públicas en los medios de comunicación, del cobro de comisiones que salían directamente de los contratos adjudicados desde la Generalitat a sus amigos empresarios. Está claro que en la primavera de 2012 había un movimiento político en marcha y que tenía dos objetivos centrales: desviar la atención de la salvaje política de recortes sociales practicada por CiU desde la Generalitat y disputar a la burguesía española una parcela mayor de poder en las decisiones políticas, sobre todo en materia económica y presupuestaria.

Un ejemplo muy simbólico de las ventajas que para la burguesía catalana comportó este cambio de tercio lo tenemos en el hecho de que el mismo Parlament que fue rodeado en 2011 por un movimiento de protesta bastante masivo, con una potente carga de crítica a las instituciones capitalistas, en el contexto de la oleada del 15-M, ahora dice estar “mandatado” por el “pueblo catalán”, al que teóricamente se “subordina”, para conquistar el “derecho a decidir”. Es obvio que el viraje ha servido para tratar de paliar la crisis de autoridad de las instituciones burguesas catalanas.

El camino recorrido para llegar al anuncio de la consulta ha estado trufado de todo tipo de cambalaches por parte de CiU. De entrada, Mas vinculó su celebración a que esta fuera legal o al menos que tuviese el consentimiento del Gobierno del PP. Luego, de un modo descarado, supeditó la convocatoria de la consulta al apoyo de ERC a los presupuestos de 2014, que suponen una nueva vuelta de tuerca de los recortes sociales (que en Catalunya han sido especialmente salvajes) y de las privatizaciones. Desde que CiU se hiciera con el gobierno de la Generalitat en 2011 ha disminuido el gasto social por habitante en un 22%, retrocediendo una década. El presupuesto de 2014 es una consolidación de los brutales recortes de los últimos tres años. Todo lo anterior da una idea bastante clara de cómo CiU trafica con los “principios fundamentales”.

Los efectos de los recortes, el desempleo y los bajos salarios son sangrantes: a principios de agosto el Síndic de Greuges [equivalente al Defensor del Pueblo en Catalunya] alertaba de que 50.000 niños sufrían privaciones alimenticias en Catalunya y que la sanidad catalana había registrado 750 casos de niños con síntomas de malnutrición. Hace un año la Diputación de Barcelona reconocía que un 57% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes y un 29,5% es pobre. Según el instituto de estadística de Catalunya, IDESCAT, en su “Estadística de distribución personal de la renta y de riesgo de pobreza”, el 26,4% de los catalanes menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza, un porcentaje 8,8 puntos superior al que se registró en el 2008.

CiU, con el respaldo abierto de ERC, insiste una y otra vez en que estos presupuestos son “los únicos posibles” en estas circunstancias. Desvía su total responsabilidad achacándola a las “imposiciones de Madrid”, cuando realmente CiU ha sido el principal aliado del PP en la política de recortes y pérdida de derechos que ha llevado a un dramático empobrecimiento de la población, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. El apoyo de CiU a la reforma laboral y a la ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, que prioriza el pago de intereses a la banca sobre el gasto público, por poner dos ejemplos, fue entusiasta. No escucharemos a ningún líder de CiU clamar ni actuar contra el fraude fiscal en Catalunya que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, se eleva cada año a 16.000 millones de euros (mucho más que todo el presupuesto conjunto de Sanidad, Educación y Bienestar Social de la Generalitat y el doble del “déficit fiscal” cuantificado por CiU).

Mientras la política social y económica de CiU se sigue aplicando, ahora bajo el manto de progresismo que le ofrece ERC, el plan “independentista” de Mas siempre se podrá posponer por el propio Mas si le conviene o si se llega a un acuerdo entre bambalinas sobre un nuevo reparto de poder y de presupuestos con la burguesía española, que es lo que realmente persigue.

¿CiU “no pinta nada” en este proceso?

Evidentemente, nuestra denuncia de las maniobras de CiU, de la utilización demagógica que hace de los sentimientos democráticos del pueblo catalán, de los verdaderos intereses que han llevado a los convergentes a realizar su efectista giro “independentista”, no restan un ápice de importancia al calado de la movilización social a favor del derecho a la autodeterminación que se ha producido en Catalunya en los últimos años. Lo hemos señalado: la ofensiva españolista, la crisis capitalista, la deslegitimación institucional, el malestar que afecta a amplias capas sociales constituyen los ingredientes fundamentales de dicha movilización. La irrupción de la cuestión nacional en Catalunya tiene una sólida base objetiva y un significado político de primer orden. ¿Qué contradicción hay entre esta afirmación y la denuncia de la manipulación que está haciendo CiU de los sentimientos del pueblo catalán? ¿O entre esta afirmación y la constatación de que CiU está marcando la pauta del llamado “proceso soberanista”?

Resultan cuanto menos sorprendentes algunas opiniones, asumidas o defendidas incluso desde una óptica supuestamente progresista, según las cuales la denuncia de los intereses de CiU y de su papel hegemónico en este proceso equivale a despreciar los sentimientos del pueblo catalán. La denuncia de las maniobras de CiU es, según estas opiniones, la negación del carácter masivo o genuino de las movilizaciones a favor del derecho a decidir. Se trata de una argumentación carente de lógica y peligrosa políticamente, ya que desarma completamente a la izquierda frente a la derecha nacionalista. Es precisamente por el hecho de que existe un sentimiento extendido de rechazo al nacionalismo españolista, es precisamente por el hecho de que el malestar social también se expresa (aunque no exclusivamente) a través de reivindicaciones democrático-nacionales, por lo que la burguesía catalana trata de explotar este estado de ánimo, este ambiente, para sus propios fines. Si no existiese una base social objetiva sobre la que intervenir, la maniobra no tendría sentido ninguno.

