¡Prohibir por ley los desahucios, rebajar los alquileres y expropiar los pisos vacíos en manos de la banca para crear un gran parque de vivienda pública!

Las propuestas presentadas por el PSOE a través de su ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, como base para la futura Ley de Vivienda son un duro golpe a las esperanzas despertadas tras la constitución del Gobierno de coalición, y un nuevo incumplimiento del acuerdo firmado entre el PSOE y UP.

Millones de personas privadas de un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna (y que se ha convertido en uno de los principales desencadenantes del creciente número de suicidios), han vuelto a comprobar que el PSOE se pliega servilmente a los intereses de los grandes tenedores y especuladores, y manda un mensaje muy claro a sus socios en el Consejo de Ministros. La lógica del mercado y los grandes beneficios empresariales se colocan por encima de las necesidades sociales, dejando claro a Pablo Iglesias, por enésima vez, que su idea de hacer girar al PSOE a la izquierda carece de fundamento.

Una necesidad básica convertida en fuente de beneficios financieros y especulativos

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2008, cada año han sido desahuciadas de sus viviendas entre 50.000 y 70.000 familias, a las que hay que sumar un número aún mayor de los conocidos como “desahucios invisibles”, es decir, las familias que han tenido que abandonar sus viviendas por no poder hacer frente a una subida abusiva y desproporcionada del alquiler que pagaban.

En 2020, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, el número de desahucios, tal como la PAH ha denunciado, sobrepasa los 25.000. Lejos de establecer un escudo social para proteger a las familias trabajadoras, la coalición ha sumado un fracaso rotundo en un terreno clave.

A una situación inaceptable se unen los cientos de miles de jóvenes que ven frustradas su esperanza de poder abandonar la vivienda familiar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en 2020 casi 230.000 personas entre 16 y 35 años han tenido que regresar al hogar de sus padres ante la imposibilidad de hacer frente al coste de la vivienda.

Pero seamos concretos. El problema de la falta de vivienda digna es directamente proporcional al grado de especulación inmobiliaria que todos los Gobiernos han consentido y amparado, incluido el actual.

Más de 3.400.000 viviendas estaban vacías en 2013 según los datos oficiales del INE. Ese fue el último año en que se realizó el Censo de Vivienda. Los datos oficiales actuales no podemos saberlos porque el Gobierno ha decidido eliminar el dato de “vivienda vacía” de las estadísticas del INE, en un descarado intento de tapar el escándalo mayúsculo de que cientos de miles de personas no tengan casa, mientras millones de viviendas no se utilizan porque están en manos de bancos y grandes inmobiliarias.

Esta abundancia de viviendas vacías, lejos de provocar una moderación de los alquileres, ha sido un factor decisivo para la subida astronómica de su precio. Los grandes tenedores de vivienda (fondos de inversión internacionales como Blackstone o APG, y entidades bancarias) utilizan su inmenso poderío económico para mantener los alquileres por las nubes, hasta el punto de que si en 2015 se necesitaba un 28% del salario para pagar el alquiler medio, en 2019 se necesitaba un 40% ¡Un 42% de subida en 4 años!. Pero incluso estos datos promedios esconden una realidad mucho más amarga en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, donde el alquiler se puede comer entre el 70 y el 80% de salarios cada vez más menguantes.

¿En qué consiste la propuesta del PSOE?

Frente a esta catástrofe social, que lastra las posibilidades de millones de jóvenes para desarrollar una vida independiente, movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos de inquilinos, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, han defendido la necesidad de poner un tope a los alquileres y de dar un uso, a través de un alquiler social, a los millones de viviendas vacías tras el colapso de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Recogiendo este sentir ampliamente mayoritario, el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y UP en diciembre de 2019 incluía el establecimiento de un sistema de límites a las subidas abusivas de los alquileres. Pero la propuesta que acaba de presentar el PSOE no solo lo excluye, sino que propone  bonificaciones fiscales escandalosas para los propietarios, que pueden llegar hasta el 90% de las rentas cobradas, y favorecen especialmente a los acaparadores de viviendas en los municipios con mayores subidas de los precios de los alquileres.

La única condición que se pide a los propietarios para tener derecho a esta subvención es que reduzcan el alquiler en un exiguo 10%, o que pongan en alquiler una vivienda vacía, en este caso sin límite de precio.

En resumen, los grandes tenedores de vivienda van a hacer un negocio redondo, ya que, cuando tras años de alzas exorbitantes de los alquileres, el mercado ya no puede absorber más subidas, el Gobierno sale en su ayuda regándoles con dinero público, dinero que sale del esfuerzo de la clase trabajadora.

