Sólo la movilización acabará con las casas de apuestas
La primera semana de enero conocíamos que Alberto Garzón iba a convertirse en el nuevo ministro de Consumo del gobierno de coalición, con competencias sobre la regulación del juego y las casas de apuestas. Incluso dentro de un ministerio con unas competencias tan reducidas y limitadas, este hecho fue saludado por una buena parte de gente en los barrios obreros, que esperábamos una solución contundente al hecho de que este tipo de salones de juego haya proliferado en nuestros barrios de una forma masiva y descontrolada.
Las casas de apuestas, la nueva heroína de los barrios obreros
Los datos son muy concretos. Solo en la Comunidad de Madrid, el número de casas de apuestas se incrementó un 304% entre 2013 y 2017, y las salas de juego en un 63% en el mismo período. El número de apostantes se ha multiplicado por tres en el Estado español en los últimos cinco años y el dinero apostado roza ya los 20.000 millones de euros al año. Esto es muy superior a la de otras industrias en el Estado español como la musical, la del alcohol o la del tabaco, y casi al nivel de lo que facturan Telefónica, Orange y Vodafone combinadas. El nuevo perfil de ludopatía ha rejuvenecido con la irrupción de las apuestas deportivas y online cebándose en personas de 18 a 30 años. Por ejemplo, en la Región de Murcia, el 10% de adolescentes tiene ya problemas de adicción.
Los empresarios del juego se hacen de oro aprovechando sin escrúpulos la desesperación ante el paro, la falta de salidas y la destrucción de las condiciones de vida que la crisis ha provocado en los barrios obreros, sobre todo entre los más jóvenes. La permisividad de la administración es escandalosa. Los decretos sobre la prohibición de entrada a menores o la distancia de estos locales respecto a centros educativos han sido totalmente ignorados por la patronal del sector, sin que estas administraciones hayan movido un dedo para que se cumpliesen.
Por otro lado, la cada vez más acuciante necesidad del cierre de estos negocios en nuestros barrios, ha dado lugar a movilizaciones precisamente exigiendo medidas contundentes contra esta nueva lacra. Es muy destacable la movilización de más de 3.000 jóvenes y trabajadores en el madrileño barrio de Tetuán contra lo que supone la proliferación en nuestros barrios de esta “heroína del siglo XXI”.
La gran oportunidad que tiene el gobierno PSOE-Unidas Podemos para poner fin a esta lacra se está viendo frustrada por sus propias acciones. El decreto presentado por el ministro Garzón es totalmente limitado e insuficiente, y ha dejado al descubierto que su prioridad es evitar a toda costa un enfrentamiento con el lobby de la patronal del juego. Por ejemplo, la nueva ley limita la publicidad de apuestas de 1 a 5 de la madrugada, pero sin embargo, para salvaguardar el grueso del negocio, las retransmisiones televisivas o radiofónicas de los eventos deportivos de primer nivel están exentas de esta restricción, ¡y son a partir de las ocho de la tarde! Esto significa dejar sin efecto la medida renunciando de forma inaceptable a los intereses de los grandes magnates de los negocios deportivos. Exactamente igual pasa con la prohibición de los llamados bonos de bienvenida y fidelización, permitiéndolas y legitimándolas siempre que no sean superiores a 100 euros. Se renuncia así a privar a estas empresas sin escrúpulos de una poderosa herramienta para aumentar la adicción a estas apuestas. Es criminal ofrecer 100 euros para seguir jugando a los jóvenes y trabajadores más precarizados del estado, con salarios de miseria y con un problema de adicción.
Renunciando al enfrentamiento con los empresarios del sector, el Gobierno ha convertido todas las medidas recogidas en el decreto en humo, y no van a servir en absoluto para erradicar el problema. Por el contrario, los empresarios que se enriquecen con esta lacra han recibido la aprobación del decreto con entusiasmo; sirva como ejemplo el alza de más de un 7% de la única empresa española cotizante del Ibex 35 y dedicada a este negocio, Codere, en la cual es directivo el exministro de justicia del PP, Rafael Catalá y que dispone de casi 9.500 puntos de juego en todo el estado.
Ninguna concesión a las empresas que se lucran a costa de nuestra salud
Mientras se le otorgan tremendas concesiones al negocio que representa el juego, las consecuencias de los recortes que hemos sufrido durante los últimos años en la sanidad pública están muy presentes. La contratación de psiquiatras y psicólogos especializados en enfermedades como la ludopatía se hace cada vez más necesario y sin embargo está pasando todo lo contrario.
Desgraciadamente, esta política de concesiones a los lobbys del juego ha sido una constante en los gobiernos del cambio en Comunidades y Ayuntamientos, pasándose la pelota y argumentando, en todos los casos, la falta de competencia de sus administraciones para llevar adelante una lucha consecuente contra esta adicción. Sin embargo, hemos visto cómo el problema no es una administración en concreto, o su falta de competencias.
Cualquier política que quiera llevar adelante medidas eficaces contra esta lacra tiene que ser consecuente y vincular esa lucha con la movilización en la calle. Hay que enfrentarse con las grandes patronales y con todo el negocio que rodea al juego, incluyendo patrocinios millonarios, clubs deportivos, publicidad etc. Solo se puede avanzar rompiendo con la lógica capitalista de respeto por los beneficios empresariales, poniendo por delante la salud y la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.