Reconocer que CiU representa los intereses de los capitalistas catalanes pero que “no pinta nada en este proceso” no mejora mucho las cosas. ¿Cómo que CiU no determina las pautas y el contenido del “proceso soberanista”? ¿Quién ha decidido una consulta con doble pregunta en vez de una pregunta clara sobre la voluntad de independizarse o no? ¿Quién está forzando a que la consulta esté supeditada a la legalidad vigente (es decir, a la aprobación del PP)? ¿Quién ha determinado que sea una “consulta” y no un referéndum vinculante? ¿Quién lleva el peso de las negociaciones con el gobierno central? ¿Quién condiciona que todo el foco del proceso esté en las instituciones viciadas y corruptas del “viejo régimen”? ¿No lo ha impuesto CiU? ¡Obvio que sí!

El lamentable papel de los dirigentes socialdemócratas

Y lo más paradójico de todo es que CiU está marcando la agenda y el contenido a pesar de su debilidad, de su declive, de su pérdida de credibilidad, de su crisis interna… ¿Cómo puede ser que CiU siga gobernando desde la “UVI” política? La respuesta está en la actitud, el programa y la estrategia socialdemócrata y reformista de los dirigentes de los partidos de la izquierda y de los sindicatos, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Este aspecto, que está completamente ausente de los análisis habituales sobre la situación en Catalunya, es absolutamente central.

Hay que recordar que las tensiones en el terreno de la cuestión nacional catalana no siempre han favorecido a CiU. De hecho, la ofensiva españolista y antiobrera del PP contribuyó a que en 2003 se produjera un espectacular giro electoral hacia la izquierda en Catalunya, poniendo fin a 22 años de gobierno de CiU y anticipando la caída de Aznar al año siguiente. Sin embargo, el Tripartit, en vez de basarse en ese apoyo masivo para impulsar un cambio radical en la política social y en la defensa de los derechos democráticos, adoptó una política continuista que en poco se diferenciaba a la aplicada por la derecha: privatización de los servicios públicos, aceptación de los despidos de las multinacionales mientras estas seguían recibiendo subvenciones públicas a mansalva, uso de la represión contra el movimiento estudiantil, etc.

Una de las medidas centrales del Tripartit fue la aprobación de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), un verdadero manual de privatización de la educación pública, que contó con el respaldo entusiasta de la patronal y de CiU, y la oposición de la comunidad educativa que protagonizó cuatro huelgas generales exitosas. Cuando el gobierno Zapatero anunció el recorte salarial del 5% a los empleados públicos, el Tripartit se apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en Catalunya a unas 260 empresas públicas o semipúblicas.

Así, la vuelta de CiU a la Generalitat, en noviembre de 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit, con el PSC a la cabeza, tras siete años en la Generalitat.

Ya en la oposición los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de palabra a los recortes, le han tendido la mano constantemente, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal y en otros temas. Esto permitía a CiU presentar os recortes sociales como algo “impuesto desde fuera” y ajeno a sus intenciones. El 25 de julio de 2012 se aprobó una propuesta de pacto fiscal con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la extinguida formación de Joan Laporta.

Los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya mantuvieron una táctica desmovilizadora con un celo todavía mayor que en el resto del Estado. El aparato de CCOO y UGT firmó un acuerdo con Foment de Treball, la patronal calatalana, para “impulsar la economía productiva”, encubriendo tanto la ofensiva patronal contra los trabajadores como los recortes salvajes de la Generalitat; desconvocó la huelga general del Metal en mayo de 2013 en una contexto de gran malestar en las plantillas, una acción que se podría haber convertido en la antesala de una huelga general contra la brutal ofensiva patronal contra los convenios; saboteó, en la práctica, la impresionante huelga indefinida de los trabajadores de Panrico, una lucha que contaba con la simpatía de los trabajadores y de la gran mayoría de la población catalana. A pesar de la crisis, a pesar de los recortes, CCOO y UGT no han convocado ninguna movilización seria y centralizada en Catalunya desde la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Después del revés que se llevó la burguesía catalana y CiU en las elecciones anticipadas del 25 de noviembre de 2012, Mas condicionó, como ya señalamos, la convocatoria de una consulta sobre el “futuro de Catalunya” (con un contenido y unas implicaciones completamente difusas) al respaldo de ERC a su política de recortes sociales (bastante concretos). La maniobra fue muy clara y los dirigentes de ERC la han aceptado, convirtiéndose en cómplices de la política antisocial de la derecha.

El PSC, sumido en una grave crisis que huele a descomposición, ha quedado fuera de juego. Sus dirigentes o bien caen el españolismo rancio del PP, o bien acuerdan alianzas con CiU de lo más penosas, como en el caso del macrocomplejo de juego y prostitución impulsado en Tarragona. La falta de una mínima alternativa de transformación social los convierte en peleles de una u otra burguesía, de CiU o del PP. Por más que el PSOE trate de diferenciarse del PP con su “federalismo”, a la pregunta fundamental de si se defiende el derecho a la autodeterrminación la respuesta del flamante nuevo secretario general, Pedro Sánchez (igual que antes la de Rubalcaba) es no. Sánchez y Rajoy defienden las “mismas líneas rojas” en la cuestión nacional.

Por supuesto que, a pesar de la cobertura que recibe desde su flanco izquierdo, CiU gobierna entre dificultades crecientes (aunque si se hubiese mantenido en su línea inicial, de pacto abierto y descarado con el PP, su situación sería indudablemente peor). Hagan lo que hagan los partidos de la burguesía, o los que sostienen en la práctica una política capitalista, gobernarán entre dificultades cada día más agudas en esta época de tremenda inestabilidad política, de polarización extrema, de movilización social, de crisis económica y social profunda, de revolución y contrarrevolución.

