¡Por un plan extraordinario de inversión para la sanidad pública!

Dentro del errático plan general de desescalada, el Ministerio de Sanidad publicaba el pasado 6 de mayo un documento sobre la nueva estrategia de control y vigilancia sanitaria del Gobierno: la Atención Primaria (AP) será la primera línea de contención de la Covid-19, y tendrá la responsabilidad de detectar los nuevos casos y rastrear los focos de infección.

Sin más inversión, sin más profesionales sanitarios y de limpieza, sin Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes, con escasos test PCR... esta decisión tendrá como consecuencia trasladar el colapso sufrido en hospitales y UCI de los últimos meses a la AP y los ambulatorios de todos los barrios y municipios –especialmente en las zonas más humildes de las grandes ciudades– que, a partir de ahora, soportarán más presión aún de la habitual.

Planes a la medida de la patronal

En una entrevista a Telecinco, el 4 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba: “yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, (…) según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCI las podemos estirar, hay que tomar una decisión”.

Estas palabras, que vienen de la acérrima heredera de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, definen y retratan a la perfección las presiones del mundo empresarial para poner en marcha un plan de desescalada al servicio de sus intereses económicos inmediatos, sin tener en cuenta ningún otro criterio, ni sanitario ni social. La realidad es que por parte de las instituciones se está buscando encontrar un equilibrio imposible: volver a poner en marcha toda la maquinaria capitalista de explotación, basada en bajos salarios, precariedad y sobreexplotación y mantener estable “la curva”.

Hay una desvergonzada campaña mediática e institucional que trata de legitimar los intereses privados de los empresarios argumentando la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la “economía”, en abstracto, y la “salud”. Se olvidan de un pequeño detalle: el verdadero motor de la economía somos los trabajadores, y la irrupción del coronavirus lo que ha hecho es acentuar aún más el caos y el despilfarro de los recursos públicos para salvar a los empresarios y oligarcas que dominan el sistema. Si de lo que se trata es de “salvar la economía”, lo primero sería liberarla de la banca privada, nacionalizando el parasitario sector financiero y poniendo todos sus recursos a disposición de las necesidades sociales.

Volviendo al plan sanitario del Gobierno, tal y como han señalado la mayoría de virólogos y epidemiólogos, el desconfinamiento que se propone es acelerado y contradictorio, y abre las puertas a un repunte en el número de contagios y muertes.

Realmente el plan de Sanidad no establece una barrera drástica para impedir los contagios. No se puede localizar a las personas infectadas de forma temprana y aislarlas en sus hogares sin test fiables y masivos, y sin una inversión masiva en medios y personal para la sanidad pública. Pero todo su proyecto gira en torno a que la Atención Primaria juegue este papel. Centros de salud que, de la noche a la mañana, tendrán que evitar que coincidan pacientes covid y no covid, aglomeraciones en las salas de espera, limitar el número de pacientes citados, aumentar el tiempo para la atención telefónica y en domicilios… “Si alguien cree que la primaria madrileña está ahora mismo en condiciones de poner todo esto en marcha tiene mucha fe”, este es uno de los múltiples testimonios de enfermeras o médicos que podemos encontrar estos días en los medios de comunicación.

Una “primera línea” devastada por años de recortes y privatización

Acorde con la terminología militar que se ha abierto paso en las declaraciones de políticos, prensa y técnicos institucionales, “la primera línea de defensa” contra el coronavirus se va a situar en las próximas semanas en cada ambulatorio y centro de atención primaria. Sin embargo, esta primera línea hace aguas por todas partes a causa de la degradación y abandono que ha sufrido durante años, especialmente en aquellas comunidades en las que tradicionalmente ha gobernado la derecha, con Madrid a la cabeza.

Esta última es la que menos gasta en atención primaria por habitante, entre el 10% y el 11% frente al 14% de la media nacional, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y la que menos enfermeras por habitante tiene de todo el Estado, según SATSE. Precisamente, hace exactamente un año, la Atención Primaria madrileña protagonizó una importante huelga para exigir más recursos, que los médicos de familia y pediatras pudieran dedicar más minutos a cada paciente y contra la precariedad, entre otras reivindicaciones.

Los recortes, privatizaciones, contratos basuras y falta de inversión colocaron –antes de la llegada de la pandemia– a la atención primaria en una situación crítica: excesiva carga de trabajo para el personal, precariedad y recorte en los horarios de los centros. Según el propio personal sanitario, las demás comunidades autónomas estarían en condiciones similares. Cuando nos hablan de “estirar” el personal e instalaciones sanitarias, lo que realmente nos quieren decir es que hay que “exprimir” todo tipo de recursos humanos y materiales, hasta que no den más de sí, tenga las consecuencias médicas y sociales que tenga.

Del mismo modo, con la extensión de la pandemia se tuvieron que cerrar ambulatorios y el conjunto de la AP, y las diferentes administraciones han utilizado su personal como un comodín. Por ejemplo, en Madrid, la capital del caos sanitario, gran parte de los médicos de familia fueron trasladados al hospital de campaña instalado en IFEMA, o destinados a seguimiento telefónico, en lugar de contratar al personal necesario para no mermar la capacidad de la Atención Primaria. Por cierto, una vez desmontada la infraestructura de IFEMA, el 70% de los centros de atención primaria siguen sin funcionar, y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) siguen cerrados desde el 22 de marzo, sin que haya urgencias de noche, festivos y fines de semana.

