El 17 de enero la televisión autonómica catalana, TV3, emitía el documental Ciutat Morta, en el que se denuncia uno de los peores casos de abusos, torturas, detenciones ilegales y muerte que salpican a la Guardia Urbana de Barcelona. Los hechos se remontan al 4 de febrero de 2006. La Guardia Urbana acudió a desalojar un antiguo teatro ocupado, y un agente resultó herido de gravedad al caerle una maceta en la cabeza tirada desde la terraza del edificio. Inmediatamente se detiene a varias personas que estaban allí, en la calle, y que eran ajenas incluso a la fiesta. Uno de ellos, Rodrigo Lanza, de rasgos latinoamericanos, relata en el documental los abusos y torturas sufridos desde el momento de la detención.

Posteriormente detuvieron a Patricia Heras y  a otro chico que ni siquiera habían estado en el lugar de los hechos. Se encontraban en el Hospital del Mar, al que habían llevado a los primeros detenidos tras la brutal paliza recibida. Su delito fue llevar una estética alternativa y presentar golpes en la cara, debido al accidente de bicicleta que había tenido. Patricia y los otros detenidos fueron acusados de intento de homicidio y condenados a varios años de prisión, en un juicio que, como explica el documental, estuvo plagado de irregularidades. Patricia Heras, aprovechando un permiso penitenciario, acabó con su vida al no poder soportar la situación.

Torturas y abusos policiales consentidos

El Ayuntamiento de Barcelona, propietario del edificio ocupado, sería responsable subsidiario de los hechos acontecidos la noche del 4F en caso de que la lesión fuera producto del lanzamiento de una maceta desde el edificio, tal y como había afirmado el alcalde de Barcelona del PSC, Joan Clos, informado así por el responsable de información de la Guardia Urbana, Víctor Bayona. Cambiaron la versión de la maceta por una historia inventada e inverosímil, en la que el arma arrojadiza había sido una piedra lanzada desde la calle, algo que como explica un médico forense en el documental resultaba imposible que causara la lesión sufrida por el agente. De esta manera se justificaban las detenciones hechas a pie de calle.
Años después del juicio, y tras desestimarse las denuncias por torturas que hicieron los acusados sin ni siquiera investigarse, dos agentes del caso 4F, Víctor Bayona y Bakari Samyang, fueron condenados por torturas y falso testimonio en el caso de Yuri Sarran, ciudadano de Trinidad y Tobago, víctima de estos salvajes.
Lamentablemente, la historia de Rodrigo Lanza y de Patricia Heras no es un hecho aislado. La trayectoria del escuadrón de los UPAS (unidades especiales de la Guardia Urbana), el ala más dura de la aplicación de la tolerancia cero en las calles, y al que pertenecían los urbanos Bayona y Bakari, ha sido objeto de múltiples denuncias por abusos policiales, detenciones ilegales, torturas, acoso a inmigrantes y mendigos, etc. Los alcaldes del PSC Joan Clos y Jordi Hereu, y el actual de CiU, Xavier Trias, han mantenido intacta esta unidad.

Depurar el aparato del Estado de fascistas

A raíz de la emisión de este documental, José Martínez, exsargento jubilado de la Guardia Urbana, ha denunciado abusos, torturas y detenciones injustificadas de la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. Relata en un vídeo la detención ilegal y las torturas sufridas por tres jóvenes del barrio de Gràcia, detenidos a la salida del Casal Popular. La tremenda impunidad con la que estas unidades actúan también sirve para los Mossos d’Esquadra, que causaron la pérdida de un ojo, a causa del impacto de una pelota de goma, a Esther Quintana durante una manifestación en Barcelona en la huelga general del 14N de 20121, o la muerte de Juan Andrés Benítez el 5 de octubre de 2013, después de ser reducido por 8 agentes. Sin ir más lejos, el 28 de enero, cuatro mossos apalearon a un joven inmigrante de 20 años en el Forat de la Vergonya.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) expone que la mayoría de estos casos no se investigan adecuadamente. Desde 2004 este organismo recoge 2.700 casos de torturas y vejaciones que afectan a 6.600 personas. En 2013 se denunciaron 252 casos en el Estado español (45 en Catalunya), que afectaron a 527 personas (83 en Catalunya). Fuentes periodísticas, especializadas en destapar escándalos policiales, afirman que la Guardia Urbana tiene mandos especializados que mantienen una verdadera guerra contra determinados “colectivos” como inmigrantes, trabajadores sexuales o personas de estética alternativa, como sucedió con la detención de Patricia Heras. Lo que demuestra este documental, y el caso del 4F, es que hay una completa impunidad, basada en haber mantenido, tanto en la policía como en el aparato judicial, a elementos fascistas y no haber depurado de franquistas el aparato del Estado.


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