¡El Gobierno central debe actuar! ¡Nacionalización de todo el sector bajo el control de trabajadores y familias!

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia el modelo de gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado. Un modelo en el que la inmensa mayoría de dichas residencia esta en manos de empresas privadas, y que pone el negocio por delante del cuidado y la salud de los mayores en los últimos años de sus vidas. Por otro lado, en aquellas que son públicas, los recortes y la falta de medios han causado estragos cuyas consecuencias vemos ahora.

De los más de 14.000 fallecidos contabilizados en todo el estado, el número de ancianos fallecidos en las residencias de mayores a consecuencia del coronavirus sigue creciendo a un ritmo alarmante. Según los últimos datos en el Estado español han fallecido durante la crisis del coronavirus al menos 8.353 mayores residentes en residencias públicas y privadas. Una auténtica matanza que era perfectamente evitable.

Ocultación de datos y amenazas a las y los trabajadores. ¡Queremos saber la verdad!

En las residencias de la Comunidad de Madrid desde el comienzo del la pandemia el número de personas fallecidas por coronavirus es de más de 4.220, y los ancianos contagiados y aislados se cuentan por miles. Ante esta escandalosa situación, desde el día 26 de Marzo hasta el día 7 de Abril la Comunidad de Madrid dejó de dar datos sobre los fallecimientos en residencias de mayores.

Según ha señalado la prensa las propias cifras de fallecimientos en las residencias del Ministerio de Sanidad y la CAM no tenían en cuenta más que a los diagnosticados, siendo muy inferiores a la realidad. La presidenta de la CAM, Díaz Ayuso, ha señalado que “es muy difícil establecer una cifra exacta”, lo que pone en evidencia la completa ineptitud de su Gobierno y sus constantes mentiras a la población. Solo cuando el escándalo ha saltado a los medios, como finalmente ha ocurrido, comienzan a intentar contabilizar correctamente a las víctimas. ¡Que vergüenza!

Las cifras seguirán aumentando durante los próximos días ya que según los últimos datos del área de Políticas Sociales, el mes de abril comenzó con 14.894 mayores en aislamiento, de los cuales 4.156 presentaban algún síntoma y 655 habían dado positivo en la prueba del coronavirus.

Un buen ejemplo de este secretismo, permitido por las administraciones, son residencias de ancianos concertadas y privadas como Ballesol en la Comunidad de Madrid, presidida por el presidente de una de las patronales del sector (AESTE), o DomusVi en Pontevedra. En ambas están exigiendo a los trabajadores que firmen clausulas de confidencialidad y les han amenazado con el despido si hablan con algún medio de cara a denunciar las muertes de mayores en sus centros fruto de la situación de caos y de la falta de medios y personal.

El sector privado se preocupa solo por hacer beneficios ¡Estas son las consecuencias!

A pesar de todos estos datos tan estremecedores, solo 8 centros han sido intervenidos en la Comunidad de Madrid, un número ridículo y que demuestra la falta de un plan serio para acabar con las muertes por coronavirus dentro de las residencias. La CAM prefiere no tocar estos negocios privados a pesar de que sus gestores han demostrado su completa incapacidad para acabar con esta tragedia. Esta epidemia ha puesto en evidencia los resultados de tratar el cuidado de nuestros mayores como un negocio.

Un negocio en el que hace tiempo entraron a participar grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre. En el estado español hay 5.457 centros de los cuales el 40% son de titularidad privada. De toda la facturación de las empresas gestoras de residencias de mayores, 4.500 millones de euros, el 59%, aproximadamente 2.655 millones de euros, corresponde a ingresos que van a parar a las empresas que gestionan residencias privadas.

Un negocio muy suculento y que va a ir en aumento si tenemos en cuenta que entre 2010 y 2018 el número de mayores de 65 años ha aumentado en el Estado español en 1 millón de personas mientras el número de plazas solo ha aumentado en 12.353. Se aprovechan de las necesidades sociales para lucrarse, con las consecuencias que estamos viendo.

Entre estas empresas encontramos a la francesa DomusVi, uno de cuyos centros ha sido intervenido por la CAM por la situación crítica en la que se encontraba. Pero la lista es larga: Intermediate Capital Group, CVC, Orpea, denunciada por sus trabajadores por ocultar las muertes de residentes en uno de sus centros de Madrid. También han encontrado un nicho de negocio empresas constructoras que vieron como sus ingresos bajaban por el parón de la construcción durante la crisis de 2008 como CLECE, filial de ACS de Florentino Pérez o SACYR, cuyo presidente ganó en 2019 la nada despreciable cifra de 8,16 millones de Euros. O la sanidad privada con Sanitas o HM Hospitales que con el negocio de las residencias de mayores cierran el circulo de la asistencia sanitaria privada. Las privatizaciones han precarizado el sector de cara a aumentar la tasa de beneficios de estas grandes empresas.

Una intervención pública que tomará el control de todas las residencias de la CAM, permitiría desarrollar un plan global centralizando los recursos y redistribuyéndolos allí donde son más necesarios. Pero evidentemente, esto daría al traste con los lucrativos negocios de este puñado de empresas.

Falta de medios, falta de personal y precariedad laboral. Una tragedia anunciada.