¿Independencia para “cambiarlo todo” pactando con CiU?

Que CiU esté en una situación de extrema debilidad no puede ser un argumento para colaborar con ella, encubrir o restar importancia a sus maniobra o tratar de “aplazar” la lucha de clases a “después” de conseguido el objetivo de la independencia. Es completamente contradictorio decir que CiU está superada por los hechos, desbordada por la movilización, que “no determina el proceso” y, al mismo tiempo, mostrar continuamente una disposición a apoyar o incluso participar en un gobierno con Mas. ¿En qué quedamos? Una de dos: o el pacto con CiU es importante, en la actual fase, para defender los derechos democráticos del pueblo catalán o se le está regalando un protagonismo gratuito sin ningún sentido político. En ambos casos se estaría haciendo un flaco favor a la lucha por el derecho a la autodeterminación y el socialismo.

La escenificación solemne del pacto alcanzado por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP sobre la pregunta en el referéndum propuesto para noviembre, fue la coronación, de facto, de una política de colaboración de clases que los representantes de la burguesía están explotando a fondo: “todos estamos en el mismo barco en este momento histórico, desde los demócratas cristianos hasta los antisistema”.

La irrupción de las CUP en las elecciones de noviembre de 2012, con tres diputados en el parlament, reflejó la voluntad de cambio de un sector de la sociedad, sobre todo de jóvenes, que piensan que la independencia puede ser una vía para propiciar una profunda transformación social, una ruptura con el capitalismo. La propia consigna que esta formación popularizó, “Independencia para cambiarlo todo”, refleja este anhelo de la base electoral y militante de las CUP.

Sin embargo, los máximos dirigentes de la CUP han hecho declaraciones públicas demostrando estar dispuestos a llegar bastante lejos en su frente con CiU. En una entrevista concedida el 13 de junio de 2013 a RAC 1, el diputado David Fernández afirmó que en caso de emergencia social y económica no descartaría que la CUP formen parte de un gobierno de concentración liderado por Mas. Luego insistió: “en situación de emergencia social y nacional nosotros no descartamos, yo diría personalmente, yo no descartaría nada”. Lo peor es que pone una condición para participar en un “gobierno de unidad”: que el gobierno de Mas ponga en marcha un “plan de choque contra la pobreza”, cuando lo que hay que denuncar es que el gobierno de CiU i la clase social que representa son los principales reponsables de la desigualdad y la pobreza.

En marzo de 2014, en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, David Fernández volvió a insistir en que no descartaba la formación de un gobierno de unidad nacional en caso de determinados “factores exógenos”, se entiende que en caso de que la agresividad del PP suba de tono. En la misma entrevista hablaba de “defender la tarea del President” ya que “este señor está gestionando la voluntad de la mayoría social de este pueblo”, destacaba que “lo importante es avanzar” y, en otro contexto, lamentaba “reconocer la tarea de una derecha civilizada que hace falta en nuestra sociedad”. En la presentación de un libro de Josep Lluís Carod-Rovira en abril de 2014, el mismo dirigente dio a entender que no descartaba la entrada de la CUP en un gobierno de coalición con CiU y ERC. “No descartamos ningún escenario”, señaló.

La experiencia práctica de la lucha de clases demuestra que es imposible compaginar esta orientación con un combate consecuente contra los recortes y contra el sistema capitalista. La política de alianzas de los dirigentes de la CUP es completamente contradictoria con el objetivo de “cambiarlo todo”. En los hechos se están deslizando por la misma línea que ERC, con la diferencia de que ERC lo justifica descaradamente. Lluís Salvadó, secretario general adjunto de ERC tiene “muy claro que éste no es el momento de frentes de izquierdas, es el momento de arrimar el hombro para conseguir la independencia de nuestro país y trabajar en la unidad y la coordinación del máximo número de formaciones de izquierdas, de centro, de derechas, de cualquier ámbito ideológico, para trabajar para el 9N y para conseguir que Catalunya obtenga su independencia”. Sigue: “Si estamos en pleno proceso de conseguir la independencia, priorizaremos de forma muy clara el eje nacional y la suma transversal para conseguir la independencia, en forma de candidaturas o de pactos a posteriori” (Ara, 17/06/2014). No se puede ser más transparente. Esto entronca con la categórica afirmación de Alfred Bosch, actual portavoz de ERC en el Congreso, que sin pudor afirmaba el mes anterior que “Mas es imprescindible”.

Las consecuencias del “etapismo”, la experiencia de la Transición

Desde algunos sectores de la izquierda que se reclama “revolucionaria”, se plantea que el actual proceso político, que supuestamente llevará Catalunya a la independencia, es el golpe más importante al régimen nacido de la constitución de 1978, y que eso justifica ir de la mano de CiU para lograr la convocatoria del referéndum. Pero un análisis sobrio nos indicará que esto no es así, sino todo lo contrario. En realidad, la imagen de Mas con los representantes de ERC, de ICV-EUiA y de la CUP tiene un paralelismo muy claro con la imagen de unidad que los dirigentes del PSOE y del PCE se prestaron a escenificar con los representantes de la derecha franquista, que habían llegado a la conclusión de que era necesario un lavado de cara del sistema para mantener el poder en manos de los de siempre —la oligarquía financiera, industrial y terrateniente— y descarrilar la revolución social que se estaba gestando en los años setenta. Por cierto, en aquel entonces, los representantes de CiU jugaron un papel muy activo para apuntalar una Transición por la que se acordó que todo el aparato represivo heredado de la dictadura quedara intacto. Y ahora, de la mano de estos mismos representantes de la oligarquía catalana resulta que vamos a asistir a una “ruptura histórica” con el régimen de la Transición. ¿De la mano de los mismos que se ensañan en la represión del movimiento obrero y estudiantil, que apoyan todas la medidas antidemocráticas y antisociales del PP, resulta que vamos a protagonizar un “conflicto democrático” con el Estado español?

