Nacionalizar la banca y los grandes monopolios para defender la salud y el empleo
Vivimos momentos muy duros. Las decenas de miles de muertos, los cientos de miles de contagiados, la situación de una sanidad pública desbordada y los millones de trabajadores despedidos o sometidos a ERTE señalan el sufrimiento colectivo que nos embarga. En este contexto de incertidumbre y tensión, las mentiras oficiales y el afán de imponer una mordaza a cualquier crítica desde la izquierda —con el argumento falaz de que hace el juego a la ultraderecha— se vuelven todavía más insoportables.
La propaganda de la unidad nacional se ha convertido en el nuevo paradigma del Gobierno de coalición. En todas las ruedas de prensa, en las comparecencias de Pedro Sánchez, en los vídeos de Pablo Iglesias en las redes sociales, la insistencia en unos nuevos Pactos de la Moncloa para la “reconstrucción” de España representa todo un programa ideológico y de acción. Las lecciones del pasado son abandonadas rápidamente, y los dirigentes de la izquierda parlamentaria vuelven a caer en los mismos errores trágicos. Agarrándose con fuerza a la colaboración de clases, la vieja y la nueva socialdemocracia rinde tributo a los auténticos dueños del poder económico y político, y les aseguran que intentarán domesticar al movimiento obrero con un nuevo pacto social.
Nada más lejos de nuestra intención que recrearnos en el sectarismo y el infantilismo izquierdista. Todo lo contrario. Pero hay que encarar la realidad tal como es, no adornarla y manipularla. Solo así se puede hacer una política en beneficio de los oprimidos.
¿No han existido presiones de los empresarios?
Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida (IU) , concedió una entrevista al diario Público el pasado 15 de abril. A la pregunta de si había habido presiones del Ibex 35 que condicionaran que el Gobierno optara por finalizar la hibernación de la actividad laboral, Garzón contestó: “Desde mi experiencia, yo no lo he percibido así y desde mi percepción, tampoco creo que esto tenga verosimilitud. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las multinacionales, que están perdiendo mucho dinero con el parón de la actividad económica, también quieren que podamos vencer al virus y acabar con la crisis sanitaria. La economía no va a funcionar si la crisis empeora o nos controla y al menos desde el acercamiento que hemos tenido personas del Gobierno, los intereses empresariales en esta ocasión coinciden con los nuestros: lo primero es acabar con la crisis sanitaria”.
No es fácil sintetizar en tan poco espacio una posición más alejada del marxismo y que niegue de forma tan grosera los hechos. El 3 de abril, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, insistía en que “debemos planificar cuanto antes la vuelta al trabajo, de los más jóvenes y de aquellos que ya están inmunizados”. Al día siguiente eldiario.es publicaba una entrevista a Rafael Doménech, jefe de estudios de BBVA Research, en la que este volvía a la carga con la misma idea: “Hay que hacer pruebas masivas cuanto antes para que los ya inmunizados vuelvan a trabajar”. Pocas horas después, Pedro Sánchez anunciaba en su discurso televisivo que el cese de la actividad declarada no esencial se suspendería el 12 de abril.
Esta secuencia de acontecimientos, a los que hay que sumar la multitud de conversaciones y reuniones que se han celebrado entre el Gobierno y destacados representantes del Ibex 35, no deja lugar a dudas. No solamente han existido estas presiones de la oligarquía económica sino que es evidente que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos ha tomado muy buena nota de ellas, y las ha puesto en práctica con la mayor diligencia.
De condenar el régimen del 78 a defender el papel de los capitalistas
Estas declaraciones de Garzón, así como otras del mismo tipo realizadas por Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y numerosos dirigentes de UP, confirman los pasos dados en su sumisión a la línea marcada por el PSOE, que no es otra que la inspirada por los consejos de administración de los bancos y de las grandes empresas. Si no hace mucho los dirigentes de UP insistían en poner fin al régimen del 78 y abrir un “nuevo proceso constituyente”, ahora caben pocas dudas de que se han convertido en uno sus más leales sostenedores, defendiendo públicamente la colaboración con los capitalistas en aras de una “gestión progresista” del sistema.
Más allá de la propaganda los hechos son tozudos. El Gobierno PSOE-UP ha inyectado 100.000 millones de euros para rescatar con dinero público a la élite financiera y empresarial, mayor incluso que el de 2008. Ha diseñado ERTE a medida de la gran patronal, y a los terratenientes y medianos propietarios —esa derecha agraria que se levantó a principios de año— les ha garantizado por ley la mano de obra barata y precaria que exigían. Mientras, para el famoso “escudo social”, que en teoría protegerá a los más vulnerables, se dedican migajas y se aprueban medidas que, en no pocos casos, blindan los beneficios de la banca y los especuladores como en los microcréditos y moratorias en los alquileres.