Esto ha supuesto que, partiendo de una situación ya crítica, los sanitarios que quedaron de Atención Primaria tuvieran que absorber el trabajo que dejaron vacante sus compañeros, hasta el punto de llegar a duplicar las consultas diarias, según el sindicato Amyts. En segundo lugar, ha significado un debilitamiento numérico del personal por la grandísima cantidad de sanitarios de baja por haberse contagiado –más de 50.000, alrededor de 15.000 solo en la CAM–, por la alta exposición al virus sin tener equipos de protección ni test suficientes.

Según numerosos sindicatos (MATS, Amyts, CSIF o CCOO) y colegios médicos, las condiciones actuales impiden asumir la tarea de controlar y seguir la expansión del virus desde los centros de salud. Según el vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid, antes de esta crisis sanitaria, los centros de salud en la región tenían un déficit de entre 400 y 600 profesionales, ahora “necesitaremos bastante más personal, el doble”.

El Gobierno de Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) en la CAM anunciaba que iba a reforzar plantillas e incorporar personal para el rastreo de casos, pero esto no es más que propaganda. Como denunciaba Carolina Pérez, médica de familia y delegada sindical de Amyts, en eldiario.es el 18 de mayo: “Aquí no ha aparecido nadie”.

Lo cierto es que, para empezar, no se está garantizando la continuidad de los contratos que se hicieron en pleno pico de la pandemia, todos ellos temporales y que finalizarán en mayo o junio. Un auténtico escándalo. Y, en segundo lugar, las organizaciones sanitarias han alertado ya de que los planes del Ejecutivo madrileño son completamente insuficientes para hacer frente a la desescalada, y señalan: “la mitad son personal de gestión y unos 300, sanitarios. Ni siquiera la mitad serán médicos”, mientras estiman en entre 800 y 1.000 la necesidad de nuevos profesionales.

Además, según el SATSE “sería necesario (…) la contratación de, como mínimo, 1.000 enfermeras, además de (...) la sustitución de las bajas que se produzcan”. Algo que no es ningún detalle cuando “cerca del 25% de la plantilla de Primaria tiene Covid”, o si tenemos en cuenta que, según el estudio Sanicovid-19 del Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la UCM “el 53% de los sanitarios manifiesta signos de estrés postraumático”.

Ante todo esto, el vicepresidente Aguado –máximo defensor del paso inmediato a la Fase 1 para que sus amigos empresarios puedan hacer caja lo antes posible– afirmaba que “es la Consejería de Sanidad la que decide cuánto personal tiene que incorporarse” con una arrogancia que refleja muy bien el clasismo y desprecio por la vida de la gente que rezuma la derecha.

Eso sí, mientras racanean estos recursos en la sanidad pública, Aguado y Ayuso, siguen inflando los negocios de la sanidad privada y de las multinacionales que han tomado el control sobre los servicios e infraestructuras imprescindibles para que funcione la sanidad y los servicios sociales.

Además, la falta de EPI es escandalosa: “siguen llegando muy pocos a los centros de salud y en la mayoría de los casos hay que reutilizarlos y compartirlos”. Y a esto hay que añadir los millones de pacientes que no han podido ser atendidos durante la fase de confinamiento más estricto, y que requieren de revisión y puesta al día. Este sector sanitario se dirige a un cuello de botella sin ningún tipo de aumento de recursos materiales ni humanos.

Así mismo, los sindicatos sanitarios señalan el problema más grave de todos: no hay posibilidad de realizar realmente test al conjunto del personal sanitario ni a los pacientes, entre los que puede haber contagiados asintomáticos. Por consiguiente, se abre la posibilidad tan grande como espeluznante: podrá coincidir personal sanitario insuficiente, sin la protección necesaria, con población de riesgo y enfermos de Covid-19 en los centros de atención primaria.

Hablando claro, el precio a pagar para satisfacer las demandas de la patronal es convertir cada ambulatorio en una posible bomba de contagios que allana el terreno para un rebrote en la pandemia, en unas condiciones de máxima extenuación y colapso de la sanidad pública, que afectará de forma directa a los barrios obreros.

¡Por un plan de desconfinamiento que atienda a criterios médicos y no a la patronal!

No es posible servir a dos amos, y menos en medio de una crisis de esta envergadura. La presión que están ejerciendo la CEOE y el Ibex35 sobre el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos tiene que ser respondida, no obedecida sin rechistar.

Cualquier desescalada en la cuarentena tiene que estar únicamente condicionada al asesoramiento de técnicos y epidemiólogos elegidos directamente por el personal sanitario, que hagan un seguimiento en todas las fases y determinen qué pasos seguir y bajo qué forma. Cada paso tiene que estar fusionado con la dotación que el personal sanitario y técnico exija, de no ser así todo nuevo salto de fase puede convertirse en su contrario. Esta es la única manera de asegurar la salud pública.

Estas medidas tienen que ir vinculadas a un ineludible plan de choque para salvar la sanidad pública, incluyendo nuevas contrataciones de profesionales. El Gobierno debe proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios en la lucha contra el coronavirus, y proceder a la nacionalización del sector farmacéutico y de todos los sectores productivos de material médico así como de la sanidad privada.