En los años 70, Felipe González y Santiago Carrillo justificaban los acuerdos con Suárez y Fraga como algo táctico, como el medio de “consolidar la democracia”, burguesa obviamente, y posponer la lucha por el socialismo para mejores momentos. Los actuales dirigentes de IC-EUiA y de la CUP justifican los acuerdos con CiU también como algo “táctico”, como un pacto necesario “en la actual etapa” para “defender los derechos democráticos” del pueblo catalán, para lograr la independencia, y “luego veremos” qué carácter se le da al nuevo Estado, como si el hecho de la independencia, por sí misma, facilitase el cambio de la naturaleza de clase que pueda tener el Estado. Es decir, en esta visión etapista, se defiende que un Estado capitalista dirigido y gobernado por los mismos oligarcas de siempre, constituye un paso necesario y positivo… ¡¡al socialismo!! ¿Acaso no nos suena esta música? Después de la etapa que hipotéticamente conduzca a una Catalunya capitalista independiente, la burguesía exigirá una nueva “etapa” para consolidar este Estado, en la que igualmente los trabajadores tendrán que posponer sus exigencias. Y así, de etapa en etapa, la burguesía seguirá indefinidamente en el poder.

Los hechos han demostrado a qué camino condujeron las justificaciones etapistas en la lucha por la transformación de la sociedad: a la total adaptación al sistema, al desprestigio de las organizaciones de izquierdas y a incrementar el margen de maniobra de la burguesía frente a la clase obrera y la juventud. Lo que ocurrió en la Transición española, en Portugal en 1974, en Irlanda del Norte, donde los dirigentes del Sinn Féin justificaron el pacto con los unionistas por estos mismos motivos, son ejemplos muy elocuentes.

Se argumenta a favor de este frente con la burguesía catalana que, teóricamente según sus defensores en la izquierda, está circunscrito a una cuestión democrática, como el derecho a decidir; y se insiste en que este pacto no impide que en la cuestión social y económica, la oposición a CiU “sea total”. Cualquier persona con un poco de experiencia política sabe que esta separación es completamente falsa. La situación real es que, primero, CiU no está apoyando el derecho a la autodeterminación sino su falsificación, su castración. De hecho, ella supedita su impulso del difuso “derecho a decidir” a un apoyo concreto a su política antisocial. ¡Es la propia burguesía la que vincula, descaradamente, la cuestión nacional a la cuestión social! Segundo, ayuda a CiU a centrar el debate político en la cuestión nacional, en los términos que a la burguesía le interesa, en detrimento de la lucha de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y su política represiva.

Los diputados de ICV, de EUiA o de la CUP pueden hablar de lucha contra los ricos, de la necesidad de enfrentarse a los recortes, pero si en la práctica sitúan como punto fundamental para cambiar la situación de angustia y sufrimiento que vive la mayoría de la sociedad, la celebración de una consulta y la creación de un “Estado propio”, en realidad capitalista, y se defiende como táctica fundamental para llegar a ello un acuerdo con los representantes de la burguesía catalana, lógicamente la idea central que se transmite es la necesidad de priorizar este acuerdo y estos objetivos en detrimento de la lucha social, y también en detrimento del vínculo que existe entre la clase obrera y la juventud catalana con la del resto del Estado. Un vínculo necesario y fundamental en la movilización contra los recortes, por el derecho de autodeterminación y por el socialismo, que ha sido expresado en todos y cada uno de los grandes movimientos de protesta social de los últimos años: 15-M, huelga generales, PAH, movimiento estudiantil contra la LOMCE, etc., y que, por supuesto, la burguesía catalana está encantada en romper y enterrar.

Marxismo y cuestión nacional

Para tener una posición revolucionaria sobre la cuestión nacional es fundamental que nos basemos en la teoría marxista. Los textos más importantes sobre el tema son de Lenin, y fueron escritos entre 1913 y 1916, precisamente en un contexto de crisis general del sistema capitalista, de exacerbación del problema nacional y de auge del movimiento obrero, y de preparación de la primera guerra mundial imperialista.

Textos como “El derecho de las naciones a la autoderminación”, “Notas críticas sobre la cuestión nacional” y otros tenían como objetivo afianzar las bases teóricas, metodológicas y programáticas del marxismo sobre la cuestión nacional y su relación con la lucha de clases, ofreciendo así una orientación política a los sectores más avanzados de la juventud y de la clase obrera sobre este tema. Esto explica que muchos pasajes de estos trabajos parezcan escritos pensando en la situación actual en el Estado español y la cuestión nacional en Catalunya, Euskal Herria o Galiza. Sin una lucha consecuente contra la opresión nacional, hubiera sido imposible para los bolcheviques ganar la confianza de las masas de las nacionalidades oprimidas —en su mayoría campesina— para la causa de la revolución socialista y, por lo tanto, esta no hubiera triunfado.

