Tres meses después de la convocatoria prevista para el pasado 5 de abril, suspendida por el coronavirus, todo apunta a que el PP conservará la mayoría absoluta por cuarta legislatura consecutiva.

Todas las encuestas, incluida la del CIS, dan al PP un mínimo de 39 escaños (uno más que la mayoría absoluta) mientras la izquierda en su conjunto sumaría un máximo de 36. Además, auguran un batacazo de Galicia en Común (la nueva marca de la coalición entre Podemos, Anova, las Mareas e IU), que pasaría de ser primera fuerza de la izquierda con 14 parlamentarios a última con un máximo de 6. El BNG subiría a la segunda posición con un mínimo de 12 representantes, duplicando lo que tenía hace cuatro años, y el PSOE rondaría los 16, de los 14 que tiene.

Feijóo, un neoliberal con piel de cordero

Estas cifras no se explican por la buena gestión del PP, que –como en el resto del Estado– ha ejecutado una política de recortes en el gasto social como el que más. Y es que por mucho que nos quieran vender a Feijóo como un “moderado”, la realidad es que representa a la perfección los valores reaccionarios del PP.

A los ya conocidos vínculos con el narcotráfico podemos agregar los casos de enchufismo de familiares y amigos en el sistema de salud público gallego, o el escándalo de la alianza firmada en 2012 con la multinacional mexicana del petróleo PEMEX. Tampoco lo salvan las grandes cifras económicas: en once años de Gobierno el paro no ha mejorado, la deuda pública se ha disparado un 235% y el peso de los salarios en la riqueza (PIB) ha disminuido del 48% en 2009 al 42,4% en el tercer trimestre de 2019.

Pero donde mejor se ve el desastre de su gestión es en las políticas industriales y en los  servicios públicos. La industria se encuentra metida en una oleada de cierres y despidos brutal. A la falta de carga de trabajo en los astilleros de Vigo y Ferrol, hay que sumar el anuncio de cierre de la central térmica de As Pontes o de una de las dos plantas de Alcoa en San Cibrao. Por no mencionar las varias decenas de medianas empresas que han anunciado su cierre total o parcial.

Feijóo es un firme defensor de la privatización de los servicios públicos, al igual que Casado o Díaz Ayuso. El mejor exponente de esa política lo tenemos en la sanidad pública. Como denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el PP se ha dedicado durante estos once años en la Xunta a “abrir espacios a las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, fondos de inversión y fondos buitre, que han visto en los presupuestos sanitarios y en la política neoliberal de Feijóo una gran oportunidad para hacer negocio”. Esto se ha traducido en un recorte de 2.200 millones de euros en inversiones, en la reducción de 900 camas y en un cociente de enfermeras/os y médicas/os por habitante que nos sitúan en la cola europea y española.

Como resultado, su gestión de la crisis provocada por la pandemia ha sido lamentable: más de 11.000 personas contagiadas y 619 muertes, de las cuales más de 270 se produjeron en residencias de mayores previamente privatizadas y en manos de gente muy próxima al PP de Feijóo. Además, durante la crisis –y con la excusa de reservar espacios para enfermos por coronavirus– se cerraron camas y plantas enteras de hospitales públicos, y esos pacientes fueron derivados a hospitales privados, con el consiguiente negocio. Ahora, no solo no se han recuperado, si no que plantean cerrar más camas de cara al verano.

Galicia en Común pagará el precio de su acomodo al sistema.

Todo eso no ha ocurrido ante la pasividad de la gente. Al contrario, esta legislatura ha sido una de las más conflictivas en años. Ha habido grandes manifestaciones contra este deterioro del sistema público de salud. Decenas de miles de personas se manifestaron contra el cierre del paritorio de Verín, la reducción de las Áreas Sanitarias de 11 a 7, o los recortes en la atención primaria. Esto, junto a movilización de los trabajadores de justicia, con una huelga de meses, o la escandalosa actuación de la Xunta ante los incendios, por inexistente, han contribuido como nunca a desmontar esa imagen de “eficiente gestor” de lo público.

