En los últimos años las asociaciones de memoria histórica, las víctimas del franquismo, organizaciones políticas de la izquierda nos hemos movilizado para acabar con la impunidad del franquismo. La Querella Argentina contra los crímenes de la dictadura fue uno de los mayores pasos hacia adelante en esta lucha. Fruto de toda esta presión, el pasado 15 de septiembre, el Gobierno de coalición presentó el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
Pronto empezaron las grandes ínfulas sobre la Ley. Carmen Calvo declaró que la reforma “dará paz al pasado” y Pablo Iglesias e Irene Montero dijeron que esta ley supondrá “una reparación a las víctimas que lucharon contra el franquismo”. Sin embargo, aunque es verdad que esta nueva legislación, sobre el papel, supone un avance respecto a la anterior, la Ley de Memoria Histórica de 2007, falta mucho aún por hacer y plasmar en el proyecto para conseguir verdad, justicia y reparación real para las víctimas del franquismo.
La Memoria Democrática avanza lenta y penosamente
En los últimos tiempos hemos podido ver a torturadores como Antonio González Pacheco “Billy el Niño” huir de los periodistas, sentarse ante un juez, todo gracias a la lucha de todos aquellos que fueron torturados vilmente por este policía franquista. Sin embargo, hasta el día de su muerte, siguió disfrutando de una suculenta pensión incrementada por las medallas que le fueron concedidas por practicar con especial diligencia la represión y la violencia policial en los años finales de la dictadura y durante la Transición. Durante meses, desde PSOE y Unidas Podemos estuvieron diciendo que les iban a quitar las condecoraciones, pero al final no se decidieron a hacerlo.
Ahora, el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática propone la retirada de títulos y condecoraciones a aquellos que participaron en la represión franquista. Sin embargo, una vez más los hechos contradicen las palabras. Estas buenas intenciones no concuerdan con la renovación, hace dos semanas, de la concesión del título de “duque de Primo de Rivera”, creado por Franco en 1948, a Fernando María Primo de Rivera y Oriol, concedida por el ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo.
Otra reivindicación histórica por la que desde hace años vienen luchando las asociaciones memorialistas es la exhumación de fosas comunes, y que esta actividad sea sufragada con fondos públicos. Sin embargo, anticipando a la promulgación de la Ley, el Gobierno ha puesto en manos de la Federación de Municipios, las subvenciones sobre exhumaciones. ¿En serio se va a poner en manos de Abel Caballero, alcalde "socialista" que se negó a quitar la cruz franquista de Vigo, el dinero para recuperar a estas víctimas? ¿O del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que destrozó el memorial creado en el cementerio de la Almudena en homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid y que ahora plantea, junto con Vox quitarle la calle a Largo Caballero e Indalecio Prieto en la capital, arguyendo argumentos propios de la historiografía franquista? En estas condiciones, los avances en la recuperación de los restos de los asesinados por la represión franquista seguirán siendo el resultado del esfuerzo de los familiares y de los activistas de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. En este aspecto la nueva ley será un nuevo fracaso, como ya ocurrió con la retirada del callejero franquista, a la que muchos alcaldes del PP, herederos de la dictadura, se negaron llevar a cabo, incluso habiendo sido instalados a ello con sentencias judiciales en firme.
Todas las medidas que, sobre el papel, propone el anteproyecto de Ley deben ser financiadas con los recursos necesarios por parte del Estado e impulsadas, no por los ayuntamientos gobernados por la derecha, sino por las asociaciones de víctimas del franquismo, de memoria histórica y por las organizaciones de la izquierda, que son las que deben controlar los recursos económicos. Estas han sido las que con su labor han conseguido hacer realidad los avances alcanzados. Si no es así, todo quedará en buenas intenciones y papel mojado.
Respecto a la Memoria Democrática en el sistema educativo, la Ley propone incluirla en el bachillerato y su difusión en los institutos. Sin embargo, este aspecto positivo debería extenderse a todo el sistema educativo (muchos alumnos no llegan a realizar el bachillerato), como denuncian investigadores y asociaciones.
La cuestión de la creación de los lugares de memoria, de un banco de ADN y un censo de víctimas y de actualizar el mapa de fosas comunes (que lleva casi 10 años sin actualizar en la web del Gobierno), debe ir acompañada y así impedir que se quede en un mero gesto, de los recursos necesarios para las exhumaciones y la investigación para localizar las fosas comunes que pudieran no estar registradas.
Tras muchas décadas de total impunidad, esta ley propone la ilegalización e importantes sanciones económicas para las asociaciones y fundaciones que exalten el franquismo. Pero la experiencia demuestra que si estas intenciones no van acompañadas de una profunda depuración de los elementos reaccionarios que dominan el aparato judicial del Estado español, las disposiciones de esta ley a este respecto quedarán una vez más en agua de borrajas. Además no solo hay que ilegalizarlas, también hay que expropiarles toda la documentación y material que atesoran. La Fundación Francisco Franco, por ejemplo tiene en su haber más de 27.000 documentos públicos, fruto del expolio a las instituciones públicas por parte de los Franco y sus acólitos.