El Imperio del Zar distaba mucho de ser nacionalmente homogéneo y su unidad, debido al retraso histórico de la burguesía y del capitalismo ruso, se forjó con el ingrediente fundamental de la opresión nacional a manos del Estado absolutista gran ruso. Como señaló Lenin, Rusia era una cárcel de naciones. A pesar de que la mayoría de la población del Imperio era no rusa —ucranios, polacos, finlandeses, lituanos, letonios, judíos, musulmanes, tártaros, los pueblos del Cáucaso, etc.,— el idioma ruso se imponía en la escuela, en el ejército y, por supuesto, en toda la administración; la Iglesia ortodoxa aseguraba esta rusificación ejerciendo de “policía espiritual” del zarismo.

La participación de Rusia en la guerra imperialista de 1914 endureció todavía más la opresión nacional: la represión a gran escala de los derechos democráticos de las naciones oprimidas, los encarcelamientos y el asesinato de los activistas, la expulsión en masa de la población autóctona, la absoluta prohibición de cualquier prensa nacional, se intensificaron. En estas condiciones era inevitable que con la caída del zarismo y la irrupción de la revolución, las reivindicaciones democrático-nacionales de las nacionalidades oprimidas, unidas a las otras demandas democráticas generales y de carácter social, se pusieran al orden del día. Este proceso se vio en la revolución de 1905 y se volvió a poner de manifiesto en 1917.

Leninn consideraba que la defensa del derecho a la autodeterminación, unido a un programa socialista revolucionario, era la mejor manera de contrarrestar la influencia del nacionalismo burgués, y pequeño-burgués, sobre las masas obreras y campesinas de las nacionalidades oprimidas. Cuando existe una situación real de opresión nacional, subestimar este hecho o ignorarlo, incluso cuando se hace partiendo de una posición internacionalista, conduce en el mejor de los casos a entregar la bandera de la defensa de los derechos democráticos nacionales a la burguesía de la nacionalidad oprimida, y en el peor a caer en la misma posición que la burguesía de la nacionalidad opresora. Para Lenin, la defensa del derecho a la autodeterminación tenía una labor educativa fundamental, sobre todo de cara a los trabajadores y campesinos de la nacionalidad opresora, en este caso de Rusia. “¿Puede acaso ser libre un pueblo que oprime a otros pueblos? No. Los intereses de la libertad de la población rusa exigen que se luche contra tal opresión. La larga historia, la secular historia de represión de los movimientos de las naciones oprimidas, la propaganda sistemática de esta represión por parte de las ‘altas’ clases han creado enormes obstáculos a la causa de la libertad del mismo pueblo ruso en sus prejuicios, etc.”, señala Lenin.

Independencia de clase

Ahora bien, la defensa de Lenin del derecho a la autodeterminación, que incluye el derecho a la separación, es sólo una parte de su posición sobre la cuestión nacional. Es importante remarcar que esta defensa del derecho a la autodeterminación no significaba para Lenin, y para los marxistas, la obligatoriedad de alentar la independencia. De hecho, Lenin consideraba que cuanto más amplia fuera la unión de los pueblos en un mismo estado socialista se darían mejores condiciones para desarrollar la economía y mejorar las condiciones de vida y culturales de la población. Claro está que esta unidad tenía que ser absolutamente voluntaria.

Lenin y los bolcheviques luchaban de forma clara y rotunda contra cualquier opresión nacional y al mismo tiempo por la máxima unidad de la clase obrera. Lenin insiste una y otra vez que la clase obrera de las naciones oprimidas y de la nación opresora deben luchar juntas, que no tienen objetivos contradictorios, que el objetivo fundamental era “salvaguardar la unidad de la lucha de clase del proletariado por el socialismo, repeler todas las influencias burguesas y ultrarreaccionarias del nacionalismo”. La defensa del derecho a la autodeterminación, del derecho a la independencia estatal, no implicaba, por ejemplo, alentar ni apoyar la división de los sindicatos en función de la procedencia nacional de la clase obrera. Al contrario, los bolcheviques defendían la máxima unidad organizativa y política de la clase obrera.

La posición de Lenin y del marxismo sobre la cuestión nacional está formulada pensando siempre en los intereses de la clase obrera y de las capas medias empobrecidas que son explotadas políticamente por la burguesía de las naciones oprimidas. Al mismo tiempo que nos posicionamos resueltamente en contra de cualquier opresión nacional, los marxistas no hacemos ninguna concesión a las exigencias “prácticas” de la burguesía de la nacionalidad oprimida, que explota para sus propios fines los sentimientos democráticos de la población. Luchar contra la opresión nacional sí, pero como señala Lenin, “por cuanto la burguesía de la nación oprimida está a favor de su nacionalismo burgués, nosotros estamos en contra. ¡Lucha contra los privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna tolerancia con el afán de privilegios de la nación oprimida! (…) En el problema nacional, toda burguesía desea o privilegios para su nación o ventajas exclusivas para ésta; precisamente eso es lo que se llama ser ‘práctico’. El proletariado está en contra de toda clase de privilegios, en contra de todo exclusivismo. Exigirle ‘practicismo’ significa ir a remolque de la burguesía, caer en el oportunismo”.