También hemos visto la respuesta en las calles contra los efectos del paro y la desindustrialización: ejemplos como el de los trabajadores de los astilleros, de la central térmica de As Pontes, de Alu Ibérica (antes Alcoa) o de Ferroatlántica, a los que ahora se suman los de Alcoa en San Cibrao ponen de manifiesto la disposición a la lucha de la clase obrera gallega.

A diferencia del ambiente de entusiasmo que se respiraba en las últimas autonómicas, cuando En Marea irrumpió con enorme fuerza acompañada de un discurso de lucha y de ruptura contra el régimen del 78 y sus instituciones, estas elecciones vienen marcadas por el giro a la derecha operado en la nueva izquierda que vino a “asaltar los cielos”. Durante estos años En Marea (ahora Galicia en Común) se ha mostrado como una herramienta incapaz de cambiar la realidad de la juventud y los trabajadores. Desaparecidos de las luchas y de la movilización en la calle, metidos en estériles batallas parlamentarias, negándose a aplicar medidas básicas como la remunicipalización de servicios en los ayuntamientos donde gobernaban (Compostela, A Coruña y Ferrol), y con el bochornoso espectáculo dado con su ruptura en dos en el parlamento gallego, el resultado es que, hoy en día, entre los sectores más golpeados por la crisis, GeC es vista cada vez más como una fuerza más del sistema.

Realmente, han acabado siendo una fotocopia de la vieja socialdemocracia y, como muchas veces ocurre, sobre todo en el terreno electoral, entre la copia y el original, el último tiene ventaja. Eso explica la posible recuperación por parte del PSOE y el BNG de parte del voto perdido hace 4 años a favor de la marca de Podemos en Galicia. Y muy posiblemente otra parte irá a la abstención.

GeC defraudó las enormes expectativas de cambio depositadas en ella alimentando así la desmovilización del voto de la izquierda. Esa es la principal baza con la que cuenta el PP para seguir en la Xunta.

Hay que construir una izquierda combativa

Por eso, es importante no confundir una probable victoria del PP con un supuesto giro a la derecha de la clase obrera y la juventud o con su debilidad o pasividad.

Hay que decir con rotundidad que sí es posible echar al PP de la Xunta. Si los dirigentes de las formaciones de izquierda estuviesen al pie del cañón, por ejemplo, con los trabajadores de Alcoa, defendiendo su nacionalización bajo control obrero y sin indemnización (ya bastante dinero público se les ha regalado) e impulsado la extensión de la lucha al resto de Galicia y del estado. Si defendiesen la consigna “empresa cerrada, empresa ocupada”. Si más allá de hacerse una foto con los movimientos sociales en lucha hubiesen hecho una política de renacionalización de los servicios privatizados en los ayuntamientos que han tenido la oportunidad de gobernar, entre otras muchas cosas, entonces el escenario electoral sería completamente distinto. Todo el entusiasmo de hace cuatro años se hubiese reforzado, creando mejores condiciones para asestar un golpe al PP gallego ahora.

En todo caso, con las elecciones del 12-J no se cierra nada. La lucha de clases se va a recrudecer en los próximos meses y años. Tanto el proceso de desindustrialización, como los ataques que seguirán golpeando los servicios públicos, las condiciones  laborales y de vida de la inmensa mayoría, o las agresiones a los derechos democráticos más elementales de aquellos que luchamos pondrán de manifiesto, aún más que hasta ahora, la necesidad que tenemos de construir una izquierda a la altura de la clase obrera, que sea capaz de dotarse de un programa combativo y revolucionario, y que se apoye en la lucha, las movilizaciones y las huelgas, para doblegar al PP, sus reaccionarias políticas de recortes y al sistema capitalista. ¡Únete a Esquerda Revolucionaria!