El PP, acosado por los casos de corrupción, desacreditado y en caída libre en las encuestas, trata de mantener a sus votantes más fieles inyectando el veneno del nacionalismo españolista más rancio y reaccionario. Dejando claro que es un partido profundamente autoritario, ha movilizado toda la maquinaria del Estado y sus altos tribunales, dominados por elementos ultraderechistas y con un pasado franquista, para impedir no sólo que el pueblo catalán pueda ejercer su derecho democrático a decidir, sino arrastrar la democracia por el barro prohibiendo la consulta no vinculante del 9-N y suspendiendo también la votación simbólica planteada por el gobierno de CiU, y con la que trataban de cumplir su promesa de que ese día se votaría. Este es el PP, el partido heredero de una dictadura que pisoteó durante cuarenta años los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, su lengua y su cultura, y aplastó al movimiento obrero bajo una cruel represión.

Frenazos y marcha atrás

El desenlace de la consulta del 9-N ha demostrado también con claridad qué es CiU y qué intereses defiende. Tras meses afirmando que se haría la consulta, y caracterizando este acontecimiento como el más importante de un proceso imparable hacia la independencia, a la primera de cambio, no ha dudado en plegarse a lo acordado por el TC. Ha sido el propio Mas el que ha enfatizado, con toda claridad, el carácter secundario de la “consulta ciudadana”, señalando que la “auténtica” se hará mediante unas eventuales elecciones autonómicas de carácter plebiscitario, supeditadas a la formación de una candidatura única entre CiU y ERC. Para CiU el “nuevo 9-N” no es más que un intento de encubrir su completa sumisión al aparato político y legal de la burguesía española, con la que tan buenos acuerdos políticos y negocios ha hecho en el pasado, y seguro que volverá a hacer en el futuro. De hecho, ante la última decisión del TC de prohibir también esta inocua consulta, el govern de Artur Mas anunció que se seguirá adelante, pero a través de las “entidades de la sociedad civil” (ANC y Omnium Cultural), reduciendo todavía más la implicación de la administración y de medios públicos en la organización de la consulta.
A pesar del carácter descafeinado que el propio gobierno de CiU le ha dado a la consulta es muy probable* que centenares de miles de personas participen en la votación el 9-N (algunas previsiones estiman un millón de personas o más), convirtiéndose en una nueva y masiva protesta del pueblo catalán a favor del derecho a la autodeterminación.

¿Para quién gobierna CiU?

Evidentemente CiU, como hemos venido indicando, es parte y pieza fundamental del sistema del 78, y sus lazos con la burguesía española y el PP son estrechos, tal y como se ha visto ahora con el caso de Oleguer Pujol, cuyo principal socio de negocios, también detenido e imputado, es yerno de Eduardo Zaplana. El estado de putrefacción del sistema capitalista español (y catalán) con constantes y nuevos casos de corrupción (inmensos negocios a través del saqueo de los recursos públicos) prácticamente a diario, salpica tanto al PP y al PSOE como a CiU. Frente a este estado de cosas millones de personas se ven abocadas a la pobreza y la exclusión.
Los últimos datos sobre la pobreza en Catalunya son escalofriantes. Casi un 20% de la población está en riesgo de exclusión social, y más de un 27% en el caso de la pobreza infantil. Pero si se excluyen las pensiones de vejez y supervivencia, absolutamente insuficientes, la pobreza ascendería por encima del 24%, y excluyendo el conjunto de las ayudas públicas se situaría por encima del 40%. Catalunya es la comunidad con mayor número de desahucios de todo el Estado, un 23,3%, ocho puntos por encima de Valencia que con un 15% es la siguiente. Esta brutal desigualdad social, que aumenta cada día, se refleja en la distribución de la renta por barrios en Barcelona, donde mientras el barrio más rico (Pedralbes) tiene una renta familiar disponible de 240 puntos, estando la media de Barcelona en 100, el más pobre (Ciudad Meridiana) tiene una renta de 37, cuando el año anterior llegaba a 51. La Generalitat de CiU ha recortado el gasto público en 7.715 millones en los últimos cuatro años y ha abonado 6.698 millones en intereses de la deuda. Blanco y en botella para quién se gobierna.