También se propone resignificar el Valle de los Caídos, aunque no queda claro en que se convertiría. Consideramos que sería una auténtica aberración que se pretendiera reconvertir este monumento de exaltación a la barbarie franquista, en una especie de museo que iguale a víctimas y verdugos.
Por otro lado es imperativo ilegalizar la Fundación del Valle de los Caídos, organización nacida con el único propósito de exaltar al franquismo y compuesta por curas cuya única labor es hacer apología de la dictadura.
Para finalizar, se propone hacer un censo de empresas que se beneficiaron de trabajos forzosos, aunque nada dice de sanciones o de que estas compañías (que por otro lado es hace mucho tiempo que es del dominio público que estas son la mayoría de las que hoy están en el IBEX35) reparen a dichas víctimas.
Pero hay mucho aún por hacer
Esta ley a pesar de que sobre el papel recoge algunas de las reivindicaciones que se llevan años reclamando en las calles sigue sin romper con el modelo de impunidad ni permite que haya justicia completa y real para las víctimas del franquismo. Incluso se quiere reivindicar la Transición (como pasó con la Ley de Memoria Histórica de 2007) proponiendo el 31 de octubre, día en que se aprobó la Constitución de 1978 en el Congreso, como día en recuerdo para todas las víctimas del franquismo, cuando lo que supuso esta época de la que nació el podrido régimen del 78 fue el total olvido y silencio de esas víctimas, manteniendo en la total impunidad a sus verdugos.
Sobre la cuestión de los archivos, la Ley prácticamente no dice nada, más allá de palabras en abstracto como “que se facilitará el acceso a los investigadores”. Sin embargo, la reforma que se quiere realizar de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 (una ley franquista) que dice pretender desclasificar los documentos secretos hasta 1978, no deja que salgan a la luz, por ejemplo papeles sobre el 23-F, el asesinato de Yolanda González o los GAL, manteniendo en la total impunidad actuaciones de terrorismo de Estado.
Se pretende crear una fiscalía que investigue los crímenes del franquismo. ¿Pero cómo va a investigar si sigue en pie la Ley de Amnistía de 1977, que deja impunes los crímenes de los franquistas y ha sido utilizada por los jueces para impedir cualquier investigación sobre la dictadura?
Una Ley de Memoria Democrática que realmente pretenda ser efectiva tiene que ir mucho más allá. Tiene que declarar nulos todos los juicios del franquismo, declarar ilegal el golpe de Estado del 18 de julio y la dictadura franquista, derogar la Ley de Amnistía y permitir que se juzguen los crímenes de la dictadura franquista en nuestro país. Una apertura real de los archivos policiales, militares del régimen de Franco y la Transición. Y que todos los criminales franquistas que todavía están con vida, como Martín Villa, vayan a la cárcel. No son admisibles las palabras de Pablo Iglesias diciendo que este ex ministro de Franco es “demasiado mayor para ir a la cárcel”, cuando se han cometido graves crímenes contra la clase obrera y la juventud como la matanza de Vitoria de 1976.
La lucha por la plena reivindicación de la memoria de aquellos que lucharon contra la dictadura franquista choca con las limitaciones impuestas por los pactos de la Transición. Eso explica las limitaciones de la legislación sobre memoria histórica promulgada anteriormente por el PSOE y las de la ley ahora planteada por PSOE y UP.
No es posible recuperar la memoria de los que cayeron luchando contra el fascismo al mismo tiempo que se defienden y se apuntala el edificio institucional pactado con los herederos de la dictadura. Si no queremos que la recuperación de nuestra memoria histórica se quede en bellas palabras y homenajes vacíos, es necesario romper con el legado que nos han dejado los pactos de la Transición.
La crisis que atraviesa el sistema capitalista ha dañado irreversiblemente al régimen del 78. La monarquía está bajo mínimos y la deslegitimación de las instituciones es total. En este contexto, intentar recuperar la memoria de la lucha contra el fascismo sin poner en cuestión la monarquía y el aparato de Estado heredado directamente del franquismo es una ilusión. Precisamente ahora, cuando en un número creciente de países la burguesía está apostando por medidas represivas para imponer una nueva tanda de recortes y medidas antisociales, es más necesario que nunca que recordemos que la dictadura de Franco y sus cientos de miles de asesinatos no fueron un accidente, sino que fue la repuesta de las clases dominantes de los años 30 ante una crisis general del sistema capitalista que ponía en peligro su dominación.
No podemos esperar más. Llevamos 40 años esperando.
¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo!
¡Basta de impunidad!