Por otro lado, la situación de los trabajadores y trabajadoras de los centros, la mayoría de ellas mujeres ya que es uno de los trabajos de cuidados más feminizados, es crítica: entre el 40 y el 60% del total está de baja, -en algunas hasta el 50% de la plantilla- y los que están trabajando, lo hacen en condiciones extremas, sin EPIS de protección ni medios, con jornadas agotadoras que se alargan muchas horas con lo que supone de desgaste (y el) (efecto) físico y psicológico (de las mismas), y sin saber además qué ancianos están infectados o no con el coronavirus, por la falta de tests. La falta de personal hace que los mismos auxiliares que atienden a los ancianos enfermos y aislados tengan que atender a los sanos, algo que facilita extender la enfermedad y las muertes. ¡Si no se ha contratado más personal para evitar esta situación es porque no se ha querido!

Pero además esta falta de personal no es nada nuevo, se ha producido durante años, con plantillas siempre al límite, agravándose la situación con las salvajes políticas de recortes que hemos sufrido durante los últimos 10 años por parte del PP en la CAM. Años de recortes salariales, acuerdos marco negociados entre la patronal y la misma administración (la CAM) donde se ajustan los ratios al máximo a la baja de cara a que las empresas puedan obtener el máximo beneficio posible, y con condiciones laborales y salariales de completa precariedad. Todo esto ha llevado a una completa degradación del servicio y de la atención a nuestros mayores, que ahora se traduce en una auténtica masacre. Esto es lo que ocurre cuando la salud o los cuidados se convierten en un lucrativo negocio.

La Comunidad de Madrid mira para otro lado y quiere hacer recaer el cuidado de los mayores sobre sus familias

La semana pasada la Consejería de Políticas Sociales remitió una carta a los centros, con una serie de medidas para la “prevención y control de la transmisión de la enfermedad”, en la que recordaba que “lo más importante es proteger a las personas vulnerables” y “por ello si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo, hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle.” Es decir, que se encarguen las familias de muchos mayores que requieren cuidados, medicación o tratamientos.

¿Esta es la forma de proteger a las personas más vulnerables? ¿Es así como pretende prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad en las residencias de mayores? ¿Mandándolos a sus casas, sin saber si están contagiados y sin saber si su entorno lo está? ¿Quitándoselos de en medio y abandonándolos a su suerte? No, eso no es proteger a las personas vulnerables.

Eso es trasladar su responsabilidad como Administración y la responsabilidad de las empresas privadas que se han lucrado con este negocio, que es el cuidado y la salud de los residentes, a las familias, ya de por sí angustiadas con la situación que sus familiares están viviendo y que ahora tienen que decidir si se los llevan o no a sus casas donde, obviamente, ni tienen medios ni conocimientos para atenderlos debidamente. Una consecuencia más de años y años de recortes y privatizaciones.

¡Basta de discursos, queremos hechos! Nacionalizar el sector y dotarlos de todos los medios y personal necesarios.

Desgraciadamente el Gobierno central no solo no ha intervenido en una situación límite como la de la Comunidad de Madrid, sino que la Fiscalía General del Estado, después de abrir diligencias para investigar si podía existir responsabilidades penales ante la muerte de miles de ancianos y ancianas, la han cerrado en unos pocos días indicando que no ven indicios de delito de ningún tipo. ¡Es una auténtica vergüenza! Lo único que podemos pensar ante esta actuación es que el aparato del Estado y los distintos Gobiernos están de acuerdo en intentar ocultar lo que está ocurriendo y evitar depurar responsabilidades.

A pesar de la insistencia de las instituciones en que la tercera edad constituye el mayor grupo de riesgo, ni el Ministerio de Sanidad, ni la Comunidad de Madrid están haciendo nada por protegerlos, abandonándolos a su suerte sin posibilidad de aislarse en espacios seguros. De hecho se ha planteado que los ancianos enfermos deberán permanecer en las residencias, a pesar de no tener los medios adecuados para asistirles, fruto del colapso de la sanidad pública.

Aunque es evidente que el problema han sido los recortes en medios y personal, esta situación no se revierte. Se sigue actuando igual. Si se contrataran inmediatamente miles de trabajadores en el sector, en todas las categorías, con condiciones laborales y salariales dignas, y adoptando las medidas necesarias para proteger su salud, las cosas serían muy distintas. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿No permitiría esto atender más individualizadamente, con menor rotación de trabajadores, de cara a no expandir la enfermedad? Sí, hay medios, pero ni las empresas privadas quieren ponerlos, ya que reducirían sus beneficios, ni la Administración lo hace u obliga hacerlo.

El Gobierno del PSOE-Unidas Podemos no puede seguir obviando esta situación. La única medida posible para poner fin a esta catástrofe es tomar el control de todas las residencias, dotarlas de los medios sanitarios y humanos suficientes para poder tratar debidamente a los residentes y evitar que sigan muriendo como lo están haciendo solos y lejos de sus familias. Sí hay recursos, pero tienen que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan, y no de banqueros y grandes multinacionales como está ocurriendo.

Es necesario nacionalizar todo el sector, todas las residencias privadas y concertadas, y los servicios asociados, y dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios, y con un personal con condiciones laborales y salariales dignas. Los capitalistas han demostrado su completa incapacidad, ¡es hora de que las y los trabajadores tomemos el control!