Maniobras de CiU para mantenerse en el poder

En este contexto CiU trata de continuar utilizando la consulta como moneda de cambio para seguir gobernando y aprobando presupuestos con nuevos y mayores recortes. Para ello no le faltan posibles socios de Gobierno, como el PSC, que se ha ofrecido reiteradamente a asumir el papel de muleta de Mas para que CiU pueda agotar la legislatura. Con tal de preservar la estabilidad del sistema el PSC, como el PSOE, está incluso dispuesto a que su ya menguado apoyo electoral y social se reduzca a la mínima expresión. Tal y como ha dicho Iceta, secretario del PSC, en una entrevista a El País, “el PSC renunciaría a hacer oposición (sic), lo que tendría un coste político muy elevado”.
Por otro lado ERC, que reclama elecciones, está dispuesta a prorrogar las cuentas de 2014. Al margen de escenificar una supuesta ruptura, las declaraciones de ERC son claras, planteándose la necesidad, a pesar de los incumplimientos de CiU, de mantener la unidad en beneficio de un hipotético proceso independentista, que CiU sólo observa como un medio para arrancar mayor autofinanciación y obtener más margen de maniobra para seguir con su política antiobrera y de recortes.

¡Sí al derecho de autodeterminación, sí a la lucha por el socialismo!

Lo más importante de toda esta situación es comprender que existe una auténtica oportunidad para la izquierda que lucha, que está en las calles y que reclama un cambio radical que suponga una completa ruptura con el sistema. De ahí el ascenso meteórico de Podemos o Guanyem Barcelona, y la enorme preocupación de la burguesía tanto en el resto del Estado español como en Catalunya. Y el primer paso para llevar adelante este cambio es desalojar al PP, y sí, también a CiU, del Gobierno y de la Generalitat respectivamente.
No es con alianzas con CiU, tal y como se está viendo, como se conseguirá llevar adelante el derecho a decidir. David Fernández, representante de la CUP en el Parlament, planteaba en una entrevista en El País que “algo grave pasa en Cataluña para que los neoliberales y los anticapitalistas nos pongamos de acuerdo, para que la patronal y los sindicatos coincidan, para que los que soportamos los golpes de los Mossos d’Esquadra y los que los dirigen pensemos lo mismo”. Sí, es cierto que algo grave está pasando en Catalunya, y en el resto del Estado, pero no es lo que David Fernández piensa sino al revés: la ola de indignación contra la derecha en cualquiera de sus formas (PP, CiU o PNV), contra los que colaboran en la práctica con la política de recortes, como el PSOE, y contra el sistema capitalista sigue creciendo, amenazando y poniendo ya en jaque el cambalache nacido de la Transición. La propia protesta y movilización masiva por el derecho a decidir es también parte de esta misma ola. Y esto es así, y es sentido así por la mayoría de la población, pese a todos los intentos de los dirigentes de la izquierda en el Parlament, como las CUP e ICV-EUiA, de desconectar la movilización por el derecho a decidir de la lucha contra los recortes, la corrupción y todo aquello que CiU y el PP representan, como si se tratarán de dos cosas completamente distintas.
Defender el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, no tiene que significar ir de la mano de CiU. Todo lo contrario, es desenmascarar la incongruencia, la falta de decisión, y la traición que a la primera de cambio planteará la burguesía catalana a esta aspiración democrática, como se ha visto. Ada Colau que también defiende el derecho a decidir, ha dicho algo muy importante: “el presidente Mas no me representa”, denunciando que él “no ha creído nunca en el derecho a decidir”. CiU y la burguesía catalana sólo piensan en como mantener su poder económico y político ante la actual situación de creciente rebelión social. Por eso hoy, es más necesario que nunca unir la lucha por el derecho a decidir con la lucha contra los recortes, la lucha por el derecho de autodeterminación con la lucha por la transformación socialista de la sociedad.


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