(Ver: “El timo de las ayudas al alquiler”: y “Plan del Gobierno PSOE-UP”: )
En estas condiciones los ministros de UP asumen sin rubor el lamentable papel de comparsa por la izquierda y dedican todos sus esfuerzos a blanquear la política procapitalista del Gobierno. Avalan acríticamente la gestión que el Ejecutivo está haciendo de la crisis sanitaria, los retrasos inconcebibles en proporcionar material de protección, mascarillas, respiradores y test a los hospitales públicos, o su deplorable pasividad de cara a intervenir y medicalizar las residencias de mayores para que no sean mataderos. Su completa falta de responsabilidad para ofrecer datos fiables de fallecidos y contagiados, despreciando a miles de familias que han visto como sus muertos no entran en las estadísticas porque “no se ajustan a los criterios técnicos”, han contribuido mucho a la demagogia reaccionaria del PP y Vox, que se alimenta de estos errores.
Los ministros de UP, siguiendo la estela de los dirigentes del PSOE, se dedican a hacer declaraciones solemnes, a promulgar grandes principios morales, a insistir en que “nadie quedará atrás”. Pero en la práctica decretan la vuelta al trabajo de millones sin asegurar medidas de protección, los hospitales siguen saturados, y los trabajadores de la sanidad continúan contagiándose exponiendo sus vidas.
Por mucho que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, repita que el Gobierno ha prohibido el despido objetivo como consecuencia del coronavirus, esto sigue sin ser verdad y lo sabe. Lo único que ha hecho es dejar en manos de un juez si los declara procedentes o improcedentes. Los empresarios han seguido despidiendo y en el mejor de los casos el trabajador perderá su puesto de trabajo con una indemnización de 33 días al año en lugar de 20, que teniendo en cuenta la gran precariedad laboral imperante, supondrá una diferencia de un pequeño puñado de euros en la mayoría de los casos.
La ministra y sus compañeros de UP también insisten en que los ERTE son la medida para evitar despidos y mantener los puestos de trabajo cuando pase la pandemia. Una nueva mentira. Muchos de estos ERTE, como la experiencia demuestra, más en un contexto de profunda recesión económica como en el que ya nos encontramos, se convertirán en ERE en toda regla y en cientos de miles de puestos de trabajo destruidos.
Cuando 3.889.000 de trabajadores (el 16% de la población activa) están afectados por los 500 mil ERTEs presentados hasta el momento desde marzo; cuando la inmensa mayoría de las grandes empresas que operan en el Estado español entre las que se encuentran SEAT, Renault, Nissan, Ford, Mercedes, IVECO, Alsea, Primark, H&M, Mango, Decathlon, Iberia, El Corte Inglés, Ikea, CocaCola, Fnac, Hoteles Meliá, Grupo Riu y un largo etcétera, se han acogido a esta fórmula, tenemos que escuchar a Yolanda Díaz asegurar que “hemos frenado a grandes empresas que planeaban hacer ERTE” (Público.es 18 abril).
Cientos de miles de trabajadores están perdiendo sus empleos y el Gobierno pretende que puedan vivir con 440 euros al mes. ¿Qué ocurrirá con ellos cuando pase el estado de alarma y sigan si poder pagar la luz, el agua y el gas? ¿Y cuando después de seis meses continúen en el paro y sigan sin poder pagar el alquiler?
En estos momentos el Ejecutivo está discutiendo los últimos flecos de la llamada “renta mínima vital”, la última de las medidas estrella del llamado “escudo social”. Aunque todavía se conocen pocos detalles concretos, todo parece indicar que nos encontramos otra vez ante mucho ruido y pocas nueces. Aunque hablan de que llegará a alrededor de un millón de hogares, de los que aproximadamente unas 100.000 serán familias monoparentales, no logrará sacar de la pobreza a estos sectores. Además, el listón se pone tan alto que se dejará en la cuneta a millones de familias que no cumplirán con los requisitos porque hay que estar en situación de casi indigencia para beneficiarse de esta renta.
El Gobierno, utilizando de altavoz mediático a los ministros de UP, trata de camuflar lo que no son más que medidas de caridad y beneficencia como si se tratase de una política rupturista en lo social.