Marx, Engels, Lenin siempre subrayaron en sus escritos sobre la cuestión nacional la necesidad de que la clase obrera mantenga una posición de total y absoluta independencia política respecto a la burguesía, tanto de la nacionalidad opresora como de la nacionalidad oprimida. Así lo explicaba Lenin en uno de sus textos fundamentales, El derecho de las naciones a la autodeterminación: “Los intereses de la clase obrera y de su lucha contra el capitalismo exigen una completa solidaridad y la más estrecha unión de los obreros de todas las naciones, exigen que se rechace la política nacionalista de la burguesía de cualquier nación. Por ello sería apartarse de las tareas de la política proletaria y someter a los obreros a la política de la burguesía, tanto el que los socialdemócratas[1] se pusieran a negar el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho de las naciones oprimidas a separarse, como el que se pusieran a apoyar todas las reivindicaciones nacionales de la burguesía de las naciones oprimidas. Al obrero asalariado tanto le da que su principal explotador sea la burguesía rusa más que la alógena, como la burguesía polaca más que la hebrea, etc. Al obrero asalariado que haya adquirido conciencia de los intereses de su clase le son indiferentes tanto los privilegios estatales de los capitalistas rusos como las promesas de los capitalistas polacos o ucranianos de instaurar el paraíso en la tierra cuando ellos gocen de privilegios estatales. El desarrollo del capitalismo prosigue y proseguirá, de uno u otro modo, tanto en un Estado heterogéneo unido como en Estados nacionales separados”.

¡Fuera CiU de la Generalitat!

Los acontecimientos de este verano, cuando este texto estaba casi terminado, han confirmado muchas de las ideas que estamos defendiendo. Como era de esperar el gobierno del PP ha reiterado su intención de recurrir la ley de consultas que, casi con toda seguridad, aprobará el parlament el 19 de septiembre. Así, un Tribunal Constitucional deslegitimado, situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del apartado del Estado, declarará ilegal la consulta.

CiU, por su parte, por más que intente aparentar que seguirá la ruta “hasta el final”, ha dado muestras cada vez más evidentes de que acatará la decisión del TC. El 11 de agosto, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, dijo claramente que la consulta se aplazaría si fuese declarada ilegal por el TC, algo que es obvio que se va a producir. Sus declaraciones no fueron desautorizadas por Mas ni por ningún otro miembro del govern. También dijo: “Yo trabajo por ese 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre”. Joana Ortega incluso hizo un advirtió a ERC que si aspiraba a ser un partido de gobierno no podía incumplir la leyes. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Villa, dijo muy claramente en una entrevista a TV3: “En un Estado de derecho es muy importante que todo el mundo, desde la ciudadanía de base hasta, lógicamente, su Gobierno siempre tengan cuidado de ser muy respetuosos con la ley que ampara a todos”.

La hoja de ruta de CiU es que la ley de consultas se apruebe solemnemente en el parlament, que acto seguido se convoque oficialmente la consulta y luego aceptar su suspensión tratando de disfrazar lo mejor posible su traición. No hay nada sorprendente en ello ya que, desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes. Sin embargo, no por previsible debemos dejar de resaltar la actitud sumisa de CiU al poder estatal, su cinismo y su cobardía. Aunque ha ido más lejos que en otras ocasiones en sus maniobras, el esquema de fondo ha sido el de siempre: jugar, sin ningún reparo, con los sentimientos democráticos del pueblo catalán para afianzar los intereses de la clase que representa: la burguesía catalana.

Todos estos hechos, y esta farsa de CiU, ratifican algo bien conocido, que los banqueros y los grandes empresarios catalanes no quieren la independencia, quieren el pacto fiscal y más palancas de control político, los llamados “mecanismos de Estado”. Están en contra de cualquier paso que pudiera comprometer su acceso al mercado español y europeo o impulsar una ruptura con el Estado español, de consecuencias políticas imprevisibles. En julio se produjeron declaraciones muy claras en este sentido. Lógicamente, la oligarquía financiera y empresarial ha dejado que CiU jugara su papel. Comprende que la representación política tiene sus exigencias, implica maniobras y giros, en ocasiones muy audaces. Pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar.

Realmente CiU nunca ha tenido intención de cruzarlas. Ya hemos señalado la naturaleza totalmente sumisa hacia el Estado español o hacia el poder financiero europeo del “Estado propio” ideado por Mas. La propia consulta, aunque se llevase a cabo, tendría, efectivamente, un carácter meramente consultivo, no vinculante, lo cual daría mucho margen para nuevas maniobras y cambalaches por parte de CiU. Sin embargo, la realización de una votación en abierto desafío a la decisión del TC podría tener un impacto político de consecuencias más difíciles de controlar, sobre todo en un contexto de malestar social generalizado y profunda deslegitimación de los partidos e instituciones que han sostenido el sistema capitalista en las últimas décadas. Las declaraciones de Santi Villa enfatizando en la importancia del respeto a la legalidad no son ninguna casualidad.

Es obvio que, desde un principio, CiU ha tenido no solo un plan B sino un plan C, D y E para afrontar la previsible “no convocatoria” de la consulta. El más “filtrado” ha sido el de dar a las próximas elecciones autonómicas un caràcter plebiscitari, això sí, tractant d'esgotar la legislatura fins al 2016 per completar la tasca de destrucció de la sanitat i l'educació pública. La formación de un gobierno de “emergencia nacional” hasta la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias, con la entrada de ERC y de la CUP, es compatible con la opción anterior.

Sin embargo, lo que se perfila en los últimos meses es una recomposición de las relaciones con el PP. La cordial reunión de Mas con Rajoy en julio tuvo como claro objetivo reestablecer los puentes. La reiterada oferta del PSC y del PSOE de apoyar un gobierno de CiU en solitario, si CiU abandona su pretensión de realizar la consulta, es una muestra evidente de la implicación de la socialdemocracia en esta maniobra.

¿Cual tiene que ser la prioridad de la izquierda que aspira a un cambio realmente profundo en Catalunya? Utilizar las lamentables maniobras de CiU, su traición y su escandalosa y reveladora implicación en la corrupción, para desalojarla de la Generalitat. Derrotar a la derecha, tanto catalana como española, así como su muleta, la socialdemocracia, en las urnas y en la calle. Luchar por por una Generalitat de izquierdas con un programa realmente de izquierdas.