Esta propuesta es una flagrante violación del acuerdo con UP, y una burla cruel para todos los que confiaron en la buena voluntad de Pedro Sánchez. Una vez más, se comprueba que los acuerdos suscritos por el PSOE resultan ser papel mojado si los grandes poderes económicos se sienten mínimamente lesionados en sus intereses.

Desde los años 90 del siglo pasado la especulación con un bien de primerísima necesidad como es la vivienda ha sido una de las principales fuentes de beneficios de la oligarquía financiera española e internacional, y una fuente permanente para la corrupción política. Los años de la burbuja inmobiliaria vieron crecimientos exponenciales de las grandes fortunas, y cuando la burbuja pinchó, el coste de la fiesta lo cargaron sobre las espaldas y los bolsillos de la clase trabajadora.

Desde los años 90 del siglo pasado la especulación con la vivienda ha sido una de las principales fuentes de beneficios de la oligarquía financiera española

Los 67.000 millones de euros de rescate bancario lo estamos pagando en forma de rebajas salariales y de recortes generalizados en los servicios sociales más básicos. Y por si esto fuera poco, la misma semana en que Ábalos hacía su insultante propuesta se hacía público que la Sareb (el famoso “banco malo” que se hizo cargo de los activos tóxicos de la banca) ha quebrado y nos deja una nueva factura de 35.000 millones de euros. Una vez más, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Desde su constitución, la Sareb ha estado vendiendo pisos a precios de saldo a grandes fondos internacionales de inversión (los conocidos como “fondos buitre”), generando en el proceso jugosas comisiones para los intermediarios, entre ellos, el hijo de el expresidente del Gobierno José María Aznar. Y ahora para rematar, los grandes accionistas de los bancos, constructoras, promotoras inmobiliarias, fondos de inversión, socimis y empresas de capital riesgo, tendrán un nuevo regalo del PSOE gracias a beneficios fiscales casi ilimitados.

Prohibir por ley los desahucios y expropiar los pisos vacíos en manos de la banca para crear un gran parque de vivienda pública

La reacción de Unidas Podemos ante la provocación del PSOE no ha tardado: “El PSOE no nos va a doblegar con la regulación de los alquileres”, declaró Pablo Iglesias en una entrevista en TVE nada más conocerse la propuesta de Ábalos.

Pero desgraciadamente la experiencia demuestra que UP ya se ha doblegado demasiadas veces ante el PSOE en estos meses, y que cuando está al frente de Ayuntamientos clave, como es el caso de Ada Colau en Barcelona, la lógica del mercado se sigue imponiendo y no han estado a la altura de las expectativas.

Pablo Iglesias y los dirigentes de UP han tenido tiempo más que suficiente para comprobar que las palabras enérgicas no hacen mella en el PSOE. No será con presiones de despacho ni con discursos en las instituciones como Unidas Podemos conseguirá parar esta y otras muchas agresiones a la clase trabajadora. Al contrario, las críticas retóricas no impiden que se sigan  legitimando estrategias que diseña el IBEX 35 y que el PSOE aplica sin pestañear.

Conseguir que la vivienda vuelva a ser considerada una necesidad social prioritaria, es radicalmente incompatible con su tratamiento como un bien de mercado más, sujeta a los intereses de un puñado de oligarcas. Confiar en que es posible conciliar la sed de ganancias de los especuladores y constructoras con el acceso de la población a una vivienda pública digna y de calidad  es una utopía.

UP debe abandonar ya el Gobierno y pasar a una oposición de izquierda contundente, impulsando la movilización social por el derecho a una vivienda digna, uniendo sus fuerzas a la PAH y al Sindicato de Inquilinos, y planteando un programa que tenga como eje principal la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y los fondos buitres para constituir un parque público de viviendas destinado al alquiler social. Y mientras ese parque público se constituye, los desahucios deben prohibirse por ley y debe establecerse un tope a los alquileres actuales, de tal forma que nadie pague por su alquiler más de un 15% de sus ingresos mensuales.

La campaña electoral en la Comunidad de Madrid ofrece una gran oportunidad  para que Pablo Iglesias y UP hagan llegar estas propuestas sobre vivienda a todos los barrios obreros e inicien una movilización social y electoral capaz de derrotar a Ayuso y Vox, y  de frenar también las medidas antisociales del gobierno del PSOE. Los militantes de Izquierda Revolucionaria estamos comprometidos en esta batalla decisiva. Derrotar a la derecha pasa por un programa de vivienda pública que confronte con los grandes poderes económicos de una manera coherente y decidida.