Si realmente abogaran por una política de izquierdas consecuente, defenderían la nacionalización inmediata de toda la sanidad privada para ponerla a disposición de la lucha contra la pandemia. Exigirían dedicar todos los recursos para combatir la catástrofe social que se cierne sobre la población, nacionalizando la banca y todos los sectores estratégicos de la economía. Así se podría proporcionar no migajas, sino un auténtico escudo social empezando por un seguro de paro para todos y todas las trabajadoras que se han quedado sin empleo, equivalente a un SMI de 1.200 euros. Se podría suprimir el pago de alquileres el tiempo necesario y crear un parque público de viviendas asequibles, y no habría obstáculos para poner en marcha un plan de choque en defensa de la sanidad y la enseñanza públicas acabando de una vez por todas con los recortes.
Obviamente esto requiere coraje, valentía, pero sobre todo una política que no renuncie a la lucha de clases. Los ministros de UP pueden declararse marxistas o comunistas, pero se llevarán las manos a la cabeza ante estas propuestas, diciendo que no son “realistas”, que no tienen cabida dentro de la “legislación”, que son “anticonstitucionales”. Pero entonces, ¿de qué sirve definirse como comunista o anticapitalista si al final se asume la lógica del sistema, y se utiliza el credo socialdemócrata de la unidad nacional para echar arena a los ojos de los trabajadores y estrangular su conciencia de clase?
Los nuevos Pactos de la Moncloa o cómo arrojar a la clase obrera a los pies del Ibex 35
Ahora que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez propone un gran pacto social a imagen y semejanza de los Pactos de Moncloa de 1977, los dirigentes de UP dan un paso más y han salido en tromba para allanar el camino a este “gran acuerdo nacional”. Han hecho suyo el tono patriótico del presidente del Gobierno y repiten disciplinadamente los llamamientos “al esfuerzo y el sacrificio común para superar las adversidades”. Las declaraciones de Garzón, citadas más arriba, tienen ese objetivo.
También Pablo Iglesias se afana en esta tarea. En un tuit tras la sesión parlamentaria de control del Gobierno del pasado miércoles 15 de abril, señalaba: “Seguimos tendiendo la mano a la oposición, con toda la humildad, con todas las diferencias, para trabajar juntos, con la Constitución como común denominador, en un acuerdo de reconstrucción tras esta crisis. Patriotismo es poner el interés general por delante”.
Lejos de enfrentarse a los “grandes poderes económicos”, los ministros de UP se han erigido en los campeones de la defensa de la colaboración de clases y en los defensores más entusiastas de un pacto cuyo objetivo no es otro que el de atar a la clase obrera a las pretensiones del Ibex 35 y la banca, como ya ocurrió con los ahora resucitados Pactos de la Moncloa.
Pero los temores entre muchos dirigentes de UP a unos pactos que recuerdan tanto a los que apuntalaron el régimen del 78, desmovilizaron definitivamente a los trabajadores y sembraron su derrota política allanando el camino a las contrarreformas neoliberales más salvajes, lleva a sacar de la chistera todo tipo de trucos y rumorología para intentar dar la vuelta a los argumentos con los que se puedan justificar estos acuerdos.
El sábado 18 de abril el “politólogo” Miguel Guillén defendía en Público.es (https://bit.ly/2VCCv2U) la idea, apoyada por otros intelectuales simpatizantes de Unidas Podemos, de que este gran pacto nacional podría ser utilizado para echar a UP de La Moncloa y concluir en un Gobierno de concentración entre la derecha y el PSOE. No se cuestiona el asunto de fondo, a quién beneficia este nuevo pacto social, sino que se pretende insinuar que los ministros de UP participan a regañadientes en esta operación y que sobre todo hay que lograr su permanencia en el cargo. Esta “teoría” entra en flagrante contradicción con la realidad. ¿Acaso Pablo Iglesias pretende hacerse el harakiri cuando es precisamente uno de los principales promotores de este pacto y su más entusiasta defensor?
No, lamentablemente no se trata de nada de eso sino de un paso más en el contrato que Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Irene Montero, etc. han contraído en la defensa del sistema, asumiendo todo el “sentido común” de los Hombres y Mujeres de Estado que insufla el cretinismo parlamentario. Para intentar disimular este nuevo compromiso con el régimen y facilitar la tarea a los dirigentes de UP, se ha ido aparcando paulatinamente las referencias a los Pactos de la Moncloa, muy desacreditados ante su base social y los activistas en general, y se ha acuñado el término “pacto de reconstrucción nacional”. ¡Los requiebros para intentar embaucar a las masas no tienen límite!
Las reticencias del PP para participar de este acuerdo no reflejan la opinión de los sectores decisivos de la burguesía española que están detrás de esta iniciativa y la alientan públicamente. Las dudas y críticas del aparato del PP se deben a que temen aparecer ante su base social dando oxígeno al Gobierno, y que esto pueda restarle apoyo electoral en favor de VOX que sí mantiene una actitud totalmente beligerante.
La cuestión no es tanto especular si el PP y la derecha se sumará finalmente a este acuerdo, como las concesiones que el Gobierno realizará al gran capital para asegurar una reconstrucción económica a su medida, lo que pasa lógicamente por ampliar su capacidad para extraer plusvalía de la clase obrera, y lograr que los recursos de su Estado – sí del Estado capitalista – no se distraigan en otra cosa que no sea reponer su tasa de beneficios.
Es evidente que las lecciones del pasado son un libro cerrado para los dirigentes de la izquierda reformista. Los Pactos de la Moncloa firmados en 1977, además de aceptar que el aparato del Estado franquista quedara intacto y sus crímenes impunes, trajeron consigo un importante retroceso en las condiciones de trabajo y de vida para millones de familias trabajadoras. Supusieron la imposición de recortes sociales para reducir el déficit presupuestario, topes salariales, una reforma laboral que incrementó el empleo precario, reconversiones industriales salvajes, etc.
En estos momentos la clase obrera es la que está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y sobre la que están recayendo los efectos brutales de un colapso económico que no ha hecho más que empezar. El FMI prevé la mayor recesión de la economía mundial desde el crack de 1929, y estima que en 2020 la economía española caerá en torno al 10%, acabará el año con un 20,8% de paro, el déficit público se disparará al 9,5% del PIB y la deuda pública ascenderá al 113% del PIB.
En estas condiciones, como ya ocurrió en 2008, la burguesía española e internacional y sus instituciones (FMI, Banco Mundial, BCE, etc.) exigirán a los trabajadores que paguen los platos rotos de una catástrofe de la que no tenemos ninguna responsabilidad. Reclamarán que la deuda y el déficit público, cuyo crecimiento se debe fundamentalmente a las decenas de miles de millones que han ido a salvaguardar las ganancias de los grandes empresarios y banqueros, sea saldada con nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales en general y con nuevas y más profundas reformas laborales y de las pensiones. Y para lograrlo pretenden maniatarnos con un “pacto de reconstrucción nacional” del que los dirigentes de UP son uno de sus principales defensores.
Frente a la colaboración de clases, un programa de lucha por el socialismo
El discurso patriótico y las exhortaciones a “luchar juntos para superar las dificultades” lanzadas por Pedro Sánchez, y que con tanto entusiasmo han hecho suyas los dirigentes de UP, eran las mismas que pronunciaban en 1977 los secretarios generales del PSOE y PCE, Felipe González y Santiago Carrillo así como los dirigentes de CCOO y UGT para justificar la firma de los Pactos de la Moncloa, con los resultados ya descritos. Pero si estos pudieron imponerse fue debido a que las organizaciones obreras que los defendían contaban con líderes de una reconocida trayectoria de lucha contra la dictadura, y tenían una enorme autoridad entre los trabajadores.
Hoy la situación es totalmente diferente. Este Gobierno tiene autoridad en la medida que para las masas la opción de la derecha es mucho peor, pero no cuentan ni de lejos con el crédito que tenían aquellos dirigentes, y que por cierto perdieron con rapidez años después. Una vez que se disipe la bruma de la propaganda y se compruebe la esencia de clase de estos nuevos pactos, se hará más evidente la oposición frontal de los sectores más conscientes y combativos del movimiento obrero y la juventud.
Los dirigentes de UP han renunciado en la práctica a la lucha de clases, y se creen que el “pragmatismo” de su política puede contener el avance de la reacción y la extrema derecha. Tenemos que decir honestamente que están completamente equivocados como la experiencia histórica demuestra. Si se acepta las reglas de juego de nuestros enemigos de clase, es imposible combatirlos con éxito.
La idea antimarxista de que no es necesario acabar con el capitalismo para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social; que participando en las instituciones de la “democracia” sería suficiente para torcerle brazo a la “casta” y lograr un sistema más razonable y “humano”, ha hecho aguas miserablemente cuando se ha tenido que confrontar en la experiencia práctica.
La política de colaboración de clases es el cáncer de la izquierda. Es una total renuncia que proporciona munición de grueso calibre a la burguesía, y se levanta como un obstáculo en el avance de la conciencia revolucionaria de los oprimidos. Este programa, que atiende a las necesidades materiales y morales de la pequeña burguesía “progresista” en los momentos de mayor polarización, ha conducido invariablemente al desastre político.
Es hora de prepararse para las grandes batallas del futuro inmediato de la manera más seria. Es hora de construir una organización armada con el programa del marxismo que pueden resistir estas presiones, y luche decididamente por la transformación socialista de la sociedad. Es la hora de construir el partido de la revolución.