Una oportunidad histórica. Por el Frente de Izquierdas

Estamos viviendo un punto de inflexión histórico en Catalunya y en todo el Estado, en Europa y en el mundo entero. El irrupción de las CUP en las elecciones autonómicas de 2012, la derrota sufrida por el PP y el PSOE en las elecciones europeas del 25 de mayo, junto al avance de Izquierda Unida, la irrupción de Podemos y las masivas movilizaciones contra la monarquía el 2 de junio, pocas horas después de que el borbón Juan Carlos I abdicara a favor de su hijo, la enorme expectación generada alrededor de la presentación de Guanyem Barcelona, iniciativa encabezada por Ada Colau, son acontecimientos que marcan un punto de inflexión histórico en la situación política del Estado español. Consolidan el clima de fin de época que se vive desde el estallido del 15-M en 2011, aceleran la crisis de todo el engranaje político del que se han servido los grandes capitalistas desde la Transición y, lo más importante, han contribuido a extender la idea de que un cambio social, económico y político profundo no sólo es urgente y necesario, sino posible, lo cual es un acicate todavía mayor para la participación en la lucha política organizada de un sector cada vez más amplio de la juventud y de los trabajadores.

Estamos, pues, ante la oportunidad histórica no sólo de desalojar a la derecha de todas las instituciones sino también ante la oportunidad de que las formaciones situadas a la izquierda de la socialdemocracia obtengan mayoría. Eso supondría un durísimo golpe a la política de recortes dictada por la banca y los grandes empresarios. Un durísimo golpe a la política de recortes de los derechos democráticos y al propio nacionalismo español reaccionario. La victoria de candidaturas de la izquierda comprometidas con la lucha social en las próximas elecciones municipales allanaría el camino para desalojar al PP del gobierno central y a CiU de la Generalitat, y sería un paso muy importante para conformar gobiernos de izquierdas con una verdadera política de izquierdas. Esto abriría la oportunidad de iniciar un proceso de transformación social profundo y radical, atacando la causa real y de fondo de la crisis capitalista y de los recortes, y también de la opresión nacional: el monopolio que la banca y los grandes empresarios tienen sobre las principales palancas de la economía y que determina que vivamos bajo un régimen que, aunque mantiene una “fachada” de democracia formal, es en realidad la dictadura del gran capital.

La idea que desde diferentes focos se intenta transmitir, de que la sociedad española es un bloque reaccionario, sin hacer ninguna distinción de clase, representa una falsedad hiriente e interesada. En los últimos cinco años hemos asistido en todo el Estado a un tremendo proceso de movilizaciones de masas, de ascenso de la lucha de clases, como no se veía desde la llamada Transición. Y estamos sólo en el inicio de este proceso. El mejor favor que las direcciones de las organizaciones de la izquierda —incluidas por supuesto las organizaciones independentistas de izquierda de Catalunya, Euskal Herria y Galiza— podrían hacer a la causa del derecho a la autodeterminación, es vincularla a la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Es evidente que el derecho a la autodeterminación tendrá un apoyo inmensamente mayor y mucho más consistente, dentro y fuera de Catalunya, si está asociado a la lucha contra la dictadura de los bancos, si está vinculado a la lucha de la clase obrera de todo el Estado, que si va asociado a la conquista de privilegios de una burguesía contra otra. La idea planteada por Ada Colau, de extender el derecho a decidir a todos los aspectos sociales, y no sólo el territorial, ha tenido un grandísimo impacto entre los trabajadores y jóvenes en Catalunya. ¡Éste es el camino! ¡Eso es lo “natural” y no este pacto de facto contra natura con un cadáver en descomposición que es CiU! ¡De la mano de CiU jamás vendrá nada progresivo para la clase obrera catalana!

La posibilidad de asestar un golpe a la derecha, tanto del PP como de CiU, en las próximas elecciones municipales y generales es una perspectiva real. Aunque el viento sopla muy a favor de los partidos y agrupamientos situados a la izquierda de la socialdemocracia, es necesario dar pasos serios y contundentes si queremos garantizar los objetivos arriba señalados. En primer lugar, de cara al primer objetivo que es ganar las elecciones municipales, es evidente que hace falta unificar en una sola candidatura a toda la izquierda (Podemos, IU, Sortu, CUP, AGE…) y a los movimientos sociales.

Los marxistas de El Militante consideramos que un Frente de Izquierdas que quiera representar a la mayoría explotada y defender un programa en su beneficio no se debe fraguar en despachos a espaldas de los trabajadores, de los jóvenes y de los activistas; ni convertirse en un instrumento para que aparatos esclerotizados, anquilosados y con prácticas burocráticas, repartan puestos, privilegios y designen candidatos sin credibilidad en las bases y en el movimiento. No queremos un Frente de Izquierdas para disolvernos en los mecanismos institucionales sino como una palanca para completar y reforzar la lucha y la organización de los trabajadores y la juventud, ya que de ahí proviene la única fuerza capaz de hacer frente a la inevitable resistencia y sabotaje que los capitalistas pondrán en marcha contra un gobierno verdaderamente de izquierdas, sea a nivel municipal, en la Generalitat o en el resto del Estado.

Queremos un Frente de Izquierdas que recoja el sentir de la calle, de todos los que luchamos contra los recortes. Un Frente de Izquierdas que sirva para recuperar principios y señas de identidad que han sido abandonadas a favor del arribismo, la corrupción y la integración en el sistema; que luche frontalmente contra las redes clientelares del poder, que rompa radicalmente con ese parlamentarismo que no nos representa y que actúa de correa de transmisión de los grandes bancos, de los mismos especuladores y ladrones que viven en el lujo obsceno en la cúspide del sistema.

Un Frente de Izquierdas que debe ser impulsado de abajo hacia arriba, de manera democrática y participativa, a través de asambleas y reuniones abiertas a toda la población, a todos los activistas sociales y de la izquierda, en los barrios, en los institutos y universidades, en las plazas públicas, y que debe tener como divisa la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los ataques a nuestros derechos democráticos. Un Frente de Izquierdas, que recoja el sentimiento de unidad que es una aspiración de millones, y que se comprometa con una serie de puntos básicos e irrenunciables que la propia movilización social ha hecho suyos en estos años de batallas.

Por una República Socialista Federal

La cuestión nacional se recrudece al calor de la crisis orgánica del capitalismo. El sistema del llamado “libre mercado” ha dejado de cumplir cualquier papel progresista que pudiera haber tenido en el pasado, y muestra una completa senectud y decadencia. Cuando el mercado mundial es un hecho, cuando la interpenetración de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales es más fuerte que en ningún otro momento de la historia, asistimos a la creación de nuevas fronteras, de nuevos estados, de una “balcanización” de los territorios, y lo que este fenómeno lleva consigo: la extensión de los prejuicios nacionales, de los conflictos étnicos y religiosos, de los progromos y las masacres. Esta es la receta de la burguesía y de los imperialistas para mantener su dominación, sus privilegios y sus beneficios escandalosos: enfrentar a los pueblos y a los trabajadores de sus respectivas naciones.

Los marxistas defendemos la unidad de la clase obrera, de la juventud, del conjunto del pueblo oprimido por encima de las fronteras nacionales. Llamamos a la lucha por los derechos democráticos nacionales de Catalunya, Euskal Herria y Galiza, incluido el derecho de autodeterminación, ligándolos al combate por el socialismo. La auténtica libertad de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza y de las naciones oprimidas sólo podrá alcanzarse con justicia social e igualdad, librándonos de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica. Nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la península Ibérica, en el marco de una República Socialista Federal que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.

¡Únete a la Corriente Marxista Revolucionaria!

¡Únete a la lucha por el derecho de autodeterminación y por el socialismo!

Por un programa de cambio profundo de nuestras condiciones de vida:

Toda la banca privada y los grandes monopolios estratégicos para los intereses de la población (eléctricas, telecomunicaciones, constructoras, transportes, etc.,) deben ser expropiados y nacionalizados bajo control democrático de los trabajadores. Sólo así se podría acabar de forma efectiva con la imposición del poder económico sobre las decisiones políticas. Todas las fuerzas productivas se podrían poner en marcha para garantizar un plan de inversión pública y acabar con la lacra del desempleo.
No a la privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sistema público de enseñanza y sanidad gratuitas, universales y de calidad.
Prohibición de los desahucios por ley. Expropiación de los pisos vacíos propiedad de los bancos para integrarlos en un parque de viviendas públicas con alquileres baratos.
Fin del desvalijamiento de las arcas públicas para pagar la “deuda” y rescatar a la banca. El sostenimiento de la educación pública, la sanidad pública, un sistema de servicios sociales digno (desempleo, pensiones, dependencia, etc.,) tendrá absoluta prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. La tercera república socialista federal se negará a pagar una deuda que es, además de obscena, ilegítima y a través de la cual se trasvasan directamente billones de euros, que pertenecen a los trabajadores, al bolsillo de los especuladores, de los bancos y los monopolios, en definitiva, de los auténticos responsables de la crisis.
Elección y revocabilidad directa de todos los representantes políticos. Ningún diputado, concejal o funcionario político debe cobrar (directa o indirectamente) un salario superior al de un trabajador cualificado. No a los salarios vitalicios. Investigación y eliminación de todos los privilegios de los ex diputados y demás cargos públicos.
Tareas administrativas rotativas. Control democrático de los trabajadores, a través de sus organismos representativos, en todos los ámbitos de la administración del Estado. Fin de los privilegios de la alta administración del Estado. Investigar y perseguir los lobbies de las empresas privadas en la administración pública.
Depuración de todos los órganos del Estado de elementos fascistas y que participaron o colaboraron con el franquismo. La democracia tiene que entrar en el ejército y la policía. Destitución de todos los grupos o individuos que se han manifestado proclives a la intervención del ejército y la policía contra las manifestaciones populares o contra el derecho a decidir de las nacionalidades históricas. Revelación de todos los secretos oficiales de la dictadura franquista y de la Transición. Investigación del papel de la monarquía en el golpe de Estado del 23-F.
Reparación y justicia para las víctimas del franquismo. Apoyo público a las iniciativas para rescatar la memoria histórica, reparar económicamente a las víctimas de la dictadura, perseguir judicialmente a los represores, y recuperar los miles de cadáveres que todavía están enterrados en fosas.
Supresión de la Ley mordaza y de toda la legislación represiva. Garantía total del derecho a manifestación, reunión y organización. Persecución y disolución de los grupos fascistas.
Ruptura del monopolio y el control de los medios de comunicación por parte de los grupos empresariales y de poder. Televisión, radio y prensa escrita de divulgación masiva al servicio de los movimientos sociales.
Suspensión de todas las actividades militares en el exterior. No a las intervenciones imperialistas.
Abajo las medidas y el gobierno dictatorial de la Troika. Por una unión de los pueblos de Europa mediante una Federación Socialista Europea en beneficio de la mayoría.
Derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Unión voluntaria sí, unión impuesta no. Una República Socialista Federal libraría una lucha decidida contra la opresión social, de clase, y